María Dominguez

Una trinchera que desafía la invasión del desierto verde

El pueblo paraguayo de Guahory es la piedra en el zapato de la expansión territorial de la soja brasilera

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En la puerta de su casa, Milciades Añazco pidió una orden judicial a los policías que venían a desalojarle. Recibió 26 balines de goma. Rosana Irala mostró su título de propiedad, pero los policías entraron igual. Yamil Añazco, de diez años, se escondió debajo de una cuna, y los policías le rompieron una mano. Las casas fueron destruidas y sus cultivos arrasados. Fueron 1.200 policías, casi uno por cada hectárea de la comunidad campesina. ¿Qué tienen las tierras de Guahory para que sus habitantes estén dispuestos a morir por ellas?

La tierra allí es blanda, oscura, arcillosa. Al agarrarla con las manos, se queda pegada a la piel y deja olor a lluvia, aun en los días de sol. El ambiente es tan húmedo que a veces el moho puede afectar las cosechas. Este lugar está habitado por más de 200 familias y acumula tres desalojos.

La comunidad se encuentra a 250 kilómetros al este de Asunción, y a unos 80 de la frontera con Brasil. Antes de llegar, hay que pasar por una caseta blanca: un puesto de control de la seguridad privada de los productores brasileños vecinos.

Los cultivos de Guahory alimentan a más de 200 familias. Las plantaciones del agronegocio ocupan una superficie total del tamaño de Costa Rica, y alimentan a vacas, cerdos o aves de lugares como Rusia, Israel o la Unión Europea.

El puesto está ahora desierto. Detrás de él, los campos vacíos aguardan las semillas de soja que se sembrarán en poco tiempo. Delante, un camino de tierra lleva a una casa con una pequeña cancha de vóley. Allí viven Manuel Vera y Jorgelina Fariña, los primeros pobladores de Guahory.

Jorgelina Fariña tiene 10 hijos. Se alimenta con lo que pesca del lago, o con lo que cultiva en una tierra que, para ella, es la mejor para producir, porque no necesita químicos.

El lago rodea todo el asentamiento. Proviene de un brazo del río Yguazú, que en los años 80 fue desviado para crear un embalse. Allí se pescan sardinas de colita roja, que Jorgelina prepara fritas o que usa para cocinar un piracaldo (sopa de pescado). El pescado lo acompaña con mandi'o chyryry, un plato con mandioca frita, cebolla y queso. Otras veces, en lugar de pescado, prepara kumanda kure, un guiso de porotos con carne de cerdo. Todo producido en su casa.

«Para mí, la tierra es la vida. Es sustento y es alimento sano. Los alimentos que se comen afuera, como los embutidos, el chorizo o el pollo, están todos llenos de hormonas. En cambio, comer poroto o maní, lo que producimos nosotros, es alimento que da juicio», dice Jorgelina.

En el último desalojo que sufrió la comunidad, 1200 policias reprimieron a sus pobladores. Uno por cada hectárea del asentamiento. Foto: Cristian Palacios

Guahory es parte del 6 % de tierras que se destinan a cultivar alimentos en Paraguay. El 94 % restante se usa para cultivos de exportación, como la soja, el trigo o el maíz. Los cultivos de Guahory alimentan a más de 200 familias. Las plantaciones del agronegocio ocupan una superficie total del tamaño de Costa Rica, y alimentan a vacas, cerdos o aves de lugares como Rusia, Israel o la Unión Europea.

El granero del mundo tiene hambre

Paraguay produce alimentos para unas 60 millones de personas, nueve veces su población. Sin embargo, uno de cada 10 paraguayos come menos nutrientes de los que necesita su cuerpo. ¿Cómo es que un país que se hace llamar «el granero del mundo» no puede alimentar a sus propios habitantes?

Cada vez se producen menos alimentos como frutas y hortalizas. Esta demanda se suple con productos importados de Argentina o Brasil, a precios más elevados, según el economista e investigador Luis Rojas.

En lo que va del siglo, los cultivos destinados al agronegocio en Paraguay duplicaron su extensión. La superficie destinada a la producción campesina se redujo a la mitad: 329.000 hectáreas.

Casi todas las papas a la venta en los mercados paraguayos son argentinas, y de ese país proceden uno de cada dos tomates. Paraguay importa la mitad de las hortalizas y verduras que consume, y en 2014 importó estos alimentos por casi 500 millones de dólares. Con cada vez menos espacio para producirlos, cada vez habrá menos alimentos locales, y el país se hará más dependiente de otros. Es lo que se conoce como pérdida de la soberanía alimentaria.

El estado paraguayo propuso a los habitantes de Guahory reubicarlos a unos 60 km de distancia del asentamiento. Sin embargo, las tierras del lugar no eran aptas para el cultivo. Foto: Cristian Palacios.

Sojeros sin fronteras

Mientras los cultivos de alimentos se reducen, los de soja se expanden. Cuando acabe 2017, Paraguay habrá producido 94 millones de toneladas de soja como sexto productor del mundo. Cuatro puestos más arriba, el segundo productor es Brasil. Sus cultivos de soja están expandiéndose tanto que cruzan fronteras, como las de Paraguay.

Los sojeros vienen a Paraguay atraídos por el buen clima y la fertilidad de la tierra, pero también por un impuesto a la tierra bajísimo. La recaudación por propiedades inmobiliarias rurales supone el 0,04 % del Producto Interno Bruto: 24 veces menos que en la región, 45 veces menos que en los países desarrollados.

Además, cuentan con la ventaja de que no existen tributos a las exportaciones. En junio pasado, el Senado aprobó gravar con un 10 % de impuestos las exportaciones de granos. Minutos después, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, tildó a la ley de «nefasta» y «muy dañina» para la economía nacional, y anunció el veto del Ejecutivo.

«Dañina» es, para los campesinos, la agricultura para la exportación, porque destruye empleos. Las hectáreas dedicadas a la agricultura familiar generan 40 veces más empleos que el mismo espacio destinado a la agroexportación.

Mientras la soja gana terreno, la tierra de Paraguay va pasando a manos extranjeras. Ya en 2009, un quinto de las tierras del país –una superficie equivalente a la de Panamá– estaban a nombre de extranjeros. En esa superficie, 3 de cada 5 hectáreas son de brasileños, que tienen casi el 12 % del territorio paraguayo. O tenían, ya que el último Censo Agropecuario Nacional se realizó en 2008.

Para los pobladores de Guahory la tierra es la vida y el sustento. Ellos mismos producen sus alimentos, como el maní o el poroto (Foto: Cristian Palacios)

Plata o plomo

Eligio Brítez, de 35 años, vive en Guahory desde que tenía cinco. Produce en su chacra mandioca y poroto para comer. Además, cultiva maíz para venderlo. Cuenta que las tierras de Guahory fueron compradas por el Estado para los paraguayos, y que fueron invadidas por los brasileños. «Ellos empezaron a presionar a las familias campesinas para que vendieran sus tierras. Le corrían a la gente con dinero, pagando por sus derecheras (derechos de posesión sobre la tierra), o comprando los lotes de manera fraudulenta. Buscaban ahogar a la gente, con veneno para los cultivos, o con plata».

Las leyes paraguayas prohíben la venta, alquiler o embargo de tierras públicas durante un plazo de diez años desde el momento de la adjudicación a los campesinos. Para Eligio, estas compras en Guahory fueron parte de un proceso gradual de expulsión del campesinado.

Dice que los brasileños quieren estas tierras porque son tan buenas que ni las heladas llegan a dañar los cultivos. Los pobladores de Guahory las quieren por la misma razón y también porque aseguran que el Estado se las dio.

En septiembre de 2015 varias máquinas entraron a destruir los cultivos de la comunidad. Durante el desalojo algunos animales fueron robados y otros desollados ahí mismo. (Foto: Cristian Palacios)

Además del dinero, los brasileños cuentan con otro método para desplazar a los campesinos: las balas. Cuando la presión para que la comunidad venda sus tierras no surte efecto, los colonos recurren a los desalojos violentos.

Más de 1.200 policías, un agente fiscal y varios colonos brasileños entraron en Guahory el 15 de septiembre de 2016. Casi un policía por hectárea, con balines de goma, cachiporras, gases lacrimógenos. Venían a desalojar a las cerca de 200 familias del asentamiento, cuyas casas fueron completamente derribadas.

Varias máquinas agrícolas entraron a «rastronear» los cultivos. Aplastaron, trituraron y arrancaron desde la raíz las plantas que cada familia cultivaba para alimentarse. Algunos animales fueron robados, otros sacrificados y desollados allí mismo.

«Acá yo soy millonaria, porque tengo mis animales y no le debo a nadie», dice Miriam Bogado, pobladora de Guahory.

«Echaron abajo la iglesia y la escuela. Los policías golpearon hasta a las criaturas. Yo corrí a refugiarme en la iglesia, con mis animales, y me chutaron de ahí. Echaron abajo mi casa, que era grande, linda, de material. Todavía me duele en el corazón. Lloré como si mi mamá se estuviera muriendo. Mi hija era chiquita y estaba en mis brazos. Perdí su biberón, su ropita, sus juguetes... Quedé sin nada. Todos los niños lloraban. Los policías nos apuntaban con armas fuertes, y parecía que nos iban a tirar. Tenían carros hidrantes, caballos, un helicóptero. De terror era. Igualito que en una guerra. Ese día nadie tenía hambre ni sed. Solo podíamos quedarnos mirando. A nosotros, que somos inocentes, ¿por qué nos hacían esto?», se pregunta Miriam Bogado.

Ella tiene 32 años, y hace seis que vive en Guahory. En el desalojo perdió todo. Pero ahora, un año después, ya tiene una vaca, que ordeña todos los días a las cuatro y media de la mañana, varios chanchos que cría para venderlos después, y un montón de gallinas y de pavos que cacarean sin parar. Sus cultivos de mandioca y de maíz –que cosecha para vender– llegan casi hasta orillas del lago que rodea Guahory. A un costado de la casa, sobre un poste de madera, están colgadas las redes verdosas que utiliza para pescar.

