Santi Carneri

Los presos políticos de la tierra

En una cárcel abarrotada de hombres sin condena, diez de ellos poseen las más altas sentencias posibles. Son campesinos y activistas por el derecho a la tierra.

Leer Más

Hay un lugar en Asunción donde viven hacinadas 4.000 personas en un espacio preparado para un máximo de 1.300. En pabellones húmedos, a veces sin luz, a veces sin agua ni comida, hombres acusados de robo, asalto, homicidio o narcotráfico se mezclan sin distinción con pacientes psiquiátricos o adictos al crack. El 80 % de ellos desconoce cuál será su futuro, porque no ha ido a juicio y no tiene sentencia. Pero hay diez hombres allí que sí tienen condenas: las más altas previstas en Paraguay, firmadas tras juicios irregulares y cuestionados. Se declaran presos políticos, los campesinos de la cárcel de Tacumbú.

Estos diez condenados tienen en común otras cosas. Su comportamiento es ejemplar y la población de la cárcel los respeta. Todos dan algún tipo de servicio educativo a los presos más pobres y realizan diariamente algunos de los pocos oficios que existen allí, como la panadería, la cocina o la carpintería. También comparten un pasado común. Trabajaban la tierra en zonas rurales de San Pedro, Canindeyú y Caaguazú, y en sus comunidades eran dirigentes y activistas de organizaciones que defienden el acceso a la tierra y al trabajo de campesinos y campesinas, en el país con la distribución de tierras más desigual del mundo.

El campesinado paraguayo suma a la tragedia latinoamericana de producir tantos recursos como muertos en su defensa

Por esta lucha, el campesinado paraguayo suma a la tragedia latinoamericana de producir tantos recursos como muertos en su defensa. De cada diez ambientalistas asesinados en el mundo, seis son de esta región. Berta Cáceres en Honduras3, Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima en la amazonía peruana; los mapuches de Argentina y Chile; los cientos de líderes campesinos en Colombia que han muerto, solo en los últimos quince años, en defensa de su territorio, de sus recursos y de una forma de vida.

Roque Rodríguez fue acusado por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Asegura que lo condenaron sin pruebas. Foto: Santi Carneri.

En Paraguay, desde la caída de la dictadura en 1989, en el conflicto por la tierra fueron asesinados 115 dirigentes campesinos, pero ningún autor moral ha sido condenado. Desde 2012, año de una masacre que ocurrió en el municipio de Curuguaty, se vislumbra un cambio de método en la represión a quienes exigen tierra: si no los matan, los judicializan. Entre 2013 y 2015, fueron 460 personas imputadas y 273 detenidas.

Desde 2012, año de una masacre que ocurrió en el municipio de Curuguaty, se vislumbra un cambio de método en la represión a quienes exigen tierra: si no los matan, los judicializan.

Estos casos judiciales se caracterizan por incumplir normas básicas del debido proceso, como la preservación de evidencias, o garantizar la defensa de los acusados. Los procesos judiciales de los diez campesinos recluidos en Tacumbú fueron denunciados por graves irregularidades por el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Oxfam y organizaciones paraguayas, como la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) y la Pastoral Social de la Iglesia.

Ante la ley, algunos son más iguales que otros

Uno de los campesinos de Tacumbú es Roque Rodríguez, de 64 años. Tiene cabello canoso y anteojos de abuelo. Desde su celda, que es habitación y despensa a la vez, ve cómo unos jóvenes «pasilleros» –los que por ser tan pobres viven en los corredores y patios de la cárcel– despojan a otro de unas bolsas con ropa y comida que le acababa de traer su madre. Rodríguez es uno de los «Seis», como le llaman al grupo de campesinos encerrados desde hace casi doce años tras ser incriminados en el secuestro y muerte, en 2005, de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente Raúl Cubas.

Hoy Rodríguez vende yerba mate, hielo y cigarrillos, y dice que sus habilidades de líder campesino le sirven para saber manejarse con la gente. «Me llevo bien con todos», relata, señalando a los pasilleros desde su humilde pero arreglada y funcional celda. Cuando fue imputado era secretario general del Movimiento Agrario y Popular. Terminar en la cárcel no era algo que cruzaba por su mente. «La jueza tenía vergüenza cuando me condenaba, porque sin pruebas me estaba condenando (...); por presión política me condenaron, y hoy hace casi doce años que estoy aquí aguantando», cuenta.

