Los desterrados no van al supermercado

Crónicas del país que alimenta al mundo pero tiene hambre

Los presos políticos de la tierra

En una cárcel abarrotada de hombres sin condena, diez de ellos poseen las más altas sentencias posibles. Son campesinos y activistas por el derecho a la tierra.

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Hay un lugar en Asunción donde viven hacinadas 4.000 personas en un espacio preparado para un máximo de 1.300. En pabellones húmedos, a veces sin luz, a veces sin agua ni comida, hombres acusados de robo, asalto, homicidio o narcotráfico se mezclan sin distinción con pacientes psiquiátricos o adictos al crack. El 80 % de ellos desconoce cuál será su futuro, porque no ha ido a juicio y no tiene sentencia. Pero hay diez hombres allí que sí tienen condenas: las más altas previstas en Paraguay, firmadas tras juicios irregulares y cuestionados. Se declaran presos políticos, los campesinos de la cárcel de Tacumbú.

Estos diez condenados tienen en común otras cosas. Su comportamiento es ejemplar y la población de la cárcel los respeta. Todos dan algún tipo de servicio educativo a los presos más pobres y realizan diariamente algunos de los pocos oficios que existen allí, como la panadería, la cocina o la carpintería. También comparten un pasado común. Trabajaban la tierra en zonas rurales de San Pedro, Canindeyú y Caaguazú, y en sus comunidades eran dirigentes y activistas de organizaciones que defienden el acceso a la tierra y al trabajo de campesinos y campesinas, en el país con la distribución de tierras más desigual del mundo.

El campesinado paraguayo suma a la tragedia latinoamericana de producir tantos recursos como muertos en su defensa

Por esta lucha, el campesinado paraguayo suma a la tragedia latinoamericana de producir tantos recursos como muertos en su defensa. De cada diez ambientalistas asesinados en el mundo, seis son de esta región. Berta Cáceres en Honduras3, Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima en la amazonía peruana; los mapuches de Argentina y Chile; los cientos de líderes campesinos en Colombia que han muerto, solo en los últimos quince años, en defensa de su territorio, de sus recursos y de una forma de vida.

Roque Rodríguez fue acusado por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Asegura que lo condenaron sin pruebas. Foto: Santi Carneri.

En Paraguay, desde la caída de la dictadura en 1989, en el conflicto por la tierra fueron asesinados 115 dirigentes campesinos, pero ningún autor moral ha sido condenado. Desde 2012, año de una masacre que ocurrió en el municipio de Curuguaty, se vislumbra un cambio de método en la represión a quienes exigen tierra: si no los matan, los judicializan. Entre 2013 y 2015, fueron 460 personas imputadas y 273 detenidas.

Desde 2012, año de una masacre que ocurrió en el municipio de Curuguaty, se vislumbra un cambio de método en la represión a quienes exigen tierra: si no los matan, los judicializan.

Estos casos judiciales se caracterizan por incumplir normas básicas del debido proceso, como la preservación de evidencias, o garantizar la defensa de los acusados. Los procesos judiciales de los diez campesinos recluidos en Tacumbú fueron denunciados por graves irregularidades por el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Oxfam y organizaciones paraguayas, como la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) y la Pastoral Social de la Iglesia.

Ante la ley, algunos son más iguales que otros

Uno de los campesinos de Tacumbú es Roque Rodríguez, de 64 años. Tiene cabello canoso y anteojos de abuelo. Desde su celda, que es habitación y despensa a la vez, ve cómo unos jóvenes «pasilleros» –los que por ser tan pobres viven en los corredores y patios de la cárcel– despojan a otro de unas bolsas con ropa y comida que le acababa de traer su madre. Rodríguez es uno de los «Seis», como le llaman al grupo de campesinos encerrados desde hace casi doce años tras ser incriminados en el secuestro y muerte, en 2005, de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente Raúl Cubas.

Hoy Rodríguez vende yerba mate, hielo y cigarrillos, y dice que sus habilidades de líder campesino le sirven para saber manejarse con la gente. «Me llevo bien con todos», relata, señalando a los pasilleros desde su humilde pero arreglada y funcional celda. Cuando fue imputado era secretario general del Movimiento Agrario y Popular. Terminar en la cárcel no era algo que cruzaba por su mente. «La jueza tenía vergüenza cuando me condenaba, porque sin pruebas me estaba condenando (...); por presión política me condenaron, y hoy hace casi doce años que estoy aquí aguantando», cuenta.

El abogado y secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala Amarilla, explica que la condena de los Seis se apoyó en el testimonio de una sola persona, que además había hecho declaraciones contradictorias. «Son condenados sobre la base de un testimonio, que de por sí es ya una prueba mínima al no ir acompañada de documentación, y es controvertida porque no alcanzaría en ningún juicio normal para condenar a nadie», dice.

Óscar Ayala Amarilla, explica que la condena de los Seis se apoyó en el testimonio de una sola persona, que además había hecho declaraciones contradictorias.

No muy lejos del habitáculo de Rodríguez, donde las actividades están a la vista de todos los visitantes habituales –desde familiares, abogados, transportistas, pastores menonitas, católicos, evangélicos, voluntarios de oenegés y funcionarios públicos de todo rango del Ministerio de Justicia, del Interior y de la Fiscalía– vive Rubén Villalba. Es uno de los once civiles condenados como únicos responsables de la masacre de Curuguaty, que dejó a seis policías y once campesinos muertos en un tiroteo con armas de grueso calibre durante una ocupación de tierras en el departamento de Canindeyú, en 2012. La investigación fiscal no demostró que los encarcelados fueran autores de los disparos que provocaron la muerte de los policías ni que portaran las armas que causaron dichas muertes. Tampoco se investigó la muerte de los campesinos.

«Soy un campesino, un trabajador», dice Rubén Villalba. Antes de la cárcel, ocupaba tierras llamadas «malhabidas» que debían ser destinadas a la reforma agraria. Fue condenado a 35 años de prisión por el caso Curuguaty. Foto: Santi Carneri.

Villalba, que se dedicaba a cortar alambrado de tierras ociosas de latifundistas para la reforma agraria, hoy sobrevive cerrando cada noche la puerta enrejada de su celda con un candado. «Dijeron que soy un terrorista, pero yo soy un simple campesino, un trabajador», cuenta. Para el fiscal del caso, Jalil Rachid, Rubén Villalba es el responsable penal de homicidio doloso agravado consumado, homicidio doloso en grado de tentativa, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

Villalba y los demás campesinos de Curuguaty estaban acampados con sus familias en tierras estatales que la empresa Campos Morombi, de Blas N. Riquelme –uno de los tantos empresarios y políticos colorados amigos del dictador Stroessner–, disputa como suyas. Riquelme logró que un juez firmara la orden de desalojo, a pesar de que las tierras figuraban como públicas, según un informe emitido por el Congreso sobre el caso. El 15 de junio de 2012 ingresaron a esas tierras 324 policías y un helicóptero para desalojar a unas 60 personas, entre ancianos, hombres adultos, mujeres y niños. Según el informe, la cantidad desproporcionada de policías revela que no había predisposición al diálogo, sino a provocar una situación de extrema violencia y un desalojo rápido y forzoso.

Villalba, que se dedicaba a cortar alambrado de tierras ociosas de latifundistas para la reforma agraria, hoy sobrevive cerrando cada noche la puerta enrejada de su celda con un candado.

«Marina Kue pueblo mba’e; no como dijeron que era de Blas N. Riquelme. Entramos ahí para poner una casita, una chacra y mantener a nuestras familias, y por eso nos dispararon y nos condenaron a mí y a mis compañeros y compañeras», dice Villalba. Asegura que no existen pruebas para incriminarlos y reclama que no se haya investigado la muerte de los campesinos. Él dice saber lo que pasó en Curuguaty: «Fue la política de la oligarquía y las empresas transnacionales. Fueron ellos quienes nos mataron».

Encerrados por luchar

La definición de preso político tiene matices, y es objeto de discusiones. Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso político es aquel que ha sufrido una detención que responde a motivaciones políticas, o la detención es resultado de «procedimientos que son claramente ilegales, y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades».
Según Amnistía Internacional, presos de conciencia son aquellas personas que «sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas (...) a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma». En caso de que las personas presas hayan hecho uso de la violencia, la organización exige juicios justos.

A Néstor Castro le alcanzó una bala en la mandíbula durante la masacre de Curuguaty. Su hermano fue asesinado en el tiroteo. Cumple una condena de 18 años de cárcel. Foto: Santi Carneri

Otros tres campesinos presos en Tacumbú por el caso Curuguaty comparten celda en un pabellón religioso cercano a donde vive Villalba. Son Néstor Castro Benítez, de 35 años, Luis Olmedo, de 27, y Arnaldo Quintana, de 23. Las paredes y estanterías de su habitáculo de dos metros de ancho por cuatro de largo están tapizadas de fotografías de sus familiares. Hay tres camas de cemento. Cada una tiene un fino colchón con una funda blanca del Ministerio de Justicia. Mucha de su ropa la guardan en una bolsa arpillera para granos de trigo. Excepto por un traje, guardado para las ocasiones especiales, que cuelga cerca de la ventana atravesada por barrotes.

Cuando ingresaron a prisión, hicieron huelga de hambre durante 59 días, exigiendo su liberación o, al menos, prisión domiciliaria. Ahora lucen recuperados, pero Néstor Castro y Arnaldo Quintana tienen una marca imborrable: Arnaldo recibió un disparo en el estómago, y a Néstor le alcanzó una bala en la mandíbula durante la masacre en Marina Kue, lo que le dejó una cicatriz visible en el rostro. Aunque tiene otra marca más profunda que no se ve: su hermano fue asesinado durante el mismo tiroteo. «Ahora estoy más o menos», dice sentado en su cama.

«Extraño a mi señora y a mis hijas, una de ellas acaba de nacer. Estoy preso hace más de cinco años por querer un pedazo de tierra en Marina Kue, Curuguaty. Yo no soy el responsable de esa masacre. Soy inocente y me condenaron a 18 años de prisión», cuenta. Sus compañeros más jóvenes retornan a la celda luego de jugar un partido de fútbol. «Tienen que disfrutar los mita’i», dice Castro.

Antes de ir a la cárcel, Arnaldo Quintana trabajaba la tierra con su madre y soñaba con ser jugador de fútbol. Foto: Santi Carneri.

Arnaldo Quintana se pone una remera amarilla con letras rojas y negras que dice: «Es tiempo de justicia, tierra y libertad. Curuguaty». Antes de la masacre, trabajaba con su madre en la chacra y soñaba con ser futbolista. Luis Olmedo se sienta en su cama y prende la radio con luces de colores. Suena una polca en guaraní. Quintana trepa en la litera de encima y le dice que solo le falta el sombrero piri.

«Soy preso político del caso Curuguaty, me condenaron a 20 años de cárcel injustamente, sin pruebas ni nada», asegura Olmedo. Su esposa, Dolores López, con la que tiene un hijo pequeño, cumple prisión domiciliaria por el mismo caso, al igual que su hermana, Fani Olmedo, madre de tres chicos, uno nacido en cautiverio. Antes de Tacumbú, Olmedo era agricultor y mecánico. Dice que extraña su trabajo. Tenía un taller, un lavadero y una gomería que ahora están en desuso.

«Soy preso político del caso Curuguaty, me condenaron a 20 años de cárcel injustamente, sin pruebas ni nada», asegura Olmedo

El abogado Óscar Ayala coincide en que ni Olmedo ni el resto de los campesinos apresados pueden ser catalogados como presos comunes. «Hablamos de personas que han ejercido y que siguen ejerciendo un rol consciente en torno a las reivindicaciones sociales y al activismo por los derechos de su sector, y eso los distingue de cualquier otro», asegura.

«Soy preso político del caso Curuguaty», asegura Luis Olmedo. Antes de la cárcel, era agricultor y mecánico. Foto: Santi Carneri

Los vicios del largo juicio de Curuguaty están apuntados en un cuaderno muy usado de Margarita Durán Estragó, una historiadora, investigadora y activista que solo faltó a dos audiencias durante todo el proceso. Para ella, se plantaron evidencias y se escondieron otras para incriminar a los campesinos y las campesinas. «Acusaron a los civiles y no investigaron a la policía. Hasta frenaron las autopsias y necropsias», cuenta.

En Tacumbú, Arístides Vera da clases de guaraní. El juicio que lo condenó fue enteramente en español, que no es su lengua materna. Foto: Santi Carneri.

En el mismo pabellón de la Pastoral Social donde viven los tres de Curuguaty, Arístides Vera, otro de los seis labriegos acusados por el caso de Cecilia Cubas, imparte clases de guaraní con un gran pizarrón flanqueado por dos puertas con barrotes y el cuadro de una virgen. El profesor no tuvo derecho a que su juicio fuera en guaraní, su lengua materna, como la de la mayoría de los paraguayos. Tampoco los campesinos del caso Curuguaty fueron juzgados en guaraní inicialmente. Solo después de una sostenida protesta de la defensa, pudieron conocer toda la información que se exponía en el juicio. Según Durán, esto marcó un hito histórico. Fue el primer juicio oral a campesinos que se logró que sea en el idioma en que entienden el mundo.

Para el abogado Oscar Ayala, campesinos como Simeón Bordón Salina, uno de los Seis, no pueden ser catalogados como presos comunes. Son personas conscientes y activistas de las reivindicaciones de su sector. Foto: Santi Carneri.

Los días se acumulan en la cárcel para los diez, entre los pasillos, el fútbol, los oficios de pasatiempo y la añoranza del destierro. Esperando por justicia, repasan sus vidas con activistas y periodistas extranjeros que de tanto en tanto los visitan para conocer sus casos. Al cumplir diez años de prisión, los Seis publicaron una autobiografía. Allí, Vera resume su deseo de vida, un deseo que asegura le ha costado la cárcel tanto a él como al resto de los campesinos en Tacumbú: «Mi origen es campesino. Mi sueño de libertad es que el campesinado tenga tierra, techo, salud, educación, accesibilidad a caminos para que sus productos sean más fáciles de comercializar. La libertad para mí es que toda mujer y hombre campesino tenga posibilidad de trabajar y vivir dignamente. Por eso he luchado durante toda mi vida y por eso me han encerrado. Soy un preso político».

Agustín Acosta González y los demás campesinos tienen en común el comportamiento ejemplar y  que la población de la cárcel los respeta. Foto: Santi Carneri.