«Acá yo soy millonaria, porque tengo mis animales y no le debo a nadie», dice.

La vida de los habitantes de Guahory gira sobre la importancia fundamental de la tierra. En un mismo espacio ellos cultivan, comen y habitan.(Foto: Cristian Palacios)

La vida en la tierra

Cultivar, comer y habitar se traducen en una misma acción, en un mismo espacio de tierra para la población campesina. Para los productores brasileños, en cambio, son actividades separadas. Cultivan para ganar dinero. Con ese dinero, pagan una casa para vivir fuera de sus plantaciones, y compran los alimentos que van a comer.

«En la parte de los brasileros es todo soja, grano, maíz», dice Milciades Añazco, el campesino de 30 años que nació en Guahory y defendió su casa frente a los policías. «Esta es la tierra más linda que existe, y la mejor para soja y grano. De cada hectárea quitan 4.500 kilos de soja. Es el doble que en otros lugares. Y por eso se quieren quedar a toda costa», asegura.

Para los grandes productores brasileños, la tierra es un bien que se puede comprar y vender. Su concepto de derecho a la tierra se resume en poseer un papel, un título de propiedad. Pero para campesinos y campesinas, la tierra es mucho más:

«La tierra es nuestra compañía, nuestro abrazo. No somos nada sin la tierra. Ella es la fuente de todo lo que somos. De la tierra sacamos alimentos, vestido, remedios para sanarnos, y también recursos para educarnos. Somos compañeros con la tierra. La usamos por un tiempo corto, porque vamos a morir. Uno no puede tener a la tierra, porque la tierra es patrimonio de la humanidad. Y la humanidad no es una persona, sino un colectivo de personas. Más allá de que un extranjero venga a plantear papeles y a decir: “Esto es mi propiedad”. Ante la ley, eso tal vez tenga sentido, pero más allá de la ley es inviable: nadie puede tener, ni apropiarse indefinidamente de un pedazo de tierra», dice Eligio Brítez.

Milciades Añazco coincide. Con un pedazo de tierra y ganas de trabajar, asegura que hay futuro. Por eso pelean. Por una cultura, por el lugar donde nacieron y donde quieren vivir.

A pesar de la migración masiva del campo a la ciudad, en Paraguay viven actualmente más de dos millones de personas en el área rural, la cifra más alta de la región.(Foto: Cristian Palacios)

Más soja, ¿menos campesinos?

En 1992, la mitad de los paraguayos vivía en el campo. Actualmente, es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de población rural. En total, más de 2 millones y medio de personas. Luis Rojas dice que, como consecuencia de la expansión de la soja, muchos campesinos y campesinas han migrado a las ciudades, en lo que se conoce como “proceso de descampesinización”. Sin embargo, otros muchos permanecen en el campo, arraigados a sus tierras y a su modo de vida.

«Hay desplazamiento de los campesinos, pero también una fuerte permanencia. Por la falta de oportunidades de trabajo urbano, muchos campesinos optan por permanecer en el campo y luchar por su tierra. Pero también es por la convicción de querer seguir siendo campesinos, y reproducir su forma de vida», dice Rojas.

Incluso hay personas que migran desde las ciudades al campo. Según un estudio –aún inédito– de Vía Campesina sobre migración rural en Paraguay, en los últimos cinco años unas 85.000 personas regresaron al campo desde las ciudades. Algunas, como Gregoria Fernández, dicen que ya no se van a ir de sus tierras jamás.

Paraguay es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de población rural. En total, más de 2 millones y medio de personas

Gregoria vivía en un barrio de la periferia de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil. Llegó a Guahory con su marido, Teófilo Olmedo, nacido en el asentamiento, y sus siete hijos. Ahora cría gallinas y cultiva mandioca. Teófilo viaja varias veces a la semana a Ciudad del Este, donde vende perfumes en un centro comercial. Ambos prefieren vivir en el campo.

Gregoria ve aquí más vida que en la ciudad. Allá, al levantarse ya tenía que pagar para el desayuno, pero acá con plantíos y animales, no se necesita dinero. En Ciudad del Este trabajaba como limpiadora en un hospital, en turnos rotativos, y volvía a su casa de madrugada y con miedo. «Acá me sentí tranquila, y por primera vez podía dormir todo de seguido» asegura. Cuando llegó a Guahory no tenía nada, y los vecinos le mandaban leche, queso o huevos, o la invitaban a un pedazo de carne. Pero allá en las orillas de la ciudad, los vecinos no la veían. Mira a su alrededor: «Esta es la vida del paraíso que muchos dicen. De acá ya me tienen que llevar para el cementerio, porque no pienso irme más. Acá hay vida, y por eso vamos a luchar por esta tierra, hasta las últimas consecuencias».

Después de Marina Kué, Guahory fue el asentamiento que fue atropellado con todo el aparato represivo del Estado. Aún así, los pobladores de la comunidad continúan construyendo casas y defendiendo su derecho a la tierra. Foto: Cristian Palacios.

El pueblo campesino refugiado en su propio país

Guahory es a Brasil lo que Palestina a Israel: un territorio que se resiste a ser invadido, la piedra en el zapato de su expansión territorial. En Guahory, a los brasileños también se les llama colonos. No hay ataques con fósforo blanco, pero periódicamente los sojeros rocían el campo con agroquímicos que afectan a la salud de campesinos y campesinas. No hay muros fronterizos ni alambres electrificados, pero sí puestos de control con guardias de seguridad privada. También hay agresiones de un ejército: en los sucesivos desalojos, el Estado desplegó seis policías por cada campesino. La violencia en Guahory no está en la agenda de sesiones de la ONU, pero la CIDH pidió explicaciones al Estado por los desalojos. Para el modelo de colonia, la población campesina es un obstáculo a erradicar.

El conflicto de la tierra en Guahory es verde: verde como la soja, verde como los dólares con los que los brasileños compraron tierras y policías.

Tras el desalojo de septiembre, Jair Weber, un colono brasileño, dijo que los productores de soja de la zona habían pagado 200.000 dólares a los policías para que expulsaran a los campesinos. En esos días también circuló un video donde un hombre con acento brasileño agradecía a la hidroeléctrica Yacyreta por haberles prestado un helicóptero para el desalojo. En el video aparecía también el comisario Luis Pablo Cantero Vázquez, quien lideró el operativo. Cuatro días después del desalojo, Cantero fue ascendido a director de Orden y Seguridad de la Policía paraguaya.

«Después de Marina Kue, Guahory fue el asentamiento que fue atropellado con todo el aparato represivo del Estado. Movilizaron miles de policías de los grupos especiales, helicópteros... y los propios sojeros brasileros dirigían el desalojo, que fue muy violento», dice Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, una de las principales organizaciones campesinas de Paraguay.

El desalojo de Marina Kue fue en 2012, y en el que murieron once campesinos y seis policías. Gómez dice que aquel caso –con desalojo, masacre y posterior condena a los once campesinos imputados– buscaba lo mismo que el de Guahory: servir de «hecho ejemplar» para el campesinado, para que no pensaran más en luchar por un pedazo de tierra.

Guahory representa la soberanía de Paraguay, que se ve amenazada por la expansión económica de grandes terratenientes brasileros. Foto: Cristian Palacios

«Guahory es Paraguay»

Después del desalojo de septiembre de 2016, hubo negociaciones con el Estado, acampadas en Asunción, más represión policial, amenazas de guardias de seguridad privada, detenciones, ataques, treguas y acuerdos. La solución que el Estado propuso a los pobladores de Guahory fue la de ser reubicados en otro terreno, a unos 60 km de distancia. Allí se pretende crear una «colonia modelo», con viviendas y espacio para cultivar. Pero la casa y la chacra están separadas, a kilómetros de distancia.

«No tiene nada que ver con la cultura campesina paraguaya, donde la casa y el lugar de trabajo están en el mismo sitio, y uno no necesita de nafta ni de vehículo para ir y volver. Allá la tierra es yvyku'i (arena), no es fértil, no sirve para cultivar. No vale ni el 5 % de lo que valen las tierras de Guahory. ¿Cómo iba a estar libre una tierra de 1.500 hectáreas apta para cultivo, cuando los brasileños no perdonan ni un cuarto de hectárea?», se pregunta Emiliano Duarte, campesino de Guahory de 45 años, que fue a conocer los terrenos que propone el Gobierno y se sintió engañado.

Emiliano comprendió que la resistencia de Guahory no es solo por las tierras del asentamiento, sino por el derecho de los campesinos a seguir existiendo. Marcial Gómez lo resume diciendo que Guahory es un pedazo de la soberanía de Paraguay.

«Detrás de Guahory se están defendiendo otras comunidades, algunas con orden de desalojo. El atropello para la expulsión de los campesinos de sus tierras es un tema político nacional. Muchos compañeros están convencidos de que realmente no hay otro camino que el de enfrentar y resistir», dice.

Por eso, uno de los lemas de los campesinos, desde que fueron desalojados, es «Guahory es Paraguay».

«Los sojeros quieren que Guahory termine ahora, que desaparezca, y que estas tierras sean una extensión de Brasil. La tierra de Guahory representa la soberanía de Paraguay, y la supervivencia de nuestros hijos. Es una tierra por la que vale la pena pelear, y vale la pena morir», dice Emiliano.

Guahory es una comunidad que resiste y vive. La comunidad cuenta con luz eléctrica, escuelas y capillas reconstruidas. Foto: Cristian Palacios

Desde la semilla

En Guahory ahora hay luz eléctrica, escuelas y capillas reconstruidas. Hay pequeños gallineros, vacas atadas a los árboles, chanchos que corretean. Cada vecino tiene un pozo para sacar agua potable. Frente a una casa hay tres torres de sillas de plástico, recuerdo de un quinceaños. Hay puntales y tablas de madera que forman el esqueleto de lo que serán casas nuevas, al lado de los escombros quemados.

