Jazmin Acuña

Las paraguayas abortan

El aborto inseguro es la causa de 1 de cada 4 muertes de mujeres durante el embarazo. La penalización condena a las más pobres

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Embarazarse en Paraguay es un evento de riesgo para las mujeres, una de sus cinco causas principales de muerte. El país tiene una de las peores cifras de mortalidad materna de Latinoamérica. Solo en 2016, 96 mujeres murieron por esta razón. Entre ellas, 24 intentaron abortar, pero no sobrevivieron. El aborto, considerado un delito, se practica ampliamente en la clandestinidad, lo que las expone a peligros a su salud, y en el peor de los casos, las mata.

Salvo que la vida de la mujer esté en riesgo por el embarazo, la legislación castiga el aborto con penas de entre cinco a ocho años de cárcel. Paraguay, junto con Venezuela y Ecuador, son los únicos países en Sudamérica que mantienen una penalización casi absoluta. Pero esto no es obstáculo para que las mujeres aborten. Igual lo hacen, y de a miles. Solo en 2014, los hospitales públicos atendieron a casi 9000 mujeres por complicaciones relacionadas a abortos. Las complicaciones pueden ser por hemorragias, perforaciones del útero o infecciones post-aborto, según la obstetra Victoria Peralta. Asegura que las mujeres abortan, pero como deben ocultarlo muchas lo hacen en condiciones que ponen en riesgo sus vidas.

Solo en 2014, los hospitales públicos de Paraguay atendieron a casi 9000 mujeres por complicaciones relacionadas a abortos.

La clandestinidad también impide tener información precisa. El Gobierno tiene un sub-registro de la verdadera cantidad de mujeres que interrumpen sus embarazos. Aun así, los números con los que sí cuenta muestran una realidad que desborda. Aproximadamente 3.000 adolescentes de entre 15 y 19 años abortaron en 2014, siendo esta franja de edad en donde se produjo la mayor cantidad de abortos. Las cifras están fuertemente ligadas a uno de los fenómenos que más inquieta al país: los altos índices de abuso sexual a niñas y adolescentes.

Marta Ascurra, presidenta del Comité Nacional de Bioética, no está a favor de la despenalización del aborto, pero propone analizar estos casos. Le preocupa el destino de mujeres y niñas totalmente indefensas a las que el Estado no da respuesta alguna. «¿Qué pasó con Mainumby?», se pregunta Ascurra, haciendo referencia a la niña de 11 años que en 2015 fue obligada a parir, luego de haber sido abusada por su padrastro. El año que quedó embarazada, otras 700 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz. 85 pudieron interrumpir sus embarazos, según los registros oficiales.

Rocío<sup id="fnref:1"><a href="#fn:1" rel="footnote">1</a></sup> interrumpió un embarazo a los 24 años. Asegura que tomó la decisión correcta. «Me permitió seguir en el camino que estaba, con mis proyectos», cuenta.(Foto: Nadia Gómez)

Decidir y sobrevivir es un privilegio

Pero la violación o la falta de educación sexual no son los únicos motivos por los que las mujeres se embarazan y deciden abortar. «No siempre tenés que ser una persona inmadura sexualmente, o tener tus primeras experiencias o estar con una pareja casual para quedarte embarazada. Te puede pasar y tomar la decisión de abortar, como en mi caso, teniendo ya un hijo y una vida sexual responsable y plena», dice Analía1 , una comunicadora de 37 años. Tenía 33 cuando decidió no proseguir con un embarazo. «Sucedió en un momento que no estaba planificado y no había forma de sostenerlo. Fue mi decisión, pero también una decisión compartida [con mi pareja]. Ninguno de los dos quería tener más hijos», cuenta.

Analía se considera privilegiada por haber podido abortar en condiciones que no siempre están disponibles para las mujeres que desean hacerlo. «Me siento privilegiada por la red social que me sostuvo y me dio opciones válidas. También por el momento en el que me pasó, donde ya tenía una madurez como para pensar en todas las consecuencias, pensando en lo que iba a ser mejor para mí como mujer y como persona», asegura.

Otras cuatro mujeres entrevistadas que pudieron abortar coinciden en que tuvieron acceso a información, contaron con personas que las acompañaron en su decisión –casi siempre amigas, hermanas o madres–, y que las clínicas a las que acudieron las atendieron de manera profesional. A ninguna le cuestionaron sus motivos para abortar, y no se arrepienten de la decisión que tomaron. Todas tuvieron la capacidad de pagar por una relativa seguridad.

