En el país de las mujeres

Una serie de historias sobre violencia, poder y género en Paraguay.

Las paraguayas ganan menos

Las mujeres ganan, en promedio, sólo el 75% de lo que ganan los hombres.

Leer Más

Tania trabajó como recepcionista en una empresa de electrodomésticos y atendía llamadas. Su compañero que hacía lo mismo cobraba 500 mil guaraníes más. Liz se encargaba de producir cerveza artesanal. Era la única mujer en la empresa. También la única que cobraba menos que el sueldo mínimo legal. Jazmín fue periodista en dos conocidos diarios. La hacían firmar un contrato como auxiliar administrativa para no cobrar el salario de profesional. Sus compañeros hombres en la sala de redacción sí tenían contratos como periodistas. Alejandra, que es diseñadora, se enteró la semana pasada que en la agencia de publicidad donde trabajaba, su colega varón, con el mismo título, las mismas responsabilidades y el mismo horario, ganaba un millón y medio más de guaraníes. El año anterior ella pidió un aumento de sueldo. Se lo negaron.

En promedio, las paraguayas ganan solo el 75% de lo que ganan los paraguayos. Los números varían según la ocupación, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares 2016 (EPH). Una científica gana 28% menos, mientras que una empleada pública 14,5% menos. Una trabajadora de comercio o call center, hasta un 40% menos. Esa diferencia entre sueldos es lo que se conoce como brecha de ingresos de género, o brecha salarial de género. Ésta asimetría hace que una mujer gane en un año lo que un varón gana en 9 meses por igual trabajo, calcula ONU Mujeres. Las mujeres paraguayas trabajan, en relación a sus ingresos, 3 meses gratis al año.

La brecha de ingresos de género en Paraguay, explica Verónica Serafini, doctora en Economía e investigadora, tiene tres causas principales: la carga horaria de trabajo no remunerado, la discriminación legal hacia trabajos predominantemente femeninos y los prejuicios machistas.

Las mujeres pasan menos horas en su empleo

(porque tienen más trabajo en la casa)


Las paraguayas dedican 28 horas semanales, más de la mitad de su tiempo laboral, al trabajo no remunerado, según la Encuesta de Uso de Tiempo 2017 (EUT). Trabajo no pago son actividades como las labores domésticas, cuidar de los hijos o personas mayores. Es el doble de horas de lo que le dedican los varones. Esta diferencia de tiempo dedicado al cuidado es superior a la diferencia que tienen países como Argentina y Uruguay.

“El hecho de que las mujeres tengan las responsabilidades familiares y sociales hace que tengan menos oportunidades laborales porque tienen que elegir empleos que le permitan conciliar esas responsabilidades con la familia con la necesidad de proveer económicamente”, dice Serafini. A esto se le conoce como doble carga laboral.

Las mujeres dedican a labores domésticas y de cuidado más del doble que varones

Las labores de cuidado en el hogar también hacen que las mujeres se vean más afectadas por la inactividad económica, el subempleo y el desempleo.“(Las mujeres) terminan eligiendo empleos flexibles, sin seguridad social. Y el mercado penaliza eso con ingresos menores” dice Serafini. Seis de cada diez mujeres inactivas –mujeres que están en edad de trabajar pero que no lo hacen– declararon que se debe a responsabilidades en el hogar o motivos familiares. En comparación, las principales causas de inactividad de varones son enfermedad, ancianidad o discapacidad.

Patricia Luchin, de la Dirección de Promoción a la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo, explica que actualmente el Ministerio participa de la elaboración de la política nacional de cuidados. La política nacional de cuidados, inspirada en la experiencia de Uruguay, aliviaría las necesidades que mantienen más horas a las mujeres en sus casas ocupadas. Por ejemplo, con asistentes profesionales para personas en dependencia o un sistema público de guarderías. Luchín admite que los avances en la mesa de trabajo son todavía muy incipientes. “Es algo que incluye no sólo al Ministerio de Trabajo sino a todos los ministerios, y todavía está muy verde”, dice.

Cuando la discriminación es legal


Otra causa de la brecha salarial es que “las mujeres terminan incorporándose a trabajos desvalorizados socialmente” dice Serafini, como en el caso del trabajo doméstico, la tercera actividad que más ocupa a mujeres en Paraguay.

En octubre del 2015 fue promulgada la Ley de Trabajo Doméstico. Por primera vez, a las trabajadoras domésticas se le reconocían derechos como las 8 horas laborales, vacaciones, seguro social y pago de horas extras. La Ley prohibió que menores de 18 años se dediquen al trabajo doméstico, un intento por proscribir el criadazgo, un régimen de explotación laboral que somete a 40 mil niñas y adolescentes que desean estudiar y tienen que trabajar para hacerlo. Pero también legalizó una discriminación: El artículo 10 de la Ley dispone que los empleadores puedan pagar solo el 60% del sueldo mínimo.

Las mujeres paraguayas trabajan, en relación a sus ingresos, 3 meses gratis al año

Tres años después, los sindicatos de trabajadoras domésticas, bajo el lema “Igual valor, iguales derechos”, siguen intentando que se cumplan los derechos adquiridos y se modifique el artículo 10. Rosa Bernal, una sindicalista, calcula que al menos 220 mil paraguayas se dedican al trabajo doméstico, la mayoría de ellas del interior del país. Muchas buscan terminar sus estudios y son el sustento económico de sus familias. “Son las empleadas domésticas las que permiten que otras mujeres sean fuerza laboral dentro de la sociedad”, dice Bernal. Florense Raes, representante de ONU Mujeres en Paraguay, afirma que el trabajo “no remunerado e invisible” de las amas de casa y trabajadoras domésticas fue “fundamental para no caer en la extrema pobreza y limitar el impacto de las crisis” en Latinoamérica desde los 80s. “Las amas de casa se organizaron en varios países para proveer los servicios que el Estado no ofrecía”, dice Raes.

El proyecto para modificar el artículo 10 está en el Congreso desde marzo del 2016. “Les estamos llamando a los parlamentarios, les estamos diciendo que nos reciban, más aún porque estamos en época electoral y también llegan a nuestras casas a pedirnos nuestros votos”, dice Bernal.

Por ser mujer


“Hay una parte importante de la desigualdad de ingresos que no está explicada por ninguna de estas dos variables”, asevera Serafini. Controlando la cantidad de horas trabajadas y con niveles similares de educación y experiencia, ellas siguen ganando menos.

Recepcionistas, productoras de cerveza, periodistas, diseñadoras, entre tantas otras profesionales que son discriminadas en sus trabajos por el solo hecho de ser mujeres.

“La discriminación se da porque hay empleadores que piensan que porque ellas tienen esas responsabilidades (sociales y familiares) se ausentan más, o van a tener hijos. Son básicamente prejuicios que tiene el mercado laboral. Automáticamente pagan menos” explica Serafini. “Aún cuando las investigaciones dicen que las mujeres no faltan más que los hombres, por ejemplo. A lo largo de tres años las mujeres dejan de asistir al trabajo los tres meses de maternidad. Los hombres tienen el mismo ausentismo repartido a lo largo de los tres años”, agrega.

De hecho, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en Paraguay se va acrecentando a medida que aumenta el nivel educativo, según un inédito estudio de María Isabel Egas del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad del Plata. Esta situación complica sobre todo a las mujeres jóvenes, donde los salarios suelen ser de por sí menores. En otras palabras, mientras más preparada esté una mujer, ganará menos con respecto a su par varón.

La brecha crece para las mujeres que tienen mejores ingresos

“Las brechas de ingreso se pueden reducir de diferentes maneras”, dice Serafini. ”Primero garantizando un marco legal que impida la discriminación en términos formales: el caso del trabajo doméstico, y por ejemplo ahora hay leyes en Islandia al respecto que prohíben la brecha”, una iniciativa que según la Organización Internacional del Trabajo, Latinoamérica terminará siguiendo “a mediano o largo plazo”. En su última semana como presidenta de Chile, Michelle Bachelet anunció que propondrá una nueva constitución que garantice, entre otras cosas, la igualdad de salarios entre varones y mujeres.

Patricia Luchin del Ministerio de Trabajo dice que la brecha salarial “es algo que excede las facultades del ministerio. Tiene mucho que ver con lo cultural”. El Ministerio no cuenta con denuncias sobre brecha salarial “no porque no existan casos”, explica Luchin, sino porque las mujeres que se acercan a denunciar lo hacen sobre otros temas. “Nuestro centro de atención trabaja sobre la ley de lactancia, la ley de trabajo doméstico y la ley de protección a las mujeres. No hay marco legal específico sobre la brecha salarial”, dice, aún cuando el Código Laboral prohíbe la discriminación por motivos de sexo. Para Verónica Serafini, para reducir la brecha hay que concientizar. “A los empleadores, y por sobre todo, hay que concientizar a las mujeres para que peleen por sus derechos. Igual salario por igual trabajo”.

Las paraguayas abortan

El aborto inseguro es la causa de 1 de cada 4 muertes de mujeres durante el embarazo. La penalización condena a las más pobres

Leer Más

Embarazarse en Paraguay es un evento de riesgo para las mujeres, una de sus cinco causas principales de muerte. El país tiene una de las peores cifras de mortalidad materna de Latinoamérica. Solo en 2016, 96 mujeres murieron por esta razón. Entre ellas, 24 intentaron abortar, pero no sobrevivieron. El aborto, considerado un delito, se practica ampliamente en la clandestinidad, lo que las expone a peligros a su salud, y en el peor de los casos, las mata.

Salvo que la vida de la mujer esté en riesgo por el embarazo, la legislación castiga el aborto con penas de entre cinco a ocho años de cárcel. Paraguay, junto con Venezuela y Ecuador, son los únicos países en Sudamérica que mantienen una penalización casi absoluta. Pero esto no es obstáculo para que las mujeres aborten. Igual lo hacen, y de a miles. Solo en 2014, los hospitales públicos atendieron a casi 9000 mujeres por complicaciones relacionadas a abortos. Las complicaciones pueden ser por hemorragias, perforaciones del útero o infecciones post-aborto, según la obstetra Victoria Peralta. Asegura que las mujeres abortan, pero como deben ocultarlo muchas lo hacen en condiciones que ponen en riesgo sus vidas.