Campesinos y campesinas están sembrando sus propios alimentos: mandioca, maíz, maní, poroto, arveja. El 6 de septiembre de 2017 recibieron su última amenaza de desalojo. La tensión se mantiene.

El Congreso paraguayo aprobó en abril de este año un proyecto de ley para expropiar las tierras de Guahory y cederlas a los campesinos. El Poder Ejecutivo lo vetó. Dijeron que no tenía «sustento técnico». En julio, el Senado rechazó el veto presidencial. Pero el pasado 20 de septiembre, los diputados aceptaron el veto, y la expropiación no podrá tratarse de nuevo hasta dentro de un año.

Rodeado de sojales y amenazados por una represión estatal que sigue latente, los habitantes de Guahory continúan luchando por su derecho de vivir en sus tierras. Foto: Cristian Palacios.

«La expropiación era una vía importante para solucionar el conflicto en Guahory, pero los diputados no tuvieron voluntad de aprobarla. Ahora, lo más probable es que vengan a desalojarnos. Pero estamos firmes para resistir cualquier ataque, y para pelear si es necesario», dice Élida Giménez, de 28 años, que vive desde hace cinco en la comunidad.

Jorgelina Fariña dice que su objetivo hoy, después de casi treinta años y tres desalojos, es el mismo que cuando llegó a Guahory: «Esperamos un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Era nuestro sueño. Y estamos en esa idea hasta el fin, porque nuestras esperanzas no se enmohecen».

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—¿Qué te cuesta un beso? Nadie se va a enterar.

Era el 30 de abril de 2014. Llovía. Carolina Wolf estaba sentada en el auto con Gustavo Rodríguez Andersen, profesor en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la principal de Paraguay. Wolf era estudiante y delegada de curso en la carrera de Medicina en la filial de la UNA en Santa Rosa del Aguaray, a 250 kilómetros al norte de Asunción.

Andersen la había invitado a un congreso académico en la capital, para que después pudiera orientar a sus compañeros. A la salida, se ofreció a llevarla, pero antes dio un paseo por el campus de la universidad y detuvo el coche junto a una plantación de caña de azúcar, «una zona oscura», recuerda Wolf.

—Me duele mucho el cuello— dijo el profesor.

Wolf le miró y vio cómo Andersen se manoseaba los genitales. «Lo único que me vino a la cabeza fue mi familia. Saqué mi celular y empecé a mostrarle fotos de mi papá, mi mamá, mis hermanos, para hacer pasar la situación», cuenta. Luego, le pidió que la llevara a un supermercado cercano, donde vendrían a buscarla. Pero al llegar al lugar Andersen volvió a insistir. Se acercó a Wolf, la agarró del cuello, la intentó besar. Hubo un forcejeo.

Wolf zafó como pudo de Andersen, se bajó del auto y caminó hasta el supermercado. Estaba asustada. Llamó a su novio y le pidió que viniera a buscarla. «Le dije que un profesor había intentado pasarse conmigo. Le pedí que nunca más me dejara venir sola a la universidad», cuenta.

Después de ese episodio, Andersen no volvió a intentar besar a Wolf, ni a tocarse frente a ella, pero los abusos continuaron. «Lo que hacía era gritarme frente a mis compañeros en clase. Me quedaba muda cuando me hablaba. Él me decía que era una burra, una imbécil, una idiota, y que era así porque era mujer», dice Wolf.

«Nadie se iba a levantar a decirle a Andersen que no se pasara conmigo. Si hacés eso, muere tu carrera», cuenta Wolf.

Wolf no sabía cómo explicar a su familia lo que le estaba pasando. Se quedó callada. También sus compañeros. «Nadie se iba a levantar a decirle a Andersen que no se pasara conmigo. Si hacés eso, muere tu carrera», cuenta Wolf.

En 2015, los universitarios de la UNA rompieron el silencio y tomaron el Rectorado como medida de protesta contra las múltiples irregularidades de la institución. Corría septiembre con denuncias e imputaciones por corrupción a decanos y autoridades de altos cargos académicos. El hashtag #UNANoteCalles era tendencia en redes sociales. En medio de ese silencio roto, Wolf supo que Andersen había presionado sexualmente a una de sus compañeras.

«Para mí fue una bofetada en la cara. Hasta ahora me culpo pensando por qué no hice yo la denuncia cuando me pasó. No salía de mi cabeza lo que había pasado con mi compañera. Entonces decidí que eso tenía que parar. Entendía que él era una persona poderosa, pero yo no podía estar tranquila, entonces hice la denuncia», cuenta.

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Además de ser el encargado de evaluar las tesis de los egresados que quieren convertirse en docentes de la universidad, Andersen enseñaba en la Facultad de Ciencias Médicas de la sede de la UNA en Asunción y en la filial de Santa Rosa del Aguaray. Por la suma de todos sus cargos, su salario ascendía a 38 millones de guaraníes (unos 6.700 dólares al mes). Es uno de los sueldos más altos de la universidad, que sigue percibiendo pese a estar suspendido de sus funciones.

Andersen era conocido en la facultad por sus agresiones verbales contra los alumnos. En varios audios grabados por los estudiantes durante sus clases, el profesor los amenaza. «Te voy a fundir la vida», «Si me rompés las bolas, te voy a echar de la facultad», se lo escucha decir.

Wolf denunció a Andersen a comienzos de noviembre de 2015. En el perfil victimológico que le hicieron en la Fiscalía, se evidenciaba que había sido víctima de un delito contra su autonomía sexual. Con estos datos, el fiscal Julio Ortiz imputó a Andersen por acoso sexual, mientras la UNA apartaba al profesor de la docencia y abría un sumario.

Pero en febrero de 2017, en la audiencia preliminar por el caso, el mismo fiscal Ortiz pidió el sobreseimiento del docente. Admitió que Wolf había presentado la denuncia demasiado tarde –en un plazo superior a seis meses– y que era imposible perseguir el delito. Era lo mismo que pedían los abogados de Andersen. Uno de sus defensores, Carlos Mendoza Peña, es también docente en la facultad de Derecho UNA.

Carlos Trapani, uno de los abogados que asesora actualmente a Wolf, dice que el plazo de seis meses para presentar una denuncia y pedir una investigación fiscal se aplica en los casos de ciertos delitos, como el acoso sexual, que se castiga con hasta dos años de prisión. En cambio, para delitos más graves, como el de la coacción sexual, que se produce cuando una persona usa la fuerza o la amenaza para forzar a otra a mantener actos sexuales, y que puede llegar a sancionarse con diez años de cárcel, no existe ese requisito.

«La norma impone un límite difícil de sortear, porque es difícil que la víctima pueda develar tan prontamente casos de acoso o coacción sexual, especialmente si el acosador es una autoridad que, ante la denuncia, puede poner en riesgo su futuro profesional», dice el abogado.

Una pirámide de favores

«La Facultad de Ciencias Médicas se ha convertido en una herramienta de dominación política», dice el abogado Guillermo Ferreiro, quien fue asesor de los estudiantes de la UNA durante las protestas de 2015. Recibe un elevado presupuesto estatal a través del Hospital de Clínicas, que es un hospital público y está vinculado a la facultad. En el caso de la filial de Santa Rosa, Ferreiro cree además que se trata de un espacio creado para la «repartija de rubros y cargos» que favorece a las personas afines a los altos cargos de la UNA.

Minami Akita, estudiante de la carrera de Instrumentación y Área Quirúrgica en la UNA, opina que los profesores de la Facultad de Ciencias Médicas «se deben favores entre ellos». La mayor obsesión de estos es ascender para conservar puestos fijos en la facultad o en el hospital. Akita denuncia que existen «docentes exprés», nombrados de manera rápida y sin que reúnan los requisitos, solo para que «la claque», el grupo de poder que controla la UNA, pueda asegurarse cierto número de votos afines para mantener su autoridad.

En las movilizaciones de #UNANoTeCalles, Akita y sus compañeros recibieron denuncias por irregularidades en el manejo de la facultad. Muchas de estas —aproximadamente cinco o seis de cada diez— tenían que ver con casos de acoso sexual.

Akita cree que hay una doble opresión contra las mujeres en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. «La mayoría de los cargos directivos están ocupados por hombres. Son hombres tanto el director y el jefe de Urgencias del Hospital de Clínicas, como el decano y vicedecano de la Facultad. Durante el primer paro estudiantil de #UNANoTeCalles, se denunció que algunos de ellos vendían rubros en la Facultad o el Hospital. Es decir, que a las personas contratadas, les pedían dinero a cambio de nombrarles titulares de un puesto. En el caso de las mujeres, en lugar de dinero, les pedían favores sexuales», cuenta.

En estas movilizaciones, Akita y sus compañeros recibieron denuncias por irregularidades en el manejo de la facultad. Muchas de estas —aproximadamente cinco o seis de cada diez— tenían que ver con casos de acoso sexual. Entre los relatos más llamativos se referían a una representante estudiantil de la carrera de Instrumentación que actuaba como una especie de captadora, como lo haría una proxeneta. En el quirófano, ofrecía a las estudiantes ir a fiestas privadas de los docentes. En estas fiestas se acostarían con ellos a cambio de un trabajo en el hospital. A veces eran los propios cirujanos los que realizaban estas ofertas en plena intervención.

Compañeros y compañeras de Carolina Wolf demuestran su apoyo a la estudiante en la clase inaugural del año 2017 en Medicina UNA • Foto Cortesía El Independiente

Un protocolo para frenar el acoso sexual en la universidad

Graciela Escobar, médica anestesista egresada de la UNA, es también madre de una representante estudiantil en la Facultad de Ciencias Médicas. Cuenta que los padres de estudiantes se agruparon durante el #UNANoTeCalles para apoyar la reforma del estatuto universitario. Fue en esa época cuando empezaron a escuchar algunas de las vivencias cotidianas de violencia, maltrato y acoso que sufrían los estudiantes.