El abogado y secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala Amarilla, explica que la condena de los Seis se apoyó en el testimonio de una sola persona, que además había hecho declaraciones contradictorias. «Son condenados sobre la base de un testimonio, que de por sí es ya una prueba mínima al no ir acompañada de documentación, y es controvertida porque no alcanzaría en ningún juicio normal para condenar a nadie», dice.

Óscar Ayala Amarilla, explica que la condena de los Seis se apoyó en el testimonio de una sola persona, que además había hecho declaraciones contradictorias.

No muy lejos del habitáculo de Rodríguez, donde las actividades están a la vista de todos los visitantes habituales –desde familiares, abogados, transportistas, pastores menonitas, católicos, evangélicos, voluntarios de oenegés y funcionarios públicos de todo rango del Ministerio de Justicia, del Interior y de la Fiscalía– vive Rubén Villalba. Es uno de los once civiles condenados como únicos responsables de la masacre de Curuguaty, que dejó a seis policías y once campesinos muertos en un tiroteo con armas de grueso calibre durante una ocupación de tierras en el departamento de Canindeyú, en 2012. La investigación fiscal no demostró que los encarcelados fueran autores de los disparos que provocaron la muerte de los policías ni que portaran las armas que causaron dichas muertes. Tampoco se investigó la muerte de los campesinos.

«Soy un campesino, un trabajador», dice Rubén Villalba. Antes de la cárcel, ocupaba tierras llamadas «malhabidas» que debían ser destinadas a la reforma agraria. Fue condenado a 35 años de prisión por el caso Curuguaty. Foto: Santi Carneri.

Villalba, que se dedicaba a cortar alambrado de tierras ociosas de latifundistas para la reforma agraria, hoy sobrevive cerrando cada noche la puerta enrejada de su celda con un candado. «Dijeron que soy un terrorista, pero yo soy un simple campesino, un trabajador», cuenta. Para el fiscal del caso, Jalil Rachid, Rubén Villalba es el responsable penal de homicidio doloso agravado consumado, homicidio doloso en grado de tentativa, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

Villalba y los demás campesinos de Curuguaty estaban acampados con sus familias en tierras estatales que la empresa Campos Morombi, de Blas N. Riquelme –uno de los tantos empresarios y políticos colorados amigos del dictador Stroessner–, disputa como suyas. Riquelme logró que un juez firmara la orden de desalojo, a pesar de que las tierras figuraban como públicas, según un informe emitido por el Congreso sobre el caso. El 15 de junio de 2012 ingresaron a esas tierras 324 policías y un helicóptero para desalojar a unas 60 personas, entre ancianos, hombres adultos, mujeres y niños. Según el informe, la cantidad desproporcionada de policías revela que no había predisposición al diálogo, sino a provocar una situación de extrema violencia y un desalojo rápido y forzoso.

Villalba, que se dedicaba a cortar alambrado de tierras ociosas de latifundistas para la reforma agraria, hoy sobrevive cerrando cada noche la puerta enrejada de su celda con un candado.

«Marina Kue pueblo mba’e; no como dijeron que era de Blas N. Riquelme. Entramos ahí para poner una casita, una chacra y mantener a nuestras familias, y por eso nos dispararon y nos condenaron a mí y a mis compañeros y compañeras», dice Villalba. Asegura que no existen pruebas para incriminarlos y reclama que no se haya investigado la muerte de los campesinos. Él dice saber lo que pasó en Curuguaty: «Fue la política de la oligarquía y las empresas transnacionales. Fueron ellos quienes nos mataron».

Encerrados por luchar

La definición de preso político tiene matices, y es objeto de discusiones. Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso político es aquel que ha sufrido una detención que responde a motivaciones políticas, o la detención es resultado de «procedimientos que son claramente ilegales, y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades».
Según Amnistía Internacional, presos de conciencia son aquellas personas que «sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas (...) a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma». En caso de que las personas presas hayan hecho uso de la violencia, la organización exige juicios justos.