«El aborto tiene que ser legal, libre», sentencia Analía. A los 33 años y siendo ya madre, decidió abortar porque no estaba planificado y ya no quería tener más hijos. (Foto: Nadia Gómez).

Más muertas que presas

El dinero y no la posibilidad de ir a la cárcel es lo que más influye en la decisión de terminar un embarazo. José Galeano, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), cuenta que en una última revisión de los datos en cárceles con mujeres de Asunción, Coronel Oviedo, Concepción y Ciudad del Este, solo 2 de 598 estaban encerradas por aborto. «Las mujeres no llegan siquiera a estar recluidas en la cárcel, sino que terminan en el cementerio. Esa es la realidad», reflexiona Victoria Peralta.

Las posibilidades de morir son inversamente proporcionales a la capacidad de pagar. «Si tenés dinero, accedés a condiciones adecuadas. Si no tenés dinero, arriesgás tu vida», dice la bioeticista Marta Ascurra. Los datos con los que trabaja la doctora Gladys Mora, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, confirman lo que es una realidad. En su oficina tiene una carpeta abultada con el historial de las mujeres que murieron al intentar hacerse un aborto. Dice que cada caso es único, pero todas tienen en común que son mujeres no menores de 22 años, con más de un hijo y del estrato social más pobre de la población. Ninguna terminó la secundaria.

Con dinero, las mujeres se realizan abortos en clínicas médicas equipadas y preparadas para recibirlas si optan por la intervención quirúrgica. Magalí1, una artista de 28 años, tenía 23 cuando decidió abortar. Estaba de novia cuando se enteró que quedó embarazada, pero no estaba preparada para la maternidad. Recurrió a unas amigas que le dieron información sobre una clínica en Asunción, y allí fue.

La atendió una psicóloga, le hicieron una ecografía y le dijeron que estaba de seis semanas. El día de la intervención, le pusieron suero y quedó dormida al instante. «Fue todo muy acompañado por las profesionales de esa clínica. Fui muy bien atendida, en ningún momento me juzgaron, en ningún momento me culparon, en ningún momento me preguntaron o pusieron en duda lo que yo les decía», cuenta. Pero por esta atención tuvo que pagar 1.500.000 guaraníes (unos 275 dólares). Ella cree que todas las mujeres tienen derecho a recibir la misma atención pero de forma gratuita. No olvida que al lado suyo, en una camilla, se recuperaba otra chica, una empleada doméstica. Por ley, en Paraguay, quienes emplean a trabajadoras domésticas solo están obligados a pagar el 60 % del salario mínimo establecido, aproximadamente 1.220.000 guaraníes, unos 220 dólares al mes.

«Si el aborto se realizara en condiciones seguras, las mujeres no tendrían que morir», dice la obstetra Victoria Peralta.(Foto: Nadia Gómez)

El costo de lo prohibido

Sin dinero, y con una legislación que criminaliza la práctica, las mujeres se ven obligadas a realizarse abortos inseguros. Para Elba Núñez, abogada y trabajadora social, la prohibición representa una pena de muerte para las mujeres pobres. «El penalizar el aborto somete a las mujeres incluso a la tortura. Acuden al círculo clandestino donde no hay control sobre las condiciones», dice. Asegura que la legislación paraguaya viola tratados internacionales que el Gobierno ha firmado y ratificado. «Se está violando el derecho de las mujeres a no ser discriminadas, sus derechos reproductivos, a gozar una vida libre de violencia, el derecho a la vida», sentencia. Para Clyde Soto, una psicóloga que hace años investiga y publica sobre el tema, esta es la única disposición penal en el país que mata más de lo que castiga. Dice que quienes legislan en Paraguay no han querido mandar presas a las mujeres que abortan, «pero decidieron mantener una punición que perfectamente saben que no evita los abortos, sino que los pasa a la clandestinidad, como siempre ha sido».

El aborto no se debate por cuestiones morales, y por la intervención de grupos religiosos en asuntos de educación y salud pública. Tanto que un proyecto piloto de implantes anticonceptivos del Ministerio de Salud fue catalogado de promover el aborto por estos grupos. El doctor Jorge Sosa cuenta que la Iglesia Católica presentó un memorándum en contra de la aplicación de estos implantes en niñas y adolescentes para prevenir segundos embarazos. Como titular de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, dice que ha luchado para lograr la aceptación de este proyecto en varios espacios, inclusive en su propio gremio. «Tenemos de todo en la viña. No porque seas médico entendiste todo, también tenés tus ideas religiosas; un grupo médico también se sumó en contra del proyecto», revela.