Ante la gravedad de los testimonios, los padres de estudiantes emprendieron una «cruzada contra el acoso», como la llama Escobar. En los últimos meses, a raíz del caso de Wolf, pidieron a senadores y diputados que actúen como intermediarios en un debate sobre un protocolo contra el acoso y la discriminación por género en las universidades.

«Pedimos que exista un protocolo para atender los casos de acoso que se extienda a todas las facultades de la UNA, y que haya un sistema que impida la revictimización, que evite que las víctimas tengan que contar mil veces su caso, y revivirlo una y otra vez. Queremos que las oficinas de Bienestar Estudiantil estén dotadas de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, y que pueden servir para recibir las denuncias y darles un curso efectivo», dice Escobar.

En medio de estos esfuerzos contra la impunidad, existe la posibilidad de que el caso de Carolina Wolf se reabra. El pasado 30 de mayo, los jueces del Tribunal de Apelaciones anularon el sobreseimiento definitivo del que gozaba Andersen. Según los abogados de la estudiante, esta medida puede permitir que se abra una nueva audiencia del caso, con un nuevo juez y una fiscal diferente.

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El profesor insistía a Belén Whittingslow, su estudiante, para que se encontraran. Le sugería que se vistiera con un uniforme de jugadora de hockey para ir a verle. Decía que le parecía sexy. Whittingslow rechazaba los encuentros y le pedía que solo fueran amigos. «Ofrecerle amistad a quien pide amor es como solo darle un beso en la mejilla a quien quiere cogerte salvajemente contra la pared», le respondía Cristian Kriskovich, un abogado blindado con poder que enseña Derecho en la Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» (UCA), una de las más prestigiosas de Paraguay y donde el acoso a las universitarias es un secreto a voces.

Este fue uno de los más de 1.600 mensajes de Whatsapp que Whittingslow recibió hasta octubre de 2014 de parte de Kriskovich. Sus mensajes se volvieron más insistentes cuando el docente le contó a Whittingslow que su nombre aparecía en una lista de alumnos acusados de haber pagado a sus profesores para obtener buenas calificaciones. Ella cuenta que fue Kriskovich quien alteró sus notas. «Yo no podía presentarme a los exámenes de las tres materias que me faltaban para terminar la carrera porque figuraba que ya las tenía aprobadas. Fue él quien firmó y pagó mi título de Licenciada en Derecho sin que yo lo supiera», dice.

Kriskovich le creaba problemas para después ofrecerle las soluciones. Pero Whittingslow le rehuía. «La verdad que creo que te escondiste hoy. ¿No te gustó verme? ¿Te latía más fuerte el corazón? Te diste la vuelta y te fuiste. Y yo quería saludarte. Estás más flaca. Linda. ¿Por qué me tenés miedo? Y digamos que los dos somos famosos. Y yo te protejo y vos no me amás», le escribió Kriskovich en agosto. Según la copia de los chats de Whatsapp entre ambos que Whittingslow conserva impresa.

Pese a que Kriskovich había admitido que envió mensajes a Belén Whittingslow, el fiscal decidió no hacer el peritaje de su teléfono celular. Para él, el docente «cortejó y galanteó» a la estudiante, y no había delito alguno que investigar.

Whittingslow lo denunció cuando se enteró de que en un claustro de profesores, él afirmó que ambos mantenían una relación. La Fiscalía, que tomó el testimonio de ella y los mensajes que había recibido, vio indicios de acoso sexual. Tras varios cambios de fiscales, el caso llegó al fiscal Fabián Centurión, quien desestimó la denuncia. Pese a que Kriskovich había admitido que envió mensajes a Whittingslow, el fiscal decidió no hacer el peritaje de su teléfono celular. Para él, el docente «cortejó y galanteó» a Whittingslow y no había delito alguno que investigar.

Un día después de que el fiscal Centurión desestimara la denuncia, Whittingslow fue imputada por presunta compra de notas. El resto de los estudiantes acusados por este hecho —que se convirtió en un escándalo mediático— habían sido imputados un año atrás.

Un total de 41 estudiantes acusados de pagar por sus calificaciones fueron expulsados de la UCA, incluida Whittingslow. La mayoría de ellos reconocieron los hechos, pidieron perdón, realizaron trabajos sociales y pudieron continuar sus estudios en la Universidad Americana. Ella fue la única que se negó a admitir algo que no había hecho. También fue la única que denunció a Kriskovich.

«Ya no pude matricularme en otra universidad, tuve que terminar la carrera en el interior. Perdí otros tres años. Durante mucho tiempo tuve miedo de salir a la calle, y ni siquiera ahora puedo leer algo que haya dicho Kriskovich. En este tiempo engordé 28 kilos y tuve un prolapso en una válvula del corazón. Ni a mi peor enemigo le deseo pasar por esto», cuenta Whittingslow.

Kriskovich le pide ahora 450.000 dólares por daños a su imagen. Ella dice que al menos tres de sus compañeras que también fueron expulsadas por el caso de compra de notas son inocentes, pero fueron imputadas tras negarse a tener sexo con Kriskovich. «Imaginate lo que cuesta pagar a los abogados durante todo este tiempo. Hay muchas compañeras que son del interior, que son becadas, y no van a tener la plata para ir a juicio», dice Whittingslow. También opina que ellas querían ahorrarse el martirio que vive Whittingslow por enfrentar en los juzgados a un hombre con el poder de Kriskovich.

Las universitarias hicieron una acción de protesta contra el arzobispo Edmundo Valenzuela. El representante de la Iglesia había dicho que «debemos cuidar de no hacer de una piedrita una montaña», en respuesta a una denuncia por acoso sexual de un cura en Limpio • Rodrigo Centurión / Archivo PUF

Estado, Iglesia y academia: un pacto de impunidad para el acoso

Además de docente, Cristian Kriskovich tiene estrechos vínculos con la Iglesia Católica y es un abogado influyente en el Poder Judicial. Ha ejercido como asesor de la Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia (Fedavifa), que nuclea a grupos de presión católicos.

En el caso de Belén Whittingslow, la Iglesia cerró filas en torno a él. Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción y máxima autoridad de la UCA que ejerce como puente entre la Universidad y la jerarquía eclesiástica, fue el primero en proteger a Kriskovich. Ella cuenta cómo Valenzuela, en una reunión privada, la presionó para que retirara la demanda contra el profesor. A cambio de su silencio, le ofreció un acuerdo económico.

Kriskovich además forma parte del órgano encargado de juzgar a los jueces acusados de delitos o de mal desempeño de sus funciones: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; y es miembro del Consejo de la Magistratura, institución que elige jueces y fiscales en Paraguay.

Durante el juramento de Kriskovich en su cargo en dentro del Consejo de la Magistratura, a comienzos de marzo de este año, varios senadores abandonaron la sala de sesiones en repudio a las acusaciones por acoso sexual a Belén Whittingslow. Cinco días después, el Consejo de la UCA reiteró su respaldo a Kriskovich. Este Consejo está compuesto por varias figuras, entre ellas el arzobispo Valenzuela; el rector de la UCA, presbítero Narciso Velázquez; y tres consejeros asesores. Uno de estos es César Ruffinelli, socio de Kriskovich en el estudio jurídico de Marcelino Gauto.

«A la Iglesia le interesa tener a un representante dentro del Poder Judicial, a través de la Universidad Católica, para que no se juzguen delitos que involucran a curas, incluidos los casos de pedofilia y abusos sexuales. Por eso mantienen a Kriskovich en la Universidad», denuncia Juan Martín Barba, abogado de Whittingslow.

Los miembros del Consejo repitieron lo que ya había dicho la Fiscalía: que los hechos de supuesto acoso fueron investigados, que los mismos no constituyen delito y que la denuncia debía ser desestimada.

«A la Iglesia le interesa tener a un representante dentro del Poder Judicial, a través de la Universidad Católica, para que no se juzguen delitos que involucran a curas, incluidos los casos de pedofilia y abusos sexuales. Por eso mantienen a Kriskovich en la Universidad», denuncia Juan Martín Barba, abogado de Whittingslow.

Barba también cree que la presencia de Kriskovich en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento le garantiza la impunidad. «¿Qué fiscal o juez va a querer juzgar a su jefe?», dice.

Actualmente, Kriskovich es miembro del Consejo de la Magistratura, que tiene la atribución de elegir al nuevo Fiscal General del Estado.

La Plataforma de Universitarias Feministas (PUF) realizó una protesta el día en que Cristian Kriskovich juró en el Senado como miembro del Consejo de la Magistratura. Algunos senadores también se retiraron de la sesión en rechazo del cuestionado docente •  Rodrigo Centurión / Archivo PUF

Una cuota diaria de acoso para las universitarias

En la UCA, el acoso a estudiantes es un secreto a voces. «A menudo no es percibido como violencia. Está naturalizado tanto por las víctimas como por los acosadores. Ellas perciben que acosar es parte de la cuota de poder que tienen los docentes», explica Ana Portillo, quien fue docente de un seminario de género en la UCA en 2016.

Portillo propuso a las estudiantes del seminario el ejercicio de identificar las situaciones sexistas que eran cotidianas en la universidad. Las estudiantes contaron que cada día, al ir a clase, escuchaban comentarios machistas de parte de los profesores, en clave de burlas e insultos.

«¿En qué se parece una mujer a un asado? En que las dos sangran, se les da vuelta, y se les come», dijo un profesor de Epistemología. «Hoy es mi alumna, mañana puede ser mi amiga, y pasado mañana quién sabe», comentó un docente de Filosofía. «Chicas, chicas, dejen de tocarse que me están dando ideas», lo dijo un profesor de Introducción a la Teoría Social. Este último también es autor de frases como «si querés damos clase con las luces apagadas», «vi un lindo culo rengueando», o «¿te pusiste a pensar qué lindos hijos podríamos tener nosotros?».