La guerra de una madre contra los agroquímicos

¿Cuánto cuesta la muerte de un niño por fumigaciones en Paraguay?

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En su oficio de partera, Petrona Villasboa ayudó a nacer vivos a más de 200 niños, pero cuando su hijo Silvino Talavera se intoxicó no pudo salvarle la vida. Tiempo después de la muerte del niño, esta mujer de mirada triste y de sonrisa detenida nunca más pisó una iglesia. Emprendió una batalla de orden más terrenal: un juicio en donde logró la primera condena de dos productores sojeros, en un caso de muerte por uso indiscriminado de agroquímicos en Paraguay. Ella sabe que, si no fuera por los pesticidas de esos productores, Silvino tendría hoy 26 años, y seguiría a su lado.

A los once años, Silvino ya trabajaba la tierra junto a sus hermanos mayores y su padre, Juan Talavera, en la compañía Pirapey del distrito de Edelira, en el departamento de Itapúa, al sur del país. El 2 de enero de 2003 fue en bicicleta, junto con su primo Gabriel Villasboa, por las compras para el almuerzo. A su regreso, entre la polvareda y el abrasante sol, vieron que el vecino de ascendencia brasileña, Hermann Schlender, pulverizaba sus plantíos en el camino vecinal. Mientras Gabriel esperó a que el tractor terminara de pasar, Silvino aceleró el pedaleo, pero no logró escapar de la máquina que le roció de cuerpo entero. Su ropa quedó empapada y también la bolsa con la comida para su familia.

En enero de 2003, Petrona Villasboa y toda su familia sufrieron los efectos negativos de los agroquímicos. Ella perdería a uno de sus hijos, Silvino Talavera. (Foto: Leonor de Blas)

El rancho de los Villasboa queda al final de una pendiente muy pronunciada. Un arroyo, el Pirayu’i, lo bordea. La suya es una casita de arquitectura típica campesina, un «culata jovái»: dos habitaciones con paredes de tablas, unidas por un techo común, y separadas por un espacio mixto, techado, pero sin paredes laterales. Cuando Silvino llegó, entregó el puñado de carne y fideo a su hermana Sofía, entonces de 12 años, y salió a bañarse en el arroyo. Allí la mamá lavaba la ropa, pero Silvino no le dijo nada. Solo mencionó que, de repente, le empezó a dar comezón en los ojos. Después se tumbó en la cama y no se levantó a comer. Al paso de la siesta, empeoró con vómitos y diarrea.

Alarmada, Petrona Villasboa observó cómo sus otros hijos también iban sufriendo síntomas similares, y al cabo de un tiempo, ella misma comenzó a sentirse mal. Preparó una infusión con jaguarete ka’a y hoja de mandarina, y se la dio de beber a todos. Pero su hija Patricia, de 2 años, se puso peor. La llevó de urgencia al hospital más cercano, en la localidad de María Auxiliadora. Allí no contaban con implementos ni profesionales, así que se trasladaron a la colonia Hohenau, ubicada a 60 km de Pirapey. La pequeña quedó internada hasta el 5 de enero, mientras los otros hijos e hijas de Petrona fueron tratados con medicamentos para la fiebre y los vómitos.

Los malestares de toda su familia tuvieron explicación cuando Gabriel, su sobrino, le contó lo que había pasado en el camino vecinal.

A los once años Silvino Talavera ya trabaja la tierra con su padre y sus hermanos en la compañía Pirapey en Edelira, Itapúa. El niño fue víctima de los agroquímicos utilizados por los productores sojeros de la zona. (Foto: Leonor de Blas)

El 6 de enero del mismo año, un poco después del mediodía, soplaba un viento fuerte que llegaba del poniente. Hacía mucho calor. A 15 metros del rancho de los Talavera, el sojero Alfredo Laustenlager, otro ciudadano de origen brasileño, fumigaba sus sembradíos de soja. Por las rendijas del «culata jovái» se filtraron los pesticidas y alcanzaron a la familia. Si bien Petrona creía que sus hijos ya se estaban recuperando, la náusea, el vómito y la cefalea volvieron. De nuevo Petrona corrió al puesto de salud de Edelira, esta vez con Sofía y con Silvino como los más afectados; de allí los derivaron a Hohenau, donde el día anterior dieron el alta a Patricia, luego de estar cuatro días internada.

Silvino no resistió y sufrió dos paros cardíacos. Murió la siesta del 7 de enero en Encarnación. El diagnóstico: intoxicación grave.

El cuerpo de Silvino estaba paralizado y presentaba moretones. Le brotaba sangre por la nariz que Petrona limpiaba mientras lloraba. En Hohenau la doctora sugirió que llevaran al niño hasta la ciudad de Encarnación para un lavado de estómago urgente. Lo trasladaron en la camioneta del intendente.

Silvino no resistió y sufrió dos paros cardíacos. Murió la siesta del 7 de enero en Encarnación. El diagnóstico: intoxicación grave.

Unas 20 personas fueron afectadas por esas fumigaciones en Pirapey. En la familia Talavera Villasboa, Sofía y Patricia requirieron internación, pero sobrevivieron a la segunda fumigación; igual que los otros hijos de Petrona y Juan: Norma, Juan Ignacio, Antonio, Darío, Juan Alberto y Justiniano. Un bebé de apenas seis meses y otro de poco más de un año también murieron por esas fechas en la comunidad, pero sus familias nunca presentaron denuncia.

Cuando Silvino falleció, Petrona se desmayó y estuvo en coma los siguientes cinco días. Al despertar, y con los estudios que le realizaron, se enteró de que estaba embarazada de casi dos meses.

Para Petrona Villasboa, los plaguicidas son sencillamente venenos y está segura de que si no fuera por ellos, Silvino Talavera aún estaría con vida.(Foto: Leonor de Blas)

Políticas tóxicas

Las multinacionales que producen los llaman «plaguicidas». Algunas, como la multinacional Bayer, les denominan ahora «defensores agrícolas». Para Petrona Villasboa son sencillamente venenos, y no tiene dudas: si no fuera por ellos, Silvino Talavera tendría hoy 26 años.

Como educadora popular, Petrona enseñó en su comunidad, en otros tiempos, sobre preparados naturales para cuidar los cultivos. «Hacía mucho que dejamos de usar veneno en nuestras chacras; yo traía videos que mostraban el daño que producían, entonces la gente empezó a tomar conciencia», recuerda. Describe sin pausa, como si le brotara de la memoria a borbotones urgentes, el tacho en el que con sus hijos mezclaba estiércol, caña de azúcar y agua en proporciones justas para regar sus cultivos y cuidarlos de microorganismos y hongos a los que llama «bicho’i».

Silvino Talavera falleció el 7 de enero de 2003. En menos de una semana, él y su familia, estuvieron en contacto dos veces con los agroquímicos. (Foto: Leonor de Blas)

Los agroquímicos son necesarios en los cultivos de soja porque forman parte del «paquete tecnológico» que nació con la Revolución Verde, junto a las grandes maquinarias y las semillas transgénicas. Para los agricultores de pequeña escala se trata de un sistema que degrada la naturaleza, empezando por el suelo, y que se opone radicalmente al modelo de producción tradicional.

En Paraguay, los cultivos de soja iniciaron en la década de 1970 durante la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando se alentó la llegada de inmigrantes brasileños al campo. Con el tiempo, introdujeron el modelo mecanizado de producción y trajeron también, de contrabando, las primeras semillas modificadas genéticamente. La frontera agrícola comenzó a expandirse, y la legislación y las políticas de Estado no tardaron en acomodarse a esta nueva realidad. Hoy, Paraguay es considerado el cuarto exportador y el sexto productor de soja en el mundo. Para este país, el más desigual en la distribución de tierra de la región, el modelo mecanizado de producción hace que la soja transgénica sea el rubro de mayor relevancia económica, pero a la vez, el que provoca los más altos conflictos ambientales y sociales.

Los insumos químicos son necesarios para este tipo de cultivos. Las semillas modificadas genéticamente son diseñadas para resistir fumigaciones que atacan todo lo que no sean sus brotes. Los plaguicidas son sustancias químicas usadas en el sector agrícola para eliminar malezas o enfermedades de las plantas. El crecimiento de cultivos transgénicos, que ya ocupa 95 de cada 100 hectáreas en el país, conlleva el aumento de químicos rociados. Según un cálculo de anuarios estadísticos de Senave de 2007 a 2015, Paraguay triplicó la importación de plaguicidas, y en ese último año se importaron 9 litros por habitante.

La escuela agroecológica de Pirapey es un refugio para la agricultura familiar de la zona y un espacio que lucha contra el uso de agroquímicos en los monocultivos. (Foto: Leonor de Blas)

La investigadora Inés Franceschelli menciona que no es solo la cantidad, sino también la calidad de los químicos importados los que afectan a las personas. En Paraguay, el Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) es el encargado de supervisar las importaciones de agroquímicos. Pero las evaluaciones de la calidad de los productos son proveídas por las productoras, consideradas como buenas por las instituciones públicas y guardadas en secreto, con la excusa de proteger las patentes. Así, la calidad de los químicos rociados en todo el país es un secreto empresarial protegido por el Estado.

Como pasó con el DDT, con los fosforados, con los compuestos clorados, la industria química del agronegocio está cerrando el ciclo del glifosato para reemplazarlo por algo nuevo. Según Franceschelli, la resistencia desarrollada en insectos y plantas, la mala prensa y la presión negativa que deriva en prohibiciones de uso, como sucede en Francia, hacen de este químico un producto en decadencia. Pero en Paraguay, la decadencia dura mucho. Químicos como el endosulfán, prohibido desde 2010, se comercializan normalmente.

Según un informe de la ONU, la exposición a plaguicidas de las mujeres embarazadas lleva aparejado un mayor riesgo de leucemia infantil, así como otros tipos de cáncer, autismo y problemas respiratorios. (Foto: Leonor de Blas)

La Dra. Stella Benítez Leite investigó la relación entre la exposición a pesticidas y las malformaciones congénitas en recién nacidos en el Hospital Regional de Encarnación, el hospital donde murió Silvino Talavera. Ella y su equipo analizaron 52 casos que ilustran esta asociación. Las madres que viven en un radio de un kilómetro de fumigaciones sojeras tienen tres veces más riesgo de parir hijos con malformaciones.

En una publicación para la organización Base IS, Benítez Leite cita al menos diez estudios que indican que la exposición a plaguicidas causa daño genotóxico –registrado a nivel del material genético– y daño citotóxico, o destrucción de células. Un informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, menciona que «la exposición a plaguicidas de las mujeres embarazadas lleva aparejado un mayor riesgo de leucemia infantil, así como de otros tipos de cáncer, autismo y problemas respiratorios».

Las pruebas de laboratorio en muestras de sangre arrojaron que Silvino Talavera tenía en su cuerpo un compuesto de cipermetrina y glifosato, sustancias usadas en los cultivos transgénicos para controlar la proliferación de insectos, malezas y todo lo que no sea soja. La cipermetrina se usa como insecticida. El glifosato lleva el nombre comercial de Round Up, y los campesinos lo conocen como «mata-todo».

Compuestos como la cipermetrina y el glifosato son utilizados en los cultivos de soja. Son conocidos por los campesinos como «mata-todo». Producen enfermedades cutáneas y cancerígenas. (Foto: Leonor de Blas)

Una mujer contra el mundo

«Justicia para Silvino» se llamó la campaña que logró llevar la muerte del hijo de Petrona Villasboa a juicio oral. Fue una batalla que Petrona emprendió con el apoyo de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), a la que se sumaron otros colectivos y activistas de Paraguay y la región.

Petrona Villasboa también demandó al gigante agroquímico Monsanto, la mayor productora de herbicidas y semillas transgénicas del mundo. En Paraguay, Monsanto es la importadora más importante de plaguicidas. Monsanto es la misma empresa que desarrolló los componentes del agente naranja, un herbicida y defoliante utilizado por los estadounidenses en la guerra de Vietnam, y que según la Cruz Roja, dejó discapacitadas a 1 millón de personas. Hoy en día, Monsanto es conocida por el herbicida que apareció en las muestras de sangre de Silvino Talavera: el glifosato. En 2015, la Organización Mundial de la Salud la clasificó como potencialmente cancerígena. La empresa la comercializaba como inocua para humanos. Petrona Villasboa los demandó por publicidad engañosa ya en 2004.

En su comunidad, se enfrentó a otras batallas. Sus vecinos recogieron firmas para exigirle que desistiera de la denuncia contra los empresarios sojeros. En una ocasión, un hombre con machete en mano la interceptó en un camino vecinal para amedrentarla. Era un trabajador al servicio de Hermann Schlender. En otra oportunidad, un sacerdote fue hasta su rancho a persuadirle de que abandonase el proceso judicial. Ante su negativa, la excomulgó y ella nunca más entró a una iglesia. A su hermano Serapio Villasboa, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), lo asesinaron a puñaladas tres matones días antes de iniciar el juicio oral. Familiares y testigos declararon que Serapio había recibido ofertas y amenazas de una autoridad de la Cooperativa Colonias Unidas –de productores del agronegocio– para retirar la querella. Nunca se imputó a nadie ni se investigó la autoría moral del asesinato. La muerte de Serapio Villasboa continúa impune.

En el juicio de Silvino Talavera, profesionales médicos declararon conocer con exactitud los síntomas de una persona que ha sufrido intoxicación con plaguicidas, y que tenían certeza de lo que le ocurrió al cuerpo del niño. Sin embargo, el tribunal dejó en claro que no se estaba cuestionando la fumigación con agroquímicos, sino la conducta imprudente de los acusados al hacerlo.

El fallo judicial en el caso Silvino Talavera sentó un precedente histórico, y gracias a eso se ha avanzado en leyes ambientales.

Los productores sojeros fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad: Hermann Schlender por homicidio culposo y producción de riesgos comunes, y Alfredo Laustenlager por homicidio culposo, además de la obligación de resarcir a la familia de la víctima, cada uno con la suma de 25 millones de guaraníes, unos 4.500 USD al cambio actual.

En el juicio del caso de Silvino Talavera, los médicos declararon conocer con exactitud los síntomas de una persona que sufrido intoxicación con plaguicidas. (Foto: Leonor de Blas)

Pero lo cierto es que los sojeros jamás pusieron un pie en la cárcel. Tampoco han desembolsado ni una moneda para resarcir a la familia Talavera.

