Vacas que vuelan, escuelas que caen

Una serie de historias sobre la educación en Paraguay, uno de los países más desiguales del mundo

Ir a la universidad en Paraguay puede ser una carrera de vida o muerte

En Puerto Casado, dos estudiantes cruzan un río en un bote pequeño para ir a la universidad. Es la única manera de seguir una carrera. ¿Vale la pena poner en juego la vida para estudiar?

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Cuando son las tres de la tarde, Christian Quiñónez dice chau, toma un recipiente lleno de combustible y se dirige hacia la costa del río Paraguay, donde lo espera su bote para ir a la universidad. Nada raro para él, su familia y los habitantes de Puerto Casado, un distrito del Chaco paraguayo a 650 kilómetros al norte de Asunción, la capital de Paraguay. Nada extraordinario para quienes están habituados a que tanto el cajero automático más próximo como la universidad más cercana se encuentren a 20 kilómetros. Pero del otro lado el río.

El ritual cotidiano inicia cuando el reloj marca las tres de la tarde y Quiñónez abraza a sus hijos. James, de un año de edad, nombrado en devoción al colombiano goleador del Mundial de Brasil 2014, dilata la despedida con una artimaña difícil de evadir. Se aferra a su padre con los brazos, las piernas y el cuerpito entero. Le suplica que no se vaya y llora. Bastante.

Jonás, de tres años, llamado como el profeta tragado por una ballena, tampoco consiente el adiós pero contiene las lágrimas. Es el hermano mayor y se ha acostumbrado a la idea: papá irá a la facultad a estudiar como lo hizo ayer y como lo hará mañana. Como lo hace cada lunes, martes, miércoles y jueves. Luego volverá y la vida continuará feliz. Esta es la oración que Christian Quiñónez, un hombre alto, de facciones duras y sonrisa cordial, repite a sus dos hijos y a sí mismo cada vez que son las tres de la tarde. Solo Estefanía González, su compañera y madre de James y Jonás percibe el alcance de los temores de Christian. Cada partida inquieta a ambos. Y no se trata de un mal presagio ni de un miedo absurdo. Todos saben de lo que es capaz de hacer el río a quien se atreve a cruzarlo.

Christian Quiñónez y Éver Pereira van de lunes a jueves a una universidad privada ubicada en Vallemí. Para llegar, deben cruzar un río en un pequeño bote • Nicolás Sáenz

Los inicios de un latifundio

De lunes a viernes, entre las siete de la mañana y la una de la tarde, Christian Quinónez trabaja como secretario en el Juzgado de Paz de Puerto Casado, la ciudad que en Google Maps aparece como La Victoria, pero que debe su nombre a Carlos Casado del Alisal, un español que en 1889 se convirtió en el dueño de todo aquello al comprar más de cinco millones de hectáreas de tierras fiscales. Poco más que las superficies en metros cuadrados de Costa Rica, Eslovaquia, Suiza o Bélgica.

En estas tierras, ubicadas cerca de la frontera con Brasil, Casado estableció la primera empresa de extracción de tanino de América, una sustancia que por entonces era muy codiciada debido a su capacidad de convertir pieles de animales en cuero. La fuente de este poderoso astringente natural se encontraba en la corteza del quebracho, un árbol nativo de Sudamérica que entonces revestía gran parte del territorio que Carlos Casado había adquirido, con paraguayos e indígenas adentro.

En las primeras décadas del siglo XX, la explotación de los bosques de quebracho hizo que Puerto Casado creciera como nunca antes. La energía eléctrica llegó allí incluso antes que a la capital del país gracias a un sistema de autoalimentación: el aserrín del quebracho triturado alimentaba el fuego que hacía que el agua hirviera y se produzca así la energía requerida por la fábrica. El excedente de energía era distribuido a las viviendas de los empleados de alto rango, extranjeros provenientes de Argentina, Alemania, Hungría y otros países.

Los casadeños están habituados a que tanto el cajero automático más próximo como la universidad más cercana se encuentren a 20 kilómetros. Pero del otro lado el río.

El pueblo entero, o al menos gran parte de él, trabajaba en la empresa, en cuya jerarquía los cuadros más bajos pertenecían a los paraguayos, que si bien no ocupaban puestos de mando, adquirían habilidades administrativas y contables. En las categorías inferiores se encontraban los peones y los trabajadores del obraje, puestos generalmente atribuidos a indígenas de varias etnias provenientes de otras zonas del Chaco y asentadas en Casado. Así lo cuenta Valentina Bonifacio, una antropóloga italiana que lleva años investigando la historia de Puerto Casado.

La actual población de poco más de siete mil habitantes de Puerto Casado son en su mayoría descendientes de trabajadores de la antigua empresa. La casa de paredes blancas y amplio patio que Christian Quiñónez se dispone a abandonar, cada vez que el reloj marca las tres de la tarde, se sostiene gracias a una estructura de voluminosas columnas, troncos de aquel árbol cuya madera era tan dura que quebraba hachas, de ahí su nombre: quebracho.

El techo bajo el cual creció, y donde hoy vive junto con su familia, es fruto del trabajo de su padre y la herencia de un periodo de abundancia dentro del latifundio. Pero a diferencia de su padre, ex herrero en la antigua firma, Christian no conoció el tanino ni vio funcionar el ferrocarril que la empresa construyó en 1927 para trasladar los rollos de madera desde el bosque hasta la fábrica.

El traslado en su propio bote le cuesta a Christian Quiñónez 1 dólar. La alternativa sería una balsa de una empresa privada que cobra 15 veces más que el transporte público de Asunción • Nicolás Sáenz

El viaje a la universidad

En Puerto Casado hoy no existe universidad pública ni privada. Por eso, para Christian Quiñónez, funcionario del Juzgado de Paz de la ciudad y estudiante de tercer año de la carrera de Derecho, la única esperanza de recibir un título universitario se encuentra al otro lado del río, en la ciudad de Vallemí, departamento de Concepción. Hasta ahí cruza de lunes a jueves acompañado de su viejo amigo Éver Pereira, con quien ya compartió aula durante la secundaria. Ambos asisten a la filial de la Universidad María Serrana, una institución privada creada en 2009. Pero sus carreras aún no cuentan con la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que otorga una garantía de calidad.

Si hubiera podido escoger, Quiñónez iría a una universidad pública. «El sueño del que quiere profesionalizarse es ir a la Universidad Nacional de Asunción», dice como obviedad. Pero en su experiencia, querer casi nunca es poder. La universidad pública más cercana a él es la Universidad Nacional de Concepción, situada en la ciudad del mismo nombre, a poco más de 200 kilómetros de su pueblo.

La oferta de educación terciaria pública en Paraguay es limitada. Hay siete universidades públicas en todo el país con filiales repartidas en algunas ciudades. Mientras, existen 47 universidades privadas con un altísimo número de sucursales en todo el territorio. Además, la mayoría de la población, por lo general, no puede estudiar en universidades públicas por varias razones. Los costos de ingreso son altos, y los horarios de algunas carreras impiden trabajar de manera paralela a los estudios, una obligación para quienes necesitan ganar dinero para sostenerse.

En Puerto Casado hoy no existe universidad pública ni privada. Por eso, la única esperanza de recibir un título universitario se encuentra al otro lado del río, en la ciudad de Vallemí, departamento de Concepción.

En un día radiante, sin nubes o vientos que amenacen tormenta, la travesía de ida a Vallemí dura al menos una hora y treinta minutos. Aun con el clima a favor, la inmensidad del río Paraguay en confluencia con el río Apa y los magníficos cerros que bordean el trayecto, no siempre es un viaje de placer. El ensordecedor sonido del motor del bote sumerge a los viajantes en la solitaria contemplación de un entorno natural que resulta fascinante para quien lo ve por primera vez, pero que aburre cuando se vuelve rutina. «Nos sentamos y tovasy (caras serias), jagua canóaisha (como perro en canoa) nos aventuramos hacia Vallemí», bromea Christian en guaraní.

A Éver Pereira, estudiante de Licenciatura en Contabilidad, siempre le gustaron las matemáticas. Él también es padre de dos niños pequeños a los que mantiene derribando árboles que luego se convertirán en postes. Es un trabajo extenuante que realiza en medio del bosque.

Fue en esa oficina a cielo abierto, de la que disfruta mucho, donde un día de 2015, decidió volver a estudiar. Ocurrió luego de que un compañero mayor le dijera en guaraní: «Tenés que esforzarte y estudiar porque el estudio te va a servir toda la vida. Sin embargo, el trabajo de esfuerzo en el bosque solo vas a poder hacer mientras seas joven».

«Ahí decidí estudiar», dice mirándose las palmas de las manos tapizadas de callos y ampollas.

Christian Quiñónez sufrió dos accidentes graves en su lucha por acceder a la universidad desde el Chaco paraguayo • Nicolás Sáenz

El naufragio

Hasta el pasado miércoles 8 de junio, ni Christian Quiñónez ni Éver Pereira habían naufragado. Ese día el viento no soplaba desde el norte ni desde el sur, pero hacía mucho frío. Como ya se había hecho costumbre, Quiñónez, Pereira y su hermano menor Luis, de 19 años, quien entonces también estudiaba con ellos, cruzaron el río con destino a la universidad tal como lo venían haciendo desde marzo. Esta vez fueron acompañados de Ramón Paredes y su hijo Blásido, vecinos que habían solicitado un aventón hasta Vallemí, a donde iban a comprar repuestos para motocicletas. No era la primera vez que el mecánico Paredes viajaba con ellos. Nadie sospechó que sería la última.

La cortesía de ceder un lugar en el bote es usual y necesaria en Casado, donde la alternativa para llegar a Vallemí es una balsa de una empresa privada de transporte que pasa apenas dos veces al día y cuesta G. 35.000 (poco más de 6 dólares), 15 veces más que el transporte público convencional en Asunción. Otra opción es compartir una deslizadora operada por un lugareño, quien por alrededor de G. 180.000 (32 dólares) traslada de un punto a otro hasta un máximo de tres personas. Gracias al motor y la lancha que Quiñónez adquirió a principios de este año, el traslado de los estudiantes cuesta lo que el combustible: G. 5.000 (1 dólar).

Puerto Casado le debe su nombre a Carlos Casado del Alisal, un español que en 1889 compró más de cinco millones de hectáreas de tierras fiscales. Poco más que las superficies en metros cuadrados de Costa Rica, Eslovaquia, Suiza o Bélgica.

Esa fría tarde de finales de otoño el viaje de ida transcurrió sin inconvenientes. El regreso, tal vez por el peso extra que suponían las cajas de repuestos adquiridas en el otro lado, fue devastador. A los 20 minutos de zarpar, el terror se apoderó de los tripulantes. Eran cerca de las 10 de la noche cuando la pequeña embarcación se empezó a hundir estando a más de 6 km del puerto de Vallemí. Guiados por una sola linterna, los cinco tripulantes trataron de vaciar el agua que no dejaba de inundar el bote, sin buenos resultados. Tampoco funcionó el intento de colisión que Christian ensayó a sugerencia de alguien que ahora ya no recuerda, alguna de las voces que en ese momento gritaban desesperadas. Con el motor completamente sumergido, la única alternativa era saltar en la oscuridad. Ninguno tenía salvavidas.

«Sin ver nada me tiré. Di algunas brazadas, me agarré de unos camalotes y empecé a salir del agua», recuerda Quiñónez de ese fatídico instante. Pero no había alcanzado la tierra firme de Vallemí ni la de Puerto Casado. Se encontraba en una pequeña isla situada en medio de ambas localidades. Los hermanos Pereira, hijos de pescadores y expertos nadadores lo habían logrado también. Pero no había rastros de Ramón ni de Blásido Paredes.

Quiñónez y los hermanos Pereira gritaron sus nombres durante algunos minutos, pero nadie respondió. Mojados y al borde de la hipotermia, se abrieron camino en la isla en busca de ayuda y solo después de media hora de caminata hallaron a un grupo de pescadores que los auxilió y los ayudó a buscar a sus amigos. El cuerpo sin vida de Basilio Paredes fue hallado unas horas después. El de su padre apareció tres días más tarde luego de una búsqueda realizada por las Fuerzas Armadas.

«Nosotros estábamos conscientes de que alguna vez podía pasar, pero no de que sería así de grave. Con ese riesgo nos subíamos al bote todos los días. Estar en el agua es todo un riesgo ya, la vida misma es así, solo que el agua es un poquito más peligrosa nomás», dice Quiñónez sobre el accidente que en aquella noche de junio se llevó a dos de sus amigos. Pero esta no era la primera vez que, por estudiar, salió con vida de una tragedia.

Cinco años atrás, sobrevivió a un accidente automovilístico cuando iba a la capital. Entonces cursaba Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Asunción. La modalidad de estudio era a distancia pero requería de su presencia durante los exámenes. Así es que cada dos meses Christian Quiñónez debía trasladarse más 600 kilómetros hasta Asunción. En uno de esos viajes, la camioneta en la que se desplazaba volcó luego de caer en un pozo que había en el camino.

Según el informe policial, la causa del accidente había sido el pésimo estado en el que se encontraba la ruta. Christian salió ileso, pero murieron Marisela Ramírez y el conductor Freddy Fernández, hijo de Justo Fernández, entonces gobernador del departamento de Alto Paraguay. Otros dos pasajeros, Fernando Fernández, también hijo del gobernador, y Gleisy Ruiz tuvieron heridas graves pero sobrevivieron. Todos eran estudiantes universitarios.

Éver Pereira se dedica a cortar árboles. Pero quiere un título universitario para tener más oportunidades laborales • Nicolás Sáenz

Sobrevivir para estudiar

La empresa Carlos Casado SA empezó su declive en los años 80, cuando el tanino dejó ser rentable, pero llevó adelante su proceso de cierre definitivo recién entre 1996 y 2000. Christian Quiñónez no lo recuerda, por aquellos años era solo un niño un poco mayor que su hijo Jonás.

Tras casi un siglo de explotación de los montes de quebracho y de incursiones en la ganadería, la firma se marchó del país no sin antes vender unas 500 mil hectáreas y todo lo que ellas contenían —estructura e instalaciones de la ex fábrica, animales y personas— a las empresas de Sun Myung Moon, un surcoreano autodenominado mesías. Moon ya falleció, pero en el año 2000, cuando se concretó la venta, encabezaba la Iglesia de la Unificación Universal, más conocida como secta Moon. Así, las tierras, la ciudad, sus habitantes y las comunidades indígenas pasaban a manos de un nuevo dueño.

En 2005, gran parte de la población casadeña marchó 250 kilómetros hasta Asunción para reivindicar el espacio que habita. Tras una expropiación que luego fue revocada en medio de un complejo proceso jurídico, en 2012 el Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) declaró a Casado «colonia de hecho». Amparada en esta resolución, la población ya no puede ser desalojada de unas 35 mil hectáreas, incluyendo el casco urbano. Sin embargo, la lucha por legimitar su derecho a vivir ahí aún no ha terminado.

Durante la Guerra del Chaco (1932-1935), donde pelearon Paraguay y Bolivia, Puerto Casado había sido muelle de embarque y desembarque de los combatientes paraguayos, quienes también utilizaron los talleres de la fábrica y el ferrocarril. Más de 80 años después, de ese mismo lugar parten Christian Quiñónez y Éver Pereira para estudiar. Solo Luis Pereira renunció a ir a las clases. «Él siempre quiso ser militar. Yo le insistí nomás para que estudie algo. Pero luego de lo que sucedió desistió totalmente», dice Éver.