Portillo dice que hay muchas barreras que impiden a una estudiante reconocerse como víctima de acoso y denunciarlo: la idea de que la responsabilidad de «frenar» a los docentes es de las estudiantes, el temor a manchar su reputación, el escaso apoyo de los compañeros, o incluso el hecho de que la mayor parte de las autoridades universitarias sean varones, y que por tal pueden ser cómplices del docente denunciado.

La marcha del #8M de 2017 fue un espacio de denuncia del acoso en las universidades. • Juanjo Ivaldi

Docentes acosadores en una universidad cómplice

«Qué sexy viniste hoy», «Sos linda pero estás gorda», o «Te hace falta una rutina de ejercicios» son algunas de las frases que escuchaba María Lidia Báez, estudiante de Ciencias Políticas de la UCA, de su profesor José Nicolás Morínigo. Era el año 2015, y al menos una vez por semana durante meses fue acosada por el docente.

A veces le hacía estos comentarios frente a todos sus compañeros; a veces, estando a solas. «Me sentía muy incómoda y muy invadida, desprotegida», dice Báez. «A veces también le justificaba al profe. Pensaba: ‘bueno, es que está viejito, es que es de otra generación’. Pero después la situación empezó a afectar a mi desempeño como estudiante», cuenta

«Tenía todos mis apuntes incompletos, porque casi no iba a sus clases. Y empecé a cuidar mi forma de vestir. Me preguntaba si era apropiada para la universidad, si la blusa no era demasiado escotada o mi ropa demasiado ajustada. Lo que más me afectó fue que me hizo sentir insegura de mi cuerpo, de mi identidad al vestirme. Supongo que las mujeres somos más sensibles a eso, porque tenemos más presión», dice.

Báez decidió presentar una nota denunciando el acoso que sufría por parte de un profesor ante la Universidad Católica, pero nunca obtuvo respuesta.

Báez era por entonces delegada de su curso. Cuando el profesor le hacía algún comentario, ella miraba a sus compañeros, pero no parecían molestos o sorprendidos. «Venimos de una carrera con mucha formación crítica, muy comprometida con la realidad. Yo pensaba que si mis compañeros eran tan críticos como yo, ¿por qué no veían mal esos comentarios? ¿Por qué no les afectaba?», relata. Varias veces le dijo a Morínigo que le molestaban esos comentarios. Él respondía: «No te enojes, solo es una broma».

Báez decidió presentar una nota denunciando la situación ante las autoridades de la universidad. «Yo pensaba que siendo delegada algo tenía que hacer, porque eso mismo les podía estar pasando a mis compañeras», dice. La nota fue recibida y le dijeron que sería tratada en el claustro de profesores, pero Báez nunca obtuvo respuesta.

La denuncia no tuvo efecto alguno, pero el tema del acoso en la universidad estaba dejando de ser un tabú. Báez compartió su denuncia con el seminario sobre género. Los comentarios del profesor formaron parte de una exposición pública en la facultad junto con otras expresiones machistas que las estudiantes recopilaron. Un tiempo después, Báez y Morínigo se cruzaron en una dependencia de la facultad. «Sigues muy linda, pero estás gordita. No vayas a empapelar la facultad con lo que te digo», le dijo Morínigo en aquel entonces.

A pesar de la impunidad, Báez cree que el acoso debe ser denunciado. «Si no denunciamos, es más fácil esconderlos y que pasen desapercibidos», dice. Ella admite que se animó a denunciar solo cuando Morínigo dejó de ser su profesor. «Fue todo un conflicto interno, porque él es un profesor de renombre, que tiene trabajos muy válidos, mucha producción, y yo tenía miedo de quedar marcada, de que me bajaran las calificaciones o el promedio».

El borrador de un protocolo de prevención y atención a los casos de violencia de género fue elaborado y presentado en 2016 por las estudiantes a las autoridades de la UCA. Aún no tuvieron respuesta  • Juanjo Ivaldi

Ante la falta de respuesta a las denuncias realizadas y de herramientas para reaccionar contra el acoso dentro de la universidad, las integrantes de aquel seminario sobre género realizado en la UCA en 2016 redactaron un protocolo de prevención y atención a los casos de violencia de género. El borrador del protocolo se basa en normativas que ya poseen otras universidades en diferentes países del mundo, como la Universidad de la República de Uruguay. De 63 universidades de Latinoamérica consultadas en 2016 por el medio Distintas Latitudes, solo 12 cuentan con protocolos contra la violencia sexual.

En otra encuesta realizada por el mismo medio a 173 universitarios de 14 países, el 67% de ellos dijo que conocía al menos un caso de acoso sexual en su universidad.

Las estudiantes del seminario sobre género realizado en la UCA presentaron el borrador del protocolo al Rectorado para su estudio. Siguen esperando respuestas.

La batalla legal de las mujeres contra la violencia en Paraguay

Aunque las leyes sean buenas, no son suficientes donde la violencia se vive como una parte de las relaciones.

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Victoria Santos es una mujer extranjera que lleva ocho años enfrentando a la Justicia paraguaya para demostrar que su expareja, un hombre con poder, la maltrató durante su relación. Forma parte de Yo te creo, una red de mujeres que han sufrido o siguen sufriendo diferentes tipos de violencia. Allí comparten sus experiencias, se escuchan, se apoyan. Hacen lo que en otros lugares se les niega: tomar el testimonio de las mujeres en serio.

Para Victoria Santos, todo empezó con el maltrato sicológico. Su pareja llegó a convencerla de que no servía para nada. Después, comenzaron los golpes. Abandonó la casa donde vivían sin tener claro qué hacer. Fue a una comisaría para denunciarlo, pero los agentes que la atendieron no quisieron aceptar su testimonio. Dijeron que no lo hacen porque muchas mujeres retiran las denuncias, ya que dependen del hombre para dar de comer a sus hijos.

Ella no retrocedió, aunque fue difícil. Ni siquiera recibió el apoyo de su familia, que vivía en el exterior. «Me decían que aguantara, que los hombres son así. Me preguntaban qué había hecho yo. Que si mi marido me pegaba lo hacía para educarme. O que no me divorciara, que yo estaba muy bien casada con una persona en una posición así», recordó.

«Cuando una va a denunciar a su agresor al Poder Judicial, tiene que estar preparada para que le digan que desapareció su expediente, o que no encuentran su denuncia y tiene que empezar de nuevo el proceso. Sobre todo, si el agresor es una persona conocida», dice Victoria.

Continuó un proceso judicial contra su expareja, una laberíntica batalla legal entre Paraguay y su país de origen, en la que el principal obstáculo fue el dinero, el poder y la influencia de su agresor.

«Cuando una va a denunciar a su agresor al Poder Judicial, tiene que estar preparada para que le digan que desapareció su expediente, o que no encuentran su denuncia y tiene que empezar de nuevo el proceso. Sobre todo, si el agresor es una persona conocida», dice Victoria. A ella le ocurrió en varias ocasiones. A fuerza de insistencia, se convirtió en una experta en desenvolverse en el entramado judicial paraguayo.

Una vez a la semana, las integrantes de Yo te creo se reúnen en el Palacio de Justicia de Asunción. En el grupo no hay sicólogas ni abogadas, pero todas son expertas en violencia machista porque la sufrieron en carne propia.

«Paraguay tiene muchas leyes muy buenas, pero no se cumplen. Denunciar la violencia es una carrera de resistencia y de lucha contra la corrupción en el ámbito judicial», dice Victoria Santos. Carmen Echauri, oficial de Programas de ONU Mujeres en Paraguay, coincide con ella en la dificultad de aplicar las leyes. «Existe una brecha entre la adopción de marcos normativos y su bajada a la práctica», afirma.

El Estado paraguayo ha firmado y ha legislado para proteger a las mujeres. Pero el pasado mes de enero, en la ONU varios países criticaron los «elevados índices de violencia contra las mujeres». Le recriminaron la persistencia de la violencia física y sexual y la extendida discriminación hacia ellas. Ante estos reclamos, el representante de Paraguay, el vicecanciller Óscar Cabello Sarubbi, dijo que el Parlamento estaba tramitando una ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.

El pasado 10 de agosto, los diputados paraguayos debatieron este proyecto de ley, conocido también como la ley #PorEllas. El proyecto original propone la creación del tipo penal del feminicidio, una figura que ya ha sido adoptada por las legislaciones de otros países de la región, como Argentina y Bolivia, donde se aplica la pena máxima para este tipo de crímenes.

Cuando los diputados debatían en el Congreso el proyecto de ley, ocurrió algo inesperado. Dos mujeres, las diputadas Olga Ferreira y Fabiola Oviedo, presentaron varias enmiendas al proyecto.

#NiUnaMenos #NosQueremosVivas: Los asesinatos a mujeres en toda Latinoamérica han movilizado a miles de mujeres a denunciar una cultura machista que promueve la violencia contra ellas • Jessie Insfran Pérez

Su nueva propuesta eliminaba la palabra «género» de todo el texto, así como las menciones a la «identidad de género», que podría brindar protección a las mujeres trans, un colectivo que fue objeto de más de 50 asesinatos impunes desde 1989.

La modificación también elimina la obligación de protección a hijos e hijas de las víctimas, y permite la conciliación de ellas con su agresor, exponiendo a las mujeres y sus familias a nuevos episodios de violencia. Además, suprime la gratuidad en los trámites judiciales, o la posible sanción a los funcionarios públicos que atiendan estos casos de manera inadecuada.

Con estas modificaciones, el texto fue aprobado por los diputados, muchos de ellos temerosos de que la norma abriera la puerta a la despenalización del aborto, prohibido en Paraguay en todos los casos y castigado con hasta cinco años de prisión.

La ley, que a mediados de noviembre se debatirá en el Senado, propone en su proyecto original un horizonte en que el Estado asuma muchos de los costos —económicos, burocráticos— que las víctimas de violencia tienen que enfrentar para denunciar a sus agresores y apartarse de ellos. Pero las leyes, dice Echauri, serán ineficaces si no cuentan con un presupuesto que tenga en cuenta al 50 % de la población: las mujeres.