A principios de 2007, un juez suspendió la condena impuesta a los acusados.

El fallo judicial en el caso Silvino Talavera sentó un precedente histórico, y gracias a eso se ha avanzado en materia legislativa ambiental: la obligación de colocar barreras de protección vegetal en los cultivos y la prohibición de fumigar condicionados por la dirección que toma el viento. Estas normativas de carácter local –ordenanzas– y nacional existen como resultado de la perseverancia de Petrona Villasboa y el equipo humano que la apoyó.

Los productores sojeros que fueron acusados en el caso de Silvino Talavera jamás fueron a la cárcel y no indemnizaron a las familias que afectadas por su modelo de producción. (Foto: Leonor de Blas)

Pero el agronegocio es poderoso. En el año 2009, el Congreso aprobó la Ley Nº 3742 de control de productos fitosanitarios de uso agrícola, que recibió dos propuestas de reglamentación: una elaborada por los gremios sojeros y otra por las organizaciones campesinas. Como el Poder Ejecutivo no aprobaba ninguna de las dos, el Senave emitió una resolución, en 2011, que obligaba a los fumigadores a anunciar por radio local las fumigaciones programadas, y a tener un control técnico de la fórmula a fumigar. El sector sojero reaccionó anunciando un tractorazo para junio de 2012. Pero la protesta fue desactivada por la masacre de Curuguaty, y la posterior destitución del presidente Lugo. Dicha reglamentación fue anulada un mes después.

El agronegocio crece y ha provocado el exilio de alrededor de 900 mil familias entre 2003 y 2013. Entre esas personas expulsadas del campo se encuentran casi todos los hijos de Petrona Villasboa: unos viven en Encarnación, otros en Ciudad del Este. Petrona asegura que la salida de sus hijos de Pirapey es por seguridad antes que por economía: en la pequeña comunidad, cada temporada de siembra la fumigación sigue siendo peligrosa.

Un camino de tierra roja divide campos de agricultura intensiva y al cementerio en Pirapey. Allí descansa el cuerpo de Silvino Talavera, cuya historia atrae la visita de personas de todos lados. (Foto: Leonor de Blas)

En el cementerio de Pirapey hay una zona sembrada de angelitos. Allí se halla la tumba de Silvino Talavera. En julio, el camposanto se observa pletórico de trigales; a finales de octubre y hasta enero, todo ese escenario se transforma en señorío de la soja. Petrona va a limpiar el panteón regularmente, y suele encontrarse con que la gente se ha apropiado de una vela o un pedazo de las flores plásticas que lo adornan. A ella le parece bien este robo bagatelario: son personas que vienen de los alrededores con la firme creencia de que el pequeño Silvino produce milagros. Petrona también quiere creerlo así.

La historia del fundador de un pueblo cuyos hijos buscan tierra para vivir

Mariano Castro midió, carpió, cortó, cosechó y luchó por su familia. Así se ocupa la tierra, se construyen asentamientos y se crean pueblos en Paraguay

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Mariano Castro tiene en su rancho una casa con cinco habitaciones, un corral con gallinas y otro con cerdos; tiene nueve vacas y un depósito con seis toneladas de maíz que él mismo cosechó. Tiene en su historia la fundación de su pueblo: Yby Pytã. Tiene cincuenta y cinco años, los ojos rasgados, la mirada apacible y la expresión vulnerable. Tiene un hijo preso y otro asesinado. Tiene decenas de árboles frutales, una cocina a leña y una cosecha reciente de enormes zapallos anaranjados. Tiene un matrimonio con Élida Benítez, con quien tuvo ocho hijos, y tiene cinco nietos. Pero hay algo que Mariano Castro no tiene: un papel que le asegure la tierra.

Es una mañana de sábado de invierno soleado y caliente, como suelen ser los días de invierno en Paraguay. Mariano Castro está en la chacra, como siempre lo hace, antes de que el sol amanezca. Es un hombre que de vez en cuando sonríe tímidamente, con pudor. Nació en la ciudad de Caacupé en 1962, un año antes de la creación del Instituto de Bienestar Rural (IBR) y de la promulgación del Estatuto Agrario, hechos que marcarían su vida.

Mariano Castro lleva la fundación de pueblos en su sangre, el primer ocupante de tierras en su historia fue su padre, Enrique Castro. (Foto: Melanio Pepangi)

Toma una silla, la acomoda con delicadeza a la sombra de una planta de pomelo y se sienta. De fondo, suena una polca de una radio comunitaria. Reposa su delgado cuerpo sobre uno de sus brazos y recuerda a su padre Enrique Castro, el primer ocupante de tierra de su historia personal. Según los cálculos de Mariano, cuando tenía dos o tres años, su padre dejó su casa en Caacupé en busca de una parcela para cultivar, y así mantenerlos a él y a sus hermanos.

Emprendió camino a Caaguazú, una de las zonas de mayor colonización de la reforma agraria, un modelo de desarrollo que la región entera discutía en la década del sesenta y que organismos internacionales se pronunciaban a favor, explica el sociólogo y antropólogo Kregg Hetherington en su libro Auditores Campesinos. En esas circunstancias, el dictador Alfredo Stroessner impulsó dicha reforma en Paraguay, la que técnicamente debía adjudicar a cada familia campesina un lote de al menos diez hectáreas. Pero en el proceso serían adjudicadas de forma irregular varias familias amigas del dictador. Hoy en día, el campesinado se refiere a estos terrenos como «tierras malhabidas», y reclaman que sean devueltas a trabajadores del campo que verdaderamente las necesitan. Algunos cálculos, como el de la Comisión de Verdad y Justicia, estiman que son alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, el tamaño de Panamá.

Enrique Castro volvería a emigrar más al este para instalarse definitivamente en Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil. Tiempo después, Mariano Castro ya estaba casado con Élida Benítez y tenía seis hijos. Las diez hectáreas de su padre no alcanzaban para producir alimentos y renta para él, sus siete hermanos y sus respectivas familias. Durante un verano, entre 1996 y 1997, con poco más de treinta años, repitió la historia de su padre y ocupó tierras. Junto con otras setenta personas, ingresó a un sitio de más de mil hectáreas llamado por entonces Alemán Kue. En Paraguay, la ocupación inicia con el nombre. Alemán Kue significa «que era del alemán», pero que ya no lo es.

Ese lugar, que hoy lleva el nombre de Yby Pytã I, y otras cuatro compañías o barrios rurales, en 2013 formaron parte del municipio de Yby Pytã, a 250 km de Asunción. Rubén González Campuzano, el actual intendente del municipio –que tiene 33 escuelas públicas y cuatro Unidades de Salud Familiar (USF)–, reconoce que estas comunidades formalmente reconocidas por el Estado fueron inicialmente ocupaciones.

Para Mariano Castro la tierra es de quien la trabaja. Y para trabajarla primero hay que ocuparla.

«La gente entraba nomás, y así ganaba la tierra; todas las comunidades del distrito de Yby Pytã son así. Britez Kue, San Luis, Karupera, Yby Pytã I y Yby Pytã II, todas son así», dice el intendente, que conoce a Mariano Castro desde hace más de dos décadas porque, como él, de joven fue ocupante de San Luis, una de las primeras comunidades de Yby Pytã.

Alemán Kue tenía dueños, pero Mariano Castro cuenta que según el Estatuto Agrario, ese territorio tenía las características de un latifundio improductivo –una gran extensión de tierra en desuso–, expropiable legalmente. Además, para él la tierra es de quien la trabaja, y para trabajarla primero hay que ocuparla.

Mariano Castro arrancando mandarinas de una de las decenas de plantas que tiene en su casa. Él ofrece los frutos de su tierra a todos los visitantes que llegan hasta ella, en Yby Pytã I. (Foto: Melanio Pepangi)

Un mundo ocupado

La ocupación ha sido el camino natural del campesinado para acceder a la tierra. «No hay asentamiento o comunidad en este país que haya nacido sin una ocupación previa», dice Perla Álvarez, campesina integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri). La investigadora Mirta Barreto, quien escribió varios libros sobre el problema de la tierra en Paraguay, coincide en que la mayor parte de las tierras conquistadas por mujeres y hombres del campo han sido producto de ocupaciones.

Nuestra región y otras partes del mundo vivieron, en diferentes momentos, históricas ocupaciones que dieron origen a nuevas poblaciones, como el caso de los municipios Ireno Alves y Marcos Freire en el estado de Paraná, Brasil. Ambos distritos nacieron de la que en su momento fue la mayor ocupación en la historia de la zona. Una mañana de abril de 1996, el mismo año en que Mariano Castro y sus compañeros comenzaban la ocupación de Alemán Kue, carpiendo este terreno de poco más de mil hectáreas, tres mil familias brasileras ocupaban ochenta mil hectáreas de tierras del aserradero Araupel.

El clamor por la reforma agraria en el siglo pasado también fue europeo. En marzo de 1936, decenas de miles de campesinos de Extremadura, una comunidad autónoma de España, ocuparon unas 250 mil hectáreas de tierra. Desde la década del 60, la gente comenzó a ocupar terrenos vacíos o edificios abandonados en las ciudades para hacer efectivo el derecho a la vivienda. En Barcelona, la primera ocupación urbana se produjo en 1984. Para 2007, había aproximadamente 200 casas ocupadas en esa ciudad. Actualmente, los okupas representan a un movimiento social con proyectos colectivos fuertes, a pesar de la vulnerabilidad legal en la que se mueven. En el Reino Unido, el Gobierno británico estimó que había aproximadamente 20 mil ocupantes y 650 mil propiedades vacías. Allí, ocupar se considera parte de una tradición histórica.

Mariano y Élida comparten el mate de las mañanas bien temprano. Luego ella ordeña una vaca para el desayuno y libera a las demás para pastar. (Foto: Melanio Pepangi)

Así se funda un pueblo

Medir, carpir, cortar, tirar. Sembrar, criar animales de corral, despertar y repetir toda la acción. Así se ocupa la tierra, se construye un asentamiento, y se fundan pueblos. Mariano Castro lo sabe porque durante año y medio lo hizo. Dieciocho meses en los que caminó 35 kilómetros desde Curuguaty hasta Alemán Kue, en medio de una caravana de hombres jóvenes y maltrechos de tanto carpir, cortar, tirar, volver a carpir, volver a cortar y volver a tirar.

Doscientos metros de frente y quinientos de fondo tenía la primera apertura que hicieron en el terreno. Si bien ya no quedaban troncos grandes porque los aserraderos de la zona habían acabado con ellos, todavía quedaba un matorral que les dio bastante trabajo. Los ocupantes estaban organizados en comisiones: Naranjaty, Puerto Hũ y Yasy Cañy. Cada una instaló una carpa y preparó una huerta comunitaria de dos hectáreas para poder subsistir mientras lograban establecerse.

La travesía hasta consolidar la ocupación no fue fácil. «Muchas veces mis hijos preguntaban por qué no estaba, por qué les abandonaba. En varias ocasiones pasaron quince días, y como no había medios, y a pie era muy pesado, a veces pasaba mucho tiempo sin ir [a la casa]», recuerda Mariano sobre el tiempo que estuvo ausente para preparar el asentamiento.

Élida Benítez ordeña una de las nueve vacas que le quedó a la familia después de la masacre de Curuguaty. (Foto: Melanio Pepangi)

El ritmo de trabajo y el miedo a la represión doblegó a algunos ocupantes, que abandonaron el proyecto. Mariano Castro resistió. Dice que le ayudó su paso por el Servicio Militar Obligatorio, porque mediante eso conocía el manejo de los militares que amenazaban con desalojos. Además, sus ganas de tener un lugar propio eran más fuertes que el miedo a la represión. Por y para su familia, construyó con sus propias manos el asentamiento donde vivirían.

De a poco, el lugar tomó forma y cada integrante de la expedición fue marcando sus diez hectáreas, como lo establecía el Estatuto Agrario. Mariano Castro armó su parcela a la par que trabajaba para la comunidad. Plantó mandioca, poroto y maíz. Llevó algunos animales de corral. Construyó una pequeña casa, con paredes de carrizo (tacuara) y techo de tablitas que él mismo cortó.

Una vez establecidos en el asentamiento que Mariano construyó con sus propias manos en 18 meses, la familia armó su parcela, donde plantan mandioca, poroto y maíz. (Foto: Melanio Pepangi)

Cuando el asentamiento estuvo listo, volvió a Curuguaty por última vez. Preparó a su familia, y una mañana de Navidad emprendieron camino a la que sería su nueva casa.

La vida transcurrió rutinaria en el asentamiento. Mariano Castro se dedicaba a la chacra y a tratar de regularizar la tenencia de la tierra de su comunidad en el IBR, institución estatal encargada de la distribución de parcelas a las familias campesinas.

Cada tanto, dos o tres personas viajaban a Asunción para conseguir los títulos de propiedad del asentamiento. Pero ni ciento treinta viajes –costeados por los pobladores– ni una sanción de la Cámara de Diputados en 1998, a favor de la expropiación, fueron suficientes. El IBR, que tenía la facultad de indemnizar a los propietarios originales, no pudo concretar el pago. Los propietarios nunca aparecieron, y con ello la posibilidad de acceder a los títulos se estancó.

La ocupación ha sido el medio del campesinado para acceder a la tierra, y la familia de Mariano viene aplicando este medio hace tres generaciones. (Foto: Melanio Pepangi)

Una tradición interrumpida

En 2012, a Mariano no le dio miedo cuando tres de sus hijos, Néstor, Adalberto y Adolfo Castro, decidieron ocupar tierras para cultivarlas y tener allí a sus familias. Lo harían tal como lo hizo él, y tal cual lo hizo Enrique Castro, su padre. «Desde que tengo memoria, y papá también siempre nos dijo, el Gobierno no provee tierra a los campesinos, sino que los campesinos se organizan, entran a la tierra, se acomodan y así se consigue», dice Rodolfo Castro, de 31 años, alto y delgado como su padre.

Bajo las mismas premisas de Mariano Castro para elegir en su momento Alemán Kue, sus hijos eligieron Marina Kue, un terreno del Estado al otro lado de Yby Pytã I.