Solo en 2014, los hospitales públicos de Paraguay atendieron a casi 9000 mujeres por complicaciones relacionadas a abortos.

La clandestinidad también impide tener información precisa. El Gobierno tiene un sub-registro de la verdadera cantidad de mujeres que interrumpen sus embarazos. Aun así, los números con los que sí cuenta muestran una realidad que desborda. Aproximadamente 3.000 adolescentes de entre 15 y 19 años abortaron en 2014, siendo esta franja de edad en donde se produjo la mayor cantidad de abortos. Las cifras están fuertemente ligadas a uno de los fenómenos que más inquieta al país: los altos índices de abuso sexual a niñas y adolescentes.

Marta Ascurra, presidenta del Comité Nacional de Bioética, no está a favor de la despenalización del aborto, pero propone analizar estos casos. Le preocupa el destino de mujeres y niñas totalmente indefensas a las que el Estado no da respuesta alguna. «¿Qué pasó con Mainumby?», se pregunta Ascurra, haciendo referencia a la niña de 11 años que en 2015 fue obligada a parir, luego de haber sido abusada por su padrastro. El año que quedó embarazada, otras 700 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz. 85 pudieron interrumpir sus embarazos, según los registros oficiales.

Rocío<sup id="fnref:1"><a href="#fn:1" rel="footnote">1</a></sup> interrumpió un embarazo a los 24 años. Asegura que tomó la decisión correcta. «Me permitió seguir en el camino que estaba, con mis proyectos», cuenta.(Foto: Nadia Gómez)

Decidir y sobrevivir es un privilegio

Pero la violación o la falta de educación sexual no son los únicos motivos por los que las mujeres se embarazan y deciden abortar. «No siempre tenés que ser una persona inmadura sexualmente, o tener tus primeras experiencias o estar con una pareja casual para quedarte embarazada. Te puede pasar y tomar la decisión de abortar, como en mi caso, teniendo ya un hijo y una vida sexual responsable y plena», dice Analía1 , una comunicadora de 37 años. Tenía 33 cuando decidió no proseguir con un embarazo. «Sucedió en un momento que no estaba planificado y no había forma de sostenerlo. Fue mi decisión, pero también una decisión compartida [con mi pareja]. Ninguno de los dos quería tener más hijos», cuenta.

Analía se considera privilegiada por haber podido abortar en condiciones que no siempre están disponibles para las mujeres que desean hacerlo. «Me siento privilegiada por la red social que me sostuvo y me dio opciones válidas. También por el momento en el que me pasó, donde ya tenía una madurez como para pensar en todas las consecuencias, pensando en lo que iba a ser mejor para mí como mujer y como persona», asegura.

Otras cuatro mujeres entrevistadas que pudieron abortar coinciden en que tuvieron acceso a información, contaron con personas que las acompañaron en su decisión –casi siempre amigas, hermanas o madres–, y que las clínicas a las que acudieron las atendieron de manera profesional. A ninguna le cuestionaron sus motivos para abortar, y no se arrepienten de la decisión que tomaron. Todas tuvieron la capacidad de pagar por una relativa seguridad.

«El aborto tiene que ser legal, libre», sentencia Analía. A los 33 años y siendo ya madre, decidió abortar porque no estaba planificado y ya no quería tener más hijos. (Foto: Nadia Gómez).

Más muertas que presas

El dinero y no la posibilidad de ir a la cárcel es lo que más influye en la decisión de terminar un embarazo. José Galeano, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), cuenta que en una última revisión de los datos en cárceles con mujeres de Asunción, Coronel Oviedo, Concepción y Ciudad del Este, solo 2 de 598 estaban encerradas por aborto. «Las mujeres no llegan siquiera a estar recluidas en la cárcel, sino que terminan en el cementerio. Esa es la realidad», reflexiona Victoria Peralta.

Las posibilidades de morir son inversamente proporcionales a la capacidad de pagar. «Si tenés dinero, accedés a condiciones adecuadas. Si no tenés dinero, arriesgás tu vida», dice la bioeticista Marta Ascurra. Los datos con los que trabaja la doctora Gladys Mora, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, confirman lo que es una realidad. En su oficina tiene una carpeta abultada con el historial de las mujeres que murieron al intentar hacerse un aborto. Dice que cada caso es único, pero todas tienen en común que son mujeres no menores de 22 años, con más de un hijo y del estrato social más pobre de la población. Ninguna terminó la secundaria.

Con dinero, las mujeres se realizan abortos en clínicas médicas equipadas y preparadas para recibirlas si optan por la intervención quirúrgica. Magalí1, una artista de 28 años, tenía 23 cuando decidió abortar. Estaba de novia cuando se enteró que quedó embarazada, pero no estaba preparada para la maternidad. Recurrió a unas amigas que le dieron información sobre una clínica en Asunción, y allí fue.

La atendió una psicóloga, le hicieron una ecografía y le dijeron que estaba de seis semanas. El día de la intervención, le pusieron suero y quedó dormida al instante. «Fue todo muy acompañado por las profesionales de esa clínica. Fui muy bien atendida, en ningún momento me juzgaron, en ningún momento me culparon, en ningún momento me preguntaron o pusieron en duda lo que yo les decía», cuenta. Pero por esta atención tuvo que pagar 1.500.000 guaraníes (unos 275 dólares). Ella cree que todas las mujeres tienen derecho a recibir la misma atención pero de forma gratuita. No olvida que al lado suyo, en una camilla, se recuperaba otra chica, una empleada doméstica. Por ley, en Paraguay, quienes emplean a trabajadoras domésticas solo están obligados a pagar el 60 % del salario mínimo establecido, aproximadamente 1.220.000 guaraníes, unos 220 dólares al mes.

«Si el aborto se realizara en condiciones seguras, las mujeres no tendrían que morir», dice la obstetra Victoria Peralta.(Foto: Nadia Gómez)

El costo de lo prohibido

Sin dinero, y con una legislación que criminaliza la práctica, las mujeres se ven obligadas a realizarse abortos inseguros. Para Elba Núñez, abogada y trabajadora social, la prohibición representa una pena de muerte para las mujeres pobres. «El penalizar el aborto somete a las mujeres incluso a la tortura. Acuden al círculo clandestino donde no hay control sobre las condiciones», dice. Asegura que la legislación paraguaya viola tratados internacionales que el Gobierno ha firmado y ratificado. «Se está violando el derecho de las mujeres a no ser discriminadas, sus derechos reproductivos, a gozar una vida libre de violencia, el derecho a la vida», sentencia. Para Clyde Soto, una psicóloga que hace años investiga y publica sobre el tema, esta es la única disposición penal en el país que mata más de lo que castiga. Dice que quienes legislan en Paraguay no han querido mandar presas a las mujeres que abortan, «pero decidieron mantener una punición que perfectamente saben que no evita los abortos, sino que los pasa a la clandestinidad, como siempre ha sido».

El aborto no se debate por cuestiones morales, y por la intervención de grupos religiosos en asuntos de educación y salud pública. Tanto que un proyecto piloto de implantes anticonceptivos del Ministerio de Salud fue catalogado de promover el aborto por estos grupos. El doctor Jorge Sosa cuenta que la Iglesia Católica presentó un memorándum en contra de la aplicación de estos implantes en niñas y adolescentes para prevenir segundos embarazos. Como titular de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, dice que ha luchado para lograr la aceptación de este proyecto en varios espacios, inclusive en su propio gremio. «Tenemos de todo en la viña. No porque seas médico entendiste todo, también tenés tus ideas religiosas; un grupo médico también se sumó en contra del proyecto», revela.

Para Magalí, el aborto es ilegal porque es rentable. «Los médicos lucran con eso, los anestesistas, las enfermeras, las clínicas. Todos ellos lucran. No es que hay una objeción de conciencia donde dicen “no lo voy a hacer porque es amoral”. Es un negocio muy lucrativo», asegura. Según Analía, las pastillas de misoprostol, o Cytotec, que también se utilizan para provocar abortos, se venden en Paraguay a un costo más alto que en Argentina. Por esta razón decidió ir hasta allá cuando tomó la decisión de interrumpir su embarazo. «No gasté ni 100 mil guaraníes por las pastillas, que son de venta bajo receta en Argentina, pero uno puede ir y comprarlas. Acá entran esas pastillas de contrabando, entonces te venden a una cifra bastante más elevada porque es un mercado negro», dice.

«Al mirar las cifras de mortalidad materna, siempre hay que comparar con las cifras del gasto público en salud. El gasto no fue creciendo como estábamos esperando», explica el dr. Jorge Sosa, director de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud (Foto: Nadia Gómez)

En el país, las pastillas se pueden comprar en el circuito clandestino por 700 mil a 1 millón de guaraníes, según relata una de las entrevistadas. El Ministerio de Salud las adquiere legalmente para intervenciones relacionadas con el parto por 45.500 guaraníes. Aunque el Ministerio prohíbe la venta comercial de misoprostol en Paraguay, el doctor Sosa comenta que estas pastillas circulan en farmacias sin la autorización correspondiente. También admite que la introducción de las pastillas a nuestro país produjo un cambio. “Hay una época antes del Cytotec y una época después del Cytotec. Antes del Cytotec solo había métodos mecánicos para abortar. ¿Qué significa eso? Se introducían ramas, perejil, instrumentos, y con eso las infecciones subían. Desde el ingreso de Cytotec, comenzó a caer la muerte por aborto”, asegura.

En 14 años, la mortalidad materna ha disminuido. En 2002, la razón de mortalidad materna –que mide la cantidad de mujeres que mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo o el parto por cada 100 mil nacidos vivos– era de 182,1. En 2016, la cifra fue de 86,4.

Para Elba Núñez, coordinadora regional de Cladem, obligar a niñas a parir equivale a torturarlas. Un promedio de 2 niñas por día de entre 10 y 14 años se convierten en madres en Paraguay. (Foto: Nadia Gómez)

Aborto seguro, ¿una deuda democrática?