Además, para que la ley sea aplicable, se necesita una adecuada capacitación de quienes atienden a las víctimas de violencias. «Hay que fortalecer la calidad de los servicios que se brindan a víctimas de violencia. Hay pocos servicios especializados y todos se centralizan en Asunción», asegura.

En esta atención tienen un papel crucial los operadores de Justicia, pero también el personal sanitario: «Sin una mirada de género, la violencia puede ser completamente invisible. Y, sin embargo, un informe médico puede ser presentado como prueba con valor legal al denunciar al agresor», explica.

La misma mirada se necesita en los medios de comunicación, que todavía hablan de «crímenes pasionales», sin entender que la violencia contra la mujeres es un problema social, consecuencia del machismo.

«En Paraguay, la violencia se ve como un ingrediente más de las relaciones interpersonales. Necesitamos un cambio de mentalidad para desnaturalizar la violencia. Callar ante estos hechos es ser cómplice de la impunidad de los agresores. Hay que denunciar hasta lograr que la violencia ya no se vea como normal», dice Echauri.

La epidemia de la violencia contra las mujeres en Paraguay

En Paraguay, seis de cada diez mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia por parte de los hombres. Pero el Estado no ofrece respuestas.

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A Ada Báez1, el comisario le dijo que no podía hacer nada con Luis Balbuena, el hombre que fue violento con ella cuando eran pareja. Había pasado ya un tiempo de aquello y —según el policía— su testimonio serviría como antecedente, pero no se podría hacer mucho más. Pero cuando apareció otra víctima del mismo hombre, ni el antecedente ni la reincidencia sirvieron. Ada se enteró que la mujer retiró la denuncia días después.

Nada de lo que hacía estaba bien para él. Tratarla de «puta» empezó a ser habitual. Las amenazas y los golpes después de algunas discusiones, también. Sus amigos se enteraron del maltrato que sufría una noche en que Balbuena llegó a su casa sin avisar. Entró a la habitación de Ada mientras los demás estaban en la sala, la sacó de la ducha y comenzó a insultarla y agredirla físicamente. Ella pidió ayuda, hasta que uno de sus amigos consiguió separarla de él y sacarlo del departamento.

Ada siempre creyó que podía ayudar a Luis a cambiar. Pero él no cambió. La última vez que se vieron, escapó corriendo de la casa de él con la cara ensangrentada. «Me subí a un colectivo que pasó y le dije al chofer: “por favor, llevame a mi casa”. Ni siquiera sabía en ese momento dónde estaba mi casa», cuenta.

Los números de una epidemia

Establecer una estadística de cuántas mujeres son violentadas no es sencillo, dice Myrian González, especialista en temas de género. «Se tienen datos y registros diversos que no permiten tan siquiera una aproximación a la dimensión de la violencia de género y contra las mujeres en Paraguay», cuenta.

Las cifras que sí existen son graves. En 2015, el 70% de las 9.600 denuncias presentadas ante la Fiscalía por violencia familiar fueron casos de violencia machista. En la Policía, el 86% de estas denuncias fueron hechas por mujeres. También fue un 86% de mujeres quienes denunciaron violencia en los juzgados de Paz, donde se recibieron más de 5.000 denuncias. El 40% de ellas declaró haber sufrido violencia física, y el 55% violencia sicológica.

«Se tienen datos y registros diversos que no permiten tan siquiera una aproximación a la dimensión de la violencia de género y contra las mujeres en Paraguay», cuenta «Myrian González, especialista en temas de género.

La falta de un tipo penal para calificar y castigar al feminicidio impide contabilizar cuántas paraguayas son asesinadas cada año a manos de sus parejas o exparejas. Hasta agosto de este año, la prensa registró al menos 12 casos de feminicidio. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay documentó al menos 37 mujeres asesinadas por sus compañeros o excompañeros sentimentales en 2014. Estima que cada nueve días una mujer es asesinada por violencia machista en el país.

Según Myrian González, tipificar el feminicidio hará que se identifique un problema que suele ser invisible y tratado por la Justicia y los medios de comunicación como un «crimen pasional», un asunto privado. «La perspectiva de la violencia de género permite ver que el agresor ejerce poder sobre su víctima, y que esta no cuenta con la protección que el Estado le debe proveer», afirma.

Un grupo de mujeres representó Las lloronas, como forma de repudio y duelo por los feminicidios que ocurren en el país y en la región. Fue en la marcha internacional #NiUnaMenos que en Asunción se realizó frente al Panteón de los Héroes el pasado 19 de octubre • Jessie Insfran Pérez

Lo que pasa en privado es un problema público

Mariana Brítez también hizo una denuncia pública sobre la violencia que había sufrido con Carlos Vera. Sin dar nombres ni apellidos, relató en su perfil de Facebook los insultos, el aislamiento y los ataques de los que fue víctima durante dos años en esa relación. En esos días, Mariana recibió muchos mensajes. Entre ellos, uno de Carlos. Le preguntaba, en tono inquisidor, cuándo recordaba que él le haya levantado la mano. Carlos era incapaz de reconocer que su forma de tratar a Mariana también era violencia, aunque no dejara cicatrices en su cuerpo.

«Hay quien piensa que los hombres que militan en organizaciones de izquierda tienen mente abierta y no van a ser machistas. Pero lo único que diferenciaba a Carlos de un machista de derecha es que él decía “Hola a todos y todas”», cuenta Mariana. Carlos nunca intentó pedir disculpas. Se limitó a justificarse.

En algunos mensajes que Mariana recibió a raíz de la publicación, le preguntaban con insistencia por qué aguantó, por qué no dejó a Carlos. Otro síntoma del machismo arraigado en la sociedad paraguaya: la víctima es, si no la culpable, al menos responsable en parte de la violencia que sufre.

Los amigos de Ada Báez siempre le dijeron que la apoyaban, que no estaba sola. Pero todo cambió el día en que denunció públicamente a Luis Balbuena.

Fue en un concierto donde ella tocaba con su banda. Micrófono y guitarra en mano, Ada contó lo que él le había hecho pasar. Dio su nombre y apellidos. Entre la gente estaban varios amigos de Luis. Algunos contaron en las redes sociales lo que Ada había confesado en el escenario, sin ninguna solidaridad. Se burlaron de ella. Tal vez se merecía lo que le había ocurrido, dijeron.

Según la ministra de la Mujer, Ana Baiardi, existe un «inmenso subregistro» de las denuncias por violencia hacia las mujeres. «Por cada mujer que denuncia maltrato sicológico en Paraguay, hay nueve que no lo hacen. Por cada mujer que denuncia maltrato físico, hay dos que no lo hacen», dijo a fines de 2014.

Romper el círculo de violencia machista que sufren las mujeres es difícil. Por lo general, no reciben apoyo del Estado cuando se animan a denunciar. O dependen económicamente de sus agresores. Esto explica que solo el 20% de las víctimas de violencia presenten su caso ante una comisaría, un juzgado o la fiscalía.

Ada cree que es fundamental escrachar, aislar y prohibir el acceso a ciertos lugares a su ex. La violencia machista debe dejar de verse como un asunto privado, dice. «Es un problema público, en el que quien no interviene para defender a la víctima se convierte en cómplice del agresor».


  1. El nombre real ha sido cambiado a criterio editorial

Criaditas, esclavas para poder estudiar

Para más de 40 mil niñas, la explotación laboral es la única opción para acceder a la educación en Paraguay.

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Tina Alvarenga vivió ocho años en una casa donde tenía prohibido comer con la familia. Casi convertida en una profesional, volvió años después y escuchó a la señora hablar de ella con orgullo. «Es como nuestra hija, la que mejor nos ha salido», dijo. Pero Alvarenga nunca fue tratada como una hija en esa casa. Desde los diez años, ella fue la «criadita» de la familia, una palabra usada en Paraguay para calificar a más de 46.000 niñas y niños que se ven obligados a trabajar para poder ir a la escuela.

El trato es sencillo: una familia numerosa de poca plata cede a su hijo o hija menor de edad a otra familia más adinerada, a cambio de que se le dé techo, comida y educación. Lo que no se dice es que el niño o la niña tendrá días interminables de trabajo doméstico jamás pagado, y podrá sufrir abusos o malos tratos, sin que el pacto pueda ser anulado por las partes. Esto se conoce como «criadazgo», una práctica vigente en el país a pesar de varias denuncias de organizaciones de derechos humanos y la aceptación cómplice de una buena parte de la sociedad.

Después de terminar sus estudios universitarios, Alvarenga trabajó durante años en una organización de defensa de los derechos de niños y niñas. Entrevistó a criaditas, recabó testimonios, redactó informes, investigó, denunció. Trató de llamar a las cosas por su nombre, porque el sentimiento de gratitud instalado en las criaditas es, por lo general, una garantía de silencio.

Tina Alvarenga frente a la casa donde fue criadita por ocho años • Cecilia Rojas

«El criadazgo se apoya en un doble espejismo», dice Alvarenga. Por un lado, está la ilusión de la familia que entrega a su hija a otras personas y piensa que, gracias a eso, podrá terminar sus estudios, mejorar su posición social y «ser alguien en la vida». Por otro, la familia que recibe a la niña justifica la explotación creyendo que da una oportunidad a alguien que, de otra forma, no solo no podría estudiar, sino que incluso se moriría de hambre.

El puente que une a ambos espejismos es la criadita, a quien tanto su familia como sus patrones tratan de convencer de que debe estar agradecida por la oportunidad que está recibiendo. «Si mi mamá me escuchara hablar de criadazgo, probablemente me diría que soy una desagradecida», dice Alvarenga. «La criadita se calla porque piensa que lo que le pasa es lo normal, es lo que tiene que ocurrirle», analiza.