Para Magalí, el aborto es ilegal porque es rentable. «Los médicos lucran con eso, los anestesistas, las enfermeras, las clínicas. Todos ellos lucran. No es que hay una objeción de conciencia donde dicen “no lo voy a hacer porque es amoral”. Es un negocio muy lucrativo», asegura. Según Analía, las pastillas de misoprostol, o Cytotec, que también se utilizan para provocar abortos, se venden en Paraguay a un costo más alto que en Argentina. Por esta razón decidió ir hasta allá cuando tomó la decisión de interrumpir su embarazo. «No gasté ni 100 mil guaraníes por las pastillas, que son de venta bajo receta en Argentina, pero uno puede ir y comprarlas. Acá entran esas pastillas de contrabando, entonces te venden a una cifra bastante más elevada porque es un mercado negro», dice.

«Al mirar las cifras de mortalidad materna, siempre hay que comparar con las cifras del gasto público en salud. El gasto no fue creciendo como estábamos esperando», explica el dr. Jorge Sosa, director de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud (Foto: Nadia Gómez)

En el país, las pastillas se pueden comprar en el circuito clandestino por 700 mil a 1 millón de guaraníes, según relata una de las entrevistadas. El Ministerio de Salud las adquiere legalmente para intervenciones relacionadas con el parto por 45.500 guaraníes. Aunque el Ministerio prohíbe la venta comercial de misoprostol en Paraguay, el doctor Sosa comenta que estas pastillas circulan en farmacias sin la autorización correspondiente. También admite que la introducción de las pastillas a nuestro país produjo un cambio. “Hay una época antes del Cytotec y una época después del Cytotec. Antes del Cytotec solo había métodos mecánicos para abortar. ¿Qué significa eso? Se introducían ramas, perejil, instrumentos, y con eso las infecciones subían. Desde el ingreso de Cytotec, comenzó a caer la muerte por aborto”, asegura.

En 14 años, la mortalidad materna ha disminuido. En 2002, la razón de mortalidad materna –que mide la cantidad de mujeres que mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo o el parto por cada 100 mil nacidos vivos– era de 182,1. En 2016, la cifra fue de 86,4.

Para Elba Núñez, coordinadora regional de Cladem, obligar a niñas a parir equivale a torturarlas. Un promedio de 2 niñas por día de entre 10 y 14 años se convierten en madres en Paraguay. (Foto: Nadia Gómez)

Aborto seguro, ¿una deuda democrática?

Las muertes de las mujeres que no sobreviven a sus abortos inseguros también representan un costo para el país. Victoria Peralta recuerda que muchas de ellas son madres que dejan niños huérfanos. «Estos niños pierden el cuidado fundamental de la madre, y estas mujeres que mueren por abortos están en su principal etapa reproductiva. Y no solo reproductiva biológica, sino de reproducción de la fuerza de trabajo. Es la etapa en que la mujer está más activa en su mundo laboral, y también en el mundo social. Es una pérdida gigantesca para el país», dice. Victoria no sabe cuánto le cuesta al Estado la atención a las miles de mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones producto de los abortos clandestinos. Piensa que también hay un argumento económico para despenalizar la práctica. Pero por ahora, ella milita en un movimiento por el derecho a la salud donde, entre otras cosas, abogan por la despenalización del aborto bajo cuatro causales: violación, incesto, embarazo que pone en riesgo la vida de la mujer y cuando el feto tiene una malformación que es incompatible con la vida. «Estas cuatro causales creo que son indiscutibles», asegura.

La bioeticista Marta Ascurra piensa que la discusión no debería pasar por si una mujer puede realizarse un aborto o no. «La pregunta que debemos hacernos es cómo vamos a proteger a nuestras mujeres», dice. Pero para Elba Núñez, no solo se trata de evitar muertes prevenibles o reducir los peligros de la clandestinidad de la práctica. Argumenta que el hecho de que las mujeres puedan abortar es una cuestión de autonomía, ejercicio de ciudadanía, una deuda incluso con la democracia. «¿Cómo es posible que las mujeres puedan votar, decidir sobre el destino de las naciones, y sin embargo no puedan decidir sobre sus propios cuerpos?».