Las muertes de las mujeres que no sobreviven a sus abortos inseguros también representan un costo para el país. Victoria Peralta recuerda que muchas de ellas son madres que dejan niños huérfanos. «Estos niños pierden el cuidado fundamental de la madre, y estas mujeres que mueren por abortos están en su principal etapa reproductiva. Y no solo reproductiva biológica, sino de reproducción de la fuerza de trabajo. Es la etapa en que la mujer está más activa en su mundo laboral, y también en el mundo social. Es una pérdida gigantesca para el país», dice. Victoria no sabe cuánto le cuesta al Estado la atención a las miles de mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones producto de los abortos clandestinos. Piensa que también hay un argumento económico para despenalizar la práctica. Pero por ahora, ella milita en un movimiento por el derecho a la salud donde, entre otras cosas, abogan por la despenalización del aborto bajo cuatro causales: violación, incesto, embarazo que pone en riesgo la vida de la mujer y cuando el feto tiene una malformación que es incompatible con la vida. «Estas cuatro causales creo que son indiscutibles», asegura.

La bioeticista Marta Ascurra piensa que la discusión no debería pasar por si una mujer puede realizarse un aborto o no. «La pregunta que debemos hacernos es cómo vamos a proteger a nuestras mujeres», dice. Pero para Elba Núñez, no solo se trata de evitar muertes prevenibles o reducir los peligros de la clandestinidad de la práctica. Argumenta que el hecho de que las mujeres puedan abortar es una cuestión de autonomía, ejercicio de ciudadanía, una deuda incluso con la democracia. «¿Cómo es posible que las mujeres puedan votar, decidir sobre el destino de las naciones, y sin embargo no puedan decidir sobre sus propios cuerpos?».

Clara<sup id="fnref:1"><a href="#fn:1" rel="footnote">1</a></sup>, de 28 años, interrumpió un embarazo a los 23. Conoce a muchas mujeres que también lo han hecho. (Foto: Nadia Gómez)


  1. Los nombres de las entrevistadas han sido cambiados para proteger su identidad e integridad.

Una claque machista que amenaza la carrera de futuras médicas

El acoso sexual es una herramienta de dominación a la que se enfrentan estudiantes de Medicina en la Universidad más importante del Paraguay.

Leer Más

—¿Qué te cuesta un beso? Nadie se va a enterar.

Era el 30 de abril de 2014. Llovía. Carolina Wolf estaba sentada en el auto con Gustavo Rodríguez Andersen, profesor en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la principal de Paraguay. Wolf era estudiante y delegada de curso en la carrera de Medicina en la filial de la UNA en Santa Rosa del Aguaray, a 250 kilómetros al norte de Asunción.

Andersen la había invitado a un congreso académico en la capital, para que después pudiera orientar a sus compañeros. A la salida, se ofreció a llevarla, pero antes dio un paseo por el campus de la universidad y detuvo el coche junto a una plantación de caña de azúcar, «una zona oscura», recuerda Wolf.

—Me duele mucho el cuello— dijo el profesor.

Wolf le miró y vio cómo Andersen se manoseaba los genitales. «Lo único que me vino a la cabeza fue mi familia. Saqué mi celular y empecé a mostrarle fotos de mi papá, mi mamá, mis hermanos, para hacer pasar la situación», cuenta. Luego, le pidió que la llevara a un supermercado cercano, donde vendrían a buscarla. Pero al llegar al lugar Andersen volvió a insistir. Se acercó a Wolf, la agarró del cuello, la intentó besar. Hubo un forcejeo.

Wolf zafó como pudo de Andersen, se bajó del auto y caminó hasta el supermercado. Estaba asustada. Llamó a su novio y le pidió que viniera a buscarla. «Le dije que un profesor había intentado pasarse conmigo. Le pedí que nunca más me dejara venir sola a la universidad», cuenta.

Después de ese episodio, Andersen no volvió a intentar besar a Wolf, ni a tocarse frente a ella, pero los abusos continuaron. «Lo que hacía era gritarme frente a mis compañeros en clase. Me quedaba muda cuando me hablaba. Él me decía que era una burra, una imbécil, una idiota, y que era así porque era mujer», dice Wolf.

«Nadie se iba a levantar a decirle a Andersen que no se pasara conmigo. Si hacés eso, muere tu carrera», cuenta Wolf.

Wolf no sabía cómo explicar a su familia lo que le estaba pasando. Se quedó callada. También sus compañeros. «Nadie se iba a levantar a decirle a Andersen que no se pasara conmigo. Si hacés eso, muere tu carrera», cuenta Wolf.

En 2015, los universitarios de la UNA rompieron el silencio y tomaron el Rectorado como medida de protesta contra las múltiples irregularidades de la institución. Corría septiembre con denuncias e imputaciones por corrupción a decanos y autoridades de altos cargos académicos. El hashtag #UNANoteCalles era tendencia en redes sociales. En medio de ese silencio roto, Wolf supo que Andersen había presionado sexualmente a una de sus compañeras.

«Para mí fue una bofetada en la cara. Hasta ahora me culpo pensando por qué no hice yo la denuncia cuando me pasó. No salía de mi cabeza lo que había pasado con mi compañera. Entonces decidí que eso tenía que parar. Entendía que él era una persona poderosa, pero yo no podía estar tranquila, entonces hice la denuncia», cuenta.

El poder que silencia a las estudiantes víctimas de violencia de género

Además de ser el encargado de evaluar las tesis de los egresados que quieren convertirse en docentes de la universidad, Andersen enseñaba en la Facultad de Ciencias Médicas de la sede de la UNA en Asunción y en la filial de Santa Rosa del Aguaray. Por la suma de todos sus cargos, su salario ascendía a 38 millones de guaraníes (unos 6.700 dólares al mes). Es uno de los sueldos más altos de la universidad, que sigue percibiendo pese a estar suspendido de sus funciones.

Andersen era conocido en la facultad por sus agresiones verbales contra los alumnos. En varios audios grabados por los estudiantes durante sus clases, el profesor los amenaza. «Te voy a fundir la vida», «Si me rompés las bolas, te voy a echar de la facultad», se lo escucha decir.

Wolf denunció a Andersen a comienzos de noviembre de 2015. En el perfil victimológico que le hicieron en la Fiscalía, se evidenciaba que había sido víctima de un delito contra su autonomía sexual. Con estos datos, el fiscal Julio Ortiz imputó a Andersen por acoso sexual, mientras la UNA apartaba al profesor de la docencia y abría un sumario.

Pero en febrero de 2017, en la audiencia preliminar por el caso, el mismo fiscal Ortiz pidió el sobreseimiento del docente. Admitió que Wolf había presentado la denuncia demasiado tarde –en un plazo superior a seis meses– y que era imposible perseguir el delito. Era lo mismo que pedían los abogados de Andersen. Uno de sus defensores, Carlos Mendoza Peña, es también docente en la facultad de Derecho UNA.

Carlos Trapani, uno de los abogados que asesora actualmente a Wolf, dice que el plazo de seis meses para presentar una denuncia y pedir una investigación fiscal se aplica en los casos de ciertos delitos, como el acoso sexual, que se castiga con hasta dos años de prisión. En cambio, para delitos más graves, como el de la coacción sexual, que se produce cuando una persona usa la fuerza o la amenaza para forzar a otra a mantener actos sexuales, y que puede llegar a sancionarse con diez años de cárcel, no existe ese requisito.

«La norma impone un límite difícil de sortear, porque es difícil que la víctima pueda develar tan prontamente casos de acoso o coacción sexual, especialmente si el acosador es una autoridad que, ante la denuncia, puede poner en riesgo su futuro profesional», dice el abogado.

Una pirámide de favores

«La Facultad de Ciencias Médicas se ha convertido en una herramienta de dominación política», dice el abogado Guillermo Ferreiro, quien fue asesor de los estudiantes de la UNA durante las protestas de 2015. Recibe un elevado presupuesto estatal a través del Hospital de Clínicas, que es un hospital público y está vinculado a la facultad. En el caso de la filial de Santa Rosa, Ferreiro cree además que se trata de un espacio creado para la «repartija de rubros y cargos» que favorece a las personas afines a los altos cargos de la UNA.

Minami Akita, estudiante de la carrera de Instrumentación y Área Quirúrgica en la UNA, opina que los profesores de la Facultad de Ciencias Médicas «se deben favores entre ellos». La mayor obsesión de estos es ascender para conservar puestos fijos en la facultad o en el hospital. Akita denuncia que existen «docentes exprés», nombrados de manera rápida y sin que reúnan los requisitos, solo para que «la claque», el grupo de poder que controla la UNA, pueda asegurarse cierto número de votos afines para mantener su autoridad.

En las movilizaciones de #UNANoTeCalles, Akita y sus compañeros recibieron denuncias por irregularidades en el manejo de la facultad. Muchas de estas —aproximadamente cinco o seis de cada diez— tenían que ver con casos de acoso sexual.

Akita cree que hay una doble opresión contra las mujeres en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. «La mayoría de los cargos directivos están ocupados por hombres. Son hombres tanto el director y el jefe de Urgencias del Hospital de Clínicas, como el decano y vicedecano de la Facultad. Durante el primer paro estudiantil de #UNANoTeCalles, se denunció que algunos de ellos vendían rubros en la Facultad o el Hospital. Es decir, que a las personas contratadas, les pedían dinero a cambio de nombrarles titulares de un puesto. En el caso de las mujeres, en lugar de dinero, les pedían favores sexuales», cuenta.

En estas movilizaciones, Akita y sus compañeros recibieron denuncias por irregularidades en el manejo de la facultad. Muchas de estas —aproximadamente cinco o seis de cada diez— tenían que ver con casos de acoso sexual. Entre los relatos más llamativos se referían a una representante estudiantil de la carrera de Instrumentación que actuaba como una especie de captadora, como lo haría una proxeneta. En el quirófano, ofrecía a las estudiantes ir a fiestas privadas de los docentes. En estas fiestas se acostarían con ellos a cambio de un trabajo en el hospital. A veces eran los propios cirujanos los que realizaban estas ofertas en plena intervención.

Compañeros y compañeras de Carolina Wolf demuestran su apoyo a la estudiante en la clase inaugural del año 2017 en Medicina UNA • Foto Cortesía El Independiente

Un protocolo para frenar el acoso sexual en la universidad

Graciela Escobar, médica anestesista egresada de la UNA, es también madre de una representante estudiantil en la Facultad de Ciencias Médicas. Cuenta que los padres de estudiantes se agruparon durante el #UNANoTeCalles para apoyar la reforma del estatuto universitario. Fue en esa época cuando empezaron a escuchar algunas de las vivencias cotidianas de violencia, maltrato y acoso que sufrían los estudiantes.