A Néstor Castro le alcanzó una bala en la mandíbula durante la masacre de Curuguaty. Su hermano fue asesinado en el tiroteo. Cumple una condena de 18 años de cárcel. Foto: Santi Carneri

Otros tres campesinos presos en Tacumbú por el caso Curuguaty comparten celda en un pabellón religioso cercano a donde vive Villalba. Son Néstor Castro Benítez, de 35 años, Luis Olmedo, de 27, y Arnaldo Quintana, de 23. Las paredes y estanterías de su habitáculo de dos metros de ancho por cuatro de largo están tapizadas de fotografías de sus familiares. Hay tres camas de cemento. Cada una tiene un fino colchón con una funda blanca del Ministerio de Justicia. Mucha de su ropa la guardan en una bolsa arpillera para granos de trigo. Excepto por un traje, guardado para las ocasiones especiales, que cuelga cerca de la ventana atravesada por barrotes.

Cuando ingresaron a prisión, hicieron huelga de hambre durante 59 días, exigiendo su liberación o, al menos, prisión domiciliaria. Ahora lucen recuperados, pero Néstor Castro y Arnaldo Quintana tienen una marca imborrable: Arnaldo recibió un disparo en el estómago, y a Néstor le alcanzó una bala en la mandíbula durante la masacre en Marina Kue, lo que le dejó una cicatriz visible en el rostro. Aunque tiene otra marca más profunda que no se ve: su hermano fue asesinado durante el mismo tiroteo. «Ahora estoy más o menos», dice sentado en su cama.

«Extraño a mi señora y a mis hijas, una de ellas acaba de nacer. Estoy preso hace más de cinco años por querer un pedazo de tierra en Marina Kue, Curuguaty. Yo no soy el responsable de esa masacre. Soy inocente y me condenaron a 18 años de prisión», cuenta. Sus compañeros más jóvenes retornan a la celda luego de jugar un partido de fútbol. «Tienen que disfrutar los mita’i», dice Castro.

Antes de ir a la cárcel, Arnaldo Quintana trabajaba la tierra con su madre y soñaba con ser jugador de fútbol. Foto: Santi Carneri.

Arnaldo Quintana se pone una remera amarilla con letras rojas y negras que dice: «Es tiempo de justicia, tierra y libertad. Curuguaty». Antes de la masacre, trabajaba con su madre en la chacra y soñaba con ser futbolista. Luis Olmedo se sienta en su cama y prende la radio con luces de colores. Suena una polca en guaraní. Quintana trepa en la litera de encima y le dice que solo le falta el sombrero piri.

«Soy preso político del caso Curuguaty, me condenaron a 20 años de cárcel injustamente, sin pruebas ni nada», asegura Olmedo. Su esposa, Dolores López, con la que tiene un hijo pequeño, cumple prisión domiciliaria por el mismo caso, al igual que su hermana, Fani Olmedo, madre de tres chicos, uno nacido en cautiverio. Antes de Tacumbú, Olmedo era agricultor y mecánico. Dice que extraña su trabajo. Tenía un taller, un lavadero y una gomería que ahora están en desuso.

«Soy preso político del caso Curuguaty, me condenaron a 20 años de cárcel injustamente, sin pruebas ni nada», asegura Olmedo

El abogado Óscar Ayala coincide en que ni Olmedo ni el resto de los campesinos apresados pueden ser catalogados como presos comunes. «Hablamos de personas que han ejercido y que siguen ejerciendo un rol consciente en torno a las reivindicaciones sociales y al activismo por los derechos de su sector, y eso los distingue de cualquier otro», asegura.

«Soy preso político del caso Curuguaty», asegura Luis Olmedo. Antes de la cárcel, era agricultor y mecánico. Foto: Santi Carneri

Los vicios del largo juicio de Curuguaty están apuntados en un cuaderno muy usado de Margarita Durán Estragó, una historiadora, investigadora y activista que solo faltó a dos audiencias durante todo el proceso. Para ella, se plantaron evidencias y se escondieron otras para incriminar a los campesinos y las campesinas. «Acusaron a los civiles y no investigaron a la policía. Hasta frenaron las autopsias y necropsias», cuenta.