Pero la mañana del 15 de junio de 2012, Néstor, Adalberto y Adolfo Castro se encontraron con 324 policías de distintos rangos y divisiones que ingresaron a Marina Kue para desalojarlos. Seis policías y 11 campesinos fueron asesinados durante el desalojo, entre ellos Adolfo. Néstor fue condenado a 18 años de cárcel luego de un cuestionado juicio donde solo se investigaron las muertes de los policías. Un informe del Congreso sobre el caso Curuguaty resalta que el desalojo lo pidió la empresa Campos Morombi, del hoy fallecido empresario y político colorado Blas N. Riquelme, uno de los tantos amigos del dictador Stroessner que fueron beneficiados irregularmente con tierras destinadas a la reforma agraria. Según el informe, los registros muestran que las tierras no estaban bajo la titularidad de Blas N. Riquelme, y a pesar de ello un juez dio lugar al desalojo.

Al entrar a Marina Kue se pueden ver las cruces de los once campesinos y seis policías caídos el 15 de junio de 2012. (Foto: Melanio Pepangi)

Después del 15 de junio, Mariano Castro abandonó la chacra para dedicarse enteramente a la lucha por la liberación de sus hijos Néstor y Adalberto en la ciudad de Asunción. Apenas le quedó tiempo para hacer el duelo por la muerte de su hijo Adolfo. Pasó años entre papeles, cuentas y cámaras de televisión. Las veintinueve vacas que tenía las vendió una a una para costear gastos médicos y legales de sus hijos sobrevivientes. Protestó muchos días frente al edificio del Poder Judicial. Se encadenó, marchó y defendió a los suyos con todo lo que tuvo y pudo. Cuando sus hijos iniciaron una huelga de hambre en 2014, fue como verlos morir lentamente, pero los acompañó firme.

«En el Paraguay no hay justicia, y menos para los pobres. Mis hijos siguen en huelga de hambre y yo los apoyo. No dejaremos de luchar», declaraba en aquel entonces Mariano Castro a la prensa, mientras en sus brazos sostenía a la hija de Néstor.

«Gracias a Dios no pisamos la cárcel por ladrones, aunque sí por querer tierra, lo que nos parece una injusticia», dice Rodolfo Castro mientras lo rodean un montón de niños y niñas.

«Mariano Castro, junto con sus familiares, se encuentra en la capital desde hace 22 días acompañando a sus hijos, que en los últimos días ya resentían el largo periodo sin alimentarse», señalaba un periódico cuando finalmente concedieron prisión domiciliaria a Néstor y Adalberto, luego de la huelga de hambre que duró 58 días. Aquel día, Mariano vestía una remera negra con la inscripción «¿Qué pasó en Curuguaty?», y extendió sus brazos a ambos lados para abrazar a sus dos hijos.

«En todas las acciones en que él participaba, su motivación también eran sus nietos; por ellos, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de sacarle a sus hijos de ese enredo», cuenta el abogado Abel Areco, que formó parte de la Articulación Curuguaty, un espacio de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el caso, y que conoció a Mariano en medio de su lucha. «Su foco cambió de deseo de tierra a la libertad de sus hijos», relata el abogado. Para la historiadora Margarita Durán Estragó, que también siguió de cerca la lucha de los campesinos de Marina Kue, Mariano Castro es un ícono, «un emblema, un representante genuino de la lucha por la tierra».

Solo una cosa hizo que Mariano Castro dejara la lucha en la ciudad y retornara a la chacra: la posibilidad de que su familia y él pasaran hambre.

Hijos y nietos de Mariano Castro en Marina Kue, un sábado a la tarde luego de una reunión de los nuevos pobladores del asentamiento. (Foto: Melanio Pepangi)

Una nueva ocupación, un futuro pueblo

A medida que el sol se enrojece y se apaga, algunas personas entran a pie, en bicicleta o en moto a Marina Kue. Son los nuevos ocupantes, entre quienes están Adalberto y Rodolfo Castro.

«Gracias a Dios no pisamos la cárcel por ladrones, aunque sí por querer tierra, lo que nos parece una injusticia», dice Rodolfo mientras lo rodean un montón de niños y niñas.

Hoy Marina Kue es un asentamiento con lotes fraccionados en los que se planta todo tipo de alimentos de subsistencia y de renta. Rodolfo Castro dice que, por ahora, nadie les molesta, ni la poderosa familia Riquelme, que asegura ser propietaria de la tierra en disputa. Cree que las autoridades van a olvidarlos allí, lo que significa que posiblemente no habrá más represión, pero tampoco títulos de propiedad.

La noche llegó fresca, pero Élida Benítez se guarece en el calor del fogón a leña que tiene en su pequeña cocina repleta de maíz y mandioca. Ella, al igual que Rodolfo, piensa que no pueden estar tranquilos mientras no tengan título de propiedad. A pesar de su miedo, su plan es morir allí, en el hogar que construyó con Mariano Castro durante más de veinte años, porque, ¿a dónde más irían?, se pregunta.

El domingo amanece soleado y el vendaval atropella todo lo que está en el patio posterior a la casa. A Mariano le gusta compartir con Élida el mate de las mañanas, muy temprano, antes de que ella ordeñe una vaca para el desayuno y libere a las demás para pastar.

Después de la masacre de Curuguaty, Mariano abandonó la chacra para dedicarse a la lucha por la liberación de sus hijos Néstor y Adalberto. Una de sus motivaciones más grandes fueron sus nietos. (Foto: Melanio Pepangi)

Mariano Castro se para firme contra el ventarrón en una parcela de mandioca formada por sesenta líneas con 150 plantas cada una. Es la siembra de noviembre de 2016, que si no surgen imprevistos, crecerá hasta el año y cinco meses, el punto perfecto de la mandioca, según su experiencia. Al lado, otra parcela está casi lista para una nueva siembra. Allí cabrán, estima, más de cien líneas de sesenta plantas cada una.

Se levanta todos los días a las cuatro y media de la mañana para ganarle al sol, desayuna y va a la chacra, ese lugar donde amanece y anochece, donde vive y muere en largas jornadas de carpida, arada o disqueo, donde lucha desde hace más de dos décadas contra el destierro.
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Una trinchera que desafía la invasión del desierto verde

El pueblo paraguayo de Guahory es la piedra en el zapato de la expansión territorial de la soja brasilera

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En la puerta de su casa, Milciades Añazco pidió una orden judicial a los policías que venían a desalojarle. Recibió 26 balines de goma. Rosana Irala mostró su título de propiedad, pero los policías entraron igual. Yamil Añazco, de diez años, se escondió debajo de una cuna, y los policías le rompieron una mano. Las casas fueron destruidas y sus cultivos arrasados. Fueron 1.200 policías, casi uno por cada hectárea de la comunidad campesina. ¿Qué tienen las tierras de Guahory para que sus habitantes estén dispuestos a morir por ellas?

La tierra allí es blanda, oscura, arcillosa. Al agarrarla con las manos, se queda pegada a la piel y deja olor a lluvia, aun en los días de sol. El ambiente es tan húmedo que a veces el moho puede afectar las cosechas. Este lugar está habitado por más de 200 familias y acumula tres desalojos.

La comunidad se encuentra a 250 kilómetros al este de Asunción, y a unos 80 de la frontera con Brasil. Antes de llegar, hay que pasar por una caseta blanca: un puesto de control de la seguridad privada de los productores brasileños vecinos.

Los cultivos de Guahory alimentan a más de 200 familias. Las plantaciones del agronegocio ocupan una superficie total del tamaño de Costa Rica, y alimentan a vacas, cerdos o aves de lugares como Rusia, Israel o la Unión Europea.

El puesto está ahora desierto. Detrás de él, los campos vacíos aguardan las semillas de soja que se sembrarán en poco tiempo. Delante, un camino de tierra lleva a una casa con una pequeña cancha de vóley. Allí viven Manuel Vera y Jorgelina Fariña, los primeros pobladores de Guahory.

Jorgelina Fariña tiene 10 hijos. Se alimenta con lo que pesca del lago, o con lo que cultiva en una tierra que, para ella, es la mejor para producir, porque no necesita químicos.

El lago rodea todo el asentamiento. Proviene de un brazo del río Yguazú, que en los años 80 fue desviado para crear un embalse. Allí se pescan sardinas de colita roja, que Jorgelina prepara fritas o que usa para cocinar un piracaldo (sopa de pescado). El pescado lo acompaña con mandi'o chyryry, un plato con mandioca frita, cebolla y queso. Otras veces, en lugar de pescado, prepara kumanda kure, un guiso de porotos con carne de cerdo. Todo producido en su casa.

«Para mí, la tierra es la vida. Es sustento y es alimento sano. Los alimentos que se comen afuera, como los embutidos, el chorizo o el pollo, están todos llenos de hormonas. En cambio, comer poroto o maní, lo que producimos nosotros, es alimento que da juicio», dice Jorgelina.

En el último desalojo que sufrió la comunidad, 1200 policias reprimieron a sus pobladores. Uno por cada hectárea del asentamiento. Foto: Cristian Palacios

Guahory es parte del 6 % de tierras que se destinan a cultivar alimentos en Paraguay. El 94 % restante se usa para cultivos de exportación, como la soja, el trigo o el maíz. Los cultivos de Guahory alimentan a más de 200 familias. Las plantaciones del agronegocio ocupan una superficie total del tamaño de Costa Rica, y alimentan a vacas, cerdos o aves de lugares como Rusia, Israel o la Unión Europea.

El granero del mundo tiene hambre

Paraguay produce alimentos para unas 60 millones de personas, nueve veces su población. Sin embargo, uno de cada 10 paraguayos come menos nutrientes de los que necesita su cuerpo. ¿Cómo es que un país que se hace llamar «el granero del mundo» no puede alimentar a sus propios habitantes?

Cada vez se producen menos alimentos como frutas y hortalizas. Esta demanda se suple con productos importados de Argentina o Brasil, a precios más elevados, según el economista e investigador Luis Rojas.

En lo que va del siglo, los cultivos destinados al agronegocio en Paraguay duplicaron su extensión. La superficie destinada a la producción campesina se redujo a la mitad: 329.000 hectáreas.

Casi todas las papas a la venta en los mercados paraguayos son argentinas, y de ese país proceden uno de cada dos tomates. Paraguay importa la mitad de las hortalizas y verduras que consume, y en 2014 importó estos alimentos por casi 500 millones de dólares. Con cada vez menos espacio para producirlos, cada vez habrá menos alimentos locales, y el país se hará más dependiente de otros. Es lo que se conoce como pérdida de la soberanía alimentaria.

El estado paraguayo propuso a los habitantes de Guahory reubicarlos a unos 60 km de distancia del asentamiento. Sin embargo, las tierras del lugar no eran aptas para el cultivo. Foto: Cristian Palacios.

Sojeros sin fronteras

Mientras los cultivos de alimentos se reducen, los de soja se expanden. Cuando acabe 2017, Paraguay habrá producido 94 millones de toneladas de soja como sexto productor del mundo. Cuatro puestos más arriba, el segundo productor es Brasil. Sus cultivos de soja están expandiéndose tanto que cruzan fronteras, como las de Paraguay.

Los sojeros vienen a Paraguay atraídos por el buen clima y la fertilidad de la tierra, pero también por un impuesto a la tierra bajísimo. La recaudación por propiedades inmobiliarias rurales supone el 0,04 % del Producto Interno Bruto: 24 veces menos que en la región, 45 veces menos que en los países desarrollados.

Además, cuentan con la ventaja de que no existen tributos a las exportaciones. En junio pasado, el Senado aprobó gravar con un 10 % de impuestos las exportaciones de granos. Minutos después, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, tildó a la ley de «nefasta» y «muy dañina» para la economía nacional, y anunció el veto del Ejecutivo.

«Dañina» es, para los campesinos, la agricultura para la exportación, porque destruye empleos. Las hectáreas dedicadas a la agricultura familiar generan 40 veces más empleos que el mismo espacio destinado a la agroexportación.

Mientras la soja gana terreno, la tierra de Paraguay va pasando a manos extranjeras. Ya en 2009, un quinto de las tierras del país –una superficie equivalente a la de Panamá– estaban a nombre de extranjeros. En esa superficie, 3 de cada 5 hectáreas son de brasileños, que tienen casi el 12 % del territorio paraguayo. O tenían, ya que el último Censo Agropecuario Nacional se realizó en 2008.

Para los pobladores de Guahory la tierra es la vida y el sustento. Ellos mismos producen sus alimentos, como el maní o el poroto (Foto: Cristian Palacios)

Plata o plomo

Eligio Brítez, de 35 años, vive en Guahory desde que tenía cinco. Produce en su chacra mandioca y poroto para comer. Además, cultiva maíz para venderlo. Cuenta que las tierras de Guahory fueron compradas por el Estado para los paraguayos, y que fueron invadidas por los brasileños. «Ellos empezaron a presionar a las familias campesinas para que vendieran sus tierras. Le corrían a la gente con dinero, pagando por sus derecheras (derechos de posesión sobre la tierra), o comprando los lotes de manera fraudulenta. Buscaban ahogar a la gente, con veneno para los cultivos, o con plata».

Las leyes paraguayas prohíben la venta, alquiler o embargo de tierras públicas durante un plazo de diez años desde el momento de la adjudicación a los campesinos. Para Eligio, estas compras en Guahory fueron parte de un proceso gradual de expulsión del campesinado.

Dice que los brasileños quieren estas tierras porque son tan buenas que ni las heladas llegan a dañar los cultivos. Los pobladores de Guahory las quieren por la misma razón y también porque aseguran que el Estado se las dio.

En septiembre de 2015 varias máquinas entraron a destruir los cultivos de la comunidad. Durante el desalojo algunos animales fueron robados y otros desollados ahí mismo. (Foto: Cristian Palacios)

Además del dinero, los brasileños cuentan con otro método para desplazar a los campesinos: las balas. Cuando la presión para que la comunidad venda sus tierras no surte efecto, los colonos recurren a los desalojos violentos.

Más de 1.200 policías, un agente fiscal y varios colonos brasileños entraron en Guahory el 15 de septiembre de 2016. Casi un policía por hectárea, con balines de goma, cachiporras, gases lacrimógenos. Venían a desalojar a las cerca de 200 familias del asentamiento, cuyas casas fueron completamente derribadas.

Varias máquinas agrícolas entraron a «rastronear» los cultivos. Aplastaron, trituraron y arrancaron desde la raíz las plantas que cada familia cultivaba para alimentarse. Algunos animales fueron robados, otros sacrificados y desollados allí mismo.

«Acá yo soy millonaria, porque tengo mis animales y no le debo a nadie», dice Miriam Bogado, pobladora de Guahory.