Ante la gravedad de los testimonios, los padres de estudiantes emprendieron una «cruzada contra el acoso», como la llama Escobar. En los últimos meses, a raíz del caso de Wolf, pidieron a senadores y diputados que actúen como intermediarios en un debate sobre un protocolo contra el acoso y la discriminación por género en las universidades.

«Pedimos que exista un protocolo para atender los casos de acoso que se extienda a todas las facultades de la UNA, y que haya un sistema que impida la revictimización, que evite que las víctimas tengan que contar mil veces su caso, y revivirlo una y otra vez. Queremos que las oficinas de Bienestar Estudiantil estén dotadas de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, y que pueden servir para recibir las denuncias y darles un curso efectivo», dice Escobar.

En medio de estos esfuerzos contra la impunidad, existe la posibilidad de que el caso de Carolina Wolf se reabra. El pasado 30 de mayo, los jueces del Tribunal de Apelaciones anularon el sobreseimiento definitivo del que gozaba Andersen. Según los abogados de la estudiante, esta medida puede permitir que se abra una nueva audiencia del caso, con un nuevo juez y una fiscal diferente.

Las mujeres que cuidan cuando las mujeres se tienen que ir

Miles de madres paraguayas se ven obligadas a migrar y cuidar a familias en Argentina y España, mientras otras mujeres deben cuidar a sus hijos.

Leer Más

A los 9 años, Verónica aprendió a hacer videollamadas. Como muchas familias, pasaba horas con su abuela en los cybercafés asuncenos de principios de los 2000 conversando con el rostro pixelado de Margarita, su mamá, una de las miles mujeres que emigró a España en esa década.

Para 2003, la pobreza afectaba a la mitad de la población y miles de personas formaban interminables filas frente al Departamento de Identificaciones buscando conseguir pasaporte para partir en busca de trabajo a Europa. Fue la diáspora migratoria más acelerada de la historia del país. De 7000 migrantes paraguayos viviendo en España en 2004, se pasó a más de 82.000 en 2009.

En 2007, el 70% de los migrantes de Paraguay a España eran mujeres. El 90% se dedicaba allí al trabajo doméstico. Más de la mitad eran madres. Mujeres que cuidaban a ancianos o hijos ajenos mientras tenían que dejar a los suyos con otras mujeres, a miles de kilómetros de distancia. Madres como Margarita.

Las abuela memby son la parte más reconocible de una cadena de cuidados familiar en la que las madres se apoyan para poder trabajar o estudiar.

Margarita viajó a cuidar niños hace diez años. Verónica quedó a cargo de sus abuelos. Principalmente de su abuela, que es ama de casa y fue quién la crió. «Hasta ahora yo le digo a mi abuela “mamá” y a mi mamá “mami”», dice Verónica. Similar es el caso de Niurka Colmán, que se quedó con su abuela en la misma época cuando su madre se fue a Asturias, donde cuida hoy a una persona con discapacidad.

Tanto Niurka como Verónica son lo que comúnmente en Paraguay se conoce como abuela memby, hijo o hija de su abuela en guaraní. Las abuela memby son la parte más reconocible de una cadena de cuidados familiar en la que las madres se apoyan para poder trabajar o estudiar. La figura del “hijo mimado” por la abuela es tan popular que figura en canciones, como la del músico local, Quemil Yambay. Si bien la abuelización de la crianza se hizo explícita con la migración campo-ciudad primero, y la migración a Argentina y a España después, un informe de ONU Mujeres señala que tales migraciones no precisamente produjeron nuevas pautas de crianza o reglas familiares, “sino más bien podría estar basándose e incluso solidificando una práctica ya instalada”.

El acuerdo entre las madres que migran y las abuelas que se quedan a cargo de sus nietos y nietas es el de intercambio de cuidados por recursos: las remesas. Este pacto es muy importante si se tiene en cuenta que las remesas son, de los cuatro principales ingresos del país, el único que se reparte entre la mayoría de la población.

El acuerdo entre las madres que migran y las abuelas que quedan a cargo de sus nietos y nietas es el de intercambio de cuidados por recursos: las remesas.

La principal fuente de remesas la generan las migrantes desde España, mujeres que se fueron durante la crisis económica del 2003. Todos estos años, de estas remesas dependieron miles de familias paraguayas, como la de Niurka Colmán o la de Verónica. Dichos ingresos influyeron decididamente en la recuperación económica del país, “Las remesas permitieron incluir a miles de personas en los sistemas financieros formales que abrieron las puertas a nuevos servicios y opciones de financiamiento“, señala un artículo firmado por la consultora del ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti.

Madres que pueden volver, madres que no

Las migrantes a España fueron “como nuevas y forzadas seudo residentas, mujeres que dejaron de residir acá”, dice el antropólogo Nicolás Granada, uno de los realizadores del documental Distancias de Gua’u, que trata sobre la experiencia de exiliados paraguayos en Madrid.

Pero hay diferencias entre las mujeres que migran a Argentina con las que lo hacen a España, dice el investigador Patricio Dobrée, autor de varios estudios referentes a migración y trabajo doméstico en Paraguay. Aunque la migración a Argentina sigue siendo más masiva, es una migración circular. “Implica que fácilmente las mujeres pueden volver a realizar las tareas de cuidado que dejaron a cargo de otra persona cuando migraron, como ante una situación crítica: la enfermedad de un hijo, la invalidez de una madre. Estas mujeres pueden regresar a sus lugares de origen”, señala el investigador.

Para las migrantes en España es más complicado, “por razones geográficas y de costo, es mucho menos posible que puedan volver en caso de una emergencia de cuidados familiar” dice Dobrée. Esta situación trae nuevos desafíos para las familias de esas mujeres.

Es el caso de la familia de Verónica, y la de Niurka Colmán. También es el caso de Micaela Martínez, otra abuela memby cuya madre viajó a España. La abuela que la cuidó tiene 71 años.“Con esa edad ya necesita alguien que la ayude en la despensa que tiene”, dice Martínez.

Micaela Martínez es otra abuela memby. La abuela que la cuidó hoy tiene 71 años y es ella ahora quién la cuida. Sin embargo, como es universitaria, contrató a Graciela como doméstica. Graciela a su vez tiene una hija de 2 años, que en ausencia de su madre, es criada por su abuela  • Juan Carlos Meza / Fotociclo

Dobrée dice que la imposibilidad de que la migrante vuelva a Paraguay implica varios problemas en la cadena de cuidados. “Los hijos que se quedaron en el país van creciendo y se convierten en adolescentes, lo cual conlleva más desafíos para la abuela que quedó a cargo. Y el hecho de que esas abuelas son personas que envejecen, que tienen problemas de salud y limitaciones. Son personas que también necesitan y tienen derecho a ser cuidadas. Derecho que no pueden ejercer muchas veces”, reflexiona.

La ausencia de su madre implica que ahora sea Martínez quien tiene que cuidar a la mujer que la cuidó de niña. Pero ella a su vez es estudiante universitaria. Entonces, contrataron a Graciela como trabajadora doméstica y para que ayude en la despensa.

Graciela tiene una hija de dos años. La cuida su abuela para que ella pueda trabajar.

El pacto de poder que acosa a las universitarias en Paraguay

Las estudiantes que se animan a denunciar a sus profesores se enfrentan a una trinidad de impunidad de Estado, Iglesia Católica y academia

Leer Más

El profesor insistía a Belén Whittingslow, su estudiante, para que se encontraran. Le sugería que se vistiera con un uniforme de jugadora de hockey para ir a verle. Decía que le parecía sexy. Whittingslow rechazaba los encuentros y le pedía que solo fueran amigos. «Ofrecerle amistad a quien pide amor es como solo darle un beso en la mejilla a quien quiere cogerte salvajemente contra la pared», le respondía Cristian Kriskovich, un abogado blindado con poder que enseña Derecho en la Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» (UCA), una de las más prestigiosas de Paraguay y donde el acoso a las universitarias es un secreto a voces.

Este fue uno de los más de 1.600 mensajes de Whatsapp que Whittingslow recibió hasta octubre de 2014 de parte de Kriskovich. Sus mensajes se volvieron más insistentes cuando el docente le contó a Whittingslow que su nombre aparecía en una lista de alumnos acusados de haber pagado a sus profesores para obtener buenas calificaciones. Ella cuenta que fue Kriskovich quien alteró sus notas. «Yo no podía presentarme a los exámenes de las tres materias que me faltaban para terminar la carrera porque figuraba que ya las tenía aprobadas. Fue él quien firmó y pagó mi título de Licenciada en Derecho sin que yo lo supiera», dice.

Kriskovich le creaba problemas para después ofrecerle las soluciones. Pero Whittingslow le rehuía. «La verdad que creo que te escondiste hoy. ¿No te gustó verme? ¿Te latía más fuerte el corazón? Te diste la vuelta y te fuiste. Y yo quería saludarte. Estás más flaca. Linda. ¿Por qué me tenés miedo? Y digamos que los dos somos famosos. Y yo te protejo y vos no me amás», le escribió Kriskovich en agosto. Según la copia de los chats de Whatsapp entre ambos que Whittingslow conserva impresa.

Pese a que Kriskovich había admitido que envió mensajes a Belén Whittingslow, el fiscal decidió no hacer el peritaje de su teléfono celular. Para él, el docente «cortejó y galanteó» a la estudiante, y no había delito alguno que investigar.

Whittingslow lo denunció cuando se enteró de que en un claustro de profesores, él afirmó que ambos mantenían una relación. La Fiscalía, que tomó el testimonio de ella y los mensajes que había recibido, vio indicios de acoso sexual. Tras varios cambios de fiscales, el caso llegó al fiscal Fabián Centurión, quien desestimó la denuncia. Pese a que Kriskovich había admitido que envió mensajes a Whittingslow, el fiscal decidió no hacer el peritaje de su teléfono celular. Para él, el docente «cortejó y galanteó» a Whittingslow y no había delito alguno que investigar.