Si la niña es maltratada, sus familiares no lo sabrán hasta muchos años después. A veces, ni llegan a enterarse. Pero en enero de 2016, una historia puso rostro a un fenómeno oculto al interior de las casas paraguayas.

Las víctimas del criadazgo

Carolina Marín ingresó al Hospital Regional de Caaguazú con señales de haber recibido fuertes golpes. Murió poco después. Tenía 14 años. Era criadita en casa de Tomás Ferreira, ex militar, y Ramona Melgarejo, funcionaria del Registro Civil. Vivía con ellos en Vaquería, una localidad de poco más de 3.000 habitantes ubicada a unos 250 kilómetros al este de Asunción. A finales de enero de 2016, Ferreira, golpeó a Marín hasta matarla con una rama. Fue el último castigo que recibió la adolescente.

Los medios difundieron este hecho unos días más tarde. Las noticias resaltaron que la menor asesinada era una «criadita». Organizaciones como Unicef o Callescuela responsabilizaron de esta muerte a la muy arraigada costumbre del criadazgo. «Una forma moderna de esclavitud», la calificaron. Decenas de personas convocaron manifestaciones para pedir que en Paraguay no haya «ni una Carolina más». El nombre y las fotos de la adolescente recorrieron las redes sociales.

Ante el revuelo que se generó por el caso de Carolina Marín, los diputados del Congreso presentaron una resolución para repudiar el criadazgo. Pero no se pusieron de acuerdo a la hora de redactarla.

El diputado Bernardo Villalba, del Partido Colorado y representante del departamento de Concepción, una de las zonas más pobres del país, expresó la duda de varios de sus colegas. «Provengo de una región extremadamente pobre y sé que, si bien existen abusos dentro de este sistema, es también la oportunidad que tienen personas de colocar a sus hijos con familias pudientes y anhelar un futuro mejor», dijo.

Mientras las autoridades no llegan a un consenso, en el Paraguay uno de cada cuatro niños entre 5 y 17 años es económicamente activo. Y una de cada cinco trabajadoras domésticas tiene entre 10 y 19 años. Pero para el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, Paraguay «ha abandonado la lista negra del trabajo infantil». Para él, el país «tiene que trabajar para definir la figura del criadazgo», a través de «iniciativas parlamentarias e intercambio de opiniones».

Letra muerta

Pese a los reparos de las autoridades, los tratados internacionales sobre trabajo infantil vigentes en Paraguay y la legislación nacional no dejan demasiado espacio para las dudas. El convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil, incluye entre ellas a «todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio». Este convenio es ley en Paraguay.

También el Código de la Niñez y la Adolescencia del país los protege contra toda forma de explotación y «contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación». Anteriormente, esta norma permitía que trabajen a partir de los 14 años en casas de terceros bajo ciertas condiciones. Esto ha quedado sin validez a partir de la definición de trabajo infantil peligroso de la OIT y por la Ley de Trabajo Doméstico, que establece que la edad mínima para realizar este tipo de labor es de 18 años.

El mismo Código de la Niñez y Adolescencia reconoce el derecho a la identidad de los niños y la obligación del Estado de garantizar las condiciones para que puedan permanecer en su familia. Ambos derechos están ausentes en los casos de criadazgo.

El derecho a la identidad se ve también comprometido por la situación ambigua en la que vive la criadita: no son ni hijas ni empleadas.

«En Paraguay hay más vacas registradas que niños», denuncia Tina Alvarenga. Sin identidad, es más fácil vulnerar los derechos infantiles impunemente. Si no hay un registro, es difícil controlar en qué condiciones vive un niño.

El derecho a la identidad se ve también comprometido por la situación ambigua en la que vive la criadita en una familia que no es la suya. «No somos sus hijas, tampoco sus empleadas», dice Alvarenga.

Infancia secuestrada

El criadazgo no es un fenómeno exclusivo de Paraguay. Se repite en varios países con algunos matices.

En Haití les dicen restavek, un término criollo que viene del francés «rester avec» o «quedarse con», refiriéndose a las familias que mantienen a alrededor de 300.000 niños y niñas. En Marruecos, las criaditas son llamadas petite bonnes. Trabajan entre 14 y 16 horas cada día. En Nepal se les dice kamlari, y están sometidas a un tipo de servidumbre como pago por deudas. En Benín, los videomegon son los niños pobres de comunidades rurales que trabajan con parientes en las ciudades para acceder a educación.

Según la OIT, en el mundo existen 15,5 millones de niños y adolescentes menores de 18 años que se dedican al trabajo doméstico. Para la organización Save The Children, la cifra es de 40 millones en todo el mundo. La cuarta parte de ellos trabajan casi como esclavos.

Una de cada cinco trabajadoras domésticas en Paraguay está en edad escolar (entre 10 y 19 años).

Para la OIT, las privaciones que sufren los niños y las niñas que realizan trabajos dejan «un impacto físico, psicológico y moral irreversible en el desarrollo, salud y bienestar» del niño o la niña. En algunos casos, el acceso a la educación —la moneda de cambio del criadazgo— no se garantiza, incumpliéndose así el acuerdo verbal entre familiares y patrones de la criadita.

El alto costo para acceder a un derecho

En teoría, en Paraguay la educación pública es gratuita. En las escuelas, el Estado debería proveer a los alumnos de almuerzo si asisten por la mañana, y merienda si van por la tarde. Al inicio de cada año académico, el Ministerio de Educación tiene que entregar kits escolares con libros de texto y materiales básicos. Pero en la práctica, miles de niñas se ven forzadas a trabajar para acceder a educación.

Para Liz Torres, quien fue ministra de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, llegar a las escuelas es el primer desafío que enfrentan los estudiantes. «Muchas escuelas funcionan lejos de las viviendas de los alumnos. Las familias tienen miedo de enviar a los niños a la escuela si cada día tienen que caminar más de tres kilómetros por un camino rural. Es todavía peor si la escuela está en una zona militarizada, como ocurre en el norte del país. A veces, las lluvias tampoco les permiten asistir, porque el camino queda intransitable», cuenta Torres.

La ilusión de estudiar es «perversamente aprovechada» por las familias que reciben al menor. La niña les da su mano de obra gratuita, explica Liz Torres.

Las familias también desconfían del contenido de la educación de las escuelas rurales. «Se da el mismo programa de estudios que en las ciudades, pero en unas condiciones completamente diferentes y con una calidad bajísima», dice Torres. Además, la educación se corta bruscamente al terminar la primaria. Para ir al colegio, hay que trasladarse a la ciudad. Por eso, algunas familias prefieren que sus hijos vayan cuanto antes a estudiar a las ciudades y se familiaricen con el nuevo ambiente.

Pero para las familias rurales el factor determinante es el económico. Enviar a un niño o niña a trabajar a la ciudad se perfila como «el camino más seguro para acceder a mejores oportunidades y no reproducir la historia de pobreza de la familia», dice Torres. La ilusión de estudiar es «perversamente aprovechada» por las familias que reciben al menor. La niña les da su mano de obra gratuita.

Rutina de criadita

Tina Alvarenga tenía diez años cuando la fábrica donde trabajaba su padre quebró y él se quedó desempleado. Todos sus hermanos se pusieron a trabajar para traer dinero a casa, vendiendo dulces en la calle o en el mercado. Todos ellos continuaron estudiando en la escuela. Solo ella se fue de criadita a Asunción.

En la casa de sus patrones, Alvarenga trabajaba entre cuatro y seis horas por día, y tenía cronometrado el tiempo que debía dedicar a estudiar. Se despertaba alrededor de las cinco de la mañana y preparaba el desayuno de los señores. Cada día de la semana tenía que dedicarse a limpiar y ordenar una parte de la casa. Los viernes, por ejemplo, limpiaba la heladera y la sala, lustraba los muebles, desinfectaba el suelo. Después, iba a la escuela.

Cuando terminaba las clases, regresaba a la casa y tenía tiempo para estudiar. Cuanto antes acabara, más tiempo libre tendría, pero este también era limitado ya que debía preparar la cena de los señores. Alvarenga dice que nunca pasó hambre, pero la comida estaba medida. «Tenía más acceso a la biblioteca del señor que a la heladera», cuenta.

La biblioteca estaba bien nutrida y pertenecía al dueño de la casa, un militar simpatizante del Partido Liberal, opositor a la dictadura de Stroessner (1954/1989). Algunas noches, ya después de la cena, el patrón obligaba a Alvarenga a ponerse de pie a su lado y leer los editoriales de periódicos opositores como «Sendero» o «El Pueblo», y la persuadía para que no creyera lo que los medios oficiales decían sobre el régimen dictatorial. La consideraba inteligente, pero no conversaba con ella. «El señor había encontrado a alguien que le escuchara hablar sobre política», dice.

Además de la explotación laboral, las criaditas viven aisladas de las demás niñas de su edad.

Nunca sufrió abusos sexuales, aunque cada noche arrimaba un baúl a la puerta de su habitación por miedo a que alguien entrara. Asegura que tampoco fue víctima de violencia física sistemática, aunque recuerda que en alguna ocasión el patrón la golpeó con su cinto para «corregirla». Lo que más le duele es hasta qué punto fue discriminada por ellos.

«No me dejaban ir a menudo a mi casa, porque decían que de ahí volvería con ´la mala costumbre´. Se referían a que hablaría en guaraní, su lengua materna, ya que ella es indígena guaraní. Sus patrones temían que perdiera la educación que ellos le daban, cuenta. Igual, era perfectamente consciente de que todo lo que ellos le proporcionaban, lo estaba pagando con su trabajo.

La discriminación se trasladaba también a la escuela. «Una de las cosas de las que menos se habla es del bullying, del acoso que sufren las criaditas cuando van al colegio. Porque los otros niños tienen a sus padres y enseguida se dan cuenta si vos no los tenés, si sos criadita. Yo no podía invitar a nadie a la casa donde vivía, no tenía mi grupo de amigos del colegio o entre mis vecinos. Lo que más sentí fue no pertenecer a un grupo en la adolescencia, que es cuando se forman las amistades. Lo peor de todo fue el aislamiento», relata Alvarenga.

La oferta y demanda de criaditas

En enero de 2015, una mujer publicaba este texto en un grupo de Facebook dónde comparten avisos de empleo para personal de limpieza y niñeras en Paraguay. La administradora del grupo es Pepa Kostianovsky, una concejal de la Municipalidad de Asunción.

«Hola, necesito una compañerita para mi nena, para jugar con ella a la mañana y a la tarde. Para estudiar. Avisen por favor. Para el lunes si es posible».

El anuncio recibió cinco «me gusta» y varios comentarios. Una mujer de la ciudad de Ñemby dijo que tenía una nena de once años y dio su número de teléfono. Otra mujer, también de Ñemby, ofreció a su sobrina de 15 años. «Le gustan las criaturas y es muy guapa», escribió. Un tercer comentario hablaba de «una chica del interior que quiere trabajar». Ante la cantidad de respuestas, la autora del anuncio intervino:

«Amigas, conseguí una, voy a ver si me funciona. Muchas gracias, aviso otra vez cualquier cosa».

La transacción estaba cerrada.

Por la respuesta, la mujer puede estar hablando de una persona o un electrodoméstico. La candidata a criadita no tiene identidad. «Amigas, conseguí una». Es un objeto del que se puede disponer. «Voy a ver si me funciona». Es reemplazable y descartable. «Aviso otra vez cualquier cosa».

El anuncio usa uno de los eufemismos que blindan el universo de las criaditas: compañerita. A veces el término es más familiar: ahijadita, sobrinita, e incluso hija del corazón. No importa si existe o no un parentesco real. Preferiblemente, se usa el diminutivo. A la hora de establecer el acuerdo, nunca se habla de trabajo. La criadita viene para «jugar» con otros niños, o para «ayudar en la casa». También se menciona que viene para «estudiar».

El anuncio en Facebook solo dista en forma de los avisos de periódicos de fines del siglo XIX, cuando a pesar de que en algunos países latinoamericanos ya había sido abolida la esclavitud, todavía se publicaban ofertas de venta de personas.

Las criaditas son obligadas a vivir muchas veces en condiciones esclavizantes a cambio de la posibilidad de acceder a una educación formal.

Rosa María Ortiz, relatora por los derechos de la niñez de la CIDH entre 2012 y 2015 y vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra, se pregunta cómo es posible que hoy en día siga presente en Paraguay la esclavitud a través del criadazgo. Esta forma de explotación se originó en los primeros años del régimen colonial con el sometimiento de los conquistadores españoles a los indígenas americanos, según Adelina Pusineri, directora del museo etnográfico Andrés Barbero de Asunción.

«Si a lo largo de nuestra historia hemos sido capaces de terminar regímenes como la esclavitud, el cuñadazgo, las encomiendas, los mensú, es inexplicable que sigamos aceptando con amena complicidad la servidumbre que enfrenta a tantas niñas y niños a un sistema esclavizante, exponiéndolos a todo tipo de abusos y explotación», escribe Ortiz en el prólogo de Criaditas, ¿hasta cuándo?, una colección de testimonios de ex criaditas. La desigualdad social y la forma de ostentar poder en Paraguay dan algunos indicios para comprender la vigencia de este fenómeno.

Entre el poder y la necesidad

El mantenimiento del criadazgo está emparentado con las estructuras de poder vigentes en Paraguay, dice Liz Torres. La criadita y su familia no perciben la educación como un derecho, sino como una gracia que otra persona les concede, y por eso quedan en deuda con ella. Es un trato similar al que se da en el interior del país entre los que tienen tierras y quienes no. El terrateniente, una suerte de caudillo, les permite vivir y trabajar en sus terrenos a los campesinos, y los campesinos no ven esta posibilidad como un derecho, sino como un favor.

En las raras ocasiones en que los parientes de las criaditas pueden visitarlas en las casas donde trabajan, llegan cargados de regalos, de comida, de los productos que generan en sus chacras, explica Torres. En su concepto de reciprocidad, las familias vienen a agasajar a los supuestos encargados del bienestar de sus hijas.

Paraguay es firmante del convenio de la OIT contra las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, el sistema de criadazgo está fuertemente arraigado en el país.

El esquema que está detrás, sin embargo, es el del clientelismo, un intercambio desigual de favores entre quien detenta el poder, y quien tiene necesidades. Un esquema sobre el que el Partido Colorado ha construido su poder por décadas. Para Torres, el criadazgo se basa en una solidaridad mal entendida. Se trata de la expresión y el producto de la desigualdad social, motivada por un modelo económico de la explotación de recursos naturales, como el agua o la tierra fértil, que genera situaciones de pobreza, marginación, exclusión y un «futuro hipotecado» para niños y niñas. «Mientras no produzcamos cambios estructurales en el sistema económico, será difícil terminar con el criadazgo», dice.

La deuda que contrae el pobre con el rico es grande; su miedo al poder, también. La sumisión a los caudillos locales, heredada de la dictadura, e incluso de antes de la colonia, construye a su alrededor un velo de impunidad. Es por eso que el criadazgo, aun cuando las condiciones de esclavitud son patentes, rara vez se denuncia, dice Torres. Quienes mantienen a criaditas se benefician del temor que inspiran los poderosos.

Ni una Carolina más

En Vaquería, a Ramona Melgarejo, la patrona de Carolina Marín, se la conoce como «la jueza». Pero Melgarejo no era jueza, sino funcionaria del Registro Civil. También fue profesora en la localidad. «Ya era violenta con los alumnos. En la época de Stroessner, a veces les castigaba pegándoles con una rama de coco», dice Ada Meza, quien estudió en la escuela donde Melgarejo impartía clases. «Tenía mucho poder e influencia, parecía que ella siempre iba a ganar», añade.

Cuando Carolina tenía tres años, Melgarejo logró sortear todos los trámites judiciales que rigen las adopciones legales en Paraguay y llevó a la niña del lugar donde vivía, hasta su casa. Meses atrás, la señora Valentina, tía de Carolina, la había dado en adopción.

La madre de Carolina había fallecido. Su padre era alcohólico. Su tía Valentina se hizo cargo de ella por un tiempo. Pero con siete hijos —uno de ellos sordomudo y con problemas de adicción al alcohol— no pudo hacerse cargo de la niña y la llevó junto a sus hermanos a un centro de acogida. Después, supo que Melgarejo la había llevado a su casa.

Mercedes Jiménez, hija de la señora Valentina y prima de Marín, dice que en los primeros años tuvieron contacto con la niña. «Carolina tenía hasta una niñera. La señora Melgarejo la traía a casa a ver a mi mamá, por lo menos hasta que tuvo cinco años. Después perdimos un poco el contacto, pero sabíamos que estaba escolarizada y muy controlada. Pensamos que vivía bien. Nunca imaginamos su sufrimiento», cuenta.

Meza recuerda que Carolina se levantaba a las tres de la mañana. A veces, la veía arrodillada, limpiando el suelo con un cepillo para ropa. Un par de veces por semana iba a la escuela.

Jiménez está de pie detrás de una pancarta donde se lee: «Condena ejemplar a los asesinos de Carolina Marín. Vaquería no te calles». Cerca de un centenar de personas la acompañan, en una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de la ciudad de Coronel Oviedo, donde se sigue el caso del homicidio de la criadita de Vaquería. Es el primero de julio. Han pasado casi seis meses desde que a Carolina la mataron a golpes, pero la comunidad está decidida a levantar la voz.

«Recolectamos firmas para que se juzgara a los patrones de Carolina. Los profesores de la escuela no querían, tenían miedo a las represalias. Pero no queríamos que el caso de Carolina se terminara con su entierro, y nos movilizamos», cuenta Ada Meza. Ella también era vecina de la casa donde vivía la adolescente, un edificio rodeado de una alta muralla, que no pudo impedir que ella fuera testigo de las condiciones de vida de la criadita.

Meza recuerda que Carolina se levantaba a las tres de la mañana. A veces, la veía arrodillada, limpiando el suelo con un cepillo para ropa. Un par de veces por semana iba a la escuela.

«Andaba siempre muy sucia, y se notaba que pasaba hambre», cuenta. Asegura que la niña sufrió maltratos físicos desde que tenía once años, pero nunca nadie lo denunció. «Teníamos miedo», dice Meza. Tampoco lo denunciaron cuando la adolescente recibió la paliza que acabó con su vida. «Estuvo encerrada en una pieza por tres o cuatro horas. No podía morir, ni seguir viviendo», cuenta Meza. Ella no puede olvidar a la niña. Se siente responsable.

Además de los testimonios, la Fiscalía cuenta con otras pruebas como las filmaciones de las cámaras de circuito cerrado cercanas a la casa de Carolina, o los resultados de la necropsia que le realizaron después de su muerte. Todo apunta a la culpabilidad de sus patrones. Según los análisis, Carolina fue golpeada con un objeto que le causó severas lesiones en el hígado, el bazo y los riñones, y una hemorragia interna que la mató. A finales de julio, la Fiscalía imputó a Tomás Ferreira por el homicidio doloso de la adolescente.

El caso del asesinato de la niña Carolina Marín desnudó una realidad que es mayormente callada.

Los vecinos, junto con cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil, piden mayor celeridad en la investigación del caso. Reclaman que tanto Ramona Melgarejo como Tomás Ferreira sean condenados a 30 años de prisión por el homicidio de la niña que fue su criadita. Exigen que la muerte de Carolina no quede en el oparei, como le dicen los paraguayos a la impunidad del olvido.

De continuar con el proceso, el caso de Carolina Marín puede suponer la primera vez que se juzgue en Paraguay la figura del criadazgo. Puede sentar jurisprudencia y animar a que más casos sean llevados ante la justicia. Quizá inicie un camino para acabar con este intercambio trágico de trabajo infantil forzoso por educación.