Clara<sup id="fnref:1"><a href="#fn:1" rel="footnote">1</a></sup>, de 28 años, interrumpió un embarazo a los 23. Conoce a muchas mujeres que también lo han hecho. (Foto: Nadia Gómez)


  1. Los nombres de las entrevistadas han sido cambiados para proteger su identidad e integridad.

Los hombres del dictador siguen en el poder

El Ministro de Defensa, el de Relaciones Exteriores y un asesor de la presidencia de Paraguay tienen algo en común: un pacto de impunidad con la dictadura

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Cuando al doctor Joel Filártiga le preguntan quién es Diógenes Martínez, no responde el cargo que ocupa en el gobierno de Horacio Cartes, el de ministro de Defensa. “Es un monstruo”, sentencia, y con el aliento entrecortado, como si las palabras lo apuraran, comienza a citar un extenso prontuario, digno de un villano.

Joel Filártiga también es muchas cosas: médico, dibujante, pintor, poeta. Además es la persona a la que Anthony Hopkins encarnó en la película Un hombre en guerra en su faceta de luchador. A su hijo, Joel Hugo Filártiga, o Joelito, lo torturó y asesinó la policía de la dictadura de Alfredo Stroessner cuando tenía solo 17 años. Pero un joven juez de Asunción blanquearía estos crímenes de lesa humanidad con la carátula de “crimen pasional”. Era Diógenes Martínez.

La represión no hubiera sido posible sin cómplices o autores morales, sin cadenas de mando en donde varias personas emitían las órdenes que otros ponían en práctica

Los artífices del terror que infundió el régimen stronista entre 1954 y 1989 no han sido juzgados hasta hoy. Se condenó a algunos conocidos represores como Pastor Coronel con penas de entre 7 y 25 años. Pero no fue procesada toda la cadena de mando. “Los cargos políticos, los que estaban muy por encima de la estructura represiva, quedaron impunes”, explica el abogado Hugo Valiente y autor de varias investigaciones sobre derechos humanos. Se refiere a los que idearon, planificaron y fueron cómplices de los delitos de lesa humanidad, delitos que pueden ser juzgados sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que se cometieron. Pero en Paraguay, ocupan altos cargos en el Estado. Son Eladio Loizaga, Darío Filártiga y Diógenes Martínez.

Diógenes Martínez: Un juez a medida de la tiranía

Jueces como Diógenes Martínez apañaron torturas y desapariciones en la dictadura. Su complicidad es penal, explica Valiente. “Participaron de farsas judiciales. Convalidaban declaraciones tomadas bajo tortura, por ejemplo”. Para Rogelio Goiburú, hijo de un desaparecido de la dictadura y hoy encargado de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, no quedan dudas: “Deben ser juzgados”.

Martínez, abogado y dirigente del partido Colorado, fue nombrado como ministro de Defensa en 2015. En marzo de 2017, advirtió que los militares estaban listos para salir a las calles en medio de las protestas en contra de una enmienda de la Constitución para una re-elección presidencial. Aunque admitió que una intervención militar interna no sería legal, sugirió repetidamente que los militares deberían movilizarse de forma «preventiva».

Jueces como Diógenes Martínez apañaron torturas y desapariciones en la dictadura.

Durante la dictadura de Stroessner, avanzó en su carrera judicial. Se inició como secretario de un juzgado de Asunción en 1970. Luego fue agente fiscal, juez y abogado profesional designado por la Corte Suprema para reemplazar a jueces en caso de inhibición. Llegó a ser fiscal general poco antes de la caída del régimen. En esos años también consolidó su militancia en el partido del dictador. Convencional de la seccional 14, miembro de una comisión de la Junta de Gobierno, delegado electoral partidario en numerosas ocasiones, son algunos de los roles que ejerció en la ANR en los mismos años en el que el aparato represivo del Estado perseguía, torturaba y desaparecía a personas por su adherencia a partidos de oposición: liberales, febreristas, comunistas.

La represión no hubiera sido posible sin cómplices o autores morales, sin cadenas de mando en donde varias personas emitían las órdenes que otros ponían en práctica. Para Rogelio Goiburú, personas como Martínez o el actual ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, fueron partícipes necesarios de la dictadura. “De la cabeza de ellos, del accionar de ellos desde sus oficinas, se cometieron terribles crímenes”, explica.