En Tacumbú, Arístides Vera da clases de guaraní. El juicio que lo condenó fue enteramente en español, que no es su lengua materna. Foto: Santi Carneri.

En el mismo pabellón de la Pastoral Social donde viven los tres de Curuguaty, Arístides Vera, otro de los seis labriegos acusados por el caso de Cecilia Cubas, imparte clases de guaraní con un gran pizarrón flanqueado por dos puertas con barrotes y el cuadro de una virgen. El profesor no tuvo derecho a que su juicio fuera en guaraní, su lengua materna, como la de la mayoría de los paraguayos. Tampoco los campesinos del caso Curuguaty fueron juzgados en guaraní inicialmente. Solo después de una sostenida protesta de la defensa, pudieron conocer toda la información que se exponía en el juicio. Según Durán, esto marcó un hito histórico. Fue el primer juicio oral a campesinos que se logró que sea en el idioma en que entienden el mundo.

Para el abogado Oscar Ayala, campesinos como Simeón Bordón Salina, uno de los Seis, no pueden ser catalogados como presos comunes. Son personas conscientes y activistas de las reivindicaciones de su sector. Foto: Santi Carneri.

Los días se acumulan en la cárcel para los diez, entre los pasillos, el fútbol, los oficios de pasatiempo y la añoranza del destierro. Esperando por justicia, repasan sus vidas con activistas y periodistas extranjeros que de tanto en tanto los visitan para conocer sus casos. Al cumplir diez años de prisión, los Seis publicaron una autobiografía. Allí, Vera resume su deseo de vida, un deseo que asegura le ha costado la cárcel tanto a él como al resto de los campesinos en Tacumbú: «Mi origen es campesino. Mi sueño de libertad es que el campesinado tenga tierra, techo, salud, educación, accesibilidad a caminos para que sus productos sean más fáciles de comercializar. La libertad para mí es que toda mujer y hombre campesino tenga posibilidad de trabajar y vivir dignamente. Por eso he luchado durante toda mi vida y por eso me han encerrado. Soy un preso político».

Agustín Acosta González y los demás campesinos tienen en común el comportamiento ejemplar y  que la población de la cárcel los respeta. Foto: Santi Carneri.

Un ministro de Educación del pasado para las demandas de futuro

Estudiantes tomaron cientos de colegios hasta destituir a una ministra, exigiendo mejor educación. Pero Enrique Riera no asumió para producir cambios.

Leer Más

Enrique Riera se convirtió en ministro de Educación mientras dormía la siesta. Pero antes había hecho sus tareas. En mayo de este año, Riera, un hombre que se ha dedicado a la política casi toda su vida —ex presidente del Consejo de la Magistratura, ex ministro de la Secretaría Nacional de la Juventud, ex diputado, ex intendente de Asunción— seguía atentamente la crisis que generó en el Gobierno un alzamiento inédito de estudiantes secundarios. Un centenar de colegios en toma en todo el Paraguay, manifestaciones y sentatas de alumnos, padres y profesores eran las medidas de presión que acompañaban a una demanda clara: más inversión en educación.

Paraguay es uno es uno de los países de la región que menos presupuesto destina a educación, con apenas un 3,9 por ciento de su PIB, muy lejos del mínimo de 7 por ciento recomendado por la Unesco.

La movilización de los secundarios provocó finalmente que la ministra de Educación por tres años, Marta Lafuente, renunciara a su cargo al cabo de una semana.

Marta Lafuente ofreció flores a los estudiantes en la marcha del 2015. «No queremos flores, queremos educación» le respondieron En cuanto se anunció su renuncia el jueves 5 de mayo, Riera aprovechó su confianza con el presidente Horacio Cartes, al que visitaba cada semana como presidente del Consejo de la Magistratura, para sugerirle a dos posibles sucesores. Riera cuenta que ese mismo día mandó un mensaje a Cartes con su primera propuesta, pero el presidente no le contestó. Al otro día, a las dos de la tarde, le mandó otro mensaje con el nombre de una segunda persona, pero tampoco obtuvo respuesta. Entonces decidió dormir una siesta.