500 mil hectáreas de Puerto Casado con todo lo que ellas contenían —estructura e instalaciones de la ex fábrica, animales y personas— fueron vendidas a las empresas de Sun Myung Moon, un surcoreano que se creía mesías.

Pero tanto él como Christian no piensan abandonar la batalla. No ahora, no a mitad de camino, dicen, ni siquiera después de haber conocido la furia del río. Migrar a Vallemí, quizá a Concepción u a otra localidad para evitar el arriesgado traslado diario en bote, no es una alternativa que alguno de los dos considere. Los detiene el trabajo, la familia, el arraigo y un compromiso con una comunidad que tiene otras carencias como la falta hospitales y rutas transitables.

«Si me voy a estudiar a otro lado, fácilmente me voy a acostumbrar al ambiente y ya no voy a querer volver a Casado. Y si no hay profesionales dentro de la comunidad nunca va a haber una universidad», dice Quiñónez, que ya no solo piensa en su futuro sino en el de James y Jonás. «Hace falta que las autoridades de la capital miren más hacia acá. De esos grandes edificios seguramente no ven que el Chaco no tiene nada. Esos edificios les están estorbando, tienen que subir un poquito arriba y mirar hacia nuestra región», asegura.

Se refiere a las espejadas edificaciones que configuran el paisaje del «nuevo centro económico de Asunción», como es llamada la zona de la capital donde los rascacielos emergen al ritmo del boom inmobiliario. Este es un universo paralelo para Quiñónez, uno en el que «subís a un bus con aire acondicionado y viajás tranquilo, inclusive te da tiempo para pensar porque otro es el que conduce», dice el estudiante cuya sonrisa contrasta con la dureza de la vida en el Chaco paraguayo. Ahí donde vive, el año se divide en una temporada de lluvias y otra de sequía. Cuando el suelo no se resquebraja, es el aislamiento por la ausencia de caminos transitables lo que ahoga.

La ida en bote a Vallemí, aun con el clima a favor, no siempre es del todo placentera • Nicolás Sáenz

Siete años atrás, viajar desde Asunción a Puerto Casado en días lluviosos tomaba 36 horas, quizá 48. Había que ir en bus hasta el puerto de Concepción, distante a poco más de 400 km de la capital, y luego embarcar el Aquidabán, una embarcación que partía una vez a la semana rumbo a Vallemí. La nueva ruta que hoy conecta Concepción con Vallemí brinda la diaria opción de abordar un colectivo en la capital y llegar a destino en nueve horas, o viceversa. Christian Quiñónez lo hace cada vez que, por ejemplo, Jonás y James deben consultar al pediatra.

«Envidio las oportunidades que se tienen al otro lado del río —dice—. Para nosotros, ese es otro mundo».

La universidad para una indígena en el país de las vacas que vuelan

Una comunidad indígena debe decidir si vende su ganado para que Eudelia Franco pueda seguir en la universidad. ¿Cuántas vacas se necesitan para terminar una carrera en Paraguay?

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Eudelia Franco terminó el colegio el mismo año en que Paraguay envió vacas por avión a Ecuador. En 2015, fue la primera mujer en graduarse de la secundaria en la comunidad urbana indígena Cayin ô Clim –«Picaflor Blanco» en nivaclé– en el Chaco paraguayo. Pero no sabe si terminará la universidad. Depende de lo que decidan en su comunidad, donde deberán discutir si venden o no las vacas que pertenecen a todos para ayudarla.

Eudelia vuelve a Cayin ô Clim una madrugada fría de julio luego de cuatro meses de estudiar Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Asunción, una de las 54 universidades privadas que existen en el país. La comunidad fue fundada en la periferia de la ciudad menonita de Neuland por una misión religiosa en 1954.

Pero Neuland fue fundada en tierras donde los nivaclé vivieron siempre. El gobierno las cedió a un grupo de refugiados alemanes para poblar el Chaco paraguayo. Los alemanes se dedicaron a criar vacas y a industrializar la leche. Ellos también conformaron una cooperativa, que es la principal proveedora de carnes vacunas y productos lácteos industrializados de Paraguay.

Después de siete horas de viaje desde la capital, Eudelia es recibida en Neuland por Juan Franco, su papá. Desde las tres de la madrugada prepara la masa en la panadería alemana donde trabaja. Su salario es de dos millones de guaraníes (unos 360 dólares al mes) un poco más del mínimo legal pero que igual no alcanza para los gastos de su hija en Asunción.

Eudelia Franco vuelve a Cayin ô Clim porque necesita ayuda para continuar sus estudios universitarios en la capital • Cristian Palacios Feltes

Eudelia vive en un departamento pequeño donde sus muebles son un colchón y dos sillas que el locatario le presta. De su casa trajo una olla, una cuchara y una cocina eléctrica que le prestó una tía. Desde febrero de 2016 aprendió muchas cosas viviendo en la capital: andar en colectivo, armar frases enteras en español, nombres de calles y pasar días enteros sin comer.

Va a clases de lunes a jueves de 8:00 a 10:50 hs. Cursa la universidad por las mañanas, porque las cuota mensual de 578 mil guaraníes sube a 778 mil guaraníes en el turno nocturno (de 100 a 140 dólares).

Los jueves, Eudelia sabe que tiene algún bocado asegurado. Noelia, una compañera que cursa con ella una materia ese día le suele invitar a comer en el receso. Otros días, su compañero Diego le da algo de comida. A veces, en semanas enteras, solo come lo que sus compañeros le ofrecen.

Cuando terminó el colegio, mucha gente de la comunidad la celebró, la saludó, la felicitó. Ella recuerda que en la radio de la comunidad le dedicaron músicas y grabaron saludos especiales. En el día de la colación hubo fiesta, bailes y comida. Fueron doce egresados, una única indígena: Eudelia Franco.

Eudelia aprendió muchas cosas viviendo en la capital: andar en colectivo, armar frases enteras en español, nombres de calles y pasar días enteros sin comer.

Arnoldo Ens, asesor de la comunidad menonita y encargado de las relaciones entre los nivaclé de Cayin ô Clim y las autoridades de la cooperativa de la colonia, se acercó esa noche a Eudelia y le dijo: «Cualquier cosa, me avisás». Para ella, esas palabras fueron muy importantes.

En Asunción, repite la frase del asesor y ensaya cómo explicar que no ha logrado completar la cuota del alquiler del mes. En los primeros meses fue constante la amenaza de desalojo del cuarto alquilado a nombre del líder de la comunidad, el cacique Cesario Benítez.

Siempre que puede, Eudelia Franco le pasa dinero al dueño del departamento, aunque no complete el monto estipulado. Pero su situación se ha vuelto insostenible. Necesita encontrar una solución.

Juan Franco, padre de Eudelia, gana poco más del salario mínimo legal, pero no le alcanza para pagar los  estudios de su hija • Cristian Palacios Feltes

El retorno a la comunidad

Amanece en Cayin ô Clim cuando Eudelia llega a su casa, donde el fuego ya está hecho. El humo impregna de olor las ropas y los cabellos. Su mamá, Nélida Sandoval, la espera desde que el padre despertó para ir a la panadería. Las paredes de la cocina están hechas del nylon que alguna vez fueron bolsas de harina, y el techo, que se extiende desde un árbol, es una carpa de las que se usan en los grandes camiones que llegan al Chaco llevando productos de cosecha.

La casa de los Franco es una de las casas más grandes de la comunidad. De ladrillos y techo de zinc, solo se usa para dormir. El resto del día se pasa alrededor del fuego en el patio y en la cocina de paredes de nylon.

«Cuando mi hija se fue, para mí fue como si se hubiera muerto. No podía con tanta tristeza», dice la madre mientras calienta la mano en el fuego. A Eudelia se le caen las lágrimas mientras corta unas tortillas que trajo su abuela para desayunar.

Eudelia Franco se reencontró con familiares y amigos de Cayin ô Clim luego de cuatro meses de estudiar en Asunción  • Cristian Palacios Feltes Nélida Sandoval recuerda a su hija cuando niña, gordita y sonriente, yendo a la escuela en bicicleta con su hermana. Para que tuviera tiempo de estudiar y hacer sus tareas, no dejaba que hiciera los trabajos de la casa, como ir horas a los montes a buscar leña. «Estudios sí, libros sí, no hay sexo. Así hablé con mi hija», dice Nélida Sandoval. Ese es uno de los pocos condicionamientos que hay a la hora de estudiar, pero es un condicionamiento solo para las mujeres, explica. «Yo no tuve esa oportunidad. Mi papá no trabajaba como sí lo hace el papá de Eudelia», dice en un español pausado que usa solo para hablar con personas que no son de su comunidad.

«¡Cómo extrañaba la torta a la parrilla!», dice Eudelia. Es una mezcla de harina, agua y sal, cocinada a las brasas. Le cuenta a su madre que le alegra haber perdido peso durante este tiempo en Asunción. Luego del desayuno, camina hacia el centro de la comunidad con la cabeza erguida, como casi nunca se la ve en Asunción.

Pasa por el puesto de salud, la cancha, la escuela, la radio. Debe aprovechar que estará solo tres días en su pueblo. En el camino, saluda a su amiga Sunny Lady, quien casi llora al verla. Se pasan las manos. Las nivachei, mujeres de la comunidad nivaclé en su idioma, no acostumbran a abrazar mucho. Eudelia y Sunny Lady se saludan: «¡Lhom!». «¡Hola!».

Sunny Lady López tiene 21 años. Demuestra cariño por su amiga, pero cada vez que puede le dice que es una privilegiada porque su padre es panadero y porque es callada. Sunny López es la hija de un comunicador que acostumbra defender los derechos de los pueblos indígenas sin pelos en la lengua. Ella también soñaba con ir a la universidad.

A inicios de 2015, Sunny López publicó en Facebook que los profesores del colegio discriminaban a los alumnos indígenas. Según ella, para usar alguna cosa de la biblioteca o las computadoras debían hacer reservas, mientras que esas exigencias no regían para los demás alumnos. Esta denuncia casi le costó la expulsión del colegio. Una ONG intercedió en su caso y logró que la volvieran a aceptar en el colegio, pero ya nada fue lo mismo.

«Nunca más me dejaron hablar», recuerda Sunny López. En las olimpiadas del colegio le dijeron que era mejor que se quedara callada. Le preguntaban en forma de burla si era la secretaria de todos los indígenas. Meses después, por falta de dinero, no pudo terminar la secundaria.

«El caso de Eudelia es diferente, su papá es un panadero, tiene un empleo seguro», dice.

Eudelia Franco es la primera mujer en terminar la secundaria en  Cayin ô Clim. Por ir a la universidad, los líderes la consideran representante de la comunidad • Cristian Palacios Feltes

Una universitaria indígena de vuelta al colegio

Los nivaclé nunca se presentan como paraguayos, pese a que en sus documentos el Estado los reconoce así. En Cayin ô Clim hay tres identidades: menonitas, los colonos o hijos de colonos alemanes; latinos o paraguayos, ni indígenas ni alemanes. Luego están los indígenas.

El colegio Nuevo Amanecer, pese a estar en la comunidad indígena, tuvo una única egresada nivaclé en 2015, Eudelia Franco. Los otros once compañeros que terminaron la secundaria eran latinos.

Ningún menonita va al colegio Nuevo Amanecer, y los hijos de los latinos no van a los colegios de los menonitas por el alto costo y las exigencias. Jorgelina, por ejemplo, mejor amiga de colegio de Eudelia, es paraguaya, hija de latinos que se mudaron de Asunción a Neuland. En su curso había varios indígenas a principio de año, pero todos abandonaron antes de que se acabe porque tenían que trabajar o porque era caro, o porque las chicas se embarazaron.

Eudelia cuenta a los niños de la escuela Nuevo Amanecer que debe estudiar mucho en Asunción • Cristian Palacios Feltes En su primer día en Cayin ô Clim, Eudelia Franco vuelve al colegio. «Aquí aprendí las primeras letras y los números», dice mientras señala una vieja construcción con arquitectura alemana con techo de dos aguas, ventanas y balcones de madera. A unos 300 metros está la nueva escuela donde dan clases los alumnos de primer, segundo y tercer grado. Se escucha el bullicio de los niños, que estudian en su lengua materna: el nivaclé.

En la escuela, los maestros son todos hombres. Su tío Leonardo Franco es el profesor del primer grado y la invita a la sala de clase. Los niños le preguntan por qué no vuelve de Asunción, que hace mucho que no la ven. Hablan unos encima de otros. Eudelia Franco intenta contestar a la pregunta, pero de pronto se pone a llorar.

«Tengo muchas tareas en la facultad y tengo que estudiar mucho para poder pasar», les responde en nivaclé. Las preguntas de los niños la emocionaron porque le recordaron a ella de pequeña, bulliciosa y ruidosa. Ahora es tímida y callada.

El colegio Nuevo Amanecer, pese a estar en la comunidad indígena, tuvo una única egresada nivaclé en 2015, Eudelia Franco. Los otros once compañeros que terminaron la secundaria eran «latinos».

Nicolás López es el padre de su amiga Sunny López, está de reemplazante en el segundo grado y también invita a Eudelia a que pase al aula.

—¿La conocen a ella? —pregunta el maestro. —Síii. Es Baia —responden los niños. Eudelia se emociona de nuevo porque los niños la llaman por su apodo de niña.

Aprender en nivaclé, un derecho de corto plazo

Según la Ley de Educación Escolar Indígena debe impartirse la enseñanza en lengua materna hasta el tercer grado. En Cayin ô Clim, hasta el tercer grado los niños y las niñas llenan las salas de clase. A partir del cuarto grado se ausentan con más frecuencia. Arnoldo Ens fue director de la escuela y fundador del colegio Nuevo Amanecer. Para él, la dificultad más grande en la educación indígena es cultural. «Los padres nivaclé no corrigen a sus hijos. Cuando llamamos a los padres y le preguntamos por qué no viene su hijo, responden que es porque no quieren. En nuestra cultura occidental, eso se corrige y los hijos deben obedecer a los padres. «En la cultura nivaclé esto no es así», explica. Para él, esto viene de la cultura de cazadores y pescadores de los nivaclé: «Los hijos debían aprender a cazar y a obtener sus alimentos por su cuenta, pero eso en un contexto de vida en el monte. Ahora, hay un nuevo contexto».

Los datos que se tienen sobre años de estudio de pueblos indígenas muestran que en la población de 15 años y más, el promedio es de poco más de tres años. La población indígena urbana tiene un promedio de cinco años de estudio respecto a tres que se tiene en la zona rural. Los varones llevan más años en el sistema escolar que las mujeres.

La Ley de Educación Escolar Indígena obliga a que se enseñe en lengua materna hasta el tercer grado • Cristian Palacios Feltes ¿Pero cuántos llegan a la universidad? Si el promedio de años de estudio llega a quinto grado, los que llegan a la universidad son casos excepcionales. Por eso, a Eudelia Franco los líderes le llaman representante de la comunidad.