«Echaron abajo la iglesia y la escuela. Los policías golpearon hasta a las criaturas. Yo corrí a refugiarme en la iglesia, con mis animales, y me chutaron de ahí. Echaron abajo mi casa, que era grande, linda, de material. Todavía me duele en el corazón. Lloré como si mi mamá se estuviera muriendo. Mi hija era chiquita y estaba en mis brazos. Perdí su biberón, su ropita, sus juguetes... Quedé sin nada. Todos los niños lloraban. Los policías nos apuntaban con armas fuertes, y parecía que nos iban a tirar. Tenían carros hidrantes, caballos, un helicóptero. De terror era. Igualito que en una guerra. Ese día nadie tenía hambre ni sed. Solo podíamos quedarnos mirando. A nosotros, que somos inocentes, ¿por qué nos hacían esto?», se pregunta Miriam Bogado.

Ella tiene 32 años, y hace seis que vive en Guahory. En el desalojo perdió todo. Pero ahora, un año después, ya tiene una vaca, que ordeña todos los días a las cuatro y media de la mañana, varios chanchos que cría para venderlos después, y un montón de gallinas y de pavos que cacarean sin parar. Sus cultivos de mandioca y de maíz –que cosecha para vender– llegan casi hasta orillas del lago que rodea Guahory. A un costado de la casa, sobre un poste de madera, están colgadas las redes verdosas que utiliza para pescar.

«Acá yo soy millonaria, porque tengo mis animales y no le debo a nadie», dice.

La vida de los habitantes de Guahory gira sobre la importancia fundamental de la tierra. En un mismo espacio ellos cultivan, comen y habitan.(Foto: Cristian Palacios)

La vida en la tierra

Cultivar, comer y habitar se traducen en una misma acción, en un mismo espacio de tierra para la población campesina. Para los productores brasileños, en cambio, son actividades separadas. Cultivan para ganar dinero. Con ese dinero, pagan una casa para vivir fuera de sus plantaciones, y compran los alimentos que van a comer.

«En la parte de los brasileros es todo soja, grano, maíz», dice Milciades Añazco, el campesino de 30 años que nació en Guahory y defendió su casa frente a los policías. «Esta es la tierra más linda que existe, y la mejor para soja y grano. De cada hectárea quitan 4.500 kilos de soja. Es el doble que en otros lugares. Y por eso se quieren quedar a toda costa», asegura.

Para los grandes productores brasileños, la tierra es un bien que se puede comprar y vender. Su concepto de derecho a la tierra se resume en poseer un papel, un título de propiedad. Pero para campesinos y campesinas, la tierra es mucho más:

«La tierra es nuestra compañía, nuestro abrazo. No somos nada sin la tierra. Ella es la fuente de todo lo que somos. De la tierra sacamos alimentos, vestido, remedios para sanarnos, y también recursos para educarnos. Somos compañeros con la tierra. La usamos por un tiempo corto, porque vamos a morir. Uno no puede tener a la tierra, porque la tierra es patrimonio de la humanidad. Y la humanidad no es una persona, sino un colectivo de personas. Más allá de que un extranjero venga a plantear papeles y a decir: “Esto es mi propiedad”. Ante la ley, eso tal vez tenga sentido, pero más allá de la ley es inviable: nadie puede tener, ni apropiarse indefinidamente de un pedazo de tierra», dice Eligio Brítez.

Milciades Añazco coincide. Con un pedazo de tierra y ganas de trabajar, asegura que hay futuro. Por eso pelean. Por una cultura, por el lugar donde nacieron y donde quieren vivir.

A pesar de la migración masiva del campo a la ciudad, en Paraguay viven actualmente más de dos millones de personas en el área rural, la cifra más alta de la región.(Foto: Cristian Palacios)

Más soja, ¿menos campesinos?

En 1992, la mitad de los paraguayos vivía en el campo. Actualmente, es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de población rural. En total, más de 2 millones y medio de personas. Luis Rojas dice que, como consecuencia de la expansión de la soja, muchos campesinos y campesinas han migrado a las ciudades, en lo que se conoce como “proceso de descampesinización”. Sin embargo, otros muchos permanecen en el campo, arraigados a sus tierras y a su modo de vida.

«Hay desplazamiento de los campesinos, pero también una fuerte permanencia. Por la falta de oportunidades de trabajo urbano, muchos campesinos optan por permanecer en el campo y luchar por su tierra. Pero también es por la convicción de querer seguir siendo campesinos, y reproducir su forma de vida», dice Rojas.

Incluso hay personas que migran desde las ciudades al campo. Según un estudio –aún inédito– de Vía Campesina sobre migración rural en Paraguay, en los últimos cinco años unas 85.000 personas regresaron al campo desde las ciudades. Algunas, como Gregoria Fernández, dicen que ya no se van a ir de sus tierras jamás.

Paraguay es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de población rural. En total, más de 2 millones y medio de personas

Gregoria vivía en un barrio de la periferia de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil. Llegó a Guahory con su marido, Teófilo Olmedo, nacido en el asentamiento, y sus siete hijos. Ahora cría gallinas y cultiva mandioca. Teófilo viaja varias veces a la semana a Ciudad del Este, donde vende perfumes en un centro comercial. Ambos prefieren vivir en el campo.

Gregoria ve aquí más vida que en la ciudad. Allá, al levantarse ya tenía que pagar para el desayuno, pero acá con plantíos y animales, no se necesita dinero. En Ciudad del Este trabajaba como limpiadora en un hospital, en turnos rotativos, y volvía a su casa de madrugada y con miedo. «Acá me sentí tranquila, y por primera vez podía dormir todo de seguido» asegura. Cuando llegó a Guahory no tenía nada, y los vecinos le mandaban leche, queso o huevos, o la invitaban a un pedazo de carne. Pero allá en las orillas de la ciudad, los vecinos no la veían. Mira a su alrededor: «Esta es la vida del paraíso que muchos dicen. De acá ya me tienen que llevar para el cementerio, porque no pienso irme más. Acá hay vida, y por eso vamos a luchar por esta tierra, hasta las últimas consecuencias».

Después de Marina Kué, Guahory fue el asentamiento que fue atropellado con todo el aparato represivo del Estado. Aún así, los pobladores de la comunidad continúan construyendo casas y defendiendo su derecho a la tierra. Foto: Cristian Palacios.

El pueblo campesino refugiado en su propio país

Guahory es a Brasil lo que Palestina a Israel: un territorio que se resiste a ser invadido, la piedra en el zapato de su expansión territorial. En Guahory, a los brasileños también se les llama colonos. No hay ataques con fósforo blanco, pero periódicamente los sojeros rocían el campo con agroquímicos que afectan a la salud de campesinos y campesinas. No hay muros fronterizos ni alambres electrificados, pero sí puestos de control con guardias de seguridad privada. También hay agresiones de un ejército: en los sucesivos desalojos, el Estado desplegó seis policías por cada campesino. La violencia en Guahory no está en la agenda de sesiones de la ONU, pero la CIDH pidió explicaciones al Estado por los desalojos. Para el modelo de colonia, la población campesina es un obstáculo a erradicar.

El conflicto de la tierra en Guahory es verde: verde como la soja, verde como los dólares con los que los brasileños compraron tierras y policías.

Tras el desalojo de septiembre, Jair Weber, un colono brasileño, dijo que los productores de soja de la zona habían pagado 200.000 dólares a los policías para que expulsaran a los campesinos. En esos días también circuló un video donde un hombre con acento brasileño agradecía a la hidroeléctrica Yacyreta por haberles prestado un helicóptero para el desalojo. En el video aparecía también el comisario Luis Pablo Cantero Vázquez, quien lideró el operativo. Cuatro días después del desalojo, Cantero fue ascendido a director de Orden y Seguridad de la Policía paraguaya.

«Después de Marina Kue, Guahory fue el asentamiento que fue atropellado con todo el aparato represivo del Estado. Movilizaron miles de policías de los grupos especiales, helicópteros... y los propios sojeros brasileros dirigían el desalojo, que fue muy violento», dice Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, una de las principales organizaciones campesinas de Paraguay.

El desalojo de Marina Kue fue en 2012, y en el que murieron once campesinos y seis policías. Gómez dice que aquel caso –con desalojo, masacre y posterior condena a los once campesinos imputados– buscaba lo mismo que el de Guahory: servir de «hecho ejemplar» para el campesinado, para que no pensaran más en luchar por un pedazo de tierra.

Guahory representa la soberanía de Paraguay, que se ve amenazada por la expansión económica de grandes terratenientes brasileros. Foto: Cristian Palacios

«Guahory es Paraguay»

Después del desalojo de septiembre de 2016, hubo negociaciones con el Estado, acampadas en Asunción, más represión policial, amenazas de guardias de seguridad privada, detenciones, ataques, treguas y acuerdos. La solución que el Estado propuso a los pobladores de Guahory fue la de ser reubicados en otro terreno, a unos 60 km de distancia. Allí se pretende crear una «colonia modelo», con viviendas y espacio para cultivar. Pero la casa y la chacra están separadas, a kilómetros de distancia.

«No tiene nada que ver con la cultura campesina paraguaya, donde la casa y el lugar de trabajo están en el mismo sitio, y uno no necesita de nafta ni de vehículo para ir y volver. Allá la tierra es yvyku'i (arena), no es fértil, no sirve para cultivar. No vale ni el 5 % de lo que valen las tierras de Guahory. ¿Cómo iba a estar libre una tierra de 1.500 hectáreas apta para cultivo, cuando los brasileños no perdonan ni un cuarto de hectárea?», se pregunta Emiliano Duarte, campesino de Guahory de 45 años, que fue a conocer los terrenos que propone el Gobierno y se sintió engañado.

Emiliano comprendió que la resistencia de Guahory no es solo por las tierras del asentamiento, sino por el derecho de los campesinos a seguir existiendo. Marcial Gómez lo resume diciendo que Guahory es un pedazo de la soberanía de Paraguay.

«Detrás de Guahory se están defendiendo otras comunidades, algunas con orden de desalojo. El atropello para la expulsión de los campesinos de sus tierras es un tema político nacional. Muchos compañeros están convencidos de que realmente no hay otro camino que el de enfrentar y resistir», dice.

Por eso, uno de los lemas de los campesinos, desde que fueron desalojados, es «Guahory es Paraguay».

«Los sojeros quieren que Guahory termine ahora, que desaparezca, y que estas tierras sean una extensión de Brasil. La tierra de Guahory representa la soberanía de Paraguay, y la supervivencia de nuestros hijos. Es una tierra por la que vale la pena pelear, y vale la pena morir», dice Emiliano.

Guahory es una comunidad que resiste y vive. La comunidad cuenta con luz eléctrica, escuelas y capillas reconstruidas. Foto: Cristian Palacios

Desde la semilla

En Guahory ahora hay luz eléctrica, escuelas y capillas reconstruidas. Hay pequeños gallineros, vacas atadas a los árboles, chanchos que corretean. Cada vecino tiene un pozo para sacar agua potable. Frente a una casa hay tres torres de sillas de plástico, recuerdo de un quinceaños. Hay puntales y tablas de madera que forman el esqueleto de lo que serán casas nuevas, al lado de los escombros quemados.

Campesinos y campesinas están sembrando sus propios alimentos: mandioca, maíz, maní, poroto, arveja. El 6 de septiembre de 2017 recibieron su última amenaza de desalojo. La tensión se mantiene.

El Congreso paraguayo aprobó en abril de este año un proyecto de ley para expropiar las tierras de Guahory y cederlas a los campesinos. El Poder Ejecutivo lo vetó. Dijeron que no tenía «sustento técnico». En julio, el Senado rechazó el veto presidencial. Pero el pasado 20 de septiembre, los diputados aceptaron el veto, y la expropiación no podrá tratarse de nuevo hasta dentro de un año.

Rodeado de sojales y amenazados por una represión estatal que sigue latente, los habitantes de Guahory continúan luchando por su derecho de vivir en sus tierras. Foto: Cristian Palacios.

«La expropiación era una vía importante para solucionar el conflicto en Guahory, pero los diputados no tuvieron voluntad de aprobarla. Ahora, lo más probable es que vengan a desalojarnos. Pero estamos firmes para resistir cualquier ataque, y para pelear si es necesario», dice Élida Giménez, de 28 años, que vive desde hace cinco en la comunidad.

Jorgelina Fariña dice que su objetivo hoy, después de casi treinta años y tres desalojos, es el mismo que cuando llegó a Guahory: «Esperamos un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Era nuestro sueño. Y estamos en esa idea hasta el fin, porque nuestras esperanzas no se enmohecen».

El pueblo que resiste al fin del mundo

Los ava guaraní paranaenses retornaron a las tierras y al río que la hidroeléctrica más grande del planeta les arrebató. Hoy, se defienden de la soja que amenaza con desterrarlos una vez más.

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Más de 30 años después, Cristóbal Martínez vivió el segundo desalojo de su comunidad frente a Itaipú, la hidroeléctrica más grande del mundo. Los Ava Guaraní de Sauce, un pueblo del agua, observó el fuego de los policías arrasar su aldea. Escondidos con sus pupitres y pizarrón en los últimos montes de su territorio ancestral, vieron su tapỹi, su aldea, volverse cenizas. Pero no abandonaron su río Paraná por segunda vez.

La mañana del 30 de septiembre de 2016, doce patrulleras, agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, un escuadrón de la Policía Montada y funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) llegaron a la aldea de los sauceños, pero no vieron a los sauceños.

Hombres, mujeres, niños y ancianos buscaron refugio cerca del río Paraná que habitaron hasta finales de la década del 70 en el departamento de Alto Paraná, al este de Paraguay, cerca de Brasil. Para los guaraníes, el Yvy Marãe'ỹ, o «Tierra sin mal», es un lugar en este mundo donde pueden ser felices. Para los ava guaraní paranaenses, su tierra sin mal tiene agua, mucha agua: el río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica.

A la comunidad ava guaraní de Sauce el segundo desalojo los tomó por sorpresa. Un grupo de policías quemaron sus casas, sus chacras, la escuela donde estudiaban e inclusive robaron a sus animales. (Foto: Gentileza)

Desde el segundo desalojo los ava guaraní de Sauce, entre ellos la familia de Cristóbal Martínez, resisten en carpas de lona en la reserva Limoy de Itaipú, cerca de los cultivos de soja más extensos del territorio paraguayo.

El primer desalojo fue a inicios de los 80, cuando les dijeron que el embalse del río Paraná inundaría sus tierras por la puesta en función de la hidroeléctrica paraguayo/brasilera. También les dijeron que, al bajar las aguas, podrían volver.