Educación en estado de emergencia

La educación paraguaya es la peor entre 140 países, tanto en primaria –por dos años consecutivos– como en educación superior, donde en 2015 desbancó del último puesto a Sudáfrica, según califica el Foro Económico Mundial. El Índice de Desarrollo Humano (IDH), que tiene a la educación como uno de los pilares de medición, ubica a Paraguay en el puesto 110 entre 160 países. La ONU lo considera el país peor alimentado y con la peor calidad de vida de Sudamérica debido a las carencias predominantes en sus servicios públicos de salud y de educación.

Los problemas históricos de la educación paraguaya hacen que los techos de las escuelas se derrumben. Como el del Colegio Nacional de Lambaré, que dejó heridos a trece estudiantes y una maestra tras desmoronarse un aula con 30 estudiantes adentro. O el más reciente de la ciudad de Piribebuy, donde dos alumnos de 8 y 13 años sufrieron lesiones tras el derrumbe de una galería de su centro escolar. En la ciudad de Villa Elisa, el MEC ha clausurado once aulas por riesgo de colapso, pero no hay planes de reparación. En lo que va de 2016 se han registrado ya once derrumbes de escuelas. Más de una al mes.

La situación se pone peor con la falta de formación docente y de una adaptación a didácticas que estén a la altura de los desafíos de esta época; o la ausencia del uso de tecnología en las escuelas, en un país donde algunas de ellas ni siquiera cuentan con sillas o mesas. En el interior del país, la falta de caminos en buen estado para que los alumnos puedan llegar a sus escuelas durante todo el año es común.

Además de las deficiencias en contenido e infraestructura, el sistema educativo paraguayo tiene muchos problemas de corrupción dentro del Ministerio, como el caso de la sobrefacturación en la compra de alimentos, uno de los detonantes de la revuelta de mayo pasado. También se denuncia la paga de honorarios a funcionarios que no existen o nunca han asistido a la institución.

En mayo de 2016 estudiantes secundarios tomaron 100 colegios como protesta, la ministra Lafuente renunció días después • Juan Carlos Meza

Mientras tanto, muchas maestras trabajan sin cobrar honorarios y sin posibilidad de jubilación. Miles de alumnos y alumnas recorren kilómetros para llegar a un centro escolar. Mientras, se descubren más sobrecostos en decenas de municipios por fraudes con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que da a los gobiernos locales grandes sumas de dinero para reformas de infraestructura educativa, merienda escolar, equipamientos y formación docente. Según denuncias, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa utilizaron recursos del Fonacide para comprar armas y municiones.

Riera, la estrategia de Cartes para apagar la crisis en educación

Luego de la renuncia de Lafuente, la prensa atosigaba al Gobierno y a los estudiantes buscando nombres de candidatos a nuevo ministro de Educación. Por su parte, los líderes estudiantiles exigían reunirse con el presidente Cartes. Querían ser parte de la toma de decisión sobre quién sería el próximo titular de la cartera, reclamaban aumentos en el presupuesto para educación y amenazaban con mantener las ocupaciones de los colegios si no se daban respuestas a sus demandas. Había cierta sensación de júbilo entre los manifestantes. Algunos, incluso, pensaron que algo cambiaría.

A las cinco de la tarde del viernes 7 de mayo, un día después de que finalmente renunciara Lafuente, Cartes despertaba a Riera con una llamada para ofrecerle el cargo de ministro de Educación. «Te necesito, sé que no es fácil porque es un hierro caliente y estoy a la mitad de mi gestión», le dijo, según contó Riera en radio Ñanduti a pocos días de asumir el mando del Ministerio.

Debido a su probada capacidad de supervivencia política y habilidad para la conciliación, Cartes eligió a Riera para suceder a Lafuente, considerada uno de los pilares de la «selección nacional» de cuadros técnicos que el presidente nombró al comienzo de su mandato. Sin embargo, representantes estudiantiles y gremiales la acusaban constantemente de autoritaria.

Había cierta sensación de júbilo entre los estudiantes luego de la renuncia de Marta Lafuente. Algunos, incluso, pensaron que algo cambiaría.

Johana Romero, estudiante y coordinadora de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), acudió a la primera reunión que el ministro Riera mantuvo con representantes de las principales organizaciones de colegios, apenas 24 horas después de ser nombrado. «Con Lafuente no podíamos llegar a ningún acuerdo. Riera hace como que en serio le importa, aunque sabemos que es un discurso político para comprar a muchas personas», cuenta.