En Cayin ô Clim hay indígenas profesionales, pero terminaron su secundaria fuera de la comunidad. Antonia Vargas, Zulema López, Hilario Carlitos estudiaron Formación Docente. Orlando Vázquez está elaborando su tesis de Enfermería y también tiene apoyo de la comunidad. Faustino Díaz realizó cursos técnicos de informática y ha tenido trabajos en la cooperativa. ¿Por qué Eudelia Franco eligió la carrera de Administración? Ella responde que ninguno de los indígenas maneja las planillas, los cheques, los sistemas para pagos y cobros que hay que manejar para administrar la estancia de la comunidad.

Las tierras de los nivaclé de Cayin ô Clim

Las 28 hectáreas donde se asentó Cayin ô Clim al principio resultaron pocas para los hijos y nietos de los primeros pobladores. Entonces, los colonos menonitas ayudaron a fundar otras comunidades un poco más alejadas de la ciudad, como Campo Alegre, Nicha Toyish y Paraíso.

Casi todos los pobladores de Cayin ô Clim trabajaban como empleados o jornaleros en las empresas menonitas pero cuando ya no se pudo sostener económicamente a las nuevas comunidades, el Estado se comprometió a adquirir nuevas tierras donde puedan criar vacas para remediar la situación. En esas tierras construyeron la estancia.

Las primeras vacas fueron donadas por la cooperativa menonita. Hoy tienen 386 cabezas de ganado, que permiten criar y vender desmamantes –terneros listos para el proceso de engorde– que ayudan a pagar la cuota de la camioneta de la comunidad y solventar urgencias. Cada desmamante se vende en un promedio de 1.400.000 y 1.800.000 guaraníes (250 y 330 dólares). En la estancia también hay 145 cabras, gallinas y otros animales domésticos.

La comunidad corre el riesgo de perder las tierras donde crían vacas • Cristian Palacios Feltes La comunidad está en riesgo de perder la estancia. Este año, el Gobierno entregó los títulos de las tierras adquiridas en 1997 por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). En aquel entonces, el Estado pagó casi tres mil millones de guaraníes (540.000 dólares) por 19 mil hectáreas al terrateniente Gregorio Presentado Benegas. Pero aparecieron un ex militar (Humberto Peralta) y un ganadero (Ramón Esteche) diciendo que poseen títulos de las mismas tierras.

Un perito de la Corte Suprema de Justicia debe evaluar la validez de los documentos y quién «innovó en el inmueble». Por eso los indígenas se vieron obligados a hacer un préstamo para pagar un desmonte y plantar pastos. Así quizá la justicia, en su lógica, no tenga dudas de que es de la comunidad, ya que han invertido en la propiedad.

Un pedido en la radio

Luego de la visita al colegio, a Eudelia la invitan a hablar en la radio Voces Nativas. «Estoy aquí para pedir ayuda a la comunidad. No me alcanza el dinero para el alquiler y la universidad. Solicitamos ayuda al INDI, pero dan un subsidio de 350 mil guaraníes y el alquiler es 900 mil y la universidad es 570 mil. Necesito que la comunidad me ayude para poder hacer esta carrera», dice en su idioma.

El teléfono de la radio empieza a sonar. Piden que explique su situación también en español, ya que la escuchan más allá de la comunidad. Los latinos y menonitas también quieren saber más de ella. Al salir de la radio, Eudelia Franco se da cuenta de que toda la comunidad la había escuchado. Su celular no para de recibir llamadas.

Darío Ignacio, de la comunidad indígena Campo Alegre, le escribe un mensaje de texto para preguntar si es cierto que es la única que estudia en la universidad. Barcelicia le escribe «Muchas felicidades, prima» y María Ortiz «muchas felicidades, estamos orgullosos de vos». Sus parientes, Fiorella Carpeggiani, Fidencia Sandoval y Celestina Sandoval, la llaman para decirle que la escucharon en la radio y que pasarían a visitarla.

En la radio Voces Nativas, Eudelia pide ayuda a la comunidad para continuar estudiando • Cristian Palacios Feltes Cae la tarde y Eudelia Franco disfruta la ensalada del monte, una planta picante de flores amarillas que solo se encuentra en los montes del Chaco. El cacique Cesario Benítez se encuentra con ella y le confirma que al día siguiente el Consejo Comunitario se reunirá para escuchar su caso.

Un consejo de hombres decide el futuro de Eudelia Franco

En el segundo día en Cayin ô Clim, Eudelia Franco se prepara para el encuentro con el Consejo Comunitario. Sus integrantes, el líder Cesario Benítez y ocho hombres de la comunidad, la reciben en la oficina. Además de los miembros del Consejo, está el asesor menonita Arnoldo Ens quien también ayuda con la planificación de proyectos y aporta ideas para resolver algunos problemas comunitarios.

Ens cree que Eudelia no podrá aplicar sus conocimientos de administración en la comunidad porque ya no quedan pequeños almacenes. Quizá pueda trabajar en una empresa en la colonia, dice. Pero para Cesario Benítez es justo lo que los indígenas necesitan. «Creemos que ella va a ayudarnos, ella eligió una carrera que no se ha elegido nunca y va a ser muy útil para la comunidad», asegura.

Dice que falta una persona que entienda de administración. «Nosotros no manejamos los fondos. Hasta el momento no supimos manejar nuestro dinero y siempre dependemos de personas externas para llevar los fondos», argumentan.

En la reunión del Consejo Comunitario, el menonita Arnoldo Ens argumentó que Eudelia no podrá aplicar sus conocimientos de administración en la comunidad • Cristian Palacios Feltes Para Ens, es un orgullo que una ex alumna llegue a la universidad. Ser mujer, ser indígena y ser universitaria en Paraguay es una rareza. Hasta el año 2015, el número de egresados universitarios indígenas que conocía el INDI era de 50 personas; ese año el instituto registró unos 113 universitarios que solicitaban subsidio estudiantil. El número de beneficiarios ascendió a 326 en el año 2016. Además, existen instituciones que tienen políticas de becas para indígenas, como la hidroeléctrica binacional Itaipú que podrían ampliar esos números.

Cada vez que un indígena egresa de la universidad es noticia en los medios de comunicación: «Gerónimo, el primer arquitecto nativo», «El primer médico maká», «De Yrybycuá a Cuba para ayudar a los avá guaraní», «Indígena muestra su cultura a través de fotos» son algunos de los títulos que anuncian historias de vida de éxito de jóvenes indígenas.

Mientras, una sola mujer indígena universitaria aparece en la prensa: «Emiliana, 28 vacas y una carrera imposible», una historia sobre una joven del pueblo Enlhet Norte, que no logra egresar pese a que sus padres vendieron todas sus vacas para tratar de sostenerla en la capital del país.

En Paraguay, cada vez que un indígena egresa de la universidad, es noticia en los medios de comunicación.

En la reunión, Ens explica que no es momento de vender las vacas porque la comunidad debe resolver otros saldos negativos. Le aconseja a Eudelia Franco que no abandone Asunción, aunque sea difícil. Se compromete a buscar otra salida antes de vender las vacas: hablará con el jefe de recursos humanos de la Cooperativa Neuland y pedirá la incorporación de la estudiante a medio tiempo en la oficina de Asunción o una beca que ella devuelva posteriormente a la cooperativa.

«Trabajar te va a hacer bien —le dice a Eudelia Franco—; porque además no vas a tener mucho tiempo para aburrirte».

Las vacas que cuesta una carrera

Suponiendo que los desmamantes se vendan a su mejor precio y que no suban las cuotas —como suelen hacer las universidades privadas— ni los costos de alquiler, Eudelia Franco necesitaría cincuenta y ocho vacas para terminar la carrera de Administración en cuatro años. Suponiendo que le va a ir bien en Comunicación Oral y Escrita, la materia que más le cuesta hasta ahora.

Vuelve a Asunción con muchas promesas pero nada concreto. La venta de las vacas de su comunidad podría ser la solución, pero en una última instancia. Toda la ayuda que el Estado podía brindarle hasta ahora da números rojos. El INDI requiere la presencia en Asunción del líder de la comunidad que corrobore que ella es indígena de esa comunidad. Los pasajes costaron más que un mes de subsidio: 350 mil guaraníes.

Eudelia Franco se pone a buscar trabajo de limpiadora.

Donde abrir una universidad es fácil, terminar una carrera es difícil

Los miles de jóvenes que no pueden ir a la universidad pública en Paraguay se enfrentan a la estafa y la impunidad de las universidades privadas.

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Vendo universidad privada de primer nivel en funcionamiento por viaje al exterior. El anuncio aparece en Clasipar, un popular sitio paraguayo de ventas por internet. Cuando hago la llamada al punto de contacto, el tipo que atiende me confirma que la oferta es real. Segundos después acordamos un encuentro.

El representante del dueño de la universidad que se oferta es un hombre de edad avanzada, tupido bigote blanco y gruesos anteojos que cuelgan de una cinta alrededor de su cuello. Me recibe en un bar del centro histórico de Asunción, entre cajones de cerveza y un televisor en silencio que muestra un partido de fútbol. Trae a la mesa una carpeta que rebosa de papeles. Me cuenta que es jubilado, pero que abrió una consultora para este tipo de representaciones comerciales. Mejor que sentarse solitario en una vereda a esperar la muerte, como hace gran parte de la población de su edad. No es el caso de don Miguel, claro, que aún va por la vida vendiendo cosas. Una universidad, en este caso. Por internet.

—Don Miguel, dígame, ¿por qué quiere vender el dueño?

Me cuenta que es la esposa del dueño quien presiona para que se venda. Ve poco al marido. Él sale a las 6 de la mañana de la casa y regresa recién a medianoche porque, además de ser dueño de la universidad, es el rector. «Ya es un señor mayor también», dice.

—¿Y cuánto pide, don Miguel?
—Un millón novecientos mil dólares.
—...
—Pero es de primer nivel.

El Estado al servicio de una universidad privada

Miguel abre su carpeta llena de papeles: copias del acta de constitución de la universidad, cantidad de alumnos, carreras, balance financiero, etcétera. «Son datos algo desactualizados, de hace un par de años, pero para que te hagas una idea», me dice.

La universidad que intenta venderme Miguel por casi dos millones de dólares con información desactualizada, operando hoy en día en una única sede alquilada, y que según los datos entregados tenía 365 alumnos y 27 carreras de grado habilitadas en 2013, es la Universidad Central del Paraguay, o UCP. La institución alquila como local una casa linda pero no muy grande sobre la avenida Brasilia, cerca de la Universidad Americana, otra universidad privada.

En Paraguay, los más pobres tienen que pagar para estudiar en universidades privadas. Acceder a una universidad pública es difícil:la oferta territorial es limitada, el costo de ingreso es muy alto y los horarios muy complicados para quien trabaja.

Miguel dice que desde hace tres años intenta concretar la venta. Que siempre parece que ya está por darse y, luego, finalmente el negocio cae. Dice que ya han pasado como veintiún interesados distintos: brasileros, chilenos y otros. Incluso la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), una universidad con 90 pequeñas sedes en todo el país, mostró interés en adquirirla para beneficiarse del nivel que la UCP tiene, que es superior, según Miguel. Que sus especialidades de Ingeniería y Odontología tienen laboratorios de primer nivel. Le pregunto por qué no se concretó la venta con la UPAP. Miguel frota el pulgar con el índice señalando que faltó dinero. Que incluso el dueño ofreció la posibilidad de una entrega del cincuenta por ciento y el resto fraccionado. Pero la operación no prosperó.

La UCP es una de las más de cincuenta universidades que operan en el país. Una investigación del periódico ABC Color indica que se originó como un negocio de un grupo de funcionarios paraguayos de la hidroeléctrica binacional Itaipú. Los accionistas de la universidad, funcionarios públicos previamente, tenían emprendimientos propios con capitales de pocos millones de guaraníes: una zapatería, una mercería. No obstante, tuvieron la capacidad de inscribir una universidad con un capital de 180.000 dólares aproximadamente.

La Universidad Central del Paraguay es una de las 54 universidades que ofrecen 4.500 carreras en Paraguay • Juan Carlos Meza / Fotociclo

La UCP fue creada por ley en el Congreso en el año 2006. Fue inscrita en los registros públicos en marzo del año siguiente. Ocho días después de dicha inscripción, antes incluso de empezar a operar, era ya adjudicada con su primer lote de becas de la hidroeléctrica Itaipú. Eran los años de la explosión del mercado de universidades privadas en Paraguay.

Las universidades privadas que los pobres pagan

En 1989, cuando cae la dictadura militar, en Paraguay existían solo dos universidades: una pública y una privada. En el año 2000, había más de diez. Hoy se ofrecen 4.500 carreras a través de 54 universidades y 37 institutos superiores habilitados por ley, distribuidas entre un altísimo número de filiales en todo el territorio nacional. Este crecimiento acelerado lo propició el Congreso de la República a mediados de la década pasada.

En 2006 se promulgó la Ley 2529 que modifica la Ley de Universidades. Es conocida como «Ley Marcos», en alusión al senador Juan Manuel Marcos, quien presidía la Comisión de Educación del Senado a la par de ser rector de la UniNorte, una universidad privada con 20.000 alumnos en todo el país. Los legisladores argumentaron que el Consejo de Universidades –hasta ese entonces el órgano con la potestad de permitir la creación de nuevas instituciones– al estar integrado por funcionarios estatales y rectores de las universidades principales del país, resultaba ser tanto juez como parte en el asunto. Concluyeron que se debía evitar la competencia desleal. Entonces decidieron sancionar que dicho Consejo existirá para dar un mero dictamen no vinculante y que ellos, los miembros de ambas cámaras legislativas, tendrían la última palabra. Desde entonces, los legisladores han estado a cargo del diseño de la oferta académica universitaria en el país.

La relación entre el exilio económico y el crecimiento de la oferta de educación superior privada parece clara, si se considera que las remesas son el único de los mayores cuatro ingresos del país que se distribuye entre la mayoría de la población.

Todo esto ocurría mientras Paraguay enfrentaba la diáspora migratoria más acelerada de su historia. Luego de la crisis económica del año 2002, la mitad de la población se encontró en situación de pobreza. Miles de paraguayos se vieron obligados a formar interminables filas fuera del Departamento de Identificaciones para conseguir un pasaporte y partir en busca de una oportunidad laboral a Europa. Con este fenómeno, pronto ingresaría mucho dinero al país a través de remesas, que se distribuyeron en un amplio segmento de la población.

El aumento sideral de estas remesas fue y sigue siendo importante para el crecimiento del mercado de universidades. La lógica es que si los hijos consiguen alguna calificación profesional no tendrán que migrar, como el padre o la madre, y podrán insertarse a un mercado laboral que de otra manera los expulsaría o subemplearía.

La relación entre el exilio económico y el crecimiento de la oferta de educación superior privada parece clara, si se considera que las remesas son el único de los mayores cuatro ingresos del país que se distribuye entre la mayoría de la población. Los primeros tres ingresos, por el contrario, no se distribuyen. La exportación de granos, la exportación de carne y las regalías de las dos hidroeléctricas binacionales –Itaipú y Yacyretá– tienen precisos y contados beneficiarios: un porcentaje ínfimo de la población.