Para los ava guaraní paranaenses, su tierra sin mal tiene agua, mucha agua: el río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica.

Pero en 2016 los sauceños ya eran otras personas. Para Cristóbal Martínez, el líder de la comunidad, la palabra del hombre blanco no vale nada, y las mentiras en papeles escritos son peligrosas, como la orden judicial de desalojo firmada el 13 de septiembre de ese año por el juez Emilio Gómez Barrios, a pedido de Germán Hutz, un poderoso productor de soja, cuñado del vicepresidente de Paraguay, Juan Afara.

Desde que volvieron a Sauce, Cristóbal Martínez recibió varias amenazas e intentos de soborno de hasta cincuenta mil dólares por parte de enviados del sojero Hutz. Él cuenta que también el Indi le ofreció dinero y un terreno en un esteral, pero al rechazar la oferta, la institución retiró la ayuda prometida.

Los ava guaraní paranaense resisten en carpas de lona en la reserva de Limoy de Itaipú, cerca de los cultivos de soja más grandes del territorio paraguayo. (Foto: Zulema Malky)

Su hija, Amada Martínez, tiene la misma determinación y la mirada fuerte de su madre, Carmen Benítez, y de su abuela, Carmen Sixta Martínez. Cuando detalla cómo destruyeron su aldea, en sus ojos se dibuja la rabia. Vio a un ejército policial quemar casas, chacras, la escuela donde enseñaba, el templo. Los policías se robaron hasta sus animales, a los que les había puesto nombres. Desde entonces, Amada no quiere tener más animales.

En medio del monte, el río y los sojales, ella y su padre recuerdan que el desalojo les tomó por sorpresa, ya que habían indagado sobre la situación legal de esos terrenos y manejaban información de que eran tierras del Estado.

Con sus manos, Amada Martínez relata cómo a la noche siguiente al desalojo pasaron más horas de terror. Una tormenta se desató por encima de las precarias carpas de lona mientras dormían. Escuchó gritos y llantos, y salió de su tienda para ver cómo desde el sojal un caudal de agua arrastraba hacia el río todo el campamento, llevándose a una niña pequeña, los pupitres y otras cosas que habían logrado salvar del desalojo.

El Estado paraguayo mantiene una deuda histórica con los ava guaraní paranaenses de Sauce: reparar el daño causado por la hidroeléctrica que los alejó de su río.

La niña y algunas pertenencias fueron rescatadas. El resto se perdió. Aquello fue como un bautismo de una nueva etapa de sufrimiento y lucha para los Martínez y su comunidad, pero allí siguen hasta hoy.

El Poder Judicial y la Policía reconocieron luego graves errores cometidos en los procedimientos de desalojo. El Indi y la Itaipú prometieron ayuda que nunca llegó. El Estado paraguayo mantiene una deuda histórica con los ava guaraní paranaenses de Sauce: reparar el daño causado por la hidroeléctrica que los alejó de su río.

 A orillas del río Paraná, la comunidad resiste en medio del monte, en un territorio al que llaman “La Tierra sin Mal”. (Foto: Zulema Malky)

La gigante binacional

El símbolo más grande de progreso para la dictadura militar de Alfredo Stroessner fue la represa hidroeléctrica de Itaipú. En abril de 1973, Stroessner firmaba junto con el general Emilio Garrastazú Médici, entonces presidente de Brasil, el Tratado de Itaipú. La influencia norteamericana en las dictaduras militares ofrecía grandes préstamos e impulsó rápidamente la construcción de la hidroeléctrica, previa a la primera gran crisis del petróleo, según el libro Os Ava Guaraní no Oeste do Paraná. El coloso paraguayo/brasilero se imponía como el proyecto de mayor envergadura para la historia de ambos países, con la promesa de generar energía «limpia y barata».

Sin embargo, estudios sobre los efectos ambientales y sociales de las represas cuestionan el concepto de «energía limpia». Philip M. Fearnside, para la revista Etiqueta Verde, asegura que el concepto es errado ya que las hidroeléctricas bloquean la migración natural de los peces, mientras que la vegetación inundada se pudre y genera gas metano, “20 veces más potente que el dióxido de carbono de los autos, con lo que contribuye al calentamiento global”. Además, el agua pierde oxígeno y contamina a los peces que contaminan a los humanos, las tierras pierden sus valores nutritivos y algunos ríos se vuelven innavegables. La contaminación sigue incluso después de que deja de funcionar una hidroeléctrica. «Los lodos acumulados en reservorios de las represas desactivadas son tan tóxicos como los relaves mineros», asegura.

Más de 80 millones de personas han sido desplazadas en el mundo por la construcción de hidroeléctricas, según el informe de la Comisión Mundial de Represas del año 200. (Foto: Zulema Malky)

Más de 80 millones de personas han sido desplazadas en el mundo por la construcción de hidroeléctricas, el equivalente a toda la población de Alemania, y el territorio inundado es del tamaño de España, según el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000. Fearnside dice que el impacto social en los indígenas acostumbrados a vivir del río equivale a la destrucción misma de su mundo, “como si un incendio arrasara toda la selva”.

Cristóbal Martínez y su suegra Carmen Sixta Martínez, la abuela de Amada, recuerdan que las primeras noticias de la construcción de la hidroeléctrica llegaron con los relevamientos en el año 1974, pero ellos mantenían la fe en que no se moverían de sus tierras. Luego vinieron personas que trabajaban en el denominado «Proyecto Guaraní», cuyo fin era reasentar a las comunidades ava guaraní que se encontraban en el área de incidencia de la suba del embalse del Paraná. El Proyecto Guaraní se definió como un programa de desarrollo integral para aborígenes, auspiciado por la Asociación Indigenista del Paraguay (AIP) y la Misión de Amistad de los Estados Unidos.

Nada de lo que padecieron los ava paranaenses del lado paraguayo figura en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay.

Mientras tomaban sus datos, les anunciaron que tendrían que irse de Sauce porque las aguas subirían e inundarían todo su territorio. «Les dijeron que les iban a devolver las tierras cuando baje el agua. En esa época se creía en la palabra», dice Amada Martínez.

En total fueron 38 comunidades indígenas, 688 familias, las que fueron desplazadas de sus territorios con la expropiación de 165.000 hectáreas para la construcción de la represa Itaipú, según detallan antropólogos y cercanos estudiosos de los ava paranaenses, como la hermana Mariblanca Barón. Un informe de la propia binacional1 deja en evidencia que Itaipú no los indemnizó y que su territorio solo fue inundado parcialmente.

Mientras los ava guaraní luchan contra la mayor hidroeléctrica del planeta, en los museos de Itaipú se evoca su grandeza en estatuas de cera. (Foto: Zulema Malky)

El general Marcial Samaniego, entonces director del Indi, remitió una nota en 1982 a la Itaipú, invitándola a «asumir conjuntamente el compromiso de reubicación de familias indígenas a sus respectivos hábitats»2. El Indi sostiene que se «veló cuidadosamente los intereses de los indígenas y sus colonias afectadas por la construcción de la represa»3.

Para la binacional Itaipú, en los años de construcción de la hidroeléctrica se realizaron numerosos operativos de salvataje a los animales de los territorios inundados. Pero no hay una sola mención sobre rescate alguno que se haya hecho a los indígenas desplazados, ni de cumplimiento de los compromisos asumidos en su informe.

“Queríamos que nos traten como a los animales, pero no éramos dignos ni de eso”, cuenta Cristóbal Martínez.

En Brasil, el informe de la Comisión Nacional de Verdad (CNV), que detalla las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen militar (1964-1985), dedica un capítulo especial a las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los abusos que sufrieron los ava guaraní paranaenses del lado brasileño con la construcción de la represa se destacan. «Los desalojos también fueron práctica corriente cuando se trataba de realizar emprendimientos en áreas con presencia indígena», menciona el texto de la CNV en referencia a la hidroeléctrica Itaipú. Nada de lo que padecieron los ava paranaenses del lado paraguayo figura en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay.

Con la expropiación de 165 mil hectáreas para la construcción de la represa de Itaipú fueron desplazadas 688 familias, distribuidas en 38 comunidades indígenas. (Foto: Zulema Malky)

El fin del mundo paranaense

El recuerdo de los días en Sauce antes del primer desalojo reluce en el tallado rostro de la abuela Carmen Sixta Martínez. «Cuando teníamos nuestro hogar acá estábamos tranquilos, no nos molestaba nadie, teníamos mucho alimento porque trabajábamos. Teníamos nuestra mandioca, nuestro maíz, nuestra banana, nuestra batata. Por eso no teníamos que trabajar para nadie. Teníamos todo. No conocíamos lo que era la miseria», cuenta Carmen. Amada Martínez se suma al relato de su abuela: «A mí me contaba que antes ellos vivían muy bien. No habían enfermedades porque no había soja ni agrotóxicos».

A diferencia de otros ava guaraní no ribereños, que eran explotados por las yerbateras o madereras, los paranaenses eran prósperos y autónomos.

Cristóbal Martínez recuerda que Sauce era un tapỹi guasu - una aldea grande - y que en torno a ella había otras aldeas grandes: Santa Teresita, Limoy, Puerto Adela, Itaybate, General Díaz, Pykyry, Itakuru Pucú, Puerto Marangatú. Los profesores iban y venían de una comunidad a otra, y los parientes se visitaban entre las diferentes aldeas, que todas juntas conformaban un tekoha, una comunidad de aldeas. «El Paraná era nuestro medio de vida, nos dedicábamos a la pescadería. En ese tiempo no había fronteras, éramos uno solo, no había lado brasilero o paraguayo, íbamos y veníamos intercambiando mercaderías. Toda la ribera del Paraná era indígena», detalla Cristóbal.

A diferencia de otros ava guaraní no ribereños, que eran explotados por las yerbateras o madereras, los paranaenses eran prósperos y autónomos. Pero el embalse de su río destruyó su mundo.

Una mujer ava guaraní lava sus ropas a orillas del Paraná. Para la comunidad de Sauce, la relación con el río y el agua es parte fundamental de su existencia. (Foto: Zulema Malky)

La primera expulsión a los ava guaraní paranaenses comenzó de noche. La familia Martínez fue la última en salir. Los llevaron a Yukyry, un lugar desconocido para ellos. En guaraní y entre llantos, Carmen Sixta Martínez dice que sufrieron mucho. Este episodio fue el fin de su modo de vida. También fue el inicio de cosas que hasta entonces desconocían: el hambre y la enfermedad.

«Sin consulta, ni consentimiento, nos obligaron a irnos», cuenta Cristóbal Martínez. Cuando fueron a buscarlos, les amenazaron con que se quedarían sin lugar si no subían al camión. Viajaron kilómetros hasta que ya no hubo camino. Fueron descargados en la comunidad ava chiripá de Vacaretã. Luego tuvieron que seguir a pie, en la noche, por una picada, cargando las pertenencias que pudieron salvar.

Los traslados del Proyecto Guaraní eran caóticos. «El llanto de los niños con sueño y con hambre, el temor del futuro de parte de los padres, el desconcierto ante lo inconcebible de la represa, el abandono de Ñanderu guasu que ha permitido la desgracia de los indefensos ante la brutalidad y el genocidio más grande nunca visto ni imaginado por los indígenas. Realmente se sentían impotentes y derrotados», relata la hermana Mariblanca Barón.

 Luego del primer desalojo a finales de los años 70, muchos ava guaraní paranaenses se enfrentaron a circunstancias desconocidas como el hambre y las enfermedades. (Foto: Zulema Malky)

Una vez asentados, los ava paranaenses enseguida se dieron cuenta de que no había fuente de agua cercana. La tierra no era buena para los cultivos, los pocos montes alrededor ya no tenían animales que cazar, y a los pocos que les quedaron de los traslados no tenían con qué alimentarlos. En el lugar, el Gobierno también reubicó a otras comunidades indígenas ava paranaenses como a los de Santa Teresa, Puerto Adela y Marangatú, con sus propios líderes, lo que aumentó la tensión entre los propios indígenas, más aún cuando el hambre empezó a calar hondo.

Una vez al mes, miembros del Proyecto Guaraní llegaban con raciones de harina fea, grasa rancia, poroto viejo que se terminaban a los pocos días. Esto causó estragos en la salud y provocó la muerte de muchas personas, sobre todo niños y ancianas. «Tuvimos enfermedades que nunca antes nos habían agarrado. Llagas, leishmaniasis. La mayoría empezó a migrar a los un año, nosotros aguantamos dos años”, cuenta Cristóbal Martínez.

En su desesperación llegaron a comer cuero de tapir hervido, pindó maduro y coco. La tierra era arenosa, y si no fuera por la ayuda de indígenas de Vacaretã, que les daban mandioca y maíz, hubieran muerto todos de hambre.

Finalmente, los Martínez y otros miembros de su comunidad decidieron migrar a Arroyo Guasú, a unas tierras compradas por la Pastoral lndígena de la Iglesia para los ava guaraní. Allí entraron agradecidos por el recibimiento, pero también con la promesa firme de que volverían a su verdadero tekoha, su tierra ancestral: Sauce.

Sauce es un lugar de resistencia en el este de Paraguay, área que comprende la mayor zona de producción sojera en el país. (Foto: Zulema Malky)

Un sauce renace a orillas del Paraná

Los sauceños no olvidaron la promesa de que sus tierras serían devueltas. El retorno era un tema recurrente entre Cristóbal Martínez y su comunidad. Comenzaron a hacer averiguaciones y expediciones para saber del estado de sus tierras.

Escucharon el rumor de la existencia de más de 1.000 hectáreas de tierras fiscales ubicadas frente a la Reserva Limoy de Itaipú, lo que los empujó a aventurarse. Luego de más de 30 años, en agosto de 2015, volvieron a Sauce.
Encontraron, en una cruz, la posible tumba del abuelo de Amada –Juanito Martínez–, señal de que estaban en su antiguo cementerio. También se toparon con árboles de naranja y mandarina, caña de azúcar y horcones de caza enterrados, rastros de sus vidas de décadas atrás.

Instalados allí, levantaron su templo sagrado, con hojas de pindó. Para enseñar, Amada Martínez gestionó un rubro de una escuela de Itakyry que se había quedado sin alumnos. El intendente de San Alberto, municipio donde está ubicado Sauce, donó pupitres. Las familias reconstruyeron sus casas, chacras, los pozos de agua, los gallineros. Un nuevo Sauce renacía, y así la vida ava paranaense en tierra originaria.