El 10 de mayo de 2016, unos treinta estudiantes menores de 18 años rodearon al ministro en la mesa de su despacho y no se levantaron hasta llegar a un acuerdo. Tras unas cuatro horas en las que mayoritariamente habló él para criticar la gestión de su antecesora, recuerda Romero, consensuaron cuatro puntos, entre ellos la declaración de una emergencia nacional para invertir inmediatamente en infraestructura educativa y renovar la promesa hecha ya por el Gobierno de, al menos, doblar el porcentaje del PIB dedicado a la educación.

Riera prometió en decenas de entrevistas que se aprobaría de manera inmediata la emergencia nacional de educación y que los estudiantes serían «contralores» de los 700 millones de dólares que el Ministerio tiene para invertir.

Dos días más tarde, el presidente firmaba un acuerdo con los líderes estudiantiles para levantar la protesta y se tomaban la selfie de la paz.

Riera, de cuna de oro al Estado

El hombre que se dice dispuesto a salvar la educación estatal estudió en el selecto colegio privado de San José, y luego en una de las universidades privadas más caras del país: la Universidad Católica de Asunción.

Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), uno de los espacios más conservadores del país, dice que su hermano Enrique Riera está asumiendo el desafío más grande de su vida.

Su abuelo fue Manuel Riera Milleres (1892-1957), presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Banco del Paraguay, del Colegio de Abogados del Paraguay, de la Asociación Rural del Paraguay y del Touring y Automóvil Club del Paraguay. Fundó el Estudio Jurídico de la familia que lleva ya cuatro generaciones. Su padre, Enrique Manuel Riera Figueredo, fue opositor político de la dictadura, lo que le valió el exilio en varias ocasiones hasta que se dedicó a gestionar una empresa ganadera familiar y a ser presidente de la ARP en seis ocasiones.

Enrique Riera ha ocupado altos cargos públicos desde 1993 gracias a su militancia en el Partido Colorado. Su carrera empezó como funcionario judicial y después como secretario general del Ministerio del Interior. Dirigió el Viceministerio de la Juventud entre 1994 y 1996, fue diputado nacional de 1998 a 2003 y tomó las riendas de la ciudad de Asunción entre 2001 y 2006.

Un político impune

En 2004, 400 personas murieron en el incendio del supermercado Ycuá Bolaños en Asunción, que funcionaba con permiso municipal. Riera, que en aquel entonces era intendente de la ciudad, no renunció. Según la Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños, el mismo Riera reconoció que durante su mandato se cobró la tasa por una inspección municipal que jamás se realizó. Ese mismo año, 194 personas morían en un incendio en una discoteca de Buenos Aires. Tras el hecho, el jefe de Gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, fue destituido de su cargo por ser considerado responsable político de la tragedia.

Riera permaneció en el cargo, según él, para ayudar a las víctimas y para que la ciudad no entrara en un colapso político que impidiera atender a la gente en plena crisis. Para las víctimas, Riera no renunció porque se sabía impune en el sistema judicial paraguayo y, por tanto, libre de responsabilidades penales. Si alguien se atreve a contradecirle tiene que saber que él es socio de un estudio jurídico familiar que, calculan, ya le ha evitado demandas por valor de unos sesenta mil millones de guaraníes (unos diez millones de dólares).

Para las víctimas del Ycuá Bolaños, Riera no renunció porque se sabía impune en el sistema judicial paraguayo y, por tanto, libre de responsabilidades penales.

Además de su cuestionada gestión del incendio del Ycuá Bolaños, en el currículum de Riera destacan otros episodios sobre los que no le gusta que le pregunten: mientras era intendente de Asunción permitió una excavación irregular para buscar un supuesto tesoro enterrado en el Parque Caballero, uno de los pocos espacios verdes de la ciudad, algo que solo reconoció cuando los vecinos alertaron a una radio sobre el movimiento de máquinas y de tierras en el lugar en plena noche.