Por lo demás, en Paraguay los más pobres no van generalmente a las instituciones públicas de educación superior. Pagan por estudiar en universidades privadas. Acceder a una universidad pública es difícil por múltiples razones. Por ejemplo, la oferta es territorialmente limitada y los costos de ingreso son altos. Además, los horarios de carreras como Ingeniería o Medicina impiden trabajar de manera paralela a los estudios, una obligación para quienes necesitan ganar dinero para sostenerse.

La lucha del movimiento estudiantil por una educación universal, gratuita y de calidad, se contrapone al modelo de universidades privadas • Juan Carlos Meza / Fotociclo Pero este no es un fenómeno exclusivo de Paraguay. Un estudio de Unicef muestra que en varios países, la asignación de recursos públicos en la educación del 20 % más rico es hasta 18 veces mayor que la que se invierte en el 20 % más pobre. El negocio de las universidades privadas se sostiene sobre la necesidad de cientos de miles de familias pobres que sufren la ausencia estatal y la recurrencia de la separación por la migración. Intentan luchar contra ella con capacitación. Mientras tanto, los bienes comunes dirigidos a educación no hacen más que fortalecer la inequidad y el poder de las clases privilegiadas del país.

En la expansión está la ganancia

En 2007 el Congreso creó, en promedio, una nueva universidad cada 40 días. Un total de nueve en ese año. Para 2013, ya existían 54 universidades. En ese momento se creó un nuevo órgano público para reemplazar al Consejo de Universidades, venido a menos: el Cones, o Consejo Nacional de Educación Superior, cuyo dictamen sí tiene un peso vinculante para la creación de una nueva institución. Además, tiene la facultad de controlar a las universidades ya creadas, a fin de evaluar los programas y la carga horaria de sus distintas carreras. No obstante, es el Congreso el que controla la adjudicación anual del presupuesto público a las distintas instituciones gubernamentales. Por ende, al Cones lo dejan sin presupuesto.

Mientras, el negocio de las universidades privadas sigue en expansión, aunque ya no a través de la creación de nuevas universidades por ley, sino acentuando un método que cumple idéntica función: la venta de franquicias. Gerardo Gómez Morales, cuando era viceministro de Educación Superior, dijo en una entrevista sobre el modo de creación de universidades:

—Eran personas que tenían un instituto técnico o una pequeña academia de informática las que compraban los derechos para usar el nombre de las universidades. Es igual a abrir un local de McDonald's; como franquicias de empresas, se abrían filiales de universidades e institutos superiores.

El Consejo Superior Universitario solo dispone de 12 funcionarios contratados para controlar las 4.500 carreras universitarias que se ofrecen en Paraguay.

Hildegardo González, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, que obtiene un magro presupuesto desde 2015, reconoció los límites de su campo de acción:

—El trabajo hormiga es lento y muy difícil cuando se debe indagar unas 4.500 carreras que ofrecen las casas de altos estudios, tanto públicas como privadas, en todo el país, con tan solo 12 funcionarios contratados.

Como otro organismo de control público, queda la acreditación de carreras que niega u otorga otra pequeña oficina estatal: la Aneaes, o Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Su creación fue un requisito del Mercosur para establecer criterios compartidos en materia de educación profesional. La Aneaes emite, cobrando por el servicio de examinación, algo así como un ISO de calidad o una garantía de validez. Tiene un peso hipotético en el currículum de un egresado. Básicamente, su carrera está acreditada, lo cual podría interesarle a un potencial empleador.

 En un país donde la oferta educativa se comercia en sitios de venta por internet, la institución que controla los programas de estudio solo tiene 12 funcionarios para 4.500 carreras.

Por otro lado, los congresistas paraguayos propiciaron aún más el crecimiento del mercado de las universidades privadas. Desde hace al menos diez años existe, en la normativa del Presupuesto General de la Nación, una bonificación por rango académico. Básicamente, esto permite que un funcionario público acceda de forma automática a un ingreso extra sobre su salario mensual al conseguir un título universitario.

Este posible sobresueldo hizo que cientos de miles de funcionarios públicos se conviertan en potenciales clientes para las casas de estudio. De este modo, Roberto1, un funcionario municipal mayor de 55 años, acude a una universidad privada un par de noches a la semana porque, si bien a estas alturas de su vida la cosa no le interesa demasiado, sabe que si obtiene un título universitario va a cobrar un millón de guaraníes más cada mes, aproximadamente 200 dólares americanos.

La trampa del negocio universitario

En 2012, el Viceministerio de Educación Superior compartió en un informe el daño colateral del modelo de negocio de la universidad privada: solo uno de cada diez jóvenes que inicia una carrera universitaria la termina. En 2006 se apuntaron cerca de 115 mil jóvenes a una carrera terciaria. Cuatro años después egresaron poco menos de 13 mil. A la par de que casi nadie finalizaba sus estudios, se formaban nuevas universidades y cada vez más jóvenes se lanzaban en busca del sueño profesional.

Para 2012 ya eran más de 300 mil los estudiantes inscriptos. De todos estos, 8 de cada 10 eran alumnos de instituciones privadas. Hoy en día, el Gobierno admite que no tiene información precisa sobre la cantidad de alumnos universitarios que existen en el país. Nicolás Morínigo, entonces viceministro de Educación Superior y autor del informe, argumentaba que el bajo egreso se debía a la falta de formación en investigación para presentar la tesis y por el abandono de las carreras. No especificaba si dicho abandono era de los alumnos o de las instituciones.

El crecimiento desmedido de la oferta educativa privada trajo consigo un problema derivado: es difícil terminar una carrera. A medida que pasan los semestres de estudio, las miles de carreras que se ofrecen por todo el país no pueden sostener todas un número considerable de alumnos para que sigan resultando rentables.

El crecimiento desmedido de la oferta educativa privada trajo consigo un problema derivado: es difícil terminar una carrera. Las miles que se ofrecen no pueden sostener un número mínimo de alumnos para que sigan resultando rentables.

Es cierto que algunos estudiantes abandonan a mitad de camino y también es normal que la deserción ocurra en cualquier carrera. Pero, los restantes alumnos que sí tienen intención de seguir cursando sus estudios ya no pueden hacerlo porque la universidad cierra la carrera. Es la institución la que normalmente abandona a los alumnos.

El contrato que un alumno establece con una universidad no tiene garantías para el estudiante. Las probabilidades de quedarse sin carrera a medida que avanza en la misma son altas. En algunos casos, la institución les presenta un dilema que ella misma plantea como solución: o clausurar la carrera, o que los pocos estudiantes restantes vayan aceptando inesperadas y progresivas subas en los costos de estudio, lo que a su vez provoca mayor abandono.

Tomando en cuenta el bajo índice de egreso y la mecánica expansiva en que opera la oferta, se trata de un callejón sin salida para los alumnos. Pero es rentable para los dueños, sobre todo en los primeros semestres, que es donde las miles de carreras ofrecidas cosechan cuanto pueden.

La Ley de Universidades también rige para los institutos superiores de educación, que a menudo compran nombres de universidades y abren filiales • Juan Carlos Meza / Fotociclo

Sin garantías de un futuro mejor

Vanessa Lezcano ha decidido no migrar, aunque haya tenido oportunidades y razones para hacerlo. Vive en Choré, un pequeño pueblo ubicado en San Pedro, uno de los departamentos más pobres del país. Fue mejor egresada en la escuela y el colegio. Empezó una carrera de negocios en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) durante dos años, pero esta cerró por no contar con el número requerido de alumnos: la institución necesitaba 10 alumnos como mínimo. En el quinto semestre ya no llegaban a ese número. Si alguna vez un grupo posterior completa el cupo, le dijeron, ella podrá sumarse para cursar la segunda mitad que le falta. De esto hace ya unos años.

Finalmente, pudo acabar una carrera en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) y ahora solo espera una fecha para defender su tesis. Allí también fueron disminuyendo los alumnos pero, para continuar, la administración ofreció a los alumnos subirles la cuota y así, según les argumentaron, completar los salarios de sus profesores. Ella y sus otros dos compañeros restantes aceptaron.

Cuando empezaron la carrera eran aproximadamente 12. Tuvo clases, habitualmente, jueves y viernes a la noche y los sábados de mañana y tarde, con profesores que venían desde la ciudad de Santaní. Cuando inició sus estudios la mensualidad era de 210 mil guaraníes, o 40 dólares. Terminó su carrera pagando más del doble.

Ocho de cada diez estudiantes universitarios en Paraguay se enfrenta a universidades que suben cuotas y cierran carreras sin previo aviso.

Cuenta además que a la sede de la Universidad Nacional de Caaguazú, la única pública que opera en la zona inmediata, van los que no necesitan trabajar, ya que la carga horaria es de todo el día. Además de que allí se ofrecen solo las carreras de Agronomía y Veterinaria, dirigidas principalmente a familias con tierras de una extensión suficiente para sostener los estudios de sus hijos y aprovecharlos luego en su propia producción.

Por el momento, Vanessa Lezcano trabaja para un proyecto del Gobierno de duración limitada y enseña en ocasiones como ayudante ad honorem en una de estas universidades. Pero varios de sus compañeros y familiares ya no viven en Choré.

El campo paraguayo sigue expulsando población de forma constante y paulatina hacia las ciudades. Esta expulsión es un fenómeno mundial y se debe a la mecanización creciente de los modos de producción agrícola, que son más rentables que trabajar con personas. Los sucesivos gobiernos de este país, cuyos representantes también operan como agentes privados en dichos negocios mecanizados, no invierten, entre otras omisiones, en vías de comunicación aptas para el desarrollo ni en sistemas de protección social que permitan a los campesinos resistir la expulsión.

El contrato que un alumno establece con una universidad no tiene garantías para el estudiante. Las probabilidades de quedarse sin carrera a medida que avanza en la misma son altas.

Así es que a partir de este desalojo paulatino de la mitad rural del planeta se cuece la esperanza de que una formación calificada evite el exilio o que, al menos, brinde herramientas para aterrizar mejor en donde fuera necesario ir. De esta ilusión, presente donde haya jóvenes, se alimenta la expansión de la oferta de educación superior en este y otros países. Pero la universidad que ofrecen por Clasipar tiene una sola sede, urbana, y no adoptó el modelo exitoso que implica abrir pequeños locales por todas partes.

Miguel, el representante comercial de la UCP, dice que el dueño rector nunca quiso abrir sedes aquí y allá como hacen otras universidades porque es un ingeniero celoso del buen nivel de su institución. No le va eso de vender franquicias a quien sea para manejarla a gusto en cualquier garage, sin injerencia alguna de la central. Miguel reconoce, sin embargo, que el negocio rentable está en esa diversificación territorial. La Universidad Central del Paraguay, pequeña como es, está compitiendo a media cuadra con la Universidad Americana y solo opera en la capital del país.

El ingeniero en cuestión, dueño y rector, fue funcionario de la hidroeléctrica Itaipú por muchos años. También formó parte de negocios privados que proveían servicios a Itaipú, como transporte o, en el caso de las becas, educación universitaria. Además, fue ministro del Ambiente en el país con los mayores índices de deforestación del mundo durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, del oficialista Partido Colorado.

En la UCP asume múltiples roles. Hasta hace de community manager. Así me cuenta Gabriela Lezcano, que allí estudiaba Diseño Gráfico. Cuando empezó la carrera eran más de diez alumnos. Actualmente son tres, y el año pasado no le permitieron siquiera rendir los exámenes finales del cuarto semestre, a pesar de haberlo abonado. Nunca empezó el quinto semestre. Luego de exigir una respuesta, la institución les ofreció a ella y a sus dos compañeros restantes seguir la carrera por módulos. El primero de ellos empezó el pasado abril, luego de haber perdido prácticamente medio año en la incertidumbre. Pero en dos meses apenas tuvo un par de clases. Sus profesores le confesaron que también hay otras carreras en suspenso.

La universidad del entonces diputado «Yoyito» Denis se promocionó con una imagen del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Gabriela Lezcano, en la desesperación de los meses que han pasado sin respuesta, mucho antes de que le ofrezcan la solución modular aparente, calificó en Facebook a la Universidad Central del Paraguay con la nota de 1 sobre una escala de 5. Escribió esta breve pero tajante reseña:

No recomiendo a nadie. Las carreras terminan al pedo y se quieren lavar las manos. Ni a mi peor enemigo le recomiendo.

Sorprendida, recibió una respuesta del perfil de la universidad a mitad de la noche. «Ahora sí que se quedó sin opción», le dijeron, entre otras cosas. Luego de insistir, Lezcano logró hablar con el ingeniero, dueño, rector y community manager, en su despacho. Le reclamó la manera en que le escribieron desde el perfil de la universidad. El rector le dijo que la universidad es de él y en tanto suya puede hacer lo que quiera. Que puede poner en su página de Facebook lo que le venga en gana. Que se disgustó por los comentarios de ella y que a la universidad él la considera su bebé. Que por eso reventó y escribió lo que escribió a semejante hora, ya que maneja el perfil institucional desde su teléfono celular.

Gabriela se resignó. Hoy asume que perdió años de estudio, dinero y esfuerzo. Como iba hasta ese momento, planeaba graduarse el año que viene. Pero ahora, me dice, le toca empezar de cero en otra universidad.



  1. Nombre cambiado para proteger su identidad.

Criaditas, esclavas para poder estudiar

Para más de 40 mil niñas, la explotación laboral es la única opción para acceder a la educación en Paraguay.

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Tina Alvarenga vivió ocho años en una casa donde tenía prohibido comer con la familia. Casi convertida en una profesional, volvió años después y escuchó a la señora hablar de ella con orgullo. «Es como nuestra hija, la que mejor nos ha salido», dijo. Pero Alvarenga nunca fue tratada como una hija en esa casa. Desde los diez años, ella fue la «criadita» de la familia, una palabra usada en Paraguay para calificar a más de 46.000 niñas y niños que se ven obligados a trabajar para poder ir a la escuela.

El trato es sencillo: una familia numerosa de poca plata cede a su hijo o hija menor de edad a otra familia más adinerada, a cambio de que se le dé techo, comida y educación. Lo que no se dice es que el niño o la niña tendrá días interminables de trabajo doméstico jamás pagado, y podrá sufrir abusos o malos tratos, sin que el pacto pueda ser anulado por las partes. Esto se conoce como «criadazgo», una práctica vigente en el país a pesar de varias denuncias de organizaciones de derechos humanos y la aceptación cómplice de una buena parte de la sociedad.

Después de terminar sus estudios universitarios, Alvarenga trabajó durante años en una organización de defensa de los derechos de niños y niñas. Entrevistó a criaditas, recabó testimonios, redactó informes, investigó, denunció. Trató de llamar a las cosas por su nombre, porque el sentimiento de gratitud instalado en las criaditas es, por lo general, una garantía de silencio.

Tina Alvarenga frente a la casa donde fue criadita por ocho años • Cecilia Rojas

«El criadazgo se apoya en un doble espejismo», dice Alvarenga. Por un lado, está la ilusión de la familia que entrega a su hija a otras personas y piensa que, gracias a eso, podrá terminar sus estudios, mejorar su posición social y «ser alguien en la vida». Por otro, la familia que recibe a la niña justifica la explotación creyendo que da una oportunidad a alguien que, de otra forma, no solo no podría estudiar, sino que incluso se moriría de hambre.