Estudios ambientales afirman que la instalación de grandes hidroeléctricas son nocivas para el medioambiente afectando los nutrientes de la tierra y los cursos de agua. Foto: Zulema Malky

Pero los trabajadores brasiguayos de los cultivos mecanizados cercanos y los policías de la zona no vieron con buenos ojos el reasentamiento. A un mes de celebrar un año de la restauración de la comunidad de Sauce, se dio el violento desalojo. Pero los sauceños no se rinden. El nuevo lugar donde están, al interior de la Reserva Limoy, los ha puesto cara a cara con el verdadero responsable de su situación: la hidroeléctrica Itaipú.

Los guardiaparques intimaron inicialmente a los sauceños. Pero al no tener adónde ir se quedaron en el sitio, y solo mediante la visita de una comitiva parlamentaria lograron que se instale una mesa negociadora con las instituciones estatales responsables de su situación, la que ha decidido que hasta que se resuelva el conflicto, pueden permanecer en el lugar.

A casi un año del violento desalojo, el pasado 18 de agosto la comunidad se retiró de la mesa negociadora, porque ninguna de las instituciones cumplió sus promesas. Pero continúan exigiendo la recuperación de su territorio y que el Estado cumpla con sus obligaciones.

Cristóbal Martínez dice que no pueden respetar un acuerdo que ya se ha roto, y que deben hacer lo necesario para poder sobrevivir.

Cae otra tarde en la reserva. Dos jóvenes y un niño de la comunidad han desaparecido en el monte. Fueron a cazar el día anterior y no han vuelto. Las mujeres están preocupadas. Los hombres confían en que aparecerán. Bromean imaginando titulares de prensa: «Indígenas se pierden en su propio hábitat».

Finalmente los tres retornan con dos coatís cazados. Cuentan que se habían perdido en la espesura del monte por culpa del pombero, un ser mitológico del bosque. Tuvieron que pasar la noche despiertos esperando que amanezca. La comunidad celebra y comienza el faeno de los animales, una pequeña victoria en la lucha por el derecho a vivir. La sonrisa brilla entre los niños, adultos y ancianos, tres generaciones que contienen la memoria de un pueblo que se ha rebelado al destierro.

Treinta años después de haber sido expulsados, la comunidad de Sauce ha vuelto a su lugar de origen para defender a la naturaleza y el derecho a vivir en armonía con ella. (Foto: Zulema Malky)


  1. Nota N° 003 / 15 de enero del 1982

  2. Nota INDI/P/No 14/17 del 12 de enero del 2017

Los audaces que desafían al fuego para plantar mandioca

La comunidad campesina de Primero de Marzo no puede vender la comida que produce a un país que tiene hambre

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Antes del amanecer, Severiano Ruiz Díaz detona una bomba de estruendo al lado de su casa. Ninguno de sus hijos pequeños despierta. Los demás campesinos de Primero de Marzo esperan atentos una segunda detonación, aviso de la presencia de policías. Pero, por hoy, no hay segundo estruendo. Un nuevo día inicia para las más de 300 familias a las que les sobra comida en un país que tiene hambre.

Primero de Marzo es un "asentamiento", una de las al menos doscientas comunidades ocupadas por campesinos sin tierra en Paraguay. Tiene tres escuelas, ninguna iglesia, y casi 10 kilómetros de camino de una tierra roja y húmeda. Como todo allí, el camino fue construido a machetazos por gente como Severiano Ruiz Díaz, que le dedican dos de los siete días de la semana a trabajos comunitarios.

El asentamiento se encuentra rodeado de soja, en el país que es el cuarto exportador mundial de ese cultivo. Pero en Primero de Marzo está prohibido plantar soja. En medio del desierto verde entre Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná, tres de los cuatro departamentos que tienen la mayor producción sojera de Paraguay, la comunidad se sostiene sobre su diversidad agrícola. Allí, los campesinos refugian el último sitio de cultivo de alimentos para consumo de su distrito, cosechando dos clases de bananas, tres de maíz, cuatro de porotos, caña de azúcar, yerba mate, maní, mamones, batata, sandías y mandioca. Además de los perros con nombres en inglés y los gatos anónimos que sirven de control de plagas, también hay patos, gallinas, cerdos y algunas vacas. Primero de Marzo fue fundada apócrifamente el 29 de febrero de 2012 por 100 familias. Cinco años después, ya son el triple. A cada una le corresponde como máximo 10 hectáreas de tierra, haciendo en total 2.000 de las 4.499 en disputa con el Estado paraguayo y los poderosos propietarios: la familia Bendlin.

Severiano Ruiz Díaz tiene 4 hijos con los que vive en la segunda casa que construyó, la primera fue quemada por policías. (Foto: Juana Barreto)

Los Bendlin canjearon las tierras al Estado paraguayo durante la dictadura de Alfredo Stroessner a cambio de un avión, algo ilegal. Un avión que no existe para los registros aeronáuticos oficiales. Fue en 1969, el mismo año que importaron el primer auto BMW al país. Los Bendlin son, desde entonces, los únicos representantes en Paraguay de la reconocida marca alemana de automóviles. Sus empresas fueron vinculadas al tráfico de armas en Turquía, Australia, Brasil y Colombia. Los Bendlin figuran entre los mayores propietarios de inmuebles en el centro de Asunción. Allí son dueños del Granados Park, un hotel de lujo donde una habitación sale, por noche, el doble de lo que un paraguayo promedio gana en un mes. Los Bendlin están relacionados al actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Los Bendlin fueron denunciados de contratar a los matones que acechaban por años a Primero de Marzo y que el 11 de junio del 2014 dispararon a Severiano Ruiz Díaz. Sus compañeros lo llevaron oculto al hospital más cercano, a diez kilómetros del asentamiento, por miedo a que sufra otro atentado. Así se salvó de morir desangrado y engrosar la lista de dirigentes campesinos ejecutados extrajudicialmente en Paraguay, que suman 115 en democracia.

Pero las balas no son el único temor. También está el fuego.

Una de las tres escuelas de Primero de Marzo, que como todo lo demás en el asentamiento, fue construida por los campesinos. Es el punto de encuentro de la comunidad. (Foto: Juana Barreto)

Todo fuego es político

Las chispas del fuego han iluminado el rostro del statu quo. Como el Gran incendio de Roma, que sirvió a Nerón para perseguir a los cristianos, o las hogueras de la Inquisición, donde ardieron supuestos herejes y brujas.

Paraguay ha tenido sus propios fuegos. En el último, en marzo de 2017, manifestantes quemaron el Congreso en Asunción, frenando las intenciones del presidente Cartes y el ex presidente Lugo de modificar las leyes para habilitarse a ser reelectos. Las llamas estaban en todos los televisores del país y tuvieron cobertura internacional. La espectacularidad del evento para los ojos citadinos no fue tal para los pobladores de Primero de Marzo, acostumbrados a que el fuego provenga del Estado al que en ese momento le tocaba arder.

En Primero de Marzo se cultivan tres tipos de maíz; morotí, tupí y chipá, pero los campesinos se quejan de que no tienen mercado para vender su producción. Gran parte de ella se echa a perder. (Foto: Juana Barreto)

La policía ha entrado al asentamiento a quemar casas al menos tres veces. Tres veces ha sonado el segundo estruendo. Tres veces intentaron desalojar a los ocupantes. Incontables veces más, no reconocidas por el gobierno, también lo han hecho.

Lo hacen con armas de guerra, incendian los ranchos, destruyen los cultivos, se llevan o matan a los animales. Hombres, mujeres y niños se esconden en el monte. En diciembre de 2014 fueron 200 policías en 14 patrulleras los que ingresaron sin mostrar orden judicial. Muchas familias tuvieron que pasar la Navidad allí, fuera de sus hogares, que al volver ya no existían. Los pobladores con menos suerte han visto esa escena en cinco ocasiones. «El fuego es un fenómeno político», dice Gren Bankoff, uno de los autores del libro "Flamable Cities”. Las casas quemadas de Primero de Marzo también lo son.

El derecho a existir en la tierra

Severiano Ruiz Díaz habla sobre los desalojos mientras termina de desayunar en el corredor de la casa de madera en la que vive con su familia. Es la segunda casa que construye, a 5 metros de la primera, quemada por policías. La casa es pequeña pero tiene comodidades básicas como energía eléctrica, gracias a los 22 kilómetros de tendido que la comunidad instaló, y del que se sirven todas las familias. Adentro, los hijos de Ruiz Díaz ríen mirando Disney Channel. En un lugar donde la señal de celular no llega y los smartphones son casi inútiles, Mickey Mouse está presente a través de una televisión de 14 pulgadas, gracias a una señal satelital, servicio que cuesta 10 dólares al mes.

Ruiz Díaz habla sobre los desalojos como lo haría cualquier otro campesino, en jopara, híbrido entre el español y el guaraní, las dos lenguas oficiales de Paraguay. Ambas chocan con sus cosmovisiones y sus énfasis su rostro moreno y lampiño. El español que sale de su boca suena lejano, lleno de términos jurídicos que tuvo que aprender para pelearle a un Estado que se rige por ese idioma casi foráneo para él. El guaraní, sin embargo, llena sus facciones, alienta sus ademanes, desborda convicciones.

El fuego de los policías quema sus hogares, sin embargo, el fuego de los campesinos sirve para cocinar y aprovechar los cultivos de sus huertas, y para mantenerlos abrigados cuando hace frío. (Foto: Juana Barreto)

En medio del español y el guaraní se inmiscuye otra lengua romance: el portugués. Antes de ser parte de la ocupación, Ruiz Díaz, como muchos, trabajó para los sojeros de la zona, sin poder ver durante meses a su familia. La mayoría son brasileños o brasiguayos, como se les dice a quienes viven en la frontera entre Brasil y Paraguay. Brasil está en todo: en la ropa que se compra, en las sandalias que usan para caminar, en la música que escuchan. También está en los discursos nacionalistas que reivindican los derechos del campesinado paraguayo sobre la tierra.

La noción de «derecho a la tierra» es usada frecuentemente por organizaciones campesinas e indígenas. «No obstante, carece todavía de un consenso básico sobre la definición de este principio», dice el investigador Patricio Dobreé. El derecho a la tierra es para la población campesina el derecho al territorio, el derecho a ser. Algo que escapa a la dimensión puramente económica. Para un campesino, explicar su relación con la tierra es como pedirle que explique por qué el agua moja. No en vano la palabra cultura proviene del latín colere: «cultivar». Un vínculo esencial con una forma de vivir el mundo. En la tierra son, existen. Por eso, Ana Santander, pobladora de Primero de Marzo, señala su tierra, toma un puñado de ella y dice: «este es nuestro derecho».

Pero es un derecho al que acceden pocos. El 94 % de las tierras cultivables de Paraguay hoy se utilizan para productos de exportación de agricultura mecanizada como la soja, el maíz y el trigo. Es lo que se conoce como «agronegocio». El agronegocio produce algo más:Escupe gente. El 40 % de la población del campo es pobre, y 250 mil personas están allí sub-empleadas. Es decir, personas que no trabajan el tiempo y con el salario que podrían trabajar. El agronegocio genera 1 empleo cada 200 hectáreas, 5 cada mil. Es cuarenta veces menos al empleo que produce la agricultura campesina, la de Primero de Marzo, el modelo de producción por el que Severiano Ruiz Díaz recibió un disparo, por el que le quemaron la casa.

En Primero de Marzo “cerca” puede significar estar a 10 kilómetros del arroyo u hospital más próximo. (Foto: Juana Barreto)

La desigualdad en la tenencia de tierras es casi perfecta en Paraguay, según el coeficiente de Gini. Quince propietarios tienen juntos una superficie equivalente a dos veces el tamaño de Puerto Rico. Entre los mayores terratenientes del país está Horacio Cartes, el presidente. Se calcula que hay 300 mil familias campesinas sin tierra. Más de 1 millón de personas que necesitan tierra.

Días de media paz

Es junio y la cosecha llena de colores el asentamiento. A lo largo del irregular camino allanado por tractores y motos, se pueden ver maizales, bananales y mandiocales de hasta dos metros que se mecen con el viento invernal. Es difícil conciliar la escena con las balas y el fuego. Hace casi un año la comunidad vive una relativa tranquilidad. Son los «días de media paz», como le llaman en Primero de Marzo.

Como todos los demás habitantes del asentamiento, Ruiz Díaz se levanta cada mañana a carpir los cultivos. Limpia el chiquero, saca los huevos del corral, pone a pastar a los terneros. Al mediodía descansará unas dos horas. Capaz mate alguna gallina, la comida favorita de sus hijos, o haga un locro, plato que no desperdicia nada de lo cultivado, en un mundo donde la mitad de la comida que se produce no se come. Luego, volverá a la chacra, el kokué en guaraní, hasta el anochecer.

Las actividades en Primero de Marzo comienzan temprano e incluyen a toda la familia (Foto: Juana Barreto)

Como postre, en cada casa se ofrecen las llamadas bananas de oro recién arrancadas, más pequeñas y dulces que las comunes, que en la ciudad cuestan a 1 dólar la docena. O sandías, que pueden llegar a costar 4 dólares la unidad. En el asentamiento se regalan. La abundancia de la comunidad se contrapone no solo a la violencia que se ha vivido allí, sino también a la realidad del país. 700 mil paraguayos pasarán hambre hoy. Ninguno es de Primero de Marzo.

Esta abundancia ha atraído a familias de todo el país, que se sumaron a la ocupación con el tiempo. Vienen en busca de tierra y vivienda propia. Otros, como José Velázquez, huyen también de la miseria citadina. Realizan la ecuación inversa de la establecida migración campo-ciudad. Velázquez, un hijo de campesinos que se quedaron sin tierra y se mudaron a Asunción, viajó en los 70s al este de Paraguay, en la época de la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú. Los últimos 30 años los pasó trabajando como electricista entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, la ciudad brasileña fronteriza. Hasta que su salud no lo dejó más. «Pesaba 130 kilos y tenía los triglicéridos altos. No podía estar sin el remedio para mi presión. Ni a una escalera me podía subir».

La abundancia de la comunidad se contrapone no solo a la violencia que se ha vivido allí, sino también a la realidad del país. 700 mil paraguayos pasarán hambre hoy. Ninguno es de Primero de Marzo.