En aquella oportunidad, Riera autorizó sin permiso de la Junta Municipal a que el entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, y el titular del Tribunal de Justicia Militar, Porfirio Ramírez, encargaran la búsqueda del supuesto tesoro. Pero si sobrevivió políticamente a la muerte de cientos de personas en un incendio causado por la negligencia de la institución que estaba a su cargo, podía salir ileso de la sorna generalizada ante su debilidad por los mitos urbanos.

Riera es lo que se considera un animal político, un encantador de serpientes, siempre con la sonrisa por delante. Una sonrisa que solo implica sus músculos faciales inferiores. Su frente, sus cejas y sus ojos quedan inmóviles cuando muestra al público sus dientes.

Su compañero del colegio San José, Luis Villasanti, presidente de la ARP, dice que Riera es «ambicioso, capaz y muy diplomático». También destaca su oratoria: puede ocupar 20 de los 25 minutos de un acto institucional hablando sin ningún papel.

Esa labia probablemente le sirvió para enfriar las protestas estudiantiles, según dice la dirigente de la OTEP Blanca Ávalos. «[Pero] dentro del Ministerio de Educación no ha cambiado nada más que el chofer, como solemos decir», asegura.

Un cambio de mando en educación para que nada cambie

«Ya les aviso que voy a reunirme con Belcebú, Lucifer, si es necesario para la educación. Tengo que lograr los objetivos igualmente con intendentes, diputados y gobernadores imputados. (…) Soy capaz de reunirme hasta con Al Capone y los Tattaglia si me van a construir una buena escuela», dijo Riera un mes después de asumir.

Al conocerse su designación como ministro, las reacciones de rechazo fueron automáticas. En un comunicado, gremios de estudiantes expresaron su indignación por la decisión del Presidente, donde acusaron a Riera de tener un «nefasto antecedente de sus gestiones anteriores, en donde demostró su total falta de responsabilidad y capacidad y, por sobre todo, su falta de conocimiento en el ámbito educativo».

Hasta hoy solo ha cumplido una de las promesas, la de establecer una mesa de trabajo. Según Johana Romero, líder de la Federación Nacional de Estudiantes, en la práctica esto «no ha servido para decidir nada ni para aumentar la participación de la ciudadanía».
«Se la pasa en un monólogo de horas. No hay representatividad, buscan que no podamos tomar una decisión, son conversatorios de 50 personas, no una mesa de trabajo real», dice Romero.

Cuenta además que no tuvieron en cuenta las recomendaciones que les hicieron sobre la emergencia nacional. «Quieren hacerla por dos años y nosotros decimos que lo hagan solo por uno, porque después viene año electoral y tememos que los políticos lo usen de forma electoralista y cortoplacista», dice la estudiante.

En un campamento del MEC con estudiantes, Riera acompañó a Cartes haciendo típicos gestos del Partido Colorado.

Mientras, se dilatan soluciones efectivas y más centros escolares se caen a pedazos sobre niños, y viejas prácticas, como la ocupación de cargos sin concurso dentro del ministerio por parte de miembros del Partido Colorado, continúan con el aval y pese a las promesas de transparencia de Riera.

«Lo cuestionamos cuando fue propuesto porque es una persona sin experiencia en el campo docente», dice la dirigente del gremio de docentes Blanca Ávalos sobre la designación de Riera. «Tiene una visión empresarial y privatizadora», según ella, opuesto a los valores que se necesitan para el servicio público, en particular para dirigir la educación paraguaya. Pero en el amplio espectro de la historia de los que han asumido la cartera educativa, al parecer Riera no será una excepción, sino un eslabón más de la cadena.

La educación frustrada

Llevar el mando del Ministerio de Educación de Paraguay es la tarea de gobierno que más involucra los sentimientos de los ciudadanos, en un país donde todavía la gente se dirige a los profesionales por su título universitario o que llama «doctor» a un abogado, ejemplos de la admiración por el sueño siempre frustrado de formarse para tener una vida mejor. Frustrado porque en Paraguay, la educación no ha servido para hacer contrapeso a las extremas desigualdades. El Partido Colorado, con más de medio siglo al mando de la cartera de Educación, le cabe una responsabilidad particular por esta realidad.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), el sistema educativo sirvió para legitimar el régimen. El último ministro de Educación de ese periodo, Carlos Antonio Ortiz Ramírez, era tan inepto que fue bautizado por la prensa como ñandejára taxi —el transporte de Jesucristo: el burro— y el periódico ABC Color lo acusó de haber amasado una fortuna durante su gestión. Su proclama «la calle es de la policía» ilustra la mentalidad servil al régimen militar.