El puente que une a ambos espejismos es la criadita, a quien tanto su familia como sus patrones tratan de convencer de que debe estar agradecida por la oportunidad que está recibiendo. «Si mi mamá me escuchara hablar de criadazgo, probablemente me diría que soy una desagradecida», dice Alvarenga. «La criadita se calla porque piensa que lo que le pasa es lo normal, es lo que tiene que ocurrirle», analiza.

Si la niña es maltratada, sus familiares no lo sabrán hasta muchos años después. A veces, ni llegan a enterarse. Pero en enero de 2016, una historia puso rostro a un fenómeno oculto al interior de las casas paraguayas.

Las víctimas del criadazgo

Carolina Marín ingresó al Hospital Regional de Caaguazú con señales de haber recibido fuertes golpes. Murió poco después. Tenía 14 años. Era criadita en casa de Tomás Ferreira, ex militar, y Ramona Melgarejo, funcionaria del Registro Civil. Vivía con ellos en Vaquería, una localidad de poco más de 3.000 habitantes ubicada a unos 250 kilómetros al este de Asunción. A finales de enero de 2016, Ferreira, golpeó a Marín hasta matarla con una rama. Fue el último castigo que recibió la adolescente.

Los medios difundieron este hecho unos días más tarde. Las noticias resaltaron que la menor asesinada era una «criadita». Organizaciones como Unicef o Callescuela responsabilizaron de esta muerte a la muy arraigada costumbre del criadazgo. «Una forma moderna de esclavitud», la calificaron. Decenas de personas convocaron manifestaciones para pedir que en Paraguay no haya «ni una Carolina más». El nombre y las fotos de la adolescente recorrieron las redes sociales.

Ante el revuelo que se generó por el caso de Carolina Marín, los diputados del Congreso presentaron una resolución para repudiar el criadazgo. Pero no se pusieron de acuerdo a la hora de redactarla.

El diputado Bernardo Villalba, del Partido Colorado y representante del departamento de Concepción, una de las zonas más pobres del país, expresó la duda de varios de sus colegas. «Provengo de una región extremadamente pobre y sé que, si bien existen abusos dentro de este sistema, es también la oportunidad que tienen personas de colocar a sus hijos con familias pudientes y anhelar un futuro mejor», dijo.

Mientras las autoridades no llegan a un consenso, en el Paraguay uno de cada cuatro niños entre 5 y 17 años es económicamente activo. Y una de cada cinco trabajadoras domésticas tiene entre 10 y 19 años. Pero para el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, Paraguay «ha abandonado la lista negra del trabajo infantil». Para él, el país «tiene que trabajar para definir la figura del criadazgo», a través de «iniciativas parlamentarias e intercambio de opiniones».

Letra muerta

Pese a los reparos de las autoridades, los tratados internacionales sobre trabajo infantil vigentes en Paraguay y la legislación nacional no dejan demasiado espacio para las dudas. El convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil, incluye entre ellas a «todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio». Este convenio es ley en Paraguay.

También el Código de la Niñez y la Adolescencia del país los protege contra toda forma de explotación y «contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación». Anteriormente, esta norma permitía que trabajen a partir de los 14 años en casas de terceros bajo ciertas condiciones. Esto ha quedado sin validez a partir de la definición de trabajo infantil peligroso de la OIT y por la Ley de Trabajo Doméstico, que establece que la edad mínima para realizar este tipo de labor es de 18 años.

El mismo Código de la Niñez y Adolescencia reconoce el derecho a la identidad de los niños y la obligación del Estado de garantizar las condiciones para que puedan permanecer en su familia. Ambos derechos están ausentes en los casos de criadazgo.

El derecho a la identidad se ve también comprometido por la situación ambigua en la que vive la criadita: no son ni hijas ni empleadas.

«En Paraguay hay más vacas registradas que niños», denuncia Tina Alvarenga. Sin identidad, es más fácil vulnerar los derechos infantiles impunemente. Si no hay un registro, es difícil controlar en qué condiciones vive un niño.

El derecho a la identidad se ve también comprometido por la situación ambigua en la que vive la criadita en una familia que no es la suya. «No somos sus hijas, tampoco sus empleadas», dice Alvarenga.

Infancia secuestrada

El criadazgo no es un fenómeno exclusivo de Paraguay. Se repite en varios países con algunos matices.

En Haití les dicen restavek, un término criollo que viene del francés «rester avec» o «quedarse con», refiriéndose a las familias que mantienen a alrededor de 300.000 niños y niñas. En Marruecos, las criaditas son llamadas petite bonnes. Trabajan entre 14 y 16 horas cada día. En Nepal se les dice kamlari, y están sometidas a un tipo de servidumbre como pago por deudas. En Benín, los videomegon son los niños pobres de comunidades rurales que trabajan con parientes en las ciudades para acceder a educación.

Según la OIT, en el mundo existen 15,5 millones de niños y adolescentes menores de 18 años que se dedican al trabajo doméstico. Para la organización Save The Children, la cifra es de 40 millones en todo el mundo. La cuarta parte de ellos trabajan casi como esclavos.

Una de cada cinco trabajadoras domésticas en Paraguay está en edad escolar (entre 10 y 19 años).

Para la OIT, las privaciones que sufren los niños y las niñas que realizan trabajos dejan «un impacto físico, psicológico y moral irreversible en el desarrollo, salud y bienestar» del niño o la niña. En algunos casos, el acceso a la educación —la moneda de cambio del criadazgo— no se garantiza, incumpliéndose así el acuerdo verbal entre familiares y patrones de la criadita.

El alto costo para acceder a un derecho

En teoría, en Paraguay la educación pública es gratuita. En las escuelas, el Estado debería proveer a los alumnos de almuerzo si asisten por la mañana, y merienda si van por la tarde. Al inicio de cada año académico, el Ministerio de Educación tiene que entregar kits escolares con libros de texto y materiales básicos. Pero en la práctica, miles de niñas se ven forzadas a trabajar para acceder a educación.

Para Liz Torres, quien fue ministra de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, llegar a las escuelas es el primer desafío que enfrentan los estudiantes. «Muchas escuelas funcionan lejos de las viviendas de los alumnos. Las familias tienen miedo de enviar a los niños a la escuela si cada día tienen que caminar más de tres kilómetros por un camino rural. Es todavía peor si la escuela está en una zona militarizada, como ocurre en el norte del país. A veces, las lluvias tampoco les permiten asistir, porque el camino queda intransitable», cuenta Torres.

La ilusión de estudiar es «perversamente aprovechada» por las familias que reciben al menor. La niña les da su mano de obra gratuita, explica Liz Torres.

Las familias también desconfían del contenido de la educación de las escuelas rurales. «Se da el mismo programa de estudios que en las ciudades, pero en unas condiciones completamente diferentes y con una calidad bajísima», dice Torres. Además, la educación se corta bruscamente al terminar la primaria. Para ir al colegio, hay que trasladarse a la ciudad. Por eso, algunas familias prefieren que sus hijos vayan cuanto antes a estudiar a las ciudades y se familiaricen con el nuevo ambiente.

Pero para las familias rurales el factor determinante es el económico. Enviar a un niño o niña a trabajar a la ciudad se perfila como «el camino más seguro para acceder a mejores oportunidades y no reproducir la historia de pobreza de la familia», dice Torres. La ilusión de estudiar es «perversamente aprovechada» por las familias que reciben al menor. La niña les da su mano de obra gratuita.

Rutina de criadita

Tina Alvarenga tenía diez años cuando la fábrica donde trabajaba su padre quebró y él se quedó desempleado. Todos sus hermanos se pusieron a trabajar para traer dinero a casa, vendiendo dulces en la calle o en el mercado. Todos ellos continuaron estudiando en la escuela. Solo ella se fue de criadita a Asunción.

En la casa de sus patrones, Alvarenga trabajaba entre cuatro y seis horas por día, y tenía cronometrado el tiempo que debía dedicar a estudiar. Se despertaba alrededor de las cinco de la mañana y preparaba el desayuno de los señores. Cada día de la semana tenía que dedicarse a limpiar y ordenar una parte de la casa. Los viernes, por ejemplo, limpiaba la heladera y la sala, lustraba los muebles, desinfectaba el suelo. Después, iba a la escuela.

Cuando terminaba las clases, regresaba a la casa y tenía tiempo para estudiar. Cuanto antes acabara, más tiempo libre tendría, pero este también era limitado ya que debía preparar la cena de los señores. Alvarenga dice que nunca pasó hambre, pero la comida estaba medida. «Tenía más acceso a la biblioteca del señor que a la heladera», cuenta.

La biblioteca estaba bien nutrida y pertenecía al dueño de la casa, un militar simpatizante del Partido Liberal, opositor a la dictadura de Stroessner (1954/1989). Algunas noches, ya después de la cena, el patrón obligaba a Alvarenga a ponerse de pie a su lado y leer los editoriales de periódicos opositores como «Sendero» o «El Pueblo», y la persuadía para que no creyera lo que los medios oficiales decían sobre el régimen dictatorial. La consideraba inteligente, pero no conversaba con ella. «El señor había encontrado a alguien que le escuchara hablar sobre política», dice.

Además de la explotación laboral, las criaditas viven aisladas de las demás niñas de su edad.

Nunca sufrió abusos sexuales, aunque cada noche arrimaba un baúl a la puerta de su habitación por miedo a que alguien entrara. Asegura que tampoco fue víctima de violencia física sistemática, aunque recuerda que en alguna ocasión el patrón la golpeó con su cinto para «corregirla». Lo que más le duele es hasta qué punto fue discriminada por ellos.

«No me dejaban ir a menudo a mi casa, porque decían que de ahí volvería con ´la mala costumbre´. Se referían a que hablaría en guaraní, su lengua materna, ya que ella es indígena guaraní. Sus patrones temían que perdiera la educación que ellos le daban, cuenta. Igual, era perfectamente consciente de que todo lo que ellos le proporcionaban, lo estaba pagando con su trabajo.

La discriminación se trasladaba también a la escuela. «Una de las cosas de las que menos se habla es del bullying, del acoso que sufren las criaditas cuando van al colegio. Porque los otros niños tienen a sus padres y enseguida se dan cuenta si vos no los tenés, si sos criadita. Yo no podía invitar a nadie a la casa donde vivía, no tenía mi grupo de amigos del colegio o entre mis vecinos. Lo que más sentí fue no pertenecer a un grupo en la adolescencia, que es cuando se forman las amistades. Lo peor de todo fue el aislamiento», relata Alvarenga.

La oferta y demanda de criaditas

En enero de 2015, una mujer publicaba este texto en un grupo de Facebook dónde comparten avisos de empleo para personal de limpieza y niñeras en Paraguay. La administradora del grupo es Pepa Kostianovsky, una concejal de la Municipalidad de Asunción.

«Hola, necesito una compañerita para mi nena, para jugar con ella a la mañana y a la tarde. Para estudiar. Avisen por favor. Para el lunes si es posible».

El anuncio recibió cinco «me gusta» y varios comentarios. Una mujer de la ciudad de Ñemby dijo que tenía una nena de once años y dio su número de teléfono. Otra mujer, también de Ñemby, ofreció a su sobrina de 15 años. «Le gustan las criaturas y es muy guapa», escribió. Un tercer comentario hablaba de «una chica del interior que quiere trabajar». Ante la cantidad de respuestas, la autora del anuncio intervino:

«Amigas, conseguí una, voy a ver si me funciona. Muchas gracias, aviso otra vez cualquier cosa».

La transacción estaba cerrada.

Por la respuesta, la mujer puede estar hablando de una persona o un electrodoméstico. La candidata a criadita no tiene identidad. «Amigas, conseguí una». Es un objeto del que se puede disponer. «Voy a ver si me funciona». Es reemplazable y descartable. «Aviso otra vez cualquier cosa».

El anuncio usa uno de los eufemismos que blindan el universo de las criaditas: compañerita. A veces el término es más familiar: ahijadita, sobrinita, e incluso hija del corazón. No importa si existe o no un parentesco real. Preferiblemente, se usa el diminutivo. A la hora de establecer el acuerdo, nunca se habla de trabajo. La criadita viene para «jugar» con otros niños, o para «ayudar en la casa». También se menciona que viene para «estudiar».

El anuncio en Facebook solo dista en forma de los avisos de periódicos de fines del siglo XIX, cuando a pesar de que en algunos países latinoamericanos ya había sido abolida la esclavitud, todavía se publicaban ofertas de venta de personas.

Las criaditas son obligadas a vivir muchas veces en condiciones esclavizantes a cambio de la posibilidad de acceder a una educación formal.

Rosa María Ortiz, relatora por los derechos de la niñez de la CIDH entre 2012 y 2015 y vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra, se pregunta cómo es posible que hoy en día siga presente en Paraguay la esclavitud a través del criadazgo. Esta forma de explotación se originó en los primeros años del régimen colonial con el sometimiento de los conquistadores españoles a los indígenas americanos, según Adelina Pusineri, directora del museo etnográfico Andrés Barbero de Asunción.

«Si a lo largo de nuestra historia hemos sido capaces de terminar regímenes como la esclavitud, el cuñadazgo, las encomiendas, los mensú, es inexplicable que sigamos aceptando con amena complicidad la servidumbre que enfrenta a tantas niñas y niños a un sistema esclavizante, exponiéndolos a todo tipo de abusos y explotación», escribe Ortiz en el prólogo de Criaditas, ¿hasta cuándo?, una colección de testimonios de ex criaditas. La desigualdad social y la forma de ostentar poder en Paraguay dan algunos indicios para comprender la vigencia de este fenómeno.

Entre el poder y la necesidad

El mantenimiento del criadazgo está emparentado con las estructuras de poder vigentes en Paraguay, dice Liz Torres. La criadita y su familia no perciben la educación como un derecho, sino como una gracia que otra persona les concede, y por eso quedan en deuda con ella. Es un trato similar al que se da en el interior del país entre los que tienen tierras y quienes no. El terrateniente, una suerte de caudillo, les permite vivir y trabajar en sus terrenos a los campesinos, y los campesinos no ven esta posibilidad como un derecho, sino como un favor.

En las raras ocasiones en que los parientes de las criaditas pueden visitarlas en las casas donde trabajan, llegan cargados de regalos, de comida, de los productos que generan en sus chacras, explica Torres. En su concepto de reciprocidad, las familias vienen a agasajar a los supuestos encargados del bienestar de sus hijas.

Paraguay es firmante del convenio de la OIT contra las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, el sistema de criadazgo está fuertemente arraigado en el país.

El esquema que está detrás, sin embargo, es el del clientelismo, un intercambio desigual de favores entre quien detenta el poder, y quien tiene necesidades. Un esquema sobre el que el Partido Colorado ha construido su poder por décadas. Para Torres, el criadazgo se basa en una solidaridad mal entendida. Se trata de la expresión y el producto de la desigualdad social, motivada por un modelo económico de la explotación de recursos naturales, como el agua o la tierra fértil, que genera situaciones de pobreza, marginación, exclusión y un «futuro hipotecado» para niños y niñas. «Mientras no produzcamos cambios estructurales en el sistema económico, será difícil terminar con el criadazgo», dice.