Velázquez se enteró de la posibilidad de tener tierra en Primero de Marzo como la mayoría de la gente se entera de algo en Paraguay: a través de un amigo. La decisión de ir allí fue por una cuestión de salud, reforzada por Nilda Fernández, su esposa. Fernández cuenta que tuvo un sueño en el que su fallecida madre le decía que ella y su esposo vivirían en un campo con su hijo mayor.

La comunidad le otorgó a Velázquez sus diez hectáreas, donde hoy tiene, además de mandioca, banana y maíz, 98 gallinas, 8 patos y 3 cerdos. Tres años después de levantar su casa y su corral, Velázquez pesa 40 kilos menos y ya no consume medicamentos para la presión. Organiza su producción manejando un camión mitad tunning, mitad Mad Max: motor al aire, sin carcasa y con una rústica carrocería de madera. Lo llama camión «Tutú», lo arranca con una manivela y lo pasea con altivez. Su hijo mayor vive en la casa aledaña.

Velázquez, sentado con un kepi en la cabeza en su silla cable, un mueble más cómodo de lo que suena, resalta la contracara de la abundancia de Primero de Marzo: un lugar que produce comida que no puede vender. «Demasiado poco es lo que me ofrecen por la banana o el maíz. No vale la pena. Tengo que regalar todo», dice. La contradicción paraguaya es la contradicción de un mundo que no puede acortar las distancias entre su comida y su hambre.

En el caso de los campesinos de Paraguay, el problema comienza en el transporte de la cosecha. La ausencia de rutas, los arreglos leoninos con los intermediarios. Y si los productos llegan al Mercado de Abasto, el principal punto de compra de alimentos de la capital, tienen que competir en precios con los productos de contrabando, especialmente de Argentina. El Estado, por su lado, ignora su propio plan de desarrollo agrícola: entre 2013 y 2016 se duplicó la importación de frutas y hortalizas.

José Velázquez migró de la ciudad al campo por cuestiones de salud. Hoy en día se dedica a cultivar la tierra, y mueve su producción en un camión construido por él mismo. (Foto: Juana Barreto)

La creciente globalización de los alimentos, desde la Revolución Industrial, fue la globalización de sus precios, señala Martín Caparrós en su libro El Hambre: “A partir de entonces, un pollo en Senegal ya no vale lo que vale un pollo en Senegal, sino lo que podría costar en París o Nueva York si conviniera transportarlo. Con este sistema, cada vez más productores de alimentos de todo el mundo fueron perdiendo la posibilidad de consumir lo que producen; cada vez más consumidores tuvieron que acostumbrarse a pagar con salarios locales comida global: a comer poco». La producción paraguaya de tomate, por ejemplo, bajó a la mitad de hectáreas entre 2003 y 2013. La pérdida de esta producción, que es la pérdida de la capacidad de alimentar al país, de soberanía alimentaria, hace que en numerosos períodos comprar tomates importados cueste en los mercados asuncenos, hasta cinco veces más que su precio habitual.

El único producto de renta de Primero de Marzo es el alimento insigne de la agricultura paraguaya: la mandioca.

La mandioca, también conocida como yuca, es un tubérculo, como la papa, originaria de Sudamérica. Los primeros registros de su cultivo tienen 4.000 años. Se convirtió en un alimento básico de poblaciones nativas de todo el continente en la época de la conquista de América. Horacio Quiroga la llamó «planta heroica» por su resistencia a la sequía. Su adaptación a climas desérticos hizo que su introducción al África fuera un éxito: es la principal fuente de calorías de 300 millones de personas. Dependiendo de su aislamiento geográfico, existen especies muy venenosas, como el casabe de la selva centroamericana, o poco venenosas, como las del altiplano. Solo en Paraguay hay al menos entre 700 y 800 variedades. Se plantan en el país alrededor de 180 mil hectáreas, unas seis millones de toneladas anuales. «Más paraguayo que la mandioca» se dice cuando se quiere notar la impronta nacional de algo o alguien. Es piedra angular de la gastronomía local: frita, como puré, harina, en forma de almidón o como acompañamiento de las comidas. También se ha convertido en una alternativa para celíacos, siendo ingrediente de la masa de pizzas o tortillas. Es uno de los dos únicos alimentos que la agricultura familiar campesina provee en 100 % al mercado de consumo interno.

Todo esto es la mandioca, un producto por el que los campesinos de Primero de Marzo reciben de paga, como máximo, 3 centavos de dólar el kilo.

Los habitantes de Primero de Marzo producen mandioca, por la cual reciben un pago máximo de 3 centavos de dólar por el kilo. (Foto: Juana Barreto)

El Estado que aparece es el Estado que persigue

Los días de media paz son producto de una mesa de diálogo inestable con el Gobierno y los Bendlin, desde hace más de un año y medio. Pero ni José Velázquez, ni Severiano Ruiz Díaz, ni los demás campesinos y campesinas de Primero de Marzo, creen que solucionará el conflicto. «El Estado, en vez de ayudar, es el contrario», dice Concepción Galeano, pobladora de la comunidad.

Es lo que se discute en la reunión de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), organizada en una de las escuelas de Primero de Marzo. La OLT, a la cual el asentamiento pertenece, fue fundada en 1993 y es una de las organizaciones campesinas con mayor vocería en Paraguay.

Antes de empezar la reunión, cada dirigente, hombre o mujer, que ha venido de todo el país, da un paso al frente y tira un puñado de granos de maíz sobre una especie de altar que simboliza la producción campesina. El rito es acompañado con deseos de buena cosecha, de fin de la represión y de la desigualdad de género en el campo. La elección de Primero de Marzo como lugar de reunión nacional no es fortuita. Para ellos, Primero de Marzo es la validación del modelo por el cual luchan. Un lugar que produce frente a un sistema que quiere que compres. Que compres todo.

Una de las reuniones de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), fundada en 1993, de la cual Primero de Marzo forma parte. (Foto: Juana Barreto)

La situación del asentamiento es uno de los temas centrales en discusión. Poco tiempo después de la ocupación, en 2013, se creó una comisión vecinal para pedir al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el organismo estatal encargado de los asuntos de la tierra, la expropiación de los terrenos para la reforma agraria. No solo el pedido fue rechazado, sino que además la Fiscalía retiró la lista de la comisión del Indert y procesó a todos sus miembros por invasión a la propiedad privada y asociación criminal. En total, 15 personas fueron imputadas y 3 detenidas. Imputaciones masivas se realizan sin pruebas contundentes. «La Fiscalía imputa a los que identifica al momento de enterarse cómo se llaman, si son dirigentes, [no importa] si habían estado o no en el momento de la intervención, ahí ya les imputan” dice Esteban Irala de la OLT.

A dirigentes como David Méndez1, la Fiscalía lo acusa también de coacción, amenaza de hechos punibles, de liderar un grupo de 100 personas encapuchadas armadas con machetes y rifles que supuestamente ingresó a la estancia de los Bendlin el 28 de marzo de 2015 para robar termos y quemar una camioneta; de tráfico de madera, y del asesinato de dos ciudadanos brasileños sucedido a 50 kilómetros del asentamiento.

Méndez, un hombre que recorre el asentamiento en moto y con boina, y a cuya casa más de 20 personas van a bañarse por ser la única con agua caliente, no sabe cuántas causas penales realmente tiene. Él y los demás imputados de la primera comisión son considerados prófugos, y viven refugiados en Primero de Marzo desde hace cuatro años. Raquel González1, otra imputada, tuvo que viajar escondida en un camión de frutas para poder parir a su hija en el hospital más cercano. Gustavo Díaz1 se enteró luego de la reunión de la OLT que tenía cinco causas nuevas. «Mi esposa y mi hija se fueron, están en Argentina. Yo no puedo salir de acá porque me agarran», dice.

Severiano Ruiz Díaz está representando a su comunidad frente al Estado que quemó su casa, y frente a los Bendlin, denunciados por contratar a los matones que lo hirieron. Ninguno de los hechos fue investigado por la Fiscalía.

La situación de los miembros de la comisión fundacional de Primero de Marzo es la misma situación de al menos 460 personas imputadas por el conflicto de tierras durante el gobierno de Horacio Cartes. Un total de 273 personas han sido detenidas en este periodo y 50 condenadas. «Ya no sólo se reprime violentamente a las y los luchadores sociales, ya no solo se los imputa restringiendo sus libertades, ahora se abren procesos judiciales que culminan en condenas», escribe la investigadora Marielle Palau.

Para Juan Martens, abogado director del Inecip, el funcionamiento selectivo del sistema penal paraguayo es un instrumento de persecución. «Actúa para dar un ropaje de legalidad a la represión», complementa Palau. Esto se ilustró de manera grotesca en el caso Curuguaty, un desalojo de tierras ocupadas en situación similar a la de Primero de Marzo donde murieron 11 campesinos y 6 policías en 2012. La Fiscalía solo investigó la muerte de los policías en un juicio con numerosas denuncias de irregularidades y condenó a 11 campesinos sin pruebas.

Dedicarse a la agricultura campesina en Paraguay supone muchos obstáculos; en Primero de Marzo ellos son la ausencia de rutas y los precios competitivos del contrabando en lugares de comercio (Foto: Juana Barreto)

Severiano Ruiz Díaz todavía no sabe de procesos en su contra, «pero mi abogado me dice que en cualquier momento voy a tener», comenta. Por ahora es el presidente de la segunda comisión vecinal, la que está representando a Primero de Marzo frente al Estado que quemó su casa, y frente a los Bendlin, denunciados por contratar a los matones que lo hirieron. Ninguno de los hechos fue investigado por la Fiscalía.

Los campesinos y campesinas piden la titulación de las tierras a su favor. Pero los Bendlin no aceptaron la oferta de compra por parte del Estado. En su lugar planean convertir el sitio en una reserva natural privada, una figura que, según el informe Yvy Jara, se ha vuelto un modo de proteger tierras de posibles expropiaciones, ya que no pueden ser declaradas latifundios improductivos. Además, la Secretaría del Ambiente (SEAM) está obligada a exigir desalojo a las personas que intenten ocuparlas. También beneficia a sus dueños de deducciones fiscales y pueden pedir pagos por otorgar servicios ambientales.

En Paraguay existen 17 reservas naturales privadas y otras 16 más en proceso de ser declaradas como tales, como Primero de Marzo. «No sé cómo van a declarar reserva un lugar que tiene gente», dice José Velázquez. La mayoría de las reservas lo son solo en el papel. La SEAM no tiene capacidad para vigilar que se cumplan los requisitos de la Ley de reservas, y algunas, públicas y privadas, son utilizadas para tráfico ilegal de madera o cultivos de marihuana. Y Paraguay es el país campeón de la deforestación en Latinoamérica entre 1990 y 2015.

Cinco años después de la ocupación, una segunda generación crece con la esperanza de seguir habitando el lugar por el cual sus padres luchan todos los días. (Foto: Juana Barreto)

La incertidumbre es el territorio donde siguen moviéndose la población del asentamiento y sus hijos. La comunidad ya ve una segunda generación que pertenece a estas tierras desde su nacimiento. Una generación de niños y niñas que se embarran en los caminos, corren, ríen, moquean y van a la escuela. Que todavía no saben el español de lo jurídico, solo el de los dibujos animados. Que esperan que el almuerzo sea un estofado de gallina, como piden los hijos de Ruiz Díaz.

Mientras ellos crecen, Primero de Marzo sigue esperando, cada amanecer, el segundo estruendo.


  1. Estos nombres han sido cambiados para proteger la identidad e integridad de los entrevistados.

Los desterrados no van al supermercado

Crónicas del país que alimenta al mundo pero tiene hambre

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https://vimeo.com/240326445

Cuando en agosto de 2017, como casi todos los años, mujeres y hombres del campo ocuparon plazas y calles de Asunción, la ciudad apartó la mirada. La ciudad, ese espacio de diálogo donde se deberían encontrar perspectivas y sintetizar propuestas de futuro común –proyectos de país– se negó a reconocer a quienes hacen más de un tercio de la población. Es que el acto de mirar garantiza la existencia y la empatía. Cuando nos vemos, somos, y nos podemos poner en el lugar del otro. Pero la ciudad, una vez más, decidió esquivar el conflicto que define el presente de Paraguay y de cuya resolución depende su futuro: el conflicto por la tierra.

Es más fácil creer que este problema es ajeno cuando tres grupos empresariales concentran a casi todos los medios masivos de comunicación. Sus intereses particulares –corporativos– se presentan como universales en los titulares de diarios y los zócalos de noticieros. Ellos marcan el tono de la conversación nacional. La ciudad reproduce sus falacias. Ellos dictaminan qué proyectos de país se mantienen. La ciudad finaliza el trabajo de condenar a los “otros”: poblaciones enteras que no caben en sus proyectos, como el campesinado, como las comunidades indígenas, como los bañadenses.

Un arreglo económico que necesita mucha tierra, poca gente y ningún árbol, arrebata a estas personas de su fuente de trabajo, de su identidad. Al descartar su modo de vida, profundamente ligado a la tierra, se las exilia de la visión de futuro que unos pocos diseñan para unos pocos. Su destierro es tan material como existencial.

Contradicciones y resistencias marcan sus vidas, a las que esta serie de crónicas trata de acercarse. Son personas como Rodolfo Castro, descendiente de ocupantes, que necesita una parcela para vivir en un país que destina 94% de sus tierras fértiles a cultivos como la soja que comen cerdos chinos. Son campesinas como Gregoria Fernández, que desafía la expansión territorial brasilera con su vida, a pesar que el Estado paraguayo la hostiga con plomo de balas. Dice que de su pueblo, Guahory, la tendrán que sacar para llevarla al cementerio, que de allí no se va. Son desterrados como Severiano Ruiz Diaz, que para comer, no va al supermercado. Siembra la tierra. Pero lo que cultiva no llega a las góndolas. Entre caminos maltrechos, acuerdos injustos con intermediarios y un gobierno ausente, pierde chances de vender sus alimentos a un país que tiene niños y niñas con hambre.

La serie Los desterrados no van al supermercado les retrata: gente que vive de la tierra y que lucha por evitar el abismo que los pocos planifican desde la ciudad. La serie es un esfuerzo por hacer lo opuesto a esquivar la mirada. Puede resultar incómodo, a veces aterrador. El abismo lo es. Pero solo en la capacidad de reconocer a los otros –a los desterrados– hay chance de futuro para todos y todas.


Foto: Jorge Sáenz