A pocos meses de asumir, Riera recibió una de las manifestaciones estudiantiles más grandes de la hsitoria • Juan Carlos Meza

Ya en democracia, cualquier discurso político que busca aprobación del electorado se ha referido y se refiere a la educación como «el motor del progreso». Durante la última década, los que han estado al frente de esta cartera, casi todos del Partido Colorado, ganaron una prominencia especial en la agenda informativa, consiguiendo acaparar más poder que desde otros puestos en el gobierno. Algunos lograron incluso aspirar a la presidencia de la República, como el exitoso caso de Nicanor Duarte Frutos, dos veces ministro de Educación y luego presidente, y el intento fracasado de Blanca Ovelar en 2008, que llevó al Partido Colorado a pasar a la oposición por primera vez en más de medio siglo. Pero esta relevancia política y mediática no ha servido para modificar el curso fatídico de la educación paraguaya.

«Desde la caída de la dictadura, muchas cosas no han cambiado en lo que ellos llaman transición [democrática]. Tanto Blanca Ovelar como Horacio Galeano Perrone, son hombres y mujeres que –como Riera– tenían buenas palabras pero que se quedaron en promesas y deseos; pero Blanca y Marta fueron las peores porque son las responsables de la mal llamada reforma del 92 que nunca cambió nada», dice Blanca Ávalos.

A solo cinco meses de haber asumido el puesto de ministro, Riera ya da señales de tener las mismas ambiciones electoralistas de algunos de sus predecesores partidarios, poniendo en duda su compromiso con la administración de la educación.

«Propaganda Riera 2018», se lee en un twit de la senadora opositora Desirée Masi. El twit contiene un video donde el ministro Riera acompaña al presidente Cartes rodeado por un numeroso grupo de jóvenes que los recibió efusivamente en un campamento organizado por el MEC. En sus manos, Riera lleva una remera roja que revolea con ánimo, gesto tradicional de los miembros del Partido Colorado. Su nombre se baraja en algunos sectores como posible sucesor de Cartes para las elecciones de 2018.

«Tírenme, tírenme», dijo Riera a cientos de estudiantes secundarios que se manifestaron frente al edificio del Ministerio de Educación. En su cara no se vio la sonrisa que lo caracteriza. Es la imagen que quedó grabada de una masiva movilización de colegios públicos y privados el pasado 16 de setiembre. En la marcha, miles de jóvenes salieron a las calles de Asunción para exigir mejoras en la educación. El ministro admitió luego que provocó a los jóvenes a que le lanzasen botellas de agua porque le molestó que lo califiquen de stronista. Lo que no reconoció es que un día antes hizo declaraciones muy alejadas del estilo conciliador con que empezó su gestión.

Riera amenazó que los secundarios que se sumen a la protesta serían sancionados con ausencias y aplazos. «Tienen todo el derecho a manifestarse, pero que se atengan a las consecuencias», dijo a los medios. A los maestros que se adhiriesen, advirtió que tendrían descuentos en sus salarios. Los secundarios repudiaron estas palabras. «Perdió toda la confianza de los estudiantes al salir a amedrentarnos con su declaración», manifestaron en un comunicado.

En la segunda marcha de secundarios, los estudiantes le retiraron públicamente la confianza a Riera  • Jorge Sáenz

A pesar de las amenazas, más de doscientos colegios de la capital estuvieron en la marcha. Las demandas fueron las mismas que hicieron hace un año. Las mismas que también motivaron a la toma de colegios en mayo y que destituyeron a la ex ministra Lafuente. Las mismas demandas que colocaron a Riera en su cargo actual y sobre las que hizo promesas que estudiantes temen que no cumplirá.

A Johana Romero le queda todavía más de un año para terminar el colegio y, al igual que miles de estudiantes del país, tiene un problema esencial: «¿Cómo vas a atender en clase si estás preocupado porque no se te caiga una teja en la cabeza?».