La deuda que contrae el pobre con el rico es grande; su miedo al poder, también. La sumisión a los caudillos locales, heredada de la dictadura, e incluso de antes de la colonia, construye a su alrededor un velo de impunidad. Es por eso que el criadazgo, aun cuando las condiciones de esclavitud son patentes, rara vez se denuncia, dice Torres. Quienes mantienen a criaditas se benefician del temor que inspiran los poderosos.

Ni una Carolina más

En Vaquería, a Ramona Melgarejo, la patrona de Carolina Marín, se la conoce como «la jueza». Pero Melgarejo no era jueza, sino funcionaria del Registro Civil. También fue profesora en la localidad. «Ya era violenta con los alumnos. En la época de Stroessner, a veces les castigaba pegándoles con una rama de coco», dice Ada Meza, quien estudió en la escuela donde Melgarejo impartía clases. «Tenía mucho poder e influencia, parecía que ella siempre iba a ganar», añade.

Cuando Carolina tenía tres años, Melgarejo logró sortear todos los trámites judiciales que rigen las adopciones legales en Paraguay y llevó a la niña del lugar donde vivía, hasta su casa. Meses atrás, la señora Valentina, tía de Carolina, la había dado en adopción.

La madre de Carolina había fallecido. Su padre era alcohólico. Su tía Valentina se hizo cargo de ella por un tiempo. Pero con siete hijos —uno de ellos sordomudo y con problemas de adicción al alcohol— no pudo hacerse cargo de la niña y la llevó junto a sus hermanos a un centro de acogida. Después, supo que Melgarejo la había llevado a su casa.

Mercedes Jiménez, hija de la señora Valentina y prima de Marín, dice que en los primeros años tuvieron contacto con la niña. «Carolina tenía hasta una niñera. La señora Melgarejo la traía a casa a ver a mi mamá, por lo menos hasta que tuvo cinco años. Después perdimos un poco el contacto, pero sabíamos que estaba escolarizada y muy controlada. Pensamos que vivía bien. Nunca imaginamos su sufrimiento», cuenta.

Meza recuerda que Carolina se levantaba a las tres de la mañana. A veces, la veía arrodillada, limpiando el suelo con un cepillo para ropa. Un par de veces por semana iba a la escuela.

Jiménez está de pie detrás de una pancarta donde se lee: «Condena ejemplar a los asesinos de Carolina Marín. Vaquería no te calles». Cerca de un centenar de personas la acompañan, en una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de la ciudad de Coronel Oviedo, donde se sigue el caso del homicidio de la criadita de Vaquería. Es el primero de julio. Han pasado casi seis meses desde que a Carolina la mataron a golpes, pero la comunidad está decidida a levantar la voz.

«Recolectamos firmas para que se juzgara a los patrones de Carolina. Los profesores de la escuela no querían, tenían miedo a las represalias. Pero no queríamos que el caso de Carolina se terminara con su entierro, y nos movilizamos», cuenta Ada Meza. Ella también era vecina de la casa donde vivía la adolescente, un edificio rodeado de una alta muralla, que no pudo impedir que ella fuera testigo de las condiciones de vida de la criadita.

Meza recuerda que Carolina se levantaba a las tres de la mañana. A veces, la veía arrodillada, limpiando el suelo con un cepillo para ropa. Un par de veces por semana iba a la escuela.

«Andaba siempre muy sucia, y se notaba que pasaba hambre», cuenta. Asegura que la niña sufrió maltratos físicos desde que tenía once años, pero nunca nadie lo denunció. «Teníamos miedo», dice Meza. Tampoco lo denunciaron cuando la adolescente recibió la paliza que acabó con su vida. «Estuvo encerrada en una pieza por tres o cuatro horas. No podía morir, ni seguir viviendo», cuenta Meza. Ella no puede olvidar a la niña. Se siente responsable.

Además de los testimonios, la Fiscalía cuenta con otras pruebas como las filmaciones de las cámaras de circuito cerrado cercanas a la casa de Carolina, o los resultados de la necropsia que le realizaron después de su muerte. Todo apunta a la culpabilidad de sus patrones. Según los análisis, Carolina fue golpeada con un objeto que le causó severas lesiones en el hígado, el bazo y los riñones, y una hemorragia interna que la mató. A finales de julio, la Fiscalía imputó a Tomás Ferreira por el homicidio doloso de la adolescente.

El caso del asesinato de la niña Carolina Marín desnudó una realidad que es mayormente callada.

Los vecinos, junto con cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil, piden mayor celeridad en la investigación del caso. Reclaman que tanto Ramona Melgarejo como Tomás Ferreira sean condenados a 30 años de prisión por el homicidio de la niña que fue su criadita. Exigen que la muerte de Carolina no quede en el oparei, como le dicen los paraguayos a la impunidad del olvido.

De continuar con el proceso, el caso de Carolina Marín puede suponer la primera vez que se juzgue en Paraguay la figura del criadazgo. Puede sentar jurisprudencia y animar a que más casos sean llevados ante la justicia. Quizá inicie un camino para acabar con este intercambio trágico de trabajo infantil forzoso por educación.

Un ministro de Educación del pasado para las demandas de futuro

Estudiantes tomaron cientos de colegios hasta destituir a una ministra, exigiendo mejor educación. Pero Enrique Riera no asumió para producir cambios.

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Enrique Riera se convirtió en ministro de Educación mientras dormía la siesta. Pero antes había hecho sus tareas. En mayo de este año, Riera, un hombre que se ha dedicado a la política casi toda su vida —ex presidente del Consejo de la Magistratura, ex ministro de la Secretaría Nacional de la Juventud, ex diputado, ex intendente de Asunción— seguía atentamente la crisis que generó en el Gobierno un alzamiento inédito de estudiantes secundarios. Un centenar de colegios en toma en todo el Paraguay, manifestaciones y sentatas de alumnos, padres y profesores eran las medidas de presión que acompañaban a una demanda clara: más inversión en educación.

Paraguay es uno es uno de los países de la región que menos presupuesto destina a educación, con apenas un 3,9 por ciento de su PIB, muy lejos del mínimo de 7 por ciento recomendado por la Unesco.

La movilización de los secundarios provocó finalmente que la ministra de Educación por tres años, Marta Lafuente, renunciara a su cargo al cabo de una semana.

Marta Lafuente ofreció flores a los estudiantes en la marcha del 2015. «No queremos flores, queremos educación» le respondieron En cuanto se anunció su renuncia el jueves 5 de mayo, Riera aprovechó su confianza con el presidente Horacio Cartes, al que visitaba cada semana como presidente del Consejo de la Magistratura, para sugerirle a dos posibles sucesores. Riera cuenta que ese mismo día mandó un mensaje a Cartes con su primera propuesta, pero el presidente no le contestó. Al otro día, a las dos de la tarde, le mandó otro mensaje con el nombre de una segunda persona, pero tampoco obtuvo respuesta. Entonces decidió dormir una siesta.

Educación en estado de emergencia

La educación paraguaya es la peor entre 140 países, tanto en primaria –por dos años consecutivos– como en educación superior, donde en 2015 desbancó del último puesto a Sudáfrica, según califica el Foro Económico Mundial. El Índice de Desarrollo Humano (IDH), que tiene a la educación como uno de los pilares de medición, ubica a Paraguay en el puesto 110 entre 160 países. La ONU lo considera el país peor alimentado y con la peor calidad de vida de Sudamérica debido a las carencias predominantes en sus servicios públicos de salud y de educación.

Los problemas históricos de la educación paraguaya hacen que los techos de las escuelas se derrumben. Como el del Colegio Nacional de Lambaré, que dejó heridos a trece estudiantes y una maestra tras desmoronarse un aula con 30 estudiantes adentro. O el más reciente de la ciudad de Piribebuy, donde dos alumnos de 8 y 13 años sufrieron lesiones tras el derrumbe de una galería de su centro escolar. En la ciudad de Villa Elisa, el MEC ha clausurado once aulas por riesgo de colapso, pero no hay planes de reparación. En lo que va de 2016 se han registrado ya once derrumbes de escuelas. Más de una al mes.

La situación se pone peor con la falta de formación docente y de una adaptación a didácticas que estén a la altura de los desafíos de esta época; o la ausencia del uso de tecnología en las escuelas, en un país donde algunas de ellas ni siquiera cuentan con sillas o mesas. En el interior del país, la falta de caminos en buen estado para que los alumnos puedan llegar a sus escuelas durante todo el año es común.

Además de las deficiencias en contenido e infraestructura, el sistema educativo paraguayo tiene muchos problemas de corrupción dentro del Ministerio, como el caso de la sobrefacturación en la compra de alimentos, uno de los detonantes de la revuelta de mayo pasado. También se denuncia la paga de honorarios a funcionarios que no existen o nunca han asistido a la institución.

En mayo de 2016 estudiantes secundarios tomaron 100 colegios como protesta, la ministra Lafuente renunció días después • Juan Carlos Meza

Mientras tanto, muchas maestras trabajan sin cobrar honorarios y sin posibilidad de jubilación. Miles de alumnos y alumnas recorren kilómetros para llegar a un centro escolar. Mientras, se descubren más sobrecostos en decenas de municipios por fraudes con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que da a los gobiernos locales grandes sumas de dinero para reformas de infraestructura educativa, merienda escolar, equipamientos y formación docente. Según denuncias, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa utilizaron recursos del Fonacide para comprar armas y municiones.

Riera, la estrategia de Cartes para apagar la crisis en educación

Luego de la renuncia de Lafuente, la prensa atosigaba al Gobierno y a los estudiantes buscando nombres de candidatos a nuevo ministro de Educación. Por su parte, los líderes estudiantiles exigían reunirse con el presidente Cartes. Querían ser parte de la toma de decisión sobre quién sería el próximo titular de la cartera, reclamaban aumentos en el presupuesto para educación y amenazaban con mantener las ocupaciones de los colegios si no se daban respuestas a sus demandas. Había cierta sensación de júbilo entre los manifestantes. Algunos, incluso, pensaron que algo cambiaría.

A las cinco de la tarde del viernes 7 de mayo, un día después de que finalmente renunciara Lafuente, Cartes despertaba a Riera con una llamada para ofrecerle el cargo de ministro de Educación. «Te necesito, sé que no es fácil porque es un hierro caliente y estoy a la mitad de mi gestión», le dijo, según contó Riera en radio Ñanduti a pocos días de asumir el mando del Ministerio.

Debido a su probada capacidad de supervivencia política y habilidad para la conciliación, Cartes eligió a Riera para suceder a Lafuente, considerada uno de los pilares de la «selección nacional» de cuadros técnicos que el presidente nombró al comienzo de su mandato. Sin embargo, representantes estudiantiles y gremiales la acusaban constantemente de autoritaria.

Había cierta sensación de júbilo entre los estudiantes luego de la renuncia de Marta Lafuente. Algunos, incluso, pensaron que algo cambiaría.

Johana Romero, estudiante y coordinadora de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), acudió a la primera reunión que el ministro Riera mantuvo con representantes de las principales organizaciones de colegios, apenas 24 horas después de ser nombrado. «Con Lafuente no podíamos llegar a ningún acuerdo. Riera hace como que en serio le importa, aunque sabemos que es un discurso político para comprar a muchas personas», cuenta.

El 10 de mayo de 2016, unos treinta estudiantes menores de 18 años rodearon al ministro en la mesa de su despacho y no se levantaron hasta llegar a un acuerdo. Tras unas cuatro horas en las que mayoritariamente habló él para criticar la gestión de su antecesora, recuerda Romero, consensuaron cuatro puntos, entre ellos la declaración de una emergencia nacional para invertir inmediatamente en infraestructura educativa y renovar la promesa hecha ya por el Gobierno de, al menos, doblar el porcentaje del PIB dedicado a la educación.

Riera prometió en decenas de entrevistas que se aprobaría de manera inmediata la emergencia nacional de educación y que los estudiantes serían «contralores» de los 700 millones de dólares que el Ministerio tiene para invertir.

Dos días más tarde, el presidente firmaba un acuerdo con los líderes estudiantiles para levantar la protesta y se tomaban la selfie de la paz.

Riera, de cuna de oro al Estado

El hombre que se dice dispuesto a salvar la educación estatal estudió en el selecto colegio privado de San José, y luego en una de las universidades privadas más caras del país: la Universidad Católica de Asunción.

Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), uno de los espacios más conservadores del país, dice que su hermano Enrique Riera está asumiendo el desafío más grande de su vida.

Su abuelo fue Manuel Riera Milleres (1892-1957), presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Banco del Paraguay, del Colegio de Abogados del Paraguay, de la Asociación Rural del Paraguay y del Touring y Automóvil Club del Paraguay. Fundó el Estudio Jurídico de la familia que lleva ya cuatro generaciones. Su padre, Enrique Manuel Riera Figueredo, fue opositor político de la dictadura, lo que le valió el exilio en varias ocasiones hasta que se dedicó a gestionar una empresa ganadera familiar y a ser presidente de la ARP en seis ocasiones.

Enrique Riera ha ocupado altos cargos públicos desde 1993 gracias a su militancia en el Partido Colorado. Su carrera empezó como funcionario judicial y después como secretario general del Ministerio del Interior. Dirigió el Viceministerio de la Juventud entre 1994 y 1996, fue diputado nacional de 1998 a 2003 y tomó las riendas de la ciudad de Asunción entre 2001 y 2006.

Un político impune

En 2004, 400 personas murieron en el incendio del supermercado Ycuá Bolaños en Asunción, que funcionaba con permiso municipal. Riera, que en aquel entonces era intendente de la ciudad, no renunció. Según la Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños, el mismo Riera reconoció que durante su mandato se cobró la tasa por una inspección municipal que jamás se realizó. Ese mismo año, 194 personas morían en un incendio en una discoteca de Buenos Aires. Tras el hecho, el jefe de Gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, fue destituido de su cargo por ser considerado responsable político de la tragedia.

Riera permaneció en el cargo, según él, para ayudar a las víctimas y para que la ciudad no entrara en un colapso político que impidiera atender a la gente en plena crisis. Para las víctimas, Riera no renunció porque se sabía impune en el sistema judicial paraguayo y, por tanto, libre de responsabilidades penales. Si alguien se atreve a contradecirle tiene que saber que él es socio de un estudio jurídico familiar que, calculan, ya le ha evitado demandas por valor de unos sesenta mil millones de guaraníes (unos diez millones de dólares).

Para las víctimas del Ycuá Bolaños, Riera no renunció porque se sabía impune en el sistema judicial paraguayo y, por tanto, libre de responsabilidades penales.

Además de su cuestionada gestión del incendio del Ycuá Bolaños, en el currículum de Riera destacan otros episodios sobre los que no le gusta que le pregunten: mientras era intendente de Asunción permitió una excavación irregular para buscar un supuesto tesoro enterrado en el Parque Caballero, uno de los pocos espacios verdes de la ciudad, algo que solo reconoció cuando los vecinos alertaron a una radio sobre el movimiento de máquinas y de tierras en el lugar en plena noche.

En aquella oportunidad, Riera autorizó sin permiso de la Junta Municipal a que el entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, y el titular del Tribunal de Justicia Militar, Porfirio Ramírez, encargaran la búsqueda del supuesto tesoro. Pero si sobrevivió políticamente a la muerte de cientos de personas en un incendio causado por la negligencia de la institución que estaba a su cargo, podía salir ileso de la sorna generalizada ante su debilidad por los mitos urbanos.