Eladio Loizaga: La cancillería de la Guerra Fría

Eladio Loizaga inició su carrera diplomática en los años del stronismo. En agosto de 1981, se convirtió en director del departamento de Organismos, Tratados y Actos Internacionales de la Cancillería, y en 1983, asumió como director general. El periodo coincide con el desarrollo del Plan Cóndor, un plan coordinado de control, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones entre los gobiernos dictatoriales de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura y datos del Archivo del Terror, casi medio millón de personas en toda la región fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas en el marco de este plan. Y la diplomacia lo facilitó.

“Loizaga fue un cómplice del terrorismo de Estado. Ideó, planificó, buscó fondos para llevar adelante los planes de exterminio”, asegura Rogelio Goiburú.

No hay matanzas sin un relato, sin un guión bien articulado que justifique el terror. La amenaza del comunismo era el relato, el combustible que avivó la represión en Latinoamérica. Se defendía y promovía a través de reuniones y conferencias de organizaciones como la Liga Mundial Anticomunista. Entre algunos de sus miembros figuraban autoridades nazis como Otto Skorzeny o Theodor Oberlander, o Sun Myung Moon, un auto-denominado mesías de la Iglesia de la Unificación, la misma que tiene el mayor latifundio de Paraguay. Stroessner fue parte de esa organización, y el país fue sede de una de sus reuniones preparatorias al congreso mundial de la Liga. Entre los encargados de coordinarla se encontraba Eladio Loizaga.

“Fue un cómplice del terrorismo de Estado. Ideó, planificó, buscó fondos para llevar adelante los planes de exterminio”, asegura Rogelio Goiburú. Su padre, Agustín Goiburú, fue secuestrado en un operativo conjunto entre autoridades paraguayas y argentinas del Plan Cóndor. Hasta hoy, Rogelio lo busca entre los más de 400 desaparecidos de la dictadura paraguaya. Para él, Loizaga no puede ocupar un cargo de responsabilidad en un Estado que se precia de ser democrático. Sin embargo, el Estado lo avala. En el 2005, el periodista Nemesio Barreto presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el actual ministro por su participación en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. “La denuncia quedó en la nada, como siempre”, cuenta.

Darío Filártiga: La lealtad al poder

Tanto en los años del stronismo como ahora, estos hombres siguen ejerciendo los privilegios del poder. Dario Filártiga Ruiz Diaz, uno de los asesores políticos más cercanos a Cartes y vice-presidente de la ANR, tenía a 14 militares a disposición en su casa hasta el año pasado. Sus funciones incluían retirar vestidos de la esposa de la tintorería. En dictadura, contar con el servicio de militares era una práctica común, algo que Filártiga Ruiz Díaz conoce de primera mano. Fue el subsecretario del ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, uno de los hombres claves de Stroessner que utilizó a la policía para reprimir en todo el territorio.

Muestra de su lealtad al dictador, viajó a Brasil para rendirle tributos en su sepelio: fue uno de los oradores principales. Con Cartes emula este espíritu cómplice y adulador. Cuando se debatía en el Congreso la necesidad de aumentar las tasas de impuestos al tabaco, Filártiga Ruiz Diaz se erigió como férreo defensor de los intereses del presidente, quien es uno de los mayores tabacaleros del país y está acusado de promover el contrabando de cigarrillos en la región. Para el asesor, el proyecto de ley era un intento de la oposición de legislar desde “el odio y el fanatismo”. La incondicionalidad le rinde sus frutos, tanto que estuvo cerca de volver a la cartera donde hizo su carrera en el stronismo, pero esta vez como ministro del Interior del gabinete de Cartes. Actualmente, es candidato a senador por el partido Colorado para el próximo periodo legislativo.

Dario Filártiga fue el subsecretario del ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, uno de los hombres claves de Stroessner que utilizó a la policía para reprimir en todo el territorio.

¿Cómo se juzga a los hombres de un dictador? ¿A los colaboradores y cómplices que le permitieron perpetuarse en el poder por más de tres décadas? Con un sistema judicial independiente, que investigue todos los niveles de responsabilidad en la estructura del stronismo y que castigue acorde, dice Valiente. Mientras más alto el cargo en una jerarquía, mayor es la responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad y también el castigo. Pero no cree que esto ocurra: “El proceso de transición democrática en Paraguay se construyó sobre un pacto de impunidad”.