Un día después de que el fiscal Centurión desestimara la denuncia, Whittingslow fue imputada por presunta compra de notas. El resto de los estudiantes acusados por este hecho —que se convirtió en un escándalo mediático— habían sido imputados un año atrás.

Un total de 41 estudiantes acusados de pagar por sus calificaciones fueron expulsados de la UCA, incluida Whittingslow. La mayoría de ellos reconocieron los hechos, pidieron perdón, realizaron trabajos sociales y pudieron continuar sus estudios en la Universidad Americana. Ella fue la única que se negó a admitir algo que no había hecho. También fue la única que denunció a Kriskovich.

«Ya no pude matricularme en otra universidad, tuve que terminar la carrera en el interior. Perdí otros tres años. Durante mucho tiempo tuve miedo de salir a la calle, y ni siquiera ahora puedo leer algo que haya dicho Kriskovich. En este tiempo engordé 28 kilos y tuve un prolapso en una válvula del corazón. Ni a mi peor enemigo le deseo pasar por esto», cuenta Whittingslow.

Kriskovich le pide ahora 450.000 dólares por daños a su imagen. Ella dice que al menos tres de sus compañeras que también fueron expulsadas por el caso de compra de notas son inocentes, pero fueron imputadas tras negarse a tener sexo con Kriskovich. «Imaginate lo que cuesta pagar a los abogados durante todo este tiempo. Hay muchas compañeras que son del interior, que son becadas, y no van a tener la plata para ir a juicio», dice Whittingslow. También opina que ellas querían ahorrarse el martirio que vive Whittingslow por enfrentar en los juzgados a un hombre con el poder de Kriskovich.

Las universitarias hicieron una acción de protesta contra el arzobispo Edmundo Valenzuela. El representante de la Iglesia había dicho que «debemos cuidar de no hacer de una piedrita una montaña», en respuesta a una denuncia por acoso sexual de un cura en Limpio • Rodrigo Centurión / Archivo PUF

Estado, Iglesia y academia: un pacto de impunidad para el acoso

Además de docente, Cristian Kriskovich tiene estrechos vínculos con la Iglesia Católica y es un abogado influyente en el Poder Judicial. Ha ejercido como asesor de la Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia (Fedavifa), que nuclea a grupos de presión católicos.

En el caso de Belén Whittingslow, la Iglesia cerró filas en torno a él. Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción y máxima autoridad de la UCA que ejerce como puente entre la Universidad y la jerarquía eclesiástica, fue el primero en proteger a Kriskovich. Ella cuenta cómo Valenzuela, en una reunión privada, la presionó para que retirara la demanda contra el profesor. A cambio de su silencio, le ofreció un acuerdo económico.

Kriskovich además forma parte del órgano encargado de juzgar a los jueces acusados de delitos o de mal desempeño de sus funciones: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; y es miembro del Consejo de la Magistratura, institución que elige jueces y fiscales en Paraguay.

Durante el juramento de Kriskovich en su cargo en dentro del Consejo de la Magistratura, a comienzos de marzo de este año, varios senadores abandonaron la sala de sesiones en repudio a las acusaciones por acoso sexual a Belén Whittingslow. Cinco días después, el Consejo de la UCA reiteró su respaldo a Kriskovich. Este Consejo está compuesto por varias figuras, entre ellas el arzobispo Valenzuela; el rector de la UCA, presbítero Narciso Velázquez; y tres consejeros asesores. Uno de estos es César Ruffinelli, socio de Kriskovich en el estudio jurídico de Marcelino Gauto.

«A la Iglesia le interesa tener a un representante dentro del Poder Judicial, a través de la Universidad Católica, para que no se juzguen delitos que involucran a curas, incluidos los casos de pedofilia y abusos sexuales. Por eso mantienen a Kriskovich en la Universidad», denuncia Juan Martín Barba, abogado de Whittingslow.

Los miembros del Consejo repitieron lo que ya había dicho la Fiscalía: que los hechos de supuesto acoso fueron investigados, que los mismos no constituyen delito y que la denuncia debía ser desestimada.

«A la Iglesia le interesa tener a un representante dentro del Poder Judicial, a través de la Universidad Católica, para que no se juzguen delitos que involucran a curas, incluidos los casos de pedofilia y abusos sexuales. Por eso mantienen a Kriskovich en la Universidad», denuncia Juan Martín Barba, abogado de Whittingslow.

Barba también cree que la presencia de Kriskovich en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento le garantiza la impunidad. «¿Qué fiscal o juez va a querer juzgar a su jefe?», dice.

Actualmente, Kriskovich es miembro del Consejo de la Magistratura, que tiene la atribución de elegir al nuevo Fiscal General del Estado.

La Plataforma de Universitarias Feministas (PUF) realizó una protesta el día en que Cristian Kriskovich juró en el Senado como miembro del Consejo de la Magistratura. Algunos senadores también se retiraron de la sesión en rechazo del cuestionado docente •  Rodrigo Centurión / Archivo PUF

Una cuota diaria de acoso para las universitarias

En la UCA, el acoso a estudiantes es un secreto a voces. «A menudo no es percibido como violencia. Está naturalizado tanto por las víctimas como por los acosadores. Ellas perciben que acosar es parte de la cuota de poder que tienen los docentes», explica Ana Portillo, quien fue docente de un seminario de género en la UCA en 2016.

Portillo propuso a las estudiantes del seminario el ejercicio de identificar las situaciones sexistas que eran cotidianas en la universidad. Las estudiantes contaron que cada día, al ir a clase, escuchaban comentarios machistas de parte de los profesores, en clave de burlas e insultos.

«¿En qué se parece una mujer a un asado? En que las dos sangran, se les da vuelta, y se les come», dijo un profesor de Epistemología. «Hoy es mi alumna, mañana puede ser mi amiga, y pasado mañana quién sabe», comentó un docente de Filosofía. «Chicas, chicas, dejen de tocarse que me están dando ideas», lo dijo un profesor de Introducción a la Teoría Social. Este último también es autor de frases como «si querés damos clase con las luces apagadas», «vi un lindo culo rengueando», o «¿te pusiste a pensar qué lindos hijos podríamos tener nosotros?».

Portillo dice que hay muchas barreras que impiden a una estudiante reconocerse como víctima de acoso y denunciarlo: la idea de que la responsabilidad de «frenar» a los docentes es de las estudiantes, el temor a manchar su reputación, el escaso apoyo de los compañeros, o incluso el hecho de que la mayor parte de las autoridades universitarias sean varones, y que por tal pueden ser cómplices del docente denunciado.

La marcha del #8M de 2017 fue un espacio de denuncia del acoso en las universidades. • Juanjo Ivaldi

Docentes acosadores en una universidad cómplice

«Qué sexy viniste hoy», «Sos linda pero estás gorda», o «Te hace falta una rutina de ejercicios» son algunas de las frases que escuchaba María Lidia Báez, estudiante de Ciencias Políticas de la UCA, de su profesor José Nicolás Morínigo. Era el año 2015, y al menos una vez por semana durante meses fue acosada por el docente.

A veces le hacía estos comentarios frente a todos sus compañeros; a veces, estando a solas. «Me sentía muy incómoda y muy invadida, desprotegida», dice Báez. «A veces también le justificaba al profe. Pensaba: ‘bueno, es que está viejito, es que es de otra generación’. Pero después la situación empezó a afectar a mi desempeño como estudiante», cuenta

«Tenía todos mis apuntes incompletos, porque casi no iba a sus clases. Y empecé a cuidar mi forma de vestir. Me preguntaba si era apropiada para la universidad, si la blusa no era demasiado escotada o mi ropa demasiado ajustada. Lo que más me afectó fue que me hizo sentir insegura de mi cuerpo, de mi identidad al vestirme. Supongo que las mujeres somos más sensibles a eso, porque tenemos más presión», dice.

Báez decidió presentar una nota denunciando el acoso que sufría por parte de un profesor ante la Universidad Católica, pero nunca obtuvo respuesta.

Báez era por entonces delegada de su curso. Cuando el profesor le hacía algún comentario, ella miraba a sus compañeros, pero no parecían molestos o sorprendidos. «Venimos de una carrera con mucha formación crítica, muy comprometida con la realidad. Yo pensaba que si mis compañeros eran tan críticos como yo, ¿por qué no veían mal esos comentarios? ¿Por qué no les afectaba?», relata. Varias veces le dijo a Morínigo que le molestaban esos comentarios. Él respondía: «No te enojes, solo es una broma».

Báez decidió presentar una nota denunciando la situación ante las autoridades de la universidad. «Yo pensaba que siendo delegada algo tenía que hacer, porque eso mismo les podía estar pasando a mis compañeras», dice. La nota fue recibida y le dijeron que sería tratada en el claustro de profesores, pero Báez nunca obtuvo respuesta.

La denuncia no tuvo efecto alguno, pero el tema del acoso en la universidad estaba dejando de ser un tabú. Báez compartió su denuncia con el seminario sobre género. Los comentarios del profesor formaron parte de una exposición pública en la facultad junto con otras expresiones machistas que las estudiantes recopilaron. Un tiempo después, Báez y Morínigo se cruzaron en una dependencia de la facultad. «Sigues muy linda, pero estás gordita. No vayas a empapelar la facultad con lo que te digo», le dijo Morínigo en aquel entonces.

A pesar de la impunidad, Báez cree que el acoso debe ser denunciado. «Si no denunciamos, es más fácil esconderlos y que pasen desapercibidos», dice. Ella admite que se animó a denunciar solo cuando Morínigo dejó de ser su profesor. «Fue todo un conflicto interno, porque él es un profesor de renombre, que tiene trabajos muy válidos, mucha producción, y yo tenía miedo de quedar marcada, de que me bajaran las calificaciones o el promedio».

El borrador de un protocolo de prevención y atención a los casos de violencia de género fue elaborado y presentado en 2016 por las estudiantes a las autoridades de la UCA. Aún no tuvieron respuesta  • Juanjo Ivaldi

Ante la falta de respuesta a las denuncias realizadas y de herramientas para reaccionar contra el acoso dentro de la universidad, las integrantes de aquel seminario sobre género realizado en la UCA en 2016 redactaron un protocolo de prevención y atención a los casos de violencia de género. El borrador del protocolo se basa en normativas que ya poseen otras universidades en diferentes países del mundo, como la Universidad de la República de Uruguay. De 63 universidades de Latinoamérica consultadas en 2016 por el medio Distintas Latitudes, solo 12 cuentan con protocolos contra la violencia sexual.