Riera es lo que se considera un animal político, un encantador de serpientes, siempre con la sonrisa por delante. Una sonrisa que solo implica sus músculos faciales inferiores. Su frente, sus cejas y sus ojos quedan inmóviles cuando muestra al público sus dientes.

Su compañero del colegio San José, Luis Villasanti, presidente de la ARP, dice que Riera es «ambicioso, capaz y muy diplomático». También destaca su oratoria: puede ocupar 20 de los 25 minutos de un acto institucional hablando sin ningún papel.

Esa labia probablemente le sirvió para enfriar las protestas estudiantiles, según dice la dirigente de la OTEP Blanca Ávalos. «[Pero] dentro del Ministerio de Educación no ha cambiado nada más que el chofer, como solemos decir», asegura.

Un cambio de mando en educación para que nada cambie

«Ya les aviso que voy a reunirme con Belcebú, Lucifer, si es necesario para la educación. Tengo que lograr los objetivos igualmente con intendentes, diputados y gobernadores imputados. (…) Soy capaz de reunirme hasta con Al Capone y los Tattaglia si me van a construir una buena escuela», dijo Riera un mes después de asumir.

Al conocerse su designación como ministro, las reacciones de rechazo fueron automáticas. En un comunicado, gremios de estudiantes expresaron su indignación por la decisión del Presidente, donde acusaron a Riera de tener un «nefasto antecedente de sus gestiones anteriores, en donde demostró su total falta de responsabilidad y capacidad y, por sobre todo, su falta de conocimiento en el ámbito educativo».

Hasta hoy solo ha cumplido una de las promesas, la de establecer una mesa de trabajo. Según Johana Romero, líder de la Federación Nacional de Estudiantes, en la práctica esto «no ha servido para decidir nada ni para aumentar la participación de la ciudadanía».
«Se la pasa en un monólogo de horas. No hay representatividad, buscan que no podamos tomar una decisión, son conversatorios de 50 personas, no una mesa de trabajo real», dice Romero.

Cuenta además que no tuvieron en cuenta las recomendaciones que les hicieron sobre la emergencia nacional. «Quieren hacerla por dos años y nosotros decimos que lo hagan solo por uno, porque después viene año electoral y tememos que los políticos lo usen de forma electoralista y cortoplacista», dice la estudiante.

En un campamento del MEC con estudiantes, Riera acompañó a Cartes haciendo típicos gestos del Partido Colorado.

Mientras, se dilatan soluciones efectivas y más centros escolares se caen a pedazos sobre niños, y viejas prácticas, como la ocupación de cargos sin concurso dentro del ministerio por parte de miembros del Partido Colorado, continúan con el aval y pese a las promesas de transparencia de Riera.

«Lo cuestionamos cuando fue propuesto porque es una persona sin experiencia en el campo docente», dice la dirigente del gremio de docentes Blanca Ávalos sobre la designación de Riera. «Tiene una visión empresarial y privatizadora», según ella, opuesto a los valores que se necesitan para el servicio público, en particular para dirigir la educación paraguaya. Pero en el amplio espectro de la historia de los que han asumido la cartera educativa, al parecer Riera no será una excepción, sino un eslabón más de la cadena.

La educación frustrada

Llevar el mando del Ministerio de Educación de Paraguay es la tarea de gobierno que más involucra los sentimientos de los ciudadanos, en un país donde todavía la gente se dirige a los profesionales por su título universitario o que llama «doctor» a un abogado, ejemplos de la admiración por el sueño siempre frustrado de formarse para tener una vida mejor. Frustrado porque en Paraguay, la educación no ha servido para hacer contrapeso a las extremas desigualdades. El Partido Colorado, con más de medio siglo al mando de la cartera de Educación, le cabe una responsabilidad particular por esta realidad.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), el sistema educativo sirvió para legitimar el régimen. El último ministro de Educación de ese periodo, Carlos Antonio Ortiz Ramírez, era tan inepto que fue bautizado por la prensa como ñandejára taxi —el transporte de Jesucristo: el burro— y el periódico ABC Color lo acusó de haber amasado una fortuna durante su gestión. Su proclama «la calle es de la policía» ilustra la mentalidad servil al régimen militar.

A pocos meses de asumir, Riera recibió una de las manifestaciones estudiantiles más grandes de la hsitoria • Juan Carlos Meza

Ya en democracia, cualquier discurso político que busca aprobación del electorado se ha referido y se refiere a la educación como «el motor del progreso». Durante la última década, los que han estado al frente de esta cartera, casi todos del Partido Colorado, ganaron una prominencia especial en la agenda informativa, consiguiendo acaparar más poder que desde otros puestos en el gobierno. Algunos lograron incluso aspirar a la presidencia de la República, como el exitoso caso de Nicanor Duarte Frutos, dos veces ministro de Educación y luego presidente, y el intento fracasado de Blanca Ovelar en 2008, que llevó al Partido Colorado a pasar a la oposición por primera vez en más de medio siglo. Pero esta relevancia política y mediática no ha servido para modificar el curso fatídico de la educación paraguaya.

«Desde la caída de la dictadura, muchas cosas no han cambiado en lo que ellos llaman transición [democrática]. Tanto Blanca Ovelar como Horacio Galeano Perrone, son hombres y mujeres que –como Riera– tenían buenas palabras pero que se quedaron en promesas y deseos; pero Blanca y Marta fueron las peores porque son las responsables de la mal llamada reforma del 92 que nunca cambió nada», dice Blanca Ávalos.

A solo cinco meses de haber asumido el puesto de ministro, Riera ya da señales de tener las mismas ambiciones electoralistas de algunos de sus predecesores partidarios, poniendo en duda su compromiso con la administración de la educación.

«Propaganda Riera 2018», se lee en un twit de la senadora opositora Desirée Masi. El twit contiene un video donde el ministro Riera acompaña al presidente Cartes rodeado por un numeroso grupo de jóvenes que los recibió efusivamente en un campamento organizado por el MEC. En sus manos, Riera lleva una remera roja que revolea con ánimo, gesto tradicional de los miembros del Partido Colorado. Su nombre se baraja en algunos sectores como posible sucesor de Cartes para las elecciones de 2018.

«Tírenme, tírenme», dijo Riera a cientos de estudiantes secundarios que se manifestaron frente al edificio del Ministerio de Educación. En su cara no se vio la sonrisa que lo caracteriza. Es la imagen que quedó grabada de una masiva movilización de colegios públicos y privados el pasado 16 de setiembre. En la marcha, miles de jóvenes salieron a las calles de Asunción para exigir mejoras en la educación. El ministro admitió luego que provocó a los jóvenes a que le lanzasen botellas de agua porque le molestó que lo califiquen de stronista. Lo que no reconoció es que un día antes hizo declaraciones muy alejadas del estilo conciliador con que empezó su gestión.

Riera amenazó que los secundarios que se sumen a la protesta serían sancionados con ausencias y aplazos. «Tienen todo el derecho a manifestarse, pero que se atengan a las consecuencias», dijo a los medios. A los maestros que se adhiriesen, advirtió que tendrían descuentos en sus salarios. Los secundarios repudiaron estas palabras. «Perdió toda la confianza de los estudiantes al salir a amedrentarnos con su declaración», manifestaron en un comunicado.

En la segunda marcha de secundarios, los estudiantes le retiraron públicamente la confianza a Riera  • Jorge Sáenz

A pesar de las amenazas, más de doscientos colegios de la capital estuvieron en la marcha. Las demandas fueron las mismas que hicieron hace un año. Las mismas que también motivaron a la toma de colegios en mayo y que destituyeron a la ex ministra Lafuente. Las mismas demandas que colocaron a Riera en su cargo actual y sobre las que hizo promesas que estudiantes temen que no cumplirá.

A Johana Romero le queda todavía más de un año para terminar el colegio y, al igual que miles de estudiantes del país, tiene un problema esencial: «¿Cómo vas a atender en clase si estás preocupado porque no se te caiga una teja en la cabeza?».

Los docentes que resisten a la violencia en el norte de Paraguay

En medio del conflicto entre criminales, militares y narcos, hay maestros y maestras que intentan salvar a sus comunidades.

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En algunas comunidades de Concepción, uno de los departamentos más pobres de Paraguay, usar casco es sospechoso. Para las maestras y los alumnos que necesitan llegar hasta sus escuelas, especialmente en las zonas rurales del país, las motos son tan necesarias para la educación como los lápices y cuadernos. Pero en Concepción no pueden usar casco. Solo los sicarios los usan, dicen los pobladores.1

En las localidades de Yby Yaú o Arroyito, a 350 kilómetros al norte de Asunción, es común ver a niños y adolescentes uniformados que van en motos a sus escuelas sin protección. Pero ese es solo uno de varios riesgos a los que se enfrentan.

En agosto de este año, un congresista paraguayo recomendó rociar con napalm el norte del país para eliminar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo criminal armado que ha sido acusado de secuestros, atentados y muertes. Dos meses antes, otra congresista, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Senado, había sugerido algo similar: bombardear la zona aunque en el proceso «deban morir inocentes». Lo que no dicen los legisladores es que la violencia que se asocia al norte hoy en día va de la mano con otra característica de los departamentos como Concepción: el sistemático abandono del Estado al que han sido sometidos a lo largo de décadas.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, Concepción fue aislada por ser de tradición liberal, una corriente de oposición al régimen. Y poco ha cambiado en democracia. Hoy, el 37 % de la población del departamento vive con menos de dos dólares al día, a pesar de ser productor del segundo rubro más rentable del país: la ganadería. Es terreno de disputa de narcotraficantes, escenario de asesinatos irresueltos a intendentes y dirigentes campesinos y, desde hace más de 10 años, se ha convertido en zona de influencia del grupo criminal armado EPP. Este último se ha ganado la atención y una respuesta inequívoca de las autoridades: la militarización del norte del país.

La Calle 18 une en 15 kilómetros la ruta 3 con el asentamiento de Arroyito • Juan Carlos Meza

Más allá de los grupos armados, los sicarios, el narcotráfico, los militares, la falta de acceso a servicios básicos y el avance de un modelo económico que los excluye, un grupo de docentes —los inocentes que «podrían morir» según el plan de los congresistas—,trabajan en sus comunidades para seguir ofreciendo la posibilidad de educar a niños y niñas de la zona.

Para obtener su título de maestra, por ejemplo, Perla Rodríguez tuvo que viajar en moto, sin casco, todos los días durante cinco años casi 50 kilómetros hasta Horqueta, ciudad aledaña, porque no había dónde estudiar en el pueblo donde nació. Rodríguez, que es licenciada en Ciencias de la Educación y coordinadora de mujeres y jóvenes de la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC), ubicada en Yby Yaú, cuenta que ese es el primer problema de ser docente en el norte de Paraguay: «Llegar a tener el título, con el sacrificio que esto significa, empezando por terminar el colegio».

Más allá de los grupos armados, los sicarios, el narcotráfico, los militares y el avance de un modelo económico que los excluye, un grupo de docentes trabaja para seguir ofreciendo la posibilidad de educar.

Ella, de hecho, dejó el colegio cuatro veces y lo terminó recién a los 35 años. Luego, decidió estudiar en una universidad privada con el sueño de poder enseñar Ciencias Sociales. Pero pensó en abandonar la carrera cuando el 14 de agosto de 2013 su amigo Lorenzo Areco fue asesinado por sicarios en plena ruta. Areco, parte también de la OCRC, es uno de los 115 dirigentes campesinos asesinados o desaparecidos documentados desde 1989, según el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Era secretario de catastro de la Municipalidad de Yby Yaú, donde trabajaba en identificar las tierras malhabidas, término con el que en Paraguay se conoce a las tierras públicas que debían ser destinadas a la reforma agraria pero que fueron entregadas a parientes y amigos del dictador Alfredo Stroessner.

«El asesinato de Lorenzo me dio mucho miedo, porque yo llegaba de noche a mi casa. Tuve que cambiar todos mis horarios», cuenta Rodríguez. Ser maestra y defender los derechos de los pobladores en el norte de Paraguay puede ser letal. Como andar en moto sin casco. Como andar en moto con casco.

Abandonados a la tierra roja

Al igual que Perla Rodríguez, Marciano Jara trabaja como docente en su comunidad. Vive en Arroyito, a 40 kilómetros de Yby Yaú. Solo para llegar, hay que atravesar un camino de 15 kilómetros de tierra roja que pareciera salido de un circuito del Dakar, con sus dunas, subidas y pozos ocasionados por la erosión. Son aproximadamente 40 minutos de un viaje que con su polvareda irrita los ojos, dificulta la respiración y deja surcos en los zapatos, en las camisas y en la piel.

Jara, además de profesor, es uno de los dirigentes del asentamiento de Arroyito, que se encuentra dentro del distrito del mismo nombre. Los asentamientos en Paraguay son tierras ocupadas por campesinos, generalmente públicas o malhabidas. Arroyito proviene de la primera ocupación hecha en democracia en el año 1989.

Jara es un hombre que cuida bien sus palabras. Es comprensible. Su compañero y también líder campesino, Benjamín Lezcano, fue ejecutado por sicarios en su propia casa en 2013. Lezcano se oponía al avance del cultivo de soja en Concepción. Hasta hoy no se sabe quiénes lo mataron, o quiénes lo mandaron a matar.

Luego de dos décadas de sobrevivir a la represión estatal, lidiar con interminables negociaciones para conseguir títulos de propiedad sobre sus tierras y con la violencia de diferentes grupos, Arroyito es uno de los últimos lugares donde existe un modelo de producción agrícola alternativa en Concepción. Sus escuelas también plantean un sistema distinto de enseñanza, como es el caso de la escuela Monseñor Maricevich.

En el pilar central del corredor que une sus aulas, se lee en un cartel: «Educación de contexto: No todas las escuelas son iguales o deben ser iguales, porque el contexto es diferente».

«Educación de contexto» es un término que se repite mucho en las conversaciones con varios maestros de allí. «El Ministerio [de Educación] solo piensa en un modo de enseñar, cuya formación quizá sirva para la ciudad, pero no para el campo», dice el vicedirector Neder Gómez.

En la escuela Maricevich alumnos aprenden a cultivar en la huerta comunitaria • Juan Carlos Meza

Las escuelas de Arroyito están aisladas. La falta de caminos y transporte público trae problemas tanto para llegar a dar clases en días de lluvia como dolores lumbares o problemas de próstata para quienes diariamente deben ir en moto. Tampoco tienen el apoyo pedagógico ni la infraestructura mínima para poder funcionar.

«Acá las escuelas las crean y construyen las comisiones de padres o algunas ONG como la Fundación Fe y Alegría. El Ministerio de Educación solo las certifica. Cuesta que manden materiales didácticos. Los docentes tenemos que comprar. Todo es autogestionado», cuenta Gómez.

«El Ministerio de Educación solo piensa en un modo de enseñar, cuya formación quizá sirva para la ciudad, pero no para el campo», dice Neder Gómez, vicedirector de Escuela Maricevich.

Las escuelas de la Fundación Fe y Alegría, creada por sacerdotes jesuitas, reivindican la educación popular y la formación agrícola. «Si vivimos en una comunidad de agricultores, debemos enseñar a los chicos a usar la tierra», dice Gómez. Esto trae conflicto con el Ministerio, que según denuncian algunos maestros, prioriza a las escuelas que siguen el programa oficial para proveer almuerzo escolar o presupuesto para docentes. «Nuestro sueño es tener un profesor de inglés», dice una maestra de quinto grado.