Empresa del ministro de Obras Públicas involucrada en deforestación del Chaco

Investigadores de la organización Earthsight revelan que la mayor exportadora de carbón vegetal paraguayo, asociada al ministro Ramón Jiménez Gaona, tala el equivalente a 10 campos de fútbol por día

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La tala de árboles que se realiza para producir y comercializar carbón vegetal y la expansión de territorio ganadero son las mayores causas de la deforestación del Chaco paraguayo, la más acelerada del planeta. Uno de los responsables identificados de esta situación es la empresa Bricapar, la mayor exportadora de carbón vegetal de Paraguay, donde el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, es dueño de un cuarto de las acciones, según la ONG británica Earthsight. Investigadores de la organización, encubiertos, siguieron la pista de los productos de la empresa que se venden en supermercados europeos como “sustentables”, hasta llegar a uno de sus centros de producción de carbón en el departamento de Boquerón. Allí constataron que de la tala indiscriminada de árboles como el quebracho blanco se generan las ganancias de esta exportadora.

Hornos del centro de producción de carbón vegetal de Bricapar en Tte. Ochoa • Cortesía de Earthsight

La extensa investigación de Earthsight devela un esquema de negocio que fomenta la dramática deforestación del Chaco. A partir de la tala de árboles para producir carbón vegetal se facilita la preparación de terrenos que luego se usan para criar ganado. Este esquema fue detallado por el gerente del centro de producción de Bricapar ubicado en tierras de la localidad de Teniente Ochoa, donde la empresa obtiene la materia prima, la madera, y alberga sus hornos para convertirla en carbón vegetal.

Ramón Jiménez Gaona, ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Cartes •

Las tierras pertenecen al Instituto de Previsión Social (IPS) y han sido alquiladas a Irasa, una empresa ganadera, desde el año 2008.Irasa cuenta con un contrato de 20 años para poder explotar tres lotes de 18 mil hectáreas —de las 200.000 que posee la aseguradora social en Boquerón— y un permiso del Instituto Forestal Nacional (Infona) para tala de bosques del lugar desde el 2009. A la par, la ganadera mantiene un contrato con Bricapar desde el 2012 para cortar árboles que se convierten en carbón.

Bajo este esquema que contribuye a una crisis ambiental sin precedentes, la empresa del ministro Jiménez Gaona se ha convertido en la mayor productora y exportadora de carbón vegetal de Paraguay

Bajo este esquema que contribuye a una crisis ambiental sin precedentes, la empresa del ministro Jiménez Gaona se ha convertido en la mayor productora y exportadora de carbón vegetal de Paraguay, en palabras de Sebastián Gorostiaga, gerente comercial de la empresa. Sus productos se venden en supermercados de Alemania, España e Inglaterra, de acuerdo a declaraciones de Guillermo Vega de Seoane, director ejecutivo de Ibecosol, una empresa intermediaria española responsable de distribuir el carbón de Bricapar en el mercado europeo.

Evolución de la deforestación en Tte. Ochoa desde el 2009 hasta el 2016 • Cortesía de Earthsight

De acuerdo a estimaciones de Earthsight, para la primera parte del 2017, Bricapar ha sido la responsable de la mitad de las exportaciones del rubro en el país, y las ventas han redituado ganancias de aproximadamente 1 millón de dólares por mes. Mientras, imágenes satelitales muestran que en el área de los hornos de Bricapar en Teniente Ochoa se desforestan alrededor de 10 campos de fútbol al día, o un tercio de todo lo que se tala en el Chaco diariamente para responder a la demanda de carbón vegetal en Europa. La deforestación en general en la región chaqueña es tal que en promedio, se talan 7 árboles por segundo, de acuerdo a un informe de la organización Guyra Paraguay.

El carbón vegetal que se exporta a Europa se produce a partir de la tala de quebracho blanco, árbol típico de la región chaqueña • Cortesía de Earthsight

A raíz de los hallazgos de Earthsight, la cadena de supermercados Carrefour afirmó a The Guardian que ha iniciado una investigación inmediata y ha decidido suspender la compra de un producto provisto por Ibecosol —intermediaria de Bricapar— hasta que la investigación concluya. Además, la ONG alemana Rainforest Rescue publicó una petición que ya tiene 128.000 firmas exigiendo a los supermercados Aldi, Lidl y Carrefour a tomar “acción inmediata” para garantizar “que ningún carbón que proviene de la destrucción de los bosques en Paraguay sea vendido por su compañía”.