En otra encuesta realizada por el mismo medio a 173 universitarios de 14 países, el 67% de ellos dijo que conocía al menos un caso de acoso sexual en su universidad.

Las estudiantes del seminario sobre género realizado en la UCA presentaron el borrador del protocolo al Rectorado para su estudio. Siguen esperando respuestas.

La cadena de cuidados que permite a las madres estudiar

Miles de mujeres quieren ir a la universidad, pero se necesitan unas a otras en un sistema que las discrimina si cumplen con el rol más glorificado del Paraguay

Leer Más

A Clara Guillén le negaron rendir un examen en la carrera de Derecho porque llevó a su hija pequeña a la facultad. «Venga a estudiar cuando termine de criar a sus hijos», le dijo Concepción Sánchez, profesora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Era mayo de 2016. Bethania Ruiz Díaz, estudiante de la misma facultad, corrió similar suerte cuando fue a clases acompañada de su bebé de meses en febrero de este año. María del Mar Pereira, la docente que la echó, le dijo que el sitio «no es una guardería sino una universidad» y que busque con quién dejar a su hijo. «Yo no pude contestar porque me dejó atónita, me sentí impotente y menospreciada», dice Ruiz Díaz.

Aunque las docentes fueron apartadas de sus cargos cuando los casos se hicieron públicos, Guillén y Ruiz Díaz, como muchas otras madres universitarias, se enfrentan cotidianamente a un sistema que vanagloria a las madres, pero que es hostil con las que quieren estudiar.

Lo sucedido con las dos estudiantes madres hizo que el centro de estudiantes (CE) de su facultad impulse la creación de una guardería. Pero el proyecto no prosperó. Según Alejandro Koopmann, miembro del CE, la propuesta fue eliminada cuando el presidente Horacio Cartes vetó la ampliación presupuestaria necesaria, junto con todo el resto del presupuesto general de 2017.

La cada vez más amplia participación de las mujeres en el mercado laboral en toda Latinoamérica no ha cambiado una situación: el rol de cuidado de los hijos y las actividades de hogar —históricamente asignado a ellas— sigue siendo suyo. Cuando no son las madres, son las abuelas, tías o hermanas las que ejercen lo que se conoce como «trabajo no remunerado».

Las paraguayas dedican más de la mitad de su tiempo a este tipo de trabajo, según una encuesta de uso de tiempo de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). Más del doble de horas que los varones, en general, o casi cuatro veces más en actividades domésticas. Estas brechas son mayores a las que tienen países como Argentina y Uruguay.

La creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral en toda Latinoamérica no ha cambiado una situación: el rol de cuidado de los hijos y las actividades de hogar, históricamente asignado a ellas, sigue siendo suyo.

«La ilusión de que el trabajo asalariado iba a liberar a las mujeres no se ha producido», dice en una entrevista Silvia Federici, escritora y activista feminista. «Ahora las mujeres tienen dos trabajos y mucho menos tiempo para, por ejemplo, luchar, participar en movimientos sociales o políticos”, afirma. O estudiar. A esta situación se la conoce también como «doble carga laboral». Mujeres que aparte de su trabajo y estudios tienen que atender la casa, cuidar a sus hijas, sobrinas, nietos.

Cristina Moreno Re, de 25 años, es estudiante de cuarto año en la carrera de Psicología de la UNA, vendedora en un shopping capitalino y madre de Gaspar de 5 años. «Cuidar hijos es un trabajo que cansa, un gasto de energía», dice. Pero a los ojos de sus compañeros de trabajo, «las mujeres no nos podemos cansar de cuidar a nuestros hijos», cuenta Moreno.

Ella trabaja en promedio 42 horas a la semana, por lo que el cuidado de su hijo exige un intrincado cronograma que se reparten entre ella, el padre de Gaspar, de quien está separada, y, sobre todo, las casas de las abuelas paterna y materna. Ella se considera afortunada de todas formas. Desde que Gaspar va al preescolar, tiene un mejor horario para toda la familia, puesto que al menos Moreno puede acompañarlo todos los días a la escuela. Esta situación es un privilegio en Paraguay, donde solo tres de cada diez niños acceden a la educación preescolar.

Mientras intenta recibirse de psicóloga, Cristina Moreno Re (25) trabaja como vendedora en un shopping, que le exige estar fuera de su casa incluso los fines de semana • Juan Carlos Meza

Que Gaspar vaya al preescolar le permite también dedicarse a terminar su carrera. Pero en la Facultad de Filosofía de la UNA tampoco existen alternativas para las madres de hijos pequeños. «Los docentes generalmente permiten a los niños ingresar a las aulas. La exigencia de contar con guarderías se realiza todos los años pero alegan siempre que no contamos con presupuesto», dice Jazmín Coronel, vicepresidenta del centro de estudiantes de esa facultad. Aunque no existen datos sobre la cantidad de estudiantes que abandonan sus estudios debido a maternidad, Coronel afirma que son muchas las que lo hacen para cumplir con el rol de ser madres.

La situación de las madres estudiantes de universidades privadas no es diferente. Romina Moreno Re, de 24 años, hermana de Cristina, estudia Veterinaria en la Universidad Columbia. Fue a parir luego de haber rendido un examen. Tener a su hija Alicia le costó el derecho a prórroga a otras pruebas, algo que necesitaba debido a su maternidad. «Según ellos [las autoridades de su facultad], hice tarde el pedido”, cuenta.

Como Cristina, Romina Moreno también se sostiene en su madre para cuidar a su hija, que ahora tiene 1 año y ocho meses. «Mi mamá trabaja como vendedora. Es una de esas personas que hace esfuerzo por no enfermarse. Si ella o mi hermana no pueden, la cuida mi marido. Él está, pero no como yo estoy: 20 horas al día”, dice. La diferencia en cantidad de tiempo que le dedican mujeres y varones se ve reflejada hasta en los permisos laborales de maternidad y paternidad en Paraguay. Las madres tienen derecho a 18 semanas de permiso, mientras que los padres lo tienen para dos semanas.

Para cuando Romina Moreno Re (24) se convirtió en madre, ya tenía experiencia de sobra: había ayudado a su hermana cuidando de Gaspar, su sobrino, durante años • Juan Carlos Meza

Romina, que trabajaba en la producción de eventos sociales, por ahora solo estudia. La maternidad cambió también otros aspectos de su vida. «Ya no te invitan a salir. O te piden que vayas con tus hijos. Si salís sola te preguntan con quién los dejaste. Eso es algo que a los hombres no se les pregunta», dice. «Yo quiero fumar, por ejemplo. Y si estoy con mi hija no puedo».

Si el acceso a la educación preescolar es bajo, los servicios de cuidado infantil para la población de 0 a 4 años tienen cobertura limitada y son casi inexistentes. La Secretaría de la Niñez dice no disponer de datos al respecto.

En el Congreso se encuentra un proyecto de ley que fue presentado por el diputado Hugo Rubín a raíz de lo ocurrido en Derecho UNA. Este proyecto haría obligatorio el financiamiento público a guarderías en institutos de educación superior privados y públicos. Pero desde diciembre de 2016 está a espera de la aprobación de cinco comisiones de Diputados para ser tratado.

Ramona «Romy» Re de Moreno «es de las personas que hace esfuerzo por no enfermarse» dice Cristina, su hija. «Ella lleva la batuta en la casa» • Juan Carlos Meza

Como «la provisión de servicios de cuidado infantil no ha llegado a configurarse todavía como un derecho social», dice la socióloga Karina Batthyány, las mayores dificultades las encuentran mujeres de bajos y medianos ingresos, quienes al no poder acceder a estos servicios, deben decidir entre trabajar y estudiar, como Bethania Ruiz, o tienen que apoyarse en otras mujeres de la familia. Así lo hacen Cristina y Romina Moreno Re entre ellas. Con sus madres, con sus cuñadas, con sus suegras, van tejiendo una cadena de cuidados.

La emergencia de las mujeres

Diversas paraguayas se encuentran ante un problema común: la violencia cotidiana en el peor país para ser mujer en Sudamérica

Leer Más

Su trabajo mueve el mundo, dicen. «Si nosotras paramos, para todo».Con esta consigna se convocan al Paro Internacional de Mujeres este 8 de marzo para denunciar la violencia física, económica, verbal o moral que sufren. Paraguay se suma a este movimiento mundial con mujeres y colectivos de diferentes procedencias. Denuncian los feminicidios en el país, que ya son 11 en lo que va del año. Condenan los abusos sexuales a niñas y los embarazos forzosos. Se movilizan para denunciar que las campesinas e indígenas son discriminadas y expulsadas de sus tierras. Quieren que su trabajo sea valorado. Son mujeres como las ocho que presentamos en este fotorreportaje.1 Algunas se unirán al paro, otras no. Pero todas emergen ante los desafíos de vivir en Paraguay, el peor país para ser mujer en Sudamérica.

Belén Benítez (26) lucha por un protocolo contra la violencia de género en su universidad • Juan Carlos Meza

«Prefiero perder un día de clases y sumar derechos», dice Belén Benítez, que en un año debería dejar la Universidad Nacional de Asunción convertida en abogada. Con 26, es parte de un movimiento estudiantil feminista que debe su nombre a la primera abogada paraguaya: Serafina Dávalos. El 8 de marzo no irá a la facultad. Se suma al paro de mujeres para exigir una universidad más inclusiva. Cuenta que hay muchos más docentes varones que mujeres, algo que se repite fuera de la facultad en los magistrados y los puestos en la Corte Suprema de Justicia. Pero esto es solo una parte del problema. En el movimiento en el que milita, exige que la facultad incorpore un protocolo de prevención de la violencia sexual. «Quiero escuchar clases magistrales impartidas por docentes íntegros, no por profesores que hacen chistes que denigran, o que tienen prácticas nefastas que hieren a mis compañeras».

«Prefiero perder un día de clases y sumar derechos», dice una estudiante universitaria.

Cristel Pereira de Orué (30) tiene dos trabajos y un hijo que cuidar todos los días • Juan Carlos Meza

A sus 30 años, Cristel Pereira de Orué tiene un hijo de dos años, Maximiliano, una licenciatura en Comercio Internacional y dos trabajos. De lunes a viernes, desde las 8 y media, es encargada de ventas en el negocio familiar, una importadora de artículos de bazar. «Tengo la suerte de que puedo traer a mi hijo al trabajo», dice. Al terminar su jornada laboral a la tarde, se dedica a su empresa personal: vender brownies. Pereira continuará con todas sus tareas cotidianas el 8 de marzo. Pero si pudiera dejar de hacerlas, elegiría descansar. «Estoy despierta desde las 7 todos los días. Los fines de semana no son la excepción. Hace mucho tiempo, desde que nació mi hijo, que no duermo hasta tarde», dice. Si tuviera tiempo, retomaría sus clases de guitarra.

«Hace mucho tiempo, desde que nació mi hijo, que no duermo hasta tarde», dice una madre con dos trabajos.

María José Puerta (23) es cocinera y el 8 de marzo irá al paro para reclamar que se respete la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos • Juan Carlos Meza

María José Puerta (23) está acostumbrada a trabajar rodeada de varones. Es cocinera, y aunque en muchos hogares paraguayos son las mujeres quienes preparan las comidas, las empresas gastronómicas prefieren contratar a hombres. En su tiempo en el rubro, se ha visto obligada a «sacar una actitud más agresiva, por pura supervivencia». Cuenta que las mujeres se exponen a diez o más horas de trabajo arduo y a que las subestimen. Ha visto cómo compañeros sin experiencia ascendían antes que ella, o cómo sus jefes obligaban a las meseras a usar vestidos ajustados y a maquillarse para trabajar. «El uniforme de trabajo de las mujeres está hecho para que se vean sexys, no para que estén cómodas», dice. El día del paro, Puerta marchará sin remera para reclamar la libertad sobre su cuerpo.

«El uniforme de trabajo de las mujeres está hecho para que se vean sexys, no para que estén cómodas», dice una cocinera profesional.



Máxima Morel (67) es empleada doméstica. En Paraguay, las mujeres que se dedican a este oficio ganan, por ley, solo el 60 % del salario mínimo • Juan Carlos Meza

Máxima Morel es madre soltera de tres hijos. A sus 67 años, trabaja como empleada doméstica con retiro en la casa de Cristel Pereira. Ese ha sido uno de los tantos trabajos que ha tenido desde los 15, cuando tuvo su primer hijo. «La gente no suele valorar el trabajo de la empleada doméstica» dice. «Nosotras estamos todo el día, subiendo, bajando, sudando. No nos quedamos bajo el aire acondicionado». En un día distinto, uno en el cual no tuviese que viajar en bus una hora desde Luque a Asunción para llegar a su trabajo, donde no tuviera que limpiar, cocinar y lavar la ropa, le gustaría ir a visitar a sus hermanos. También vería otras maneras de conseguir dinero, como tener un puesto de comidas. «Mi sueño es tener algo mío», comenta. «Uno de los trabajos que tuve, durante muchos años, fue de cocinera en un restaurante. Ahí logré tener mi casa propia, que ahora me quitaron. Y cocinar es lo que me gusta, es lo que me sale». La ley en Paraguay establece que las empleadas domésticas ganen solo el 60 % del salario mínimo.

«La gente no suele valorar nuestro trabajo», cuenta una empleada doméstica.

Mónica Bareiro (29) se unirá al paro para exigir igualdad en los salarios entre hombres y mujeres • Juan Carlos Meza Mónica Bareiro (29) sabe que el acoso y la discriminación hacia las periodistas llegan por tres frentes: los jefes, los colegas y los entrevistados. Hace 10 años que trabaja en un periódico local. «Tus jefes piensan que no vas a poder encargarte de una investigación, o que por ser mujer no vas a poder hacer determinadas coberturas sola. Tus entrevistados, si vas con un compañero varón, se dirigen solo a él, o te responden a vos como si fueras una niña», dice. El 8 de marzo parará junto con varias compañeras del diario. Exige igualdad en los salarios y en los ascensos laborales entre hombres y mujeres. El salario promedio de las mujeres en Paraguay corresponde al 75 % del ingreso que perciben los hombres.

«Tus jefes piensan que no vas a poder encargarte de una investigación, o que por ser mujer no vas a poder hacer determinadas coberturas sola», cuenta una periodista.

Alicia Amarilla (36) es campesina. En Latinoamérica, las mujeres producen el 80% de los alimentos, pero son dueñas de solo el 8% de las tierras • Juan Carlos Meza A la abuela de Alicia Amarilla (36), el Partido Colorado le arrebató las tierras durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Se considera una «campesina desposeída». Hoy es parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), y se suma al paro internacional para que se reconozcan los trabajos que realizan las campesinas. «En el campo, la mujer alimenta a la familia. Cultiva poroto, mandioca; cuida animales domésticos para producir leche, queso, huevo. Pero todo ese aporte a la economía familiar no se visibiliza», dice. En Latinoamérica, las mujeres producen el 80% de los alimentos, pero son dueñas de solo el 8% de la tierra. Amarilla propone que el 8 de marzo dejen de cumplir uno de sus roles: que las campesinas no cocinen, que las indígenas no produzcan artesanías. Ella protestará contra el agronegocio que las obliga a migrar a las ciudades y las condena a la explotación laboral.

«En el campo, la mujer alimenta a la familia. Pero todo ese aporte a la economía familiar no se visibiliza», dice una campesina.

Mariana Sepúlveda (30) irá a paro el 8 de marzo con sus compañeras de la organización de los derechos de personas trans Panambi • Mariluz Martín Mariana Sepúlveda sabe que las mujeres son diversas. Ella misma es una mujer trans de 30 años. «Nosotras somos mujeres porque nos identificamos con el género femenino, y construimos nuestra identidad con base en eso», dice. Cuando era trabajadora sexual, sufrió agresiones en la calle. Hoy forma parte de la organización Panambi, que defiende los derechos de personas travestis, transexuales y transgénero. A la marcha del 8 de marzo, Mariana irá con sus compañeras con el eslogan «Nos matan y nadie va preso». Desde la caída de la dictadura en 1989, los asesinatos documentados de personas trans son 38. Por relatos, se cuentan hasta 57. «Aunque la ley contra la violencia hacia las mujeres no nos proteja, estos son casos de feminicidio», dice.

«Nos matan y nadie va preso», cuenta una activista trans.

En la casa de Sara Ferreira (31) las mujeres se ocupan de las tareas domésticas, trabajo que no se reconoce como tal y no es remunerado • Juan Carlos Meza

La rutina de Sara Ferreira (31) incluye cuidar a su hija Alexia de 6 años, llevarla a la escuela, trabajar más de 8 horas diarias en una empresa de maquinarias industriales, ir a la universidad y, si el deber llama, apagar incendios con sus compañeros de la 2da. Compañía de Bomberos de Santísima Trinidad. Todo esto antes de pensar en tener tiempo libre. «Primero tengo que ver si mi hija necesita ayuda en las tareas escolares, o llevarla a algún lado», dice. En la casa que comparte con sus padres, las tareas se reparten entre las mujeres. «Mi mamá es la que se encarga desde ir al súper hasta de limpiar. Si ella no puede, lo hago yo, si no lo hace una prima o una hermana». Aunque hoy en día han aumentado su participación en el mercado, las mujeres siguen haciéndose cargo de las tareas de cuidado en el hogar, un trabajo que no solo no es remunerado, sino que siquiera es reconocido a veces como tal. Según datos oficiales, en Paraguay las mujeres ocupan el doble del tiempo que los varones en tareas no remuneradas.

«Mi mamá es la que se encarga desde ir al super hasta limpiar. Si ella no puede, lo hago yo, sino lo hace una prima o una hermana» dice una trabajadora y bombera voluntaria.


  1. Reportaje de María Dominguez, Maximiliano Manzoni y Jazmín Acuña

La batalla legal de las mujeres contra la violencia en Paraguay

Aunque las leyes sean buenas, no son suficientes donde la violencia se vive como una parte de las relaciones.

Leer Más

Victoria Santos es una mujer extranjera que lleva ocho años enfrentando a la Justicia paraguaya para demostrar que su expareja, un hombre con poder, la maltrató durante su relación. Forma parte de Yo te creo, una red de mujeres que han sufrido o siguen sufriendo diferentes tipos de violencia. Allí comparten sus experiencias, se escuchan, se apoyan. Hacen lo que en otros lugares se les niega: tomar el testimonio de las mujeres en serio.

Para Victoria Santos, todo empezó con el maltrato sicológico. Su pareja llegó a convencerla de que no servía para nada. Después, comenzaron los golpes. Abandonó la casa donde vivían sin tener claro qué hacer. Fue a una comisaría para denunciarlo, pero los agentes que la atendieron no quisieron aceptar su testimonio. Dijeron que no lo hacen porque muchas mujeres retiran las denuncias, ya que dependen del hombre para dar de comer a sus hijos.

Ella no retrocedió, aunque fue difícil. Ni siquiera recibió el apoyo de su familia, que vivía en el exterior. «Me decían que aguantara, que los hombres son así. Me preguntaban qué había hecho yo. Que si mi marido me pegaba lo hacía para educarme. O que no me divorciara, que yo estaba muy bien casada con una persona en una posición así», recordó.

«Cuando una va a denunciar a su agresor al Poder Judicial, tiene que estar preparada para que le digan que desapareció su expediente, o que no encuentran su denuncia y tiene que empezar de nuevo el proceso. Sobre todo, si el agresor es una persona conocida», dice Victoria.

Continuó un proceso judicial contra su expareja, una laberíntica batalla legal entre Paraguay y su país de origen, en la que el principal obstáculo fue el dinero, el poder y la influencia de su agresor.

«Cuando una va a denunciar a su agresor al Poder Judicial, tiene que estar preparada para que le digan que desapareció su expediente, o que no encuentran su denuncia y tiene que empezar de nuevo el proceso. Sobre todo, si el agresor es una persona conocida», dice Victoria. A ella le ocurrió en varias ocasiones. A fuerza de insistencia, se convirtió en una experta en desenvolverse en el entramado judicial paraguayo.

Una vez a la semana, las integrantes de Yo te creo se reúnen en el Palacio de Justicia de Asunción. En el grupo no hay sicólogas ni abogadas, pero todas son expertas en violencia machista porque la sufrieron en carne propia.

«Paraguay tiene muchas leyes muy buenas, pero no se cumplen. Denunciar la violencia es una carrera de resistencia y de lucha contra la corrupción en el ámbito judicial», dice Victoria Santos. Carmen Echauri, oficial de Programas de ONU Mujeres en Paraguay, coincide con ella en la dificultad de aplicar las leyes. «Existe una brecha entre la adopción de marcos normativos y su bajada a la práctica», afirma.

El Estado paraguayo ha firmado y ha legislado para proteger a las mujeres. Pero el pasado mes de enero, en la ONU varios países criticaron los «elevados índices de violencia contra las mujeres». Le recriminaron la persistencia de la violencia física y sexual y la extendida discriminación hacia ellas. Ante estos reclamos, el representante de Paraguay, el vicecanciller Óscar Cabello Sarubbi, dijo que el Parlamento estaba tramitando una ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.

El pasado 10 de agosto, los diputados paraguayos debatieron este proyecto de ley, conocido también como la ley #PorEllas. El proyecto original propone la creación del tipo penal del feminicidio, una figura que ya ha sido adoptada por las legislaciones de otros países de la región, como Argentina y Bolivia, donde se aplica la pena máxima para este tipo de crímenes.

Cuando los diputados debatían en el Congreso el proyecto de ley, ocurrió algo inesperado. Dos mujeres, las diputadas Olga Ferreira y Fabiola Oviedo, presentaron varias enmiendas al proyecto.

#NiUnaMenos #NosQueremosVivas: Los asesinatos a mujeres en toda Latinoamérica han movilizado a miles de mujeres a denunciar una cultura machista que promueve la violencia contra ellas • Jessie Insfran Pérez

Su nueva propuesta eliminaba la palabra «género» de todo el texto, así como las menciones a la «identidad de género», que podría brindar protección a las mujeres trans, un colectivo que fue objeto de más de 50 asesinatos impunes desde 1989.

La modificación también elimina la obligación de protección a hijos e hijas de las víctimas, y permite la conciliación de ellas con su agresor, exponiendo a las mujeres y sus familias a nuevos episodios de violencia. Además, suprime la gratuidad en los trámites judiciales, o la posible sanción a los funcionarios públicos que atiendan estos casos de manera inadecuada.

Con estas modificaciones, el texto fue aprobado por los diputados, muchos de ellos temerosos de que la norma abriera la puerta a la despenalización del aborto, prohibido en Paraguay en todos los casos y castigado con hasta cinco años de prisión.

La ley, que a mediados de noviembre se debatirá en el Senado, propone en su proyecto original un horizonte en que el Estado asuma muchos de los costos —económicos, burocráticos— que las víctimas de violencia tienen que enfrentar para denunciar a sus agresores y apartarse de ellos. Pero las leyes, dice Echauri, serán ineficaces si no cuentan con un presupuesto que tenga en cuenta al 50 % de la población: las mujeres.

Además, para que la ley sea aplicable, se necesita una adecuada capacitación de quienes atienden a las víctimas de violencias. «Hay que fortalecer la calidad de los servicios que se brindan a víctimas de violencia. Hay pocos servicios especializados y todos se centralizan en Asunción», asegura.

En esta atención tienen un papel crucial los operadores de Justicia, pero también el personal sanitario: «Sin una mirada de género, la violencia puede ser completamente invisible. Y, sin embargo, un informe médico puede ser presentado como prueba con valor legal al denunciar al agresor», explica.

La misma mirada se necesita en los medios de comunicación, que todavía hablan de «crímenes pasionales», sin entender que la violencia contra la mujeres es un problema social, consecuencia del machismo.

«En Paraguay, la violencia se ve como un ingrediente más de las relaciones interpersonales. Necesitamos un cambio de mentalidad para desnaturalizar la violencia. Callar ante estos hechos es ser cómplice de la impunidad de los agresores. Hay que denunciar hasta lograr que la violencia ya no se vea como normal», dice Echauri.

La epidemia de la violencia contra las mujeres en Paraguay

En Paraguay, seis de cada diez mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia por parte de los hombres. Pero el Estado no ofrece respuestas.

Leer Más

A Ada Báez1, el comisario le dijo que no podía hacer nada con Luis Balbuena, el hombre que fue violento con ella cuando eran pareja. Había pasado ya un tiempo de aquello y —según el policía— su testimonio serviría como antecedente, pero no se podría hacer mucho más. Pero cuando apareció otra víctima del mismo hombre, ni el antecedente ni la reincidencia sirvieron. Ada se enteró que la mujer retiró la denuncia días después.

Nada de lo que hacía estaba bien para él. Tratarla de «puta» empezó a ser habitual. Las amenazas y los golpes después de algunas discusiones, también. Sus amigos se enteraron del maltrato que sufría una noche en que Balbuena llegó a su casa sin avisar. Entró a la habitación de Ada mientras los demás estaban en la sala, la sacó de la ducha y comenzó a insultarla y agredirla físicamente. Ella pidió ayuda, hasta que uno de sus amigos consiguió separarla de él y sacarlo del departamento.

Ada siempre creyó que podía ayudar a Luis a cambiar. Pero él no cambió. La última vez que se vieron, escapó corriendo de la casa de él con la cara ensangrentada. «Me subí a un colectivo que pasó y le dije al chofer: “por favor, llevame a mi casa”. Ni siquiera sabía en ese momento dónde estaba mi casa», cuenta.

Los números de una epidemia

Establecer una estadística de cuántas mujeres son violentadas no es sencillo, dice Myrian González, especialista en temas de género. «Se tienen datos y registros diversos que no permiten tan siquiera una aproximación a la dimensión de la violencia de género y contra las mujeres en Paraguay», cuenta.

Las cifras que sí existen son graves. En 2015, el 70% de las 9.600 denuncias presentadas ante la Fiscalía por violencia familiar fueron casos de violencia machista. En la Policía, el 86% de estas denuncias fueron hechas por mujeres. También fue un 86% de mujeres quienes denunciaron violencia en los juzgados de Paz, donde se recibieron más de 5.000 denuncias. El 40% de ellas declaró haber sufrido violencia física, y el 55% violencia sicológica.

«Se tienen datos y registros diversos que no permiten tan siquiera una aproximación a la dimensión de la violencia de género y contra las mujeres en Paraguay», cuenta «Myrian González, especialista en temas de género.

La falta de un tipo penal para calificar y castigar al feminicidio impide contabilizar cuántas paraguayas son asesinadas cada año a manos de sus parejas o exparejas. Hasta agosto de este año, la prensa registró al menos 12 casos de feminicidio. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay documentó al menos 37 mujeres asesinadas por sus compañeros o excompañeros sentimentales en 2014. Estima que cada nueve días una mujer es asesinada por violencia machista en el país.

Según Myrian González, tipificar el feminicidio hará que se identifique un problema que suele ser invisible y tratado por la Justicia y los medios de comunicación como un «crimen pasional», un asunto privado. «La perspectiva de la violencia de género permite ver que el agresor ejerce poder sobre su víctima, y que esta no cuenta con la protección que el Estado le debe proveer», afirma.

Un grupo de mujeres representó Las lloronas, como forma de repudio y duelo por los feminicidios que ocurren en el país y en la región. Fue en la marcha internacional #NiUnaMenos que en Asunción se realizó frente al Panteón de los Héroes el pasado 19 de octubre • Jessie Insfran Pérez

Lo que pasa en privado es un problema público

Mariana Brítez también hizo una denuncia pública sobre la violencia que había sufrido con Carlos Vera. Sin dar nombres ni apellidos, relató en su perfil de Facebook los insultos, el aislamiento y los ataques de los que fue víctima durante dos años en esa relación. En esos días, Mariana recibió muchos mensajes. Entre ellos, uno de Carlos. Le preguntaba, en tono inquisidor, cuándo recordaba que él le haya levantado la mano. Carlos era incapaz de reconocer que su forma de tratar a Mariana también era violencia, aunque no dejara cicatrices en su cuerpo.

«Hay quien piensa que los hombres que militan en organizaciones de izquierda tienen mente abierta y no van a ser machistas. Pero lo único que diferenciaba a Carlos de un machista de derecha es que él decía “Hola a todos y todas”», cuenta Mariana. Carlos nunca intentó pedir disculpas. Se limitó a justificarse.

En algunos mensajes que Mariana recibió a raíz de la publicación, le preguntaban con insistencia por qué aguantó, por qué no dejó a Carlos. Otro síntoma del machismo arraigado en la sociedad paraguaya: la víctima es, si no la culpable, al menos responsable en parte de la violencia que sufre.

Los amigos de Ada Báez siempre le dijeron que la apoyaban, que no estaba sola. Pero todo cambió el día en que denunció públicamente a Luis Balbuena.

Fue en un concierto donde ella tocaba con su banda. Micrófono y guitarra en mano, Ada contó lo que él le había hecho pasar. Dio su nombre y apellidos. Entre la gente estaban varios amigos de Luis. Algunos contaron en las redes sociales lo que Ada había confesado en el escenario, sin ninguna solidaridad. Se burlaron de ella. Tal vez se merecía lo que le había ocurrido, dijeron.

Según la ministra de la Mujer, Ana Baiardi, existe un «inmenso subregistro» de las denuncias por violencia hacia las mujeres. «Por cada mujer que denuncia maltrato sicológico en Paraguay, hay nueve que no lo hacen. Por cada mujer que denuncia maltrato físico, hay dos que no lo hacen», dijo a fines de 2014.

Romper el círculo de violencia machista que sufren las mujeres es difícil. Por lo general, no reciben apoyo del Estado cuando se animan a denunciar. O dependen económicamente de sus agresores. Esto explica que solo el 20% de las víctimas de violencia presenten su caso ante una comisaría, un juzgado o la fiscalía.

Ada cree que es fundamental escrachar, aislar y prohibir el acceso a ciertos lugares a su ex. La violencia machista debe dejar de verse como un asunto privado, dice. «Es un problema público, en el que quien no interviene para defender a la víctima se convierte en cómplice del agresor».


  1. El nombre real ha sido cambiado a criterio editorial