El derrumbe de la educación

En la escuela Maricevich, el MEC dejó un baño a medio terminar hace diez años. «Vinieron, lo empezaron y lo dejaron así. No se puede usar», dice Gómez. Tampoco tienen sistema de agua potable propio. Casi todos los días, los alumnos tienen que traer sus botellas para consumo y aseo.

El Gobierno creó en 2012 el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para la construcción y el mantenimiento de escuelas a lo largo del país, especialmente para las ubicadas en «contextos vulnerables».

Horqueta, municipio donde está Arroyito, recibió de Fonacide casi un millón de dólares entre 2012 y julio de 2016. Yby Yaú, más de quinientos mil dólares. La incapacidad de las municipalidades para gestionar y regular tanto dinero ha impedido que las necesidades de las escuelas sean atendidas a tiempo y en forma. Además, intendentes de varias ciudades fueron imputados por malversar estos recursos.

La motocicleta es tan necesaria para la educación en el norte de Paraguay como los lápices. Aquí, el estacionamiento de la Escuela 12 de Abril de Arroyito • Juan Carlos Meza

Pero el desfalco más escandaloso no lo protagonizó una municipalidad. Una investigación periodística reveló que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa utilizaron el dinero de Fonacide para comprar armas. Mientras, las escuelas se han convertido en trampas mortales. En lo que va de 2016, se derrumbaron en todo el país dos escuelas por mes. Techos y paredes cayeron sobre estudiantes mientras daban clase.

En la escuela Maricevich, entre la tierra roja y las construcciones sin terminar, maestras y alumnos siguen dando lecciones a pesar de todo. No hay docente sin los zapatos bien lustrados. O estudiantes sin la camisa, pantalón o pollera bien planchados.

Acosados por el EPP, acusados por el Gobierno

Arroyito también se encuentra en medio del fuego cruzado entre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Esta última es la única respuesta del Gobierno a la violencia del grupo criminal armado. Fue establecida por el presidente Horacio Cartes en 2013 con un decreto que militariza y suspende libertades individuales en el norte del país. Está integrada por mandos militares, policiales y antidrogas.

En el festejo de los 10 años de la Cooperativa de Educadores Tekosa’y (en guaraní, una vida sin ataduras) formada por 37 docentes de Arroyito, se comparten cervezas a la sombra de árboles de guatambú y cumbias románticas desafinadas por los presentes. Ahí, además de Marciano Jara, se encuentra Daniel López desde el mediodía, quien es maestro de escuela básica. Él fue amenazado de muerte por el EPP tres veces.

«A mí me molesta que digan que acá todos somos de ese grupo armado; siendo que nosotros somos víctimas de ellos también», dice. En Arroyito, el EPP es simplemente el grupo armado. «A mí me marcaron porque yo estaba en desacuerdo con lo que ellos hacían», relata.

López abandonó Arroyito y se exilió en Asunción. Volvió un año después, pero solo, dejando a su familia en la capital. Vivió casi un año escondido en su casa, con las luces apagadas todo el día y solo saliendo para ir a enseñar. «Yo soy de esta comunidad desde el principio, este es mi lugar. Si me van a matar que sea acá», dice.

El EPP es en la ciudad como un fantasma lejano, que aparece de vez en cuando en los títulos de diarios y los discursos políticos. En el campo, es un fantasma mucho más real. Las muertes atribuidas al EPP ya suman más de 60, entre los que se encuentran civiles. Cuarenta de ellas sucedieron desde la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Una por mes. El último atentado que se les adjudica fue el 27 de agosto de 2016 en Arroyito, donde murieron ocho militares. El ataque se dio días después de que la Fiscalía confirmara que se utilizó equipo de inteligencia de la FTC para espiar a una periodista que investigaba casos de corrupción en las fuerzas militares. En esos días, también el Congreso se preparaba para debatir acerca de la efectividad de la FTC.

Camiones militares recorriendo es una imagen recurrente en la zona • Juan Carlos Meza

La Fuerza de Tarea Conjunta tiene un presupuesto de más de 25 millones de dólares por año, según datos del Ministerio de Defensa (2015). En comparación, Concepción, Amambay y San Pedro, los departamentos donde la FTC se encuentra, recibieron en conjunto, sumando los últimos tres años 5 millones de dólares de Fonacide para educación e infraestructura.

En tres años, la FTC tiene varias denuncias de violaciones de DDHH, en muchos casos, apañadas por la Fiscalía. Arroyito está rodeada por destacamentos militares que patrullan la zona en la noche. Para los pobladores es normal no poder salir de su casa o evitar reunirse pasadas las seis de la tarde. Viven en toque de queda permanente.

En el festejo de la Cooperativa de Educadores también está Laura Martínez. Ella es profesora de teatro. Fue hostigada tanto por del EPP como por el Estado. Todo por una obra escolar: «A mí me gustaba hacer representaciones históricas con los niños, entonces un día se me ocurrió hacer una sobre Arroyito y la historia de las represiones militares en sus inicios», dice.

Vestir a niños con disfraces militares hizo que el EPP presumiera que estaba a favor de la lucha armada. «Empezaron a enviarme mensajes a mi celular y a la radio donde trabajaba de locutora, diciéndome que me iban a buscar, que sabían dónde era mi casa. Querían que me uniera a ellos», cuenta.

Desesperada, hizo una denuncia ante la Fiscalía. Pero en vez de protegerla, la trataron de sospechosa. «Empezaron a hacerme preguntas, acusándome directamente de ser parte de ellos (del EPP)». Lo que más le extrañó es cómo la Fiscalía sabía todo sobre ella, sus horarios, sus amistades. «Parecía que me vigilaban. Veía camiones con militares pasando enfrente de mi casa por la noche», cuenta.

Acosada por el EPP y acusada por la Fiscalía, Laura Martínez dejó la radio y sus actividades en la iglesia, por miedo a que les pasara algo a sus tres hijos. También dejó de hacer obras históricas en la escuela. Quemó los disfraces y toda la utilería.

Francisco Adorno, docente de Arroyito, contaba en una entrevista televisiva: «Antes los niños veían un avión y corrían de alegría. Ahora ven uno y corren de miedo».

«Concepción es territorio en disputa con enormes cantidades de tierras, constantemente avasallado por narcotraficantes, rollotraficantes (traficantes de madera), sojeros, por gente que se dedica al abigeato y por el EPP», dice el padre Pablo Cáceres, vicario de Concepción, y añade que el terror viene de «la gente que debería de proteger a la población». Cáceres es coautor junto con Benjamín Valiente de Relatos que parecen cuentos (2014), un libro que relata los abusos del Estado en el norte del país.

Se desconoce el número exacto de víctimas de la violencia de las fuerzas estatales. Muchos no se animan a denunciar. Solo algunos casos han trascendido. Uno de ellos es el de Julián Ojeda, campesino de Nueva Fortuna, Concepción, a quien mataron en enero de 2016 cuando fue a cazar al monte. Los militares dijeron haberlo confundido con ser miembro del EPP. Dejó nueve hijos huérfanos. O el caso de Agustín Ledesma, de Arroyito, un joven sordomudo que fue asesinado a balazos por policías al no contestar cuando lo encontraron subido a un árbol. Luego, los agentes intentarían acusarlo de ser parte de la Agrupación Campesina Armada (ACA), otro grupo armado que operaba en la zona, con evidencias falsas y allanando su casa, según denunciaron miembros de la comunidad.

Una tanqueta con militares armados se encuentra apostada frente a la escuela Maricevich de Arroyito • Juan Carlos Meza

En 2014, Gumersindo Toledo, poblador de Arroyito, fue torturado por las fuerzas militares, un hecho encubierto por la Fiscalía, según el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy, pág. 461). En 2015, en una cancha de fútbol a 500 metros de la escuela Maricevich, miembros de la FTC interrumpieron un partido a balazos, supuestamente persiguiendo a miembros de un grupo armado. «Aquí hay niños que dejaron de venir a la escuela por eso. Tienen miedo porque tienen que pasar por ese lugar», cuenta Neder Gómez.

Luego del último atentado contra los ocho militares, se dio una situación similar. Otro docente de Arroyito, Francisco Adorno, contaba en una entrevista televisiva: «Antes los niños veían un avión y corrían de alegría. Ahora ven uno y corren de miedo». Una tanqueta con militares armados se estaciona frente a la escuela Maricevich desde entonces. «Nosotros queremos tanques de agua, no de guerra», dice Francisco Jara, concejal de Horqueta.

Otros pobladores se esconden en sus casas o en las aulas al escuchar a los helicópteros militares que sobrevuelan el lugar. Juan Pereira, dueño de un almacén comunitario y padre de niños que van a la escuela Maricevich, fue arrestado luego de que militares y policías allanasen su casa y encontraran, entre otras evidencias, folletos sobre educación popular de las escuelas de Fe y Alegría, según denunció una pobladora a través de una radio de la capital. En esa entrevista, admitió que temen que «la gente de la Fuerza Conjunta, para justificarse, salgan y allanen casas y arresten a gente que no tiene nada que ver».

En marzo de 2015, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU envió una nota al Gobierno paraguayo para expresar su preocupación «por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas [en el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y Codehupy sobre actuación de las FTC] (...) y la alta probabilidad de su repetición».

Pocas opciones de vida en el norte

«El mayor problema es la violencia que viene de todos lados», dice Miguel Rolón, de Yby Yaú. Está sentado en la vereda de la casa que su padre construyó hace más de 20 años. Casa en la que hoy vive solo, y desde donde recorre hasta 25 kilómetros para enseñar arte a alumnos en cuatro diferentes colegios de la zona. Casa que sueña convertir en un instituto popular donde se realicen conciertos, obras de teatro o se presenten libros. Mientras tanto, es donde enseña a pintar a los hijos de sus vecinos, dos niños y una niña de entre 6 y 10 años.

Pese a que Concepción es «zona de prioridad» dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, y que más de 6.000 familias del departamento son beneficiadas por Tekoporã, un programa de subsidios estatales a personas en situación de pobreza extrema; estos esfuerzos no son suficientes. «En la zona del norte, relegada por mucho tiempo, hay una brecha significativa donde se concentra la pobreza, (...) tenemos presencia en esa zona pero todavía puede ser mejor y mayor», admite el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas.

Desde la frontera con Brasil, el narcotráfico ha desplegado toda una cadena productiva en la que participan estancieros, transportistas, sicarios y políticos. En los últimos años, se habla de la «narcopolítica». Jarvis Pavão, un narco conocido como el «barón de las drogas» de la frontera entre Paraguay y Brasil, incluso confesó en una entrevista haber ayudado al Gobierno a liberar a Arlan Fick, uno de los secuestrados por el EPP.

Sin caminos ni planes de ayuda estatal, solo sobrevive el cultivo de subsistencia en muchas partes del norte. La marihuana se perfila como una posible salida laboral.

Una avioneta narco traída por la fiscalía, según los pobladores, descansa en una plaza de Yby Yaú • Juan Carlos Meza

Aunque Paraguay es el principal productor de cannabis en Sudamérica, el Gobierno no sabe cuántas hectáreas hay plantadas. Según estimaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), unos 20 mil campesinos se dedican al cultivo de cannabis en Paraguay. Generalmente, trabajan en tierras de narcos por temporadas o alquilan sus propias tierras. Los narcos se quedan con la cosecha y pagan al campesino por el trabajo de cultivo, no por la producción. Luego, se encargan de la distribución. El negocio genera dividendos de más de 700 millones de dólares anuales, de acuerdo a cálculos de la Senad.

«La mayoría de mis alumnos son hijos de campesinos», cuenta Rolón. «Acá el único cultivo de renta es la marihuana», dice. Es un hecho que la economía de muchos alumnos depende de este cultivo.

El narco se convierte, en palabras del sociólogo Tomás Palau, en un «poder paralelo, subterráneo pero visible para toda la población». En este sistema el campesino es el eslabón más débil, lo que genera el éxodo y la desaparición de comunidades enteras.

«A medida que las comunidades van desapareciendo, porque venden sus terrenos por miedo o para irse a la ciudad a conseguir mejor vida, las escuelas se quedan sin niños» dice Miguel Rolón, docente de Yby Yaú.

«A medida que las comunidades van desapareciendo, porque venden sus terrenos por miedo o para irse a la ciudad a conseguir mejor vida, las escuelas se quedan sin niños», cuenta Rolón. Esta situación hace que las instituciones educativas cierren, obligando a aquellos que se quedan a recorrer distancias más largas para llegar a una escuela. Es un círculo vicioso. «Yo no creo que quiera seguir siendo docente 10 años más», confiesa.

«Todo el mundo sabe quién es y dónde está tal o cual narco», dice Rolón. «Mi forma de protegerme es la diplomacia. Conocer y saber quién es quién. Yo ni llaveo mi casa. Si me van a matar, me van a matar». Sobre la ruta, desde una camioneta que pasa a toda velocidad lo saludan.

Para Rolón, Yby Yaú es el corazón del norte. «Podría ser una muralla ante todos los problemas de esta parte del país, si se invirtiera en arte y el bienestar de la gente en vez de en armas. Cultural es el problema. Cultural la solución», dice.

Desde su casa, salen a despedirse los niños que estaban pintando en su interior. La niña pregunta si puede venir la próxima semana para seguir pintando. Rolón le dice que sí. Antes de irse, le muestra, tímida, el dibujo del día sostenido con su mano derecha. Es una flor en amarillo y violeta. Está inspirada en otra flor, real, que sostiene con la izquierda.

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Las historias de Vacas que vuelan, escuelas que caen nos acercan a este conflicto. Esta serie tiene protagonistas que le ponen cara a la batalla diaria de las mayorías por acceder al derecho a la educación. Una batalla que no debería ser tal si fuera un derecho pleno en este país.

El alto costo del acceso se puede ver en la historia de Christian Quiñónez, que se despide de sus hijos todos los días antes de ir a la universidad y cruza el río Paraguay para estudiar derecho, sin saber si retornará vivo. O los docentes de la escuela Maricevich, en el norte del país, que deben resistir al acoso de grupos armados, militares, policías, narcos y sicarios para enseñar en sus comunidades. O en el relato de cómo para acceder a escuelas, 46 mil niñas y niños deben someterse al criadazgo, un sistema de servidumbre que los explota laboralmente.

Cuando el derecho a la educación no está garantizado, es negocio o la llave para la acumulación de poder político. Se puede ver en la historia de los dueños de universidades privadas que abren sucursales de enseñanza superior como heladerías, estafando a miles de estudiantes. Se nota en el desempeño del ministro de Educación Enrique Riera, que tan pronto apagó la primera revuelta de estudiantes secundarios que destituyó a su antecesora, se convirtió en uno de los principales aliados del presidente Horacio Cartes. Hoy es considerado posible candidato a la presidencia en el 2018 por el oficialista Partido Colorado.

La crisis de la educación pone en cuestionamiento el mismo modelo de producción actual, que debería generar los recursos para el bienestar de todos y todas. Si somos capaces de exportar vacas vivas por avión, ¿cómo es posible que escuelas se caigan sobre maestras y alumnos mientras